Roben, no hay consecuencias

Nuevos fiscales, nuevo Procurador, nuevos jueces, todo es un proceso.

Vienen las evidencias, denuncias y se empieza a investigar, a consultar al DGII, a bancos, archivos y nadie devuelve lo robado. Todos dicen, eso fue fruto de mi trabajo, ja ja, Ja.

Hoy comparto con usted ideas para explicar porque no se recuperan cosa tan fácilmente.

La extinción del dominio es un término legal a definirse mejor para que el Estado recupere lo que fue malversado o mal habido y se basa en que ese dinero o los bienes que se obtuvieron con fondos ilícitos no son legítimos ni gozan de protección legal. Se trata de un procedimiento especial que es independiente del proceso judicial.

Distintas naciones sortearon exitosamente ese desafío. Perú demostró que es definitivamente posible recuperar activos generados por actos de corrupción cuando logró la repatriación de considerables sumas saqueadas por el expresidente Alberto Fujimori y varios de sus colaboradores. Filipinas rescató también cuantiosos fondos transferidos por el corrupto matrimonio Fernad/Imelda Marcos.

Por desgracia, la experiencia dominicana es muy diferente e indica la imperiosa necesidad de contar con instrumentos capaces de revertir el actual estado de cosas y la impunidad resultante.

El principal motivo por el cual es tan escasa la recuperación del dinero de la corrupción se encuentra en la actitud indiferente de Congreso en aprobar ley extinción dominio o a jueces que prolongan durante más de diez años la instrucción de las causas de corrupción flagrante, con largos períodos de inactividad, esperando peritajes.

Debido al paso del tiempo hay causas que prescriben y otras llegan a juicio oral transcurrida más de una década, lapso al que luego hay que sumar varios años más hasta que la Cámara de Casación pueda confirmar las condenas.

Los procesos judiciales por corrupción son excesivamente largos y las condenas de cumplimiento efectivo, que pueden llegar a demorar entre 10 y 15 años, resultan, cuando llegan, por demás livianas. Los ciudadanos terminan convencidos, no sin razón, de la importancia efectiva y ejemplificadora de castigar a los corruptos privándolos del goce a su prole, de sus mal habidas fortunas.

El vergonzoso saqueo al erario debe ser castigado y los fondos tienen que ser recuperados para paliar ingentes necesidades sociales y contribuir a recomponer el clima moral de la República. Hoy contamos con valiente ministerio público, pero sin quitar bienes por una ley clara, el imputado se ríe, «eso lo resuelvo cuando cambie este gobierno, y seguimos la chercha,» dicen.

JPM