Procuraduría pide Cámara de Cuentas audite obras construyó Odebrecht

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Santo Domingo, 23 abr (EFE).- El procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, solicitó a la Cámara de Cuentas de la República, realizar una auditoría forense a todas las obras construidas en el país por la empresa brasileña Odebrecht, para determinar «en forma veraz» si existen sobrevaluaciones.

Así lo consigna un comunicado de la Procuraduría General de la República enviado hoy a los medios de prensa.

El organismo explicó que este requerimiento se formuló mediante carta dirigida al presidente del organismo de control externo, Hugo Francisco Álvarez Pérez, la cual fue acompañada de una relación de las obras construidas por la multinacional y la especificación de la entidad gubernamental responsable de cada una de ellas.

La Procuraduría indicó que es «imprescindible» disponer de este estudio técnico para indagar sobre la posible existencia de anomalías en los valores de las obras construidas por Odebrecht en el país, señalando que las sobrevaluaciones son un «capítulo distinto» a la investigación por sobornos iniciada a finales de diciembre pasado.

Refirió además que la Constitución de la República en su artículo 248, así como también la ley 10-04 en su artículo 10, asignan a la Cámara de Cuentas realizar auditorías de este tipo, en su calidad de órgano superior externo de control fiscal de los recursos públicos, de los procesos administrativos y del patrimonio del Estado.

El Ministerio Público agregó, que tan pronto reciba esa auditoría forense la evaluará debidamente, garantizando que si se identifican infracciones de tipo penal, inmediatamente se procederá judicialmente contra las personas o empresas responsables, a fin de que reciban sanciones ejemplares, que se repare el daño causado y el Estado sea debidamente resarcido.

Odebrecht, que admitió el pago de 92 millones de dólares en sobornos para agenciarse contratas públicas en el país, alcanzó un acuerdo con la Procuraduría, mediante el cual delatará a quienes recibieron esos pagos irregulares, además de desembolsar 184 millones de dólares en los próximos ocho años como indemnización.

Este domingo miles de personas marcharon en San Francisco de Macorís, para exigir la nulidad de ese acuerdo y que los sobornados por la multinacional sean traducidos a la Justicia. También, para denunciar las alegadas sobrevaluaciones cometidas por Odebrecht en varias obras construidas y por construir.

El colectivo Marcha Verde, organizador de la protesta, también acusó al presidente dominicano, Danilo Medina, de supuestamente utilizar la «avasalladora maquinaria mediática» y todo el poder del Gobierno para manipular y tratar de desvirtuar las certeras evidencias que lo incriminan como principal responsable, junto a la cúpula de su partido, de los más escandalosos y bochornosos actos de corrupción registrados en el país en los años recientes.

En un documento, el colectivo aseguró que el Gobierno de Medina y sus relacionados en el sistema de justicia «corrupto» manipularon y desnaturalizaron de forma brutal figuras jurídicas del derecho procesal penal vigente con la llamada homologación del acuerdo «de impunidad» entre el Estado y Odebrecht, con la intención de dejar sin efecto la persecución criminal contra los ejecutivos de la multinacional. EFE

rsl/cav

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