El precio de hacer cumplir la ley

POR FRANCISCO ORTEGA 

Las sociedades organizadas necesitan autoridades dispuestas a asumir el costo político de aplicar normas que, aunque impopulares, buscan proteger el interés colectivo.

Hay una realidad que se repite en casi todos los países y en prácticamente todos los gobiernos: las reglas y las leyes no siempre son cómodas. Mucho menos cuando obligan a modificar costumbres, fortalecer la convivencia ciudadana, imponer disciplina o aplicar medidas económicas que afectan directamente el bolsillo de la gente.

Es natural que el ciudadano reaccione con incomodidad cuando una disposición limita conductas que durante años se consideraron normales o cuando una autoridad exige el cumplimiento estricto de normas que antes parecían flexibles. Sin embargo, el propósito de las leyes no es agradar ni ganar simpatías, sino garantizar el orden, la seguridad y el equilibrio entre los derechos y los deberes de todos.

Precisamente por esa razón, los funcionarios encargados de ejecutar esas políticas suelen convertirse en el rostro visible del descontento. La historia política dominicana lo demuestra una y otra vez. Quienes han ocupado el Ministerio de Interior y Policía, así como los directores generales de la Policía Nacional, han sido tradicionalmente algunas de las figuras más cuestionadas de cada administración, no necesariamente por quiénes son, sino por la naturaleza de las responsabilidades que desempeñan.

Nombres como Franklin Almeyda Rancier y José Ramón (Monchy) Fadul, entre otros ministros que dirigieron esa institución en diferentes períodos, enfrentaron fuertes cuestionamientos durante sus respectivas gestiones. Lo mismo puede decirse de numerosos directores generales de la Policía Nacional, quienes históricamente han debido tomar decisiones difíciles en materia de seguridad, orden público y cumplimiento de la ley, sabiendo que muchas de ellas generarían críticas.

Ese mismo fenómeno ocurre con quienes administran la política tributaria o tienen la responsabilidad de recaudar impuestos. Pocas veces un director de la Dirección General de Impuestos Internos o de la Dirección General de Aduanas recibe aplausos por hacer cumplir la ley.

En ese contexto, Faride Raful tampoco ha escapado a esa realidad. Como ministra de Interior y Policía, sus decisiones generan opiniones encontradas, respaldo en algunos sectores y rechazo en otros. Es el costo natural de ejercer un cargo cuya misión principal consiste en hacer cumplir normas que, aunque puedan resultar incómodas para una parte de la población, buscan fortalecer la convivencia ciudadana, preservar el orden público y reafirmar el principio de que la ley debe aplicarse por igual para todos.

Por supuesto, toda política pública es perfectible y toda autoridad está sujeta al escrutinio ciudadano. La crítica responsable fortalece la democracia y permite corregir errores cuando estos existen. Pero también resulta justo reconocer que hay funciones dentro del Estado cuya naturaleza hace prácticamente imposible satisfacer a todos. Quien tiene la responsabilidad de poner orden casi nunca será el más aplaudido.

La experiencia demuestra que las sociedades más organizadas no son aquellas donde las normas existen únicamente en el papel, sino aquellas donde las instituciones tienen la capacidad y la voluntad de hacerlas cumplir sin distinción, con firmeza, prudencia y respeto a los derechos ciudadanos. La autoridad pierde legitimidad cuando actúa con arbitrariedad, pero también cuando renuncia a ejercer la responsabilidad que la ley le ha confiado.

Gobernar no es un concurso de popularidad

Las sociedades que avanzan no son aquellas donde cada ciudadano hace únicamente lo que le resulta cómodo, sino aquellas donde la ley se aplica con equilibrio, el respeto prevalece sobre el desorden y el bien común se coloca por encima de los intereses particulares.

Una sociedad no se mide por la cantidad de aplausos que recibe un funcionario, sino por la fortaleza de sus instituciones, el respeto a sus leyes y la capacidad de convivir bajo las mismas reglas para todos. Ese es el verdadero camino hacia una nación más justa, más segura y más libre.

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