SAN SALVADOR 18 Feb.- El vicepresidente de El Salvador, Félix Ulloa, ha justificado que el presidente Nayib Bukele rompiera el «candado constitucional» para poder presentarse a cuantas elecciones considerara, ya que dispone de la mayoría del respaldo del país. «No es que se esté reeligiendo, es que sigue gozando del apoyo popular», ha excusado.
«El 91,9% de los salvadoreños está apoyando su gestión», ha defendido este miércoles en una conversación con la prensa organizada por la agencia EFE en Casa América, en Madrid. Así, ha incidido en que Bukele actúa en base al respaldo de la ciudadanía, que primero le dio la Presidencia y luego el control de la Asamblea.
«El pueblo dice, ‘tú me estás dando lo que yo quiero’, entonces te voy a dar otra oportunidad’ (…) Entonces decidimos hacer estas modificaciones constitucionales» que responden, según Ulloa, a «dinámicas de la sociedad democrática donde los pueblos toman decisiones de manera libre, directa y segura».
Ulloa ha minimizado las críticas acerca de estos cambios en la Constitución para permitir la figura de la reelección indefinida y ha adelantado que Bukele seguirá presentándose, a un año de nuevas elecciones. «Si no, defraudaría al pueblo», ha afirmado en un acto en el que no ha escatimado en ataques a la prensa.
«Decidimos hacer estas modificaciones constitucionales para abrir las puertas de que se pudiera hacer primero un segundo periodo y ahora todas las veces que el pueblo lo diga, se puede presentar, pero si la gente no lo vota, ¿cuántos se han presentado en varios países de América Latina y no salen electos?», ha excusado.
Ulloa ha explicado que este respaldo del que goza Bukele se refleja en el mayoritario grado de aceptación que tiene el régimen de excepción, que está a punto de cumplir cuatro años, en los cuales se han detenido a cerca de 100.000 personas por supuestos vínculos con las pandillas, de las cuales 8.000 fueron liberadas.
«El 96% quiere que continúe. Entonces, ¿por qué quitarlo?», se ha preguntado Ulloa acerca de un periodo durante el cual la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha registrado 7.000 casos de denuncias sobre diversas violaciones, incluidas detenciones ilegales, torturas y la muerte de más de 400 personas bajo custodia. «La gente se muere en las cárceles, en todos los sitios», ha desestimado.
Con respecto a esta cuestión, ha defendido que si bien pueden existir casos de funcionarios particulares que han cometido violaciones contra los Derechos Humanos –los cuales se persiguen, asegura–, no se trata de una política de Estado, como las ONG, organizaciones internacionales o la prensa quiere hacer creer.
«Jamás, desde que se decretó el 27 de marzo del 2022, ha afectado a una sola libertad pública», ha asegurado Ulloa sobre un régimen de excepción que afecta, ha explicado, a dos garantías constitucionales, la detención sin acusación –que pasa de 72 horas a quince días– y la privacidad de la correspondencia.
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