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SANTO DOMINGO (EFE).- El Gobierno anunció una nueva metodología oficial para estimar el déficit habitacional, que contribuirá a diseñar y perfeccionar la política pública para dotar a la población de una vivienda digna.
Este proceso oficializará los lineamientos metodológicos conceptuales y operativos para la determinación de los requerimientos para construir nuevas viviendas y reparar las que requieran ser mejoradas, informó el Ministerio de Economía y Desarrollo (MPyD) en un comunicado.
La nueva metodología se basa en los factores cualitativos, es decir, en lo referente a la calidad de los materiales de construcción (pisos, paredes y techos) y al acceso a servicios de agua, luz, inodoro y sistema de eliminación de las aguas residuales, y otros servicios.
Asimismo, tiene una dimensión cuantitativa, que se refiere a las viviendas necesarias para reponer las que están en tan malas condiciones, que no pueden ser reparadas, además de las que haría falta edificar para solucionar el total demandado por núcleos familiares secundarios con evidencia de que requieren de una vivienda propia.
En la nueva metodología oficial se concluyó en que el déficit habitacional, identificado como «las necesidades habitacionales insatisfechas», se convierte en un fenómeno multidimensional, razón por la cual no basta aproximarse a la cantidad de viviendas que sea necesario construir.
En ese sentido, establece que el concepto debe encaminarse hacia una medición integral «que tenga en cuenta el delicado equilibrio entre las familias y las viviendas».
El déficit habitacional cualitativo del país, en base e el Censo 2010, se calculó en 1,041,215 viviendas, el 39.10 % de las que tenían deficiencias cualitativas, fundamentalmente de servicios básicos.
Por tanto, para cubrir el déficit cuantitativo en esa época se necesitaban 327,996 soluciones habitacionales, el 12.32 % del parque habitacional de entonces.
La comisión que diseñó este nuevo procedimiento la integraron el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo (MEPyD), la Oficina Nacional de Estadística (ONE), el Viceministerio de Hábitat y Desarrollo Local de la Presidencia, el Instituto Nacional de la Vivienda y el Gabinete de Coordinación de Políticas Sociales.
En las sesiones de trabajo de la comisión participaron organizaciones de la sociedad civil (Oxfam y Ciudad Alternativa) que aportaron sus opiniones, experiencias y consideraciones técnicas sobre los desafíos de vivienda que afronta el país, así como expertos extranjeros del Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía (Celade).
