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SANTO DOMINGO (EFE).- La Procuraduría General de la República garantizó que actuará «con toda responsabilidad» contra quienes puedan estar involucrados en el millonario soborno que habría pagado la constructora brasileña Odebrecht en varios países latinoamericanos, como denunció el Departamento de Justicia de Estados Unidos.
Sin embargo, agregó que aún no ha recibido información por vía oficial sobre esa investigación y que solo conoce los documentos publicados en el portal web de ese organismo estadounidense.
«Como ente activo, la Procuraduría está solicitando formalmente a las autoridades correspondientes, toda la información recopilada en la referida investigación sobre las actuaciones de Odebrecht en República Dominicana», aseguró el Ministerio Público en un breve comunicado.
Asimismo, añadió que analiza las «breves referencias» sobre alegadas actividades ilegales de Odebrecht en República Dominicana, incluidas en el acta de acusación sobre prácticas corruptas realizadas por esta empresa en Estados Unidos y otros muchos países.
De acuerdo a lo divulgado el miércoles por el Departamento de Justicia estadounidense, Odebrecht pagó aproximadamente 788 millones de dólares en sobornos en 12 países de Latinoamérica y África, incluido Brasil.
Los pagos se hicieron en relación con «más de 100 proyectos en 12 países, incluidos Angola, Argentina, Brasil, Colombia, República Dominicana, Ecuador, Guatemala, México, Mozambique, Panamá, Perú y Venezuela», según los documentos del Tribunal del Distrito Occidental de Nueva York.
La divulgación de esos papeles coincidió con el anuncio hoy de Odebrecht de que firmó acuerdos por los que se comprometió a pagar multas sumadas por 6.959,4 millones de reales (unos 2.047 millones de dólares) a los Gobiernos de EE.UU., Brasil y Suiza para compensar los actos ilícitos por los que se le investiga en los tres países.
En Panamá, país en el que Odebrecht ha tenido gran actividad de obras en los últimos años, los sobornos ascendieron a 59 millones de dólares.
Según el documento oficial, los pagos a funcionarios corruptos e intermediarios se realizaron entre 2010 y 2014, durante la administración del anterior presidente, Ricardo Martinelli, y con los contratos obtenidos la empresa logró 175 millones de beneficios.