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SANTO DOMINGO.- Las visitas sorpresas realizadas por el expresidente Danilo Medina fueron una estafa que necesariamente debe ser investigada por el Ministerio Publico para determinar el paradero de más de 64 mil millones de pesos que fueron invertidos por el pasado gobierno peledeísta, denunció una entidad denominada «Colectivo Stop Impunidad».
Su coordinador, el abogado Leonardo Jáquez, alegó que solo a Elías Piña Medina realizó once visitas sorpresa con decenas de promesas a los agricultores y pequeños comerciantes y sin embargo «no se sabe el paradero de más de dos mil millones de pesos» que supuestamente fueron invertidos en esa provincia.
«Preguntamos a los comunitarios de allí si conocen algún proyecto desarrollado con los fondos utilizados en las denominadas visitas sorpresas y nadie supo decir de ni siquiera un solo proyecto», indicó.
Dijo que en el municipio de Jamao al Norte se concedió un préstamo de 18 millones de pesos a una asociación de amas de casa para la construcción y equipamiento de una panadería, la cual «al día de hoy no ha producido el primer pan».
«Nos sentimos preocupados porque a ocho meses del nuevo gobierno aun el pueblo dominicano no sabe en qué se invirtieron tantos recursos económicos», declaró.
Sugirió la creación de una comisión especial que investigue el destino de esos recursos, que a su juicio, no contribuyeron en nada a mejorar la calidad de vida del campesinado.
Expresó que «con justeza» debe reconocerse la voluntad del presidente Luis Abinader para enfrentar la corrupción y los esfuerzos de la procuradora general de la República, Miriam Germán, para que sean castigados los exfuncionarios que desviaron fondos públicos.
El Colectivo dijo que estará «en pie de lucha» para que sean castigados los casos de corrupción, muchos de los cuales, inclusive, fueron identificados en auditorías que posteriormente fueron manipuladas por la Cámara de Cuentas que designó el régimen peledeísta.
Lamentó que los jueces de ese órgano de control «le hayan fallado al país manipulando y amañando auditorías realizadas a entidades públicas, las cuales resultan fundamental para instrumentalizar cualquier caso de corrupción ante los tribunales».
«Ahora lo que procede es hacer nuevas auditorías para hacer los sometimientos correspondientes, por lo que confiamos en que el Congreso designe profesionales apolíticos comprometidos con enfrentar la corrupción que tanto daño le ha hecho a la institucionalidad y a la democracia en la Republica Dominicana», concluyó.
sp-am
