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Cuánta corrupción (y 5)
Y es que la infiltración de la delincuencia organizada en los gobiernos y su posible invasión en la política de los Estados y en los procesos electorales, puede hacer temblar los cimientos de las democracias más consolidadas del siglo XXI si no se tienen mecanismos suficientes para hacerle frente de manera efectiva. Imperiosa se hace la necesidad de una actuación enérgica para acabar con esta problemática que tanto daño está provocando a nivel internacional.
Y esa actuación o respuesta, debe ser elaborada y puesta en práctica de manera urgente, dada la necesidad de frenar este fulgurante avance de la delincuencia organizada casada con la perversión de los poderes públicos. ¿Pero por qué las políticas criminales que se diseñan por muchos Estados para luchar contra la criminalidad organizada no consiguen los efectos positivos que se plantean, al igual que ocurre con las políticas criminales diseñadas para luchar contra la corrupción?
Quizás la respuesta más clara es que las mismas centran todo su objetivo en atacar exclusivamente la delincuencia organizada y olvidan la problemática de la corrupción, que funciona como un sustento básico para alimentarla. Lo mismo sucede cuando se intenta luchar contra la corrupción sin considerar la injerencia en los poderes públicos de las organizaciones criminales.
La organización existente entre los tipos de delincuencia y su falta de tratamiento penal conjunto es lo que ha conseguido que la ley, y en concreto, las políticas criminales espásticas de los países, no sean eficaces en este punto. Por otro lado, es necesario que la legislación que se cree al respecto tenga en cuenta como requisito esencial, la necesidad de fortalecer al propio Estado que ha sido infiltrado por la corrupción.
De esta manera, su actuación será más eficiente, la corrupción será menor, y la lucha contra la criminalidad organizada será realmente útil. Pero para combatir la existencia de las organizaciones criminales y evitar su expansión y crecimiento, hay que identificar debidamente cuáles son los factores que influyen en la misma.
Pero lo cierto es que aquellos aspectos que provocan que un sujetó se integre en una organización criminal y que facilitan la supervivencia de la misma, con el paso de la misa, con el paso del tiempo son muy valorados, dependiendo, sobre todo, del tipo de organización, sus objetivos, su estructura y las condiciones de sus integrantes.
Dentro de los factores esenciales para analizar el crimen organizado podemos diferencia sus motivos que empujan a la delincuencia en el seno de una organización criminal podemos destacar: un entorno social hostil, inestabilidad familiar, pertenencia a un subgrupo antisocial, clase social explotada, grupo minoritario en situación de riesgo extremo o exclusión social y transmisión del fenómeno delictivo de carácter intergeneracional.
En cuanto a los motivos que posibilitan la creación de una organización criminal o la integración en ella, es posible resaltar: algunas legislaciones, desidia e incapacidad política para combatirla, entorno urbanístico favorecedor, gran demanda de productos o actividades prohibidas, y, por supuesto, un elevado nivel de corrupción política, que es el motivo que más nos interesa en este trabajo.
Y por último, en cuanto a las funciones o resultados a obtener por la organización, cabe reseñar no sólo los beneficios económicos sino también el estatus social que adquieren sus miembros, el respeto que se da a la ideología y valores de los mismos dentro de dichas organizaciones, impunidad social, miedo a las consecuencias que lleva aparejado el abandono del grupo y dificultades de reinserción social de sus integrantes.
Teniendo en cuenta todos estos factores a canalizar para plantear una estrategia particularizada que permita, en cada caso, lidiar con la delincuencia organizada, veamos a destacar algunas de las propuestas más relevantes para emprender un combate eficiente y efectivo de la delincuencia organizada.
Es necesario, en el ámbito del derecho penal, endurecer las sanciones implantando penas severas para estos delitos, y aquí se incluyen supuestos tan variados ocho cohechos, fraude de subvenciones, prevaricación, tráfico de influencias, malversación, negociaciones y actividades prohibidas a los funcionarios. No obstante, sabemos que el derecho penal no resolverá todos los problemas, pero sí que es necesario mejorarlo para combatir la alarmante situación actual.
Medidas
Entre otras medidas importantes a desarrollar por la legislación de países afectados por la lacra que aquí consideramos, estaría la creación de un órgano como ORGA, que desempeña sus funciones en España, y que constituye un organismo de recuperación la gestión de activos procedentes de actividades delictivas; pues atacando el sustento económicos de estas organizaciones se pone en juego su supervivencia a mediano y largo plazo.
(ORGA es órgano de la Administración General del Estado, cuya función es auxiliar a los Órganos Judiciales y Fiscalías en la localización, recuperación, conservación, administración y realización de los efectos, bienes, instrumentos y ganancias procedentes de actividades delictivas cometidas en el marco de una organización criminal y en el de los delitos económicos más graves como el tráfico de drogas, blanqueo de capitales, trata de seres humanos, corrupción, terrorismo, entre otros.).
Ello vincula, también, con la posibilidad de modificar la regulación del decomiso para que no sólo se ataquen los bienes procedentes de un ilícito penal a consecuencia de la actividad de una organización criminal, sino también los bienes conseguidos por la misma y cuyo origen lícito no pueda ser probado, lo que vendría a suponer un adelantamiento del tiempo del decomiso, con las terribles consecuencias negativas que ello tendría para la organización criminal.
En otro orden de cosas, también sería conveniente la aprobación de una legislación que mejorará la protección del agente encubierto que interviene en actividades relacionadas con la delincuencia organizada, así como un mayor reconocimiento a los testigos protegidos que se ven envueltos en la investigación y procedimiento judicial de dichos delitos.
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Esos 300 Funcionarios SUSPENDIDOS saben LAS LEYES y que estaban ilegalmente faltándole al código ético profesional al continuar robándole e involucrarse en lo ilícito.
Estos 300 deben ser penalizados suspendiéndoles o multándole las empresas en lo ilegal .
Pongan la lista con nombres para que el pueblo sepa quiénes son estos irresponsables fraudulentos funcionarios y QUE ABINADER LOS CANCELE !