La estafa legal de la ley 87-01

    El tema de los fondos de pensiones en República Dominicana sigue dando de que hablar. Para el próximo día 16 del presente mes de agosto (lunes), hay convocada una gran marcha, por medio de la cual se presionará, para que las AFP, que no son dueñas de dichos fondos, hagan una entrega de al menos un 30% de los fondos acumulados por más de 4.2 millones de afiliados.

    Al parecer los trabajadores dominicanos no están por seguir tolerando lo mismo que tuvieron que aguantar los afiliados en países como Chile y Perú, que finalmente lograron que les fueran entregados en varias partidas, partes de los fondos que por años han acumulado, como una manera de contrarestar los efectos que ha causado la Pandemia del Covid-19 y la crisis económica que ésta inevitablemente generó.

    Además del argumento anterior, los afiliados a las AFP dominicanas, están plenamente conscientes que sus fondos solo han servido para prestárselos a los Gobiernos desde el 2003, cuyo fin esencial es financiar sus déficits fiscales por intermedio del Banco Central y el Ministerio de Hacienda, prestamos que paradójicamente serán pagados por los mismos dueños de ese dinero a través del pago de los impuestos que les cobra el mismo que se endeuda (el gobierno).

    Pero el asunto no termina ahí, los trabajadores tienen plena consciencia que esas entidades llamadas AFP, son precisamente propiedad de los principales bancos comerciales de la República Dominicana, los mismos a los que, en un estado de necesidad de dinero, los trabajadores tienen que acudir a solicitar se un prestamo, es decir, los mismos que destinarios de su dinero acumulado, terminan prestándoles su propio dinero.

    Es decir, una persona cotiza involuntariamente ( a la fuerza) en la seguridad social con una parte de su ingreso para su pensión, la cual es retenida por su empleador, y parte de ese mismo dinero va a parar a la bóveda de un banco comercial, él cual lo utiliza para prestárselo al mismo que lo produjo a una tasa de interés, no preferencial, sino la que prevalezca en el mercado.

Si hipotéticamente pudiéramos eliminar la intermediación de las AFP, eso equivale a que un trabajador le lleve el dinero a un banco comercial, y para que el mismo banco después, el día que el trabajador necesite liquidez, se lo presta cobrándole un interés por prestarle su propio dinero.

    De modo que, amparadas en la estafa de ley que es la 87-01, las AFP reciben coactivamente (a la fuerza) las retenciones que hacen los empleadores a los trabajadores, e inmediatamente se los prestan al gobierno por medio del Bando Central y el Ministerio de Hacienda a través de títulos de deudas, cuestión que pudieran perfectamente hacer los mismos trabajadores, y por esa operación de recibir de la Tesorería dichos fondos y prestárselos inmediatamente al gobierno, cada años se ganan los que no son dueños de ese dinero, miles de millones de pesos, mientras los dueños del dinero, al cumplir la edad de la jubilación (60 años), pero que no cotizaron las 360 cuotas, si comenzaron a cotizar después de los 45 años, su afp le comenzará a pagar en pagos diferidos mensualmente el dinero que acumuló hasta que se termine. Si comenzó a cotizar antes de los 45 años, pero aún así no aplica para la pensión regular, su afp le empieza a pagar una miserable pensión (si aplica), o al igual que el caso anterior, tiene la opción de recibir diferidamente la cantidad acumulada en cuotas mensuales, o simplemente recibir, al cumplir los 60 años, un cheque por la cantidad total acumulada.

Si esa ley no es una estafa legal, entonces tenemos el reto en el derecho, de redefinir el concepto de Estafa.