Trump elige a Susie Wiles como jefa del gabinete en Casa Blanca
Abinader entrega muelles en Río San Juan y Cabrera para la pesca
Primer Ministro Haití seguirá en Puerto Rico, su futuro es incierto
OPEP+ aumenta en 188.000 los barriles diarios oferta de junio
ALEMANIA: Merz dice es «algo exagerado» retirada tropas EU
Irán y EEUU abordan detalles de la negociación fin de la guerra
Irán confirma recepción de la respuesta de EEUU a propuesta
VENEZUELA: Opositora pide un nuevo CNE para las elecciones
COLOMBIA: Al menos cuatro muertos en una nueva masacre
Desmienten argumento Trump sobre fin de la guerra con Irán
Irán afirma Trump solo tiene 2 opciones y ninguna le favorece
Gala por la Altagracia: Noche de fe y compromiso apostólico
Ve necesarias medidas Gobierno frente crisis por guerra Irán-EU
SANTO DOMINGO, República Dominicana.- La suspendida directora de la Unidad de Violencia de Género de San Pedro de Macorís, Margarita Hernández Morales, fue detenida este miércoles con fines de investigar el convenio que permitió la libertad a Jhoan Manuel Ramírez, acusado de ultimar a su pareja Juana Domínguez.
“Estamos dejando bajo arresto a un miembro del Ministerio Público, que la hemos estado investigando y seguiremos investigando hasta el final del procedimiento”, confirmó e Efe una vocera de la Procuraduría General de la República (PGR), e indicó que, al momento, Hernandez Morales se encuentra recluida en la Fiscalía de San Pedro de Macorís.
Según las investigaciones de la PGR, el acuerdo pleno mediante el cual el feminicida Ramírez pudo obtener su libertad mientras cumplía una condena de tres años de prisión, fue firmado por la extitular y el abogado del imputado, Ramón Leonardo Sánchez Reyes.
Este letrado pertenece a la misma oficina de abogados que el jurista Alexis Chanel Aponte, quien cumple prisión preventiva por falsificar la firma de la fallecida Anibel González en el acuerdo que permitió la puesta la libertad de su asesino, Oscar Yasmil Fernández, un caso de similares características al del homicidio de Domínguez Salas y que supuso la suspensión de la fiscal Hernández Morales.
Con las indagatorias de este caso las autoridades buscan recolectar evidencias que permitan determinar si la fiscal suspendida es reincidente en ese tipo de actuación y si junto a los abogados Sánchez Reyes y Chanel Aponte formaría parte de una asociación de malhechores dedicada a intervenciones orientadas a favorecer a condenados para que obtengan la libertad.
Entre 2017-2019, la PGR ha registrado 247 feminicidios, de los que más de cien se contabilizaron entre enero y septiembre del año en curso, de los cuales 59 fueron clasificados como “íntimos”, es decir, perpetrados por sus parejas o exparejas.
wj/am