Trump elige a Susie Wiles como jefa del gabinete en Casa Blanca
Abinader entrega muelles en Río San Juan y Cabrera para la pesca
Primer Ministro Haití seguirá en Puerto Rico, su futuro es incierto
Trump propone nombrar Ormuz como el estrecho de Trump
Academia Dominicana Historia ingresa Alberto Despradel
EU destaca «éxito» de operación contra supuestas ‘narcolanchas’
Antoliano Peralta presenta libro Después de Trujillo: Un lustro convulso
Proyecto plantea servicio militar obligatorio para dominicanos 
Dólar subió 9 cts. y era vendido a $58.92; el euro sigue a $69.81
Irán ataca bases de EE.UU. en Jordania, Baréin, Irak y Kuwait
Jandy Ventura y Zusan Correa presentan “Para Decir Adiós”
Banco Mundial destaca avances de RD con Ley del Plan Anticrisis
EU entrega a empresa privada concesión crudo venezolano
SANTO DOMINGO, República Dominicana.- La Dirección de Información y Defensa de los Afiliados a la Seguridad Social (DIDA) pidió sancionar los Prestadores de Servicios de Salud (PSS) y al personal médico que incurra en la práctica del rebote de pacientes.
“Esto viola la Constitución de la República y la ley General de Salud 42-01 que consagran el derecho a cada ciudadano de recibir asistencia en salud en condición de emergencia”, indica la entidad en nota enviada a ALMOMENTO.NET.
La DIDA califica de inaceptable esta práctica que, más que de rebote, es en sí deshumanización e indolencia frente a la vida de las personas.
“Esta práctica vulnera el derecho a la vida y los derechos humanos, entendemos que no se han tomado los correctivos que pongan fin a esa situación a pesar de que ha sido denunciada en los organismos correspondientes”, dice.
Sostiene que esto no es nuevo y para frenarlo se amerita ejemplarizar imponiendo sanciones a las clínicas, medidas disciplinarias al personal médico y exigir a las ARS que asuman las responsabilidades contraídas con sus afiliados, so pena de también ser sancionadas.
La entidad indica que, cuando ocurren esos casos, las ARS dejan los pacientes abandonados a su suerte siendo las que deben garantizar el servicio a los afiliados en las prestadoras que ellas han contratado, por ser esas empresas las que cobran por administrar ese riesgo.
