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Puerto Príncipe, 10 abr (Prensa Latina) La Dirección Central de la Policía Judicial de Haití (DCPJ) busca hoy de manera activa a tres sospechosos de tráfico de armas del sonado caso que involucra a la Iglesia Episcopal.
Se trata de los padres Fritz Désiré, Jean Mardoché Vil, así como Vundla Sikhumbuzo quienes son sospechosos de tráfico de armas y municiones, contrabando, evasión y fraude fiscal, abuso de confianza, enriquecimiento ilícito, blanqueo de capitales y asociación delictiva.
Sikhumbuzo, un reconocido traficante originario de Zimbabue, se desempeñó como jefe de operaciones de la Iglesia hasta 2018 y desde entonces no tenía vínculos con la organización religiosa, declararon los directivos.
Sin embargo, durante un allanamiento a un lugar donde se escondía, los investigadores descubrieron varios documentos de exención aduanera, papeles con membrete de la Iglesia Episcopal de Haití, así como un vehículo registrado a nombre de dicha institución.
La orden de búsqueda sale a la luz tras el estremecedor informe de la DCPJ filtrado la semana pasada, según el cual la franquicia aduanera de la Iglesia Episcopal fue utilizada para introducir armas y municiones al país.
La investigación de la Oficina de Asuntos Financieros y Económicos de la entidad señaló al padre Frantz Cole, detenido a mediados de agosto pasado, como uno de los cabecillas de la operación e indicó que el religioso es titular de varias cuentas bancarias en Haití y en el extranjero, y algunas contendrían grandes sumas de hasta un millón de dólares.
Cole, quien al momento de su arresto fungía como secretario ejecutivo diocesano y sacerdote a cargo de la parroquia de Nuestra Señora de la Anunciación en Bolosse, así como otros presuntos implicados estaban relacionados con bandas que operan en esta capital, entre ellas la pandilla de Village-de-Dieu y la de Torcel, liderada por Vitelhomme, de acuerdo con la pesquisa.
Otras 11 personas se encuentran detenidas, entre ellas el contador de la Iglesia, Jean Gilles Jean Mary y Gina Jean Louis Rolls, encargada de recibir los contenedores que llegaban a varios puertos del país.
El escándalo salió a la luz en julio pasado cuando oficiales de aduana confiscaron en el puerto de esta capital contenedores con unos 20 mil cartuchos de diversos calibres, un centenar de cargadores y una veintena de armas automáticas, destinados a la organización religiosa.
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