Trump elige a Susie Wiles como jefa del gabinete en Casa Blanca
Abinader entrega muelles en Río San Juan y Cabrera para la pesca
Primer Ministro Haití seguirá en Puerto Rico, su futuro es incierto
Dominicana presenta selección de béisbol para los JCC 2026
Bukele opta por la dictadura
PLD cuestiona declaratoria de “Hambre Cero” en Dominicana
A propósito del mundial de fútbol
Colombia goleó a Dominicana y lidera el polo masculino de JCC
Carteles en Dos Calles apuesta por la gráfica contemporánea
Cirujano representa la RD en un congreso de cirugía en África
FP reafirma compromiso hacer presidente a Leonel Fernández
Hoy es el Día Mundial de las Ballenas y los Delfines
Paseo de los medallistas, la nueva atracción del COJPD
SAN JUAN.- La migrante dominicana Inocencia Rodríguez, liberada el viernes por orden de una jueza federal tras ser detenida en Guaynabo, logró una fianza de US$5,000 para continuar su proceso migratorio en Puerto Rico junto a su familia.
La fianza fue concedida por el juez de inmigración Elvin Talavera Pedraza y debía pagarse el mismo día en la Oficina de Ejecución y Deportación del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), en el segundo piso del San Patricio Office Center.
«Estoy agradecida con Dios, con el equipo de la abogada que no me han desamparado, a mi familia, y por todas las oraciones que han hecho. Sale a la luz que se puede seguir confiando en la justicia», dijo Rodríguez, de 32 años, al salir de la cita en Guaynabo.
DETENCIÓN Y LIBERACIÓN
Rodríguez fue arrestada la mañana del 10 de julio mientras llevaba a una amiga a hacer labores de limpieza en una urbanización de Guaynabo. Permaneció recluida hasta el pasado viernes, cuando fue dejada en libertad por orden de la jueza federal María Antongiorgi Jordán, quien también dispuso la celebración de una vista de fianza.
«Gracias a Dios y a la justicia, Inocencia está libre. El próximo proceso es el de remoción. Es la nueva etapa que va a enfrentar ante esta corte de inmigración», explicó su abogada, María «Charito» García Miranda, quien la defiende con el apoyo de la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU).
La inmigrante es beneficiaria de una Petición de Familiar Extranjero (formulario I-130) aprobada por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) y presentada por su esposo, Pablo Mota, dominicano con residencia legal permanente y más de 30 años en Puerto Rico.
VISTA DE FIANZA
Vestida de blanco, al igual que su esposo y su hija con traje rosado, Rodríguez llegó temprano a la corte. La semana pasada el mismo juez había negado atender el caso por estar «fuera de su jurisdicción».
En sala, la fiscal del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Angie Maldonado, cuestionó la fecha exacta en que Rodríguez entró a Puerto Rico y si tenía permiso para trabajar.
«¿Ha tramitado solicitudes? ¿La información es veraz?», preguntó. «Eso es correcto», respondió Rodríguez a través de intérprete.
«Tengo un seguro provisional de Hacienda. Tengo entendido que sirve para trabajar. Se me dio en 2019», agregó.
La defensa objetó la línea de preguntas por no estar relacionada con si su clienta representaba «un riesgo para la comunidad». Luego de preguntar sobre su residencia en Barrio Obrero, Talavera Pedraza aprobó la fianza.
«Es sacrificado, pero hay que hacerlo», dijo Rodríguez sobre el pago.
«La fianza es una carga adicional. Para nosotros, ella debió ser puesta en libertad. No debió ser detenida en ningún momento. Como su abogada ha demostrado, ella tenía unas solicitudes aprobadas y no tenía ningún sentido. Es una crueldad más del sistema de inmigración en Puerto Rico», denunció fuera de la corte la directora ejecutiva de la ACLU Puerto Rico, Annette Martínez Orabona.
Con información de EL NUEVO DIA
