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SANTO DOMINGO, República Dominicana, 11 de noviembre 2014.- La titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa declaró que el caso del presunto desfalco cometido por el exdirector del INDRHI, Héctor Rodríguez Pimentel y un grupo de exempleados de la entidad, está empantanado en el sistema de justicia
En comunicado enviado a ALMOMENTO.NET la magistrada Laura Guerrero Pelletier indicó que el pasado viernes se produjo una nueva suspensión del conocimiento del desfalco que envuelve RD$ 1,526,973,554.00 de pesos y de US$ 56,479,038.41 de dólares.
Héctor Rodríguez Pimentel, Príamo Méndez Cuesta, Manuel de la Cruz Martínez, José Antonio Pérez Jiménez, Fior D´ Aliza del Carmen Ares Salazar, Víctor Hugo Batista Linares y Teodoro Ruiz, están acusados de malversación de esos fondos en perjuicio del INDRHI y el Estado dominicano.
“A más de dos años de la Procuraduría General haber presentado acusación y requerimiento de apertura a juicio por hechos gravísimos de corrupción en contra de los imputados, el caso se encuentra estancado y aun en una etapa preliminar”, manifestó.
El Ministerio Público atribuye a Pimentel y demás imputados la violación de los artículos 165, 166, 167, 169, 170, 171, 172, 173, 177,178, 265, 266 y 405 del Código Penal Dominicano, que consagran la prevaricación, desfalco, concusión, soborno, asociación de malhechores y estafa, así como la violación del artículo 146 de la Constitución dominicana y la Ley 340 sobre Compras y Contrataciones del Estado.
Señala que del conocimiento de la audiencia preliminar del caso INDRHI está apoderado el Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, produciéndose hasta la fecha más de 25 reenvíos.
“Tan alarmante retardo se debe a los constantes incidentes propuestos por las defensas de los imputados tendentes a obtener una suspensión tras otra, los cuales son acogidos, a pesar de la oposición permanente del Ministerio Público a cargo”, expuso.
Dijo que los abogados e imputados han incidentado con solicitudes de extinción de proceso, inhibición de jueces, recusación del juez, ausencias de las defensas, ausencias de los imputados, presentación de certificados médicos y recursos de casación, revisión, etc.
Opinó que todo esto con la intención de dilatar y retardar el proceso, con miras a obtener una declaratoria de extinción por duración máxima del mismo.
Destacó que es interés de la Procuraduría General de la República y de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción, en todo caso que afecte el patrimonio público, una respuesta procesal ágil y oportuna de cara a la transparencia.