Trump elige a Susie Wiles como jefa del gabinete en Casa Blanca
Abinader entrega muelles en Río San Juan y Cabrera para la pesca
Primer Ministro Haití seguirá en Puerto Rico, su futuro es incierto
Irán advierte que Israel puede socavar negociaciones con EU
COE mantiene 15 provincias en alerta por pronóstico de lluvias
ESPAÑA: Banreservas autoriza préstamos por RD$3,798 MM
Rusia recomienda a extranjeros dejen Kiev lo antes mposible
El dólar subió 3 cts. y euro bajó 20; eran vendidos $59.53 y $71.67
Dice la expansión industrial es «clave» para desarrollo de la RD
EU: Rubio asegura Trump «no hará un mal acuerdo» con Irán
Irán confirma hay progresos en las conversaciones con EEUU
ECUADOR: Noboa ensalza la «guerra» contra el crimen
Bolivia: Seis regiones afrontan bloqueos tras fracaso operativo
Santo Domingo, 9 dic (EFE).- Un total de 2.800 armas de fuego ilegales de distintos tipos y calibres fueron destruidas hoy, según informó la Procuraduría General de la República.
Entre las armas destruidas figuran fusiles M16, escopetas, pistolas, revólveres y rifles de perdigones.
El Ministerio Público apuntó que las armas correspondían a decomisos por casos de robo, homicidio, drogas y lavado de activos, así como por hechos de trata de blancas y de violación a la Ley sobre tráfico de armas.
Las armas fueron ocupadas a imputados procesados en diferentes departamentos judiciales por violación a diversos tipos penales.
La Procuraduría General destacó que contra los infractores, el Ministerio Público obtuvo sanciones con la aplicación de distintas penas, que van desde un año hasta 30 años de cárcel a ser cumplidos en diferentes recintos penitenciarios del país.
La destrucción de las armas fue encabezada por el ministro de Interior, José Ramón Fadul, el procurador general Francisco Domínguez Brito, el titular de la Procuraduría Especializada para el Control y Tráfico de Armas, José Alberto Jiménez, y los jefes de la Policía Nacional y el Ejército, Manuel Castro Castillo y José Matos De La Cruz, respectivamente, entre otras autoridades.
Domínguez Brito dijo que el Ministerio Público pedirá prisión preventiva de tres meses contra toda persona que se le incaute un arma de fuego ilegal.
Además, indicó que la mayor cantidad de muertes es por causa de «poseer un arma de fuego».
Explicó que la actividad se enmarca dentro de dos esquemas, que incluyen cuerpo de delitos que culminaron su vida útil dentro de un proceso judicial, y el cumplimento de la política que coordina el Ministerio de Interior y Policía sobre armas de fuego y su destrucción, cumpliendo con los establecimientos internacionales de los cuales el país es signatario.
Son cerca de 5.000 las armas destruidas desde el pasado mes de julio, a través de la Procuraduría Especializada para el Control y Tráfico de Armas, y en coordinación con el Ministerio de Interior y Policía.
EFE
mz