TSA ordena pagar $515 millones por terrenos del AILA

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SANTO DOMINGO, República Dominicana.- El Tribunal Superior Administrativo (TSA) ordenó al Estado pagar 515 millones 346 mil 340 pesos, por una porción de los terrenos del Aeropuerto Internacional de las Américas que había sido expropiada en 1955 y que es reclamada por los sucesores del legítimo propietario.

La decisión de la Primera Sala del TSA abarca 67 mil 586.40 metros cuadrados a razón de $7,625 cada uno que reclaman Delia Reyes Escoto, Pedro Reyes, Ramón Pérez, Mario Reyes, Virginio Escoto, Cecilio Escoto y Víctor de Jesús Escoto.

La expropiación se produjo mediante el decreto 01159 del 19 de septiembre de 1955, contra los terrenos propiedad de Agustín Reyes O Ben.

Los jueces Román A. Berroa Hiciano, presidente del TSA; Mery Laine Collado Tactuk y Ursula J. Carrasco Márquez, miembros, adoptaron la decisión en la demanda de justiprecio en la que los reclamantes buscaban que se les pagara un precio mayor al avaluó privado lo que fue acogido por la Dirección General de Bienes Nacionales.

“Acoge en cuanto al fondo, parcialmente la señalada demanda, en consecuencia ordena al Estado dominicano y a la Dirección General de Bienes Nacionales el pago de 67,586.40 metros cuadrados a razón de RD$7,625.00 por expropiación determinada en el Decreto 01159 del 19 de septiembre del año 1955 contra la propiedad de finado Agustín Reyes O Ben”, dice la sentencia.

La decisión fue notificada el pasado 14 de enero de este año, al doctor Ángel Lockward, abogado de los descendientes de Reyes O Ben.

La notificación fue hecha mediante el acto 75/2019 por el ministerial Yoraymi del Orbe Regalado, alguacil ordinario del Tribunal Superior Administrativo.

En el acto se hace constar que cuenta con un plazo de 15 días para recurrir en revisión por ante el mismo tribunal y de 30 días para recurrir en casación por ante la Suprema Corte de Justicia.

Esos terrenos fueron declarados de utilidad pública en 1955 y Rafael Leonidas Trujillo sólo pagó a la familia Peña Batlle.

Lockward animó a sus colegas, muchos todavía incrédulos o desconocedores del procedimiento contencioso expropiatorio y de las reglamentaciones para ejecutar el cobro, a que actúen en defensa de sus clientes y de sus derechos de propiedad garantizado por la Constitución.

an/am

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