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Ciudad de Panamá, 26 feb (Prensa Latina) El Procurador de la Nación, Luis Gómez, estimó como inconstitucional el contrato vigente hoy entre el Gobierno panameño y Panama Ports Company (PPC), subsidiaria del consorcio chino Hutchison Holdings, basada en Hong Kong.
La compañía, que administra los puertos de Balboa, en esta capital, y Cristóbal, en Colón, está en la mira del Gobierno desde que el presidente Estados Unidos, Donald Trump, amenazó con retomar el control del Canal de Panamá, supuestamente bajo influencia de Beijing, lo cual niegan las autoridades locales.
Sin embargo, la Contraloría General de la República inició una auditoría a la empresa y recientemente los abogados demandantes Norman Castro y Julio Hernández interpusieron ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) una demanda de inconstitucionalidad del convenio.
Los letrados aseguran que el contrato de concesión viola derechos del Estado e incide en el bienestar e interés público, por lo que se afecta la libre competencia y demanda.
Gómez envió su opinión a la magistrada presidenta de la CSJ, María Eugenia López y solicitó al pleno que declare, al momento de pronunciarse, la inconstitucionalidad del contrato.
En su versión original, pactada en 1997, PPC se comprometió a pagar una anualidad fija de 22.2 millones de dólares por 25 años, más un monto variable correspondiente a 10 por ciento de la entrada bruta de todas las actividades que realizaran los dos puertos concesionados.
La compañía nunca cumplió con el pago de la anualidad fija. Entre 1997 y 2001, pagó entre 22 y 25 millones de dólares anuales, según el Contralor Anel Flores.
El funcionario agregó que la ausencia de pagos afecta la ejecución del presupuesto general del Estado y anunció que propondría modificaciones al Contrato Ley 5, con la ayuda del Gobierno y la Asamblea Nacional (parlamento unicameral),.
Este recurso se suma a otras acciones legales previas, como la que se presentó contra el contrato minero con la trasnacional canadiense First Quantum, a finales de 2023, en las que se cuestiona la legitimidad de ciertos acuerdos que, según los demandantes, no favorecen a los intereses nacionales.
arc/ga
PL-169