De Ceuta y Melilla a la frontera Haití-RD (OPINION)

La crisis que hoy viven Ceuta y Melilla ofrece importantes enseñanzas para la República Dominicana. Aunque las realidades históricas, sociales y geográficas son distintas, ambas comparten un elemento esencial: son fronteras donde la presión migratoria termina condicionando la política interna, la economía, la seguridad y las relaciones internacionales.

España enfrenta el desafío de controlar una frontera exterior de la Unión Europea bajo estrictas obligaciones derivadas del derecho internacional y de la legislación comunitaria. La República Dominicana, por su parte, comparte una frontera terrestre de casi 300 kilómetros con Haití, el país más pobre del hemisferio occidental, sometido desde hace años a una profunda crisis política, económica y de seguridad.

Durante décadas, la inmigración haitiana ha contribuido a suplir necesidades de mano de obra en sectores como la agricultura y la construcción. Sin embargo, la ausencia de un sistema migratorio eficaz y sostenido ha favorecido también un elevado número de ingresos y permanencias irregulares, generando un intenso debate nacional sobre los efectos económicos, sociales y fiscales de este fenómeno.

Diversos sectores sostienen que una abundante oferta de mano de obra poco calificada ejerce presión a la baja sobre determinados salarios, mientras otros estudios señalan que el comportamiento salarial depende también de factores como la productividad, la informalidad y las políticas laborales.

Lo cierto es que el salario mínimo continúa siendo insuficiente para cubrir el costo de la canasta básica de numerosos hogares dominicanos, una realidad que alimenta la percepción de competencia por empleos y servicios públicos.

Otro aspecto especialmente sensible es la atención sanitaria

Las autoridades dominicanas han informado reiteradamente sobre el elevado número de ciudadanas haitianas que reciben atención obstétrica en hospitales públicos del país. Asimismo, organismos oficiales han denunciado la existencia de redes dedicadas al tráfico ilícito de migrantes que facilitan cruces irregulares de la frontera para acceder a esos servicios, una práctica que constituye un desafío tanto para la seguridad fronteriza como para la sostenibilidad del sistema de salud.

Durante años se argumentó que la República Dominicana actuaba con cautela por las presiones de la comunidad internacional. Sin embargo, el escenario diplomático parece haber evolucionado. Las declaraciones del secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, reconociendo el derecho soberano de la República Dominicana a definir y aplicar su propia política migratoria, fueron interpretadas por amplios sectores como un respaldo al ejercicio de esa facultad dentro del respeto al derecho internacional.

Ello implica que la responsabilidad principal recae ahora sobre las autoridades nacionales, llamadas a diseñar una política migratoria coherente, transparente y sostenida en el tiempo. La construcción de la verja perimetral inteligente constituye un paso importante para fortalecer el control fronterizo, pero difícilmente resolverá por sí sola un fenómeno tan complejo si no va acompañada de mayor vigilancia, modernización tecnológica, cooperación bilateral, combate a las redes de tráfico de personas, controles laborales eficaces y mecanismos ágiles de regularización y repatriación conforme al marco jurídico vigente.

La experiencia española demuestra que ninguna nación puede improvisar indefinidamente frente a una presión migratoria constante. Cuando el Estado pierde capacidad para ordenar los flujos migratorios, aumenta la percepción de inseguridad, se polariza el debate público y se debilita la confianza de la ciudadanía en sus instituciones.

Vigilancia permanente

La República Dominicana no enfrenta hoy una situación comparable a la vivida en Ceuta en mayo de 2021, cuando miles de personas cruzaron la frontera en pocas horas. Sin embargo, la persistente crisis haitiana obliga a mantener una vigilancia permanente. La posibilidad de un movimiento migratorio mucho mayor, provocado por un agravamiento de la violencia o por un colapso institucional aún más profundo en Haití, constituye un escenario que ningún responsable público debería descartar.

Toda nación tiene el derecho —y también el deber— de proteger sus fronteras, ordenar los flujos migratorios y hacer cumplir sus leyes. Pero ese derecho debe ejercerse respetando la dignidad humana, los compromisos internacionales y los principios del Estado de derecho. Encontrar ese delicado equilibrio representa uno de los mayores desafíos para España, para la República Dominicana y, en general, para todas las democracias que hoy enfrentan intensos movimientos migratorios.

Ceuta y Melilla muestran que una frontera nunca es solamente una línea en el mapa. También es el punto donde convergen la soberanía, la seguridad, la solidaridad y la geopolítica. La República Dominicana haría bien en observar esa experiencia con atención, porque las lecciones que deja la frontera sur de Europa podrían resultar valiosas para la gestión de la frontera dominico-haitiana.

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