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TSA da 30 días a Educación para referirse a demanda de editora
SANTO DOMINGO-. El Tribunal Superior Administrativo (TSA) dio un plazo de 30 días al Ministerio de Educación para presentar sus argumentos de defensa frente al recurso interpuesto por la editorial Casa Duarte, que demanda la anulación de la Ordenanza 03-22 por supuesta violación de preceptos constitucionales y legales.
La casa editora afirma que con esta disposición el Ministerio de Educación ha ordenado la producción de nuevos libros de texto de manera abrupta, luego de finalizar un proceso de evaluación y aprobación de los mismos que duró desde el 2018 hasta el 2022.
A su juico, ello vulnera las leyes General de Educación y Ley del Libro y Bibliotecas así como los principios de confianza legítima, seguridad jurídica y certeza normativa de la Ley 107-13,
Educación deberá presentar sus argumentos de defensa a partir de la fecha de notificación del Auto No. 03273-2023 emitido el pasado 16 del mes en curso por el magistrado Diomede Villalona, Juez Presidente del Tribunal Superior Administrativo.
EL RECURSO
El recurso de Casa Duarte indica que la ordenanza emitida el 12 de diciembre de 2022 por el Consejo Nacional de Educación, suscrita por el ministro de Educación y presidente del Consejo, Ángel Hernández, incumple los requerimientos legales, al realizarse sin la ejecución de un procedimiento administrativo y sin la participación de las personas afectadas.
Establece, además, que la citada ordenanza viola el debido proceso administrativo, consagrado en los artículos 69.10 y 139 de la Constitución y los artículos 4.8, 4.26, 6.9, 30 y 31 de la Ley 107-13 y vulnera la Ley General de Educación, la Ley del Libro y Bibliotecas, y los principios de confianza legítima, seguridad jurídica y certeza normativa de la Ley 107-13.
Según la casa editorial, la ordenanza debe ser anulada por tres factores:
1)- Instruye la preparación, selección y difusión de nuevos libros de texto, entre otros recursos educativos
2)- Dispone la creación de la “Unidad Editorial del MINERD”, que elaboraría contenidos educativos y trabajaría en coordinación con la Dirección General de Currículo
3)- dispone la contratación de autores independientes, instituciones de educación superior, universidades, academias, entre otros, para la elaboración de los materiales educativos del currículo regulado por el Ministerio de Educación.
Casa Duarte, presidida por Pablo Cuello Camilo, es representada por los abogados Olivo Rodríguez Huertas, Boris De León Reyes e Ismael Tavárez Beras.
Si hubo un contrato, hay que respetarlo. Ese es el régimen de derecho.
Entonces, ¿ si el tema de los libros se resuelve con 600 millones y con las editoras sale en 5,000 hay que comprárselos aún visualizándose que es un robo ?
O sea, el Estado tiene que comprarle sus libros obligatoriamente.
Lo mejor es que se cree la unidad propia editora de educación y que contacte autores independientes, asi se benefician más personas