Vicente Bengoa fue un destacado economista desde la década de los 80, profesión que compartía con su condición de miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana, organización de la cual salió a raíz de la crisis interna que se produjo entre 1990 y 1991, integrándose al Acuerdo de Santo Domingo para los comicios de 1994 y 1996.

El reputado hombre público hubiera sido el gobernador del Banco Central del doctor Peña Gómez llegar a la Presidencia de la República. Ese cargo estaba comprometido.

Lamentablemente Peña fue objeto de un fraude en 1994 que obligó al Pacto por la Democracia, queentre los puntos establecidos estuvo reformar la Constitución, introducir mayoría absoluta para ganar la Presidencia y celebrar nuevas elecciones en dos años, sin la participación de Joaquín Balaguer, entre otros.

Al llegar el 16 de mayo de 1996 se celebra la primera vuelta y Peña obtiene un 46%, Leonel 39% y Peynado 15%, lo que obliga a un balotaje o segunda ronda entre los candidatos que alcanzaron el primer y el segundo lugar, pero se forma el Frente Patriótico y Balaguer y Bosch levantan la mano derecha al joven candidato del PLD, el cual terminóganando por un estrecho margen, 2.5%.

Leonel Fernández se juramentó en agosto de ese año y desde el principio auspició diálogos nacionales, con la finalidad de cicatrizar heridaspolíticas del pasado y escuchar propuestas sobre los problemas del país.

Fue una actitud inteligente del jefe de Estado, porque su partido, el PLD, apenas contaba con un senador y 13 diputados, producto del 13% que había logrado su organización en el certamen comicial de 1994, mientras el PRD contaba con 16 senadores y 57 diputados y el Partido Reformista 14 senadores (más uno que compró del PRD) y 47 diputados.

Juicio político

Ante esa correlación de fuerzas congresual, desfavorable al partido oficial, Vicente Bengoa estremeció al país, a mediados de febrero de 1997, al plantear un juicio político contra el presidente constitucional, el doctor Leonel Fernández.

El Art. 26, de esa vieja Constitución, le daba poder a la Cámara de Diputados para someter ante el Senado al jefe de Estado, que conforme al numeral 5) del Artículo 23 podía destituir al presidente por mala conducta.

Sin embargo, Leonel Fernández no había hecho nada que se pueda calificar de “mala conducta” ni mucho menos había un acuerdo entre Balaguer y Peña Gómez para quitarlo. Balaguer nunca se pronunció al respecto y a Peña cuando le preguntaron sobre el pedido de Bengoa se limitó a expresar: “No, no, no, no…”

Todo lo contrario: Peña había dado instrucciones a sus congresistas a no poner obstáculos a las iniciativas del Poder Ejecutivo que beneficien al país.

El 22 de febrero de 1997 publiqué un artículo en El Nacional, con el título “La bomba de Bengoa”, donde califiqué de exceso la actitud del economista, porque de eventualmente destituir al presidente, que había ganado democráticamente un proceso eleccionario 6 meses antes, se cometía una injusticia que sentaría un precedente negativo a la institucionalidad del país. Y añado: “Es posible que se busque una réplica del juicio y destitución de Abdalá Bucaram, registrada el pasado 6 del presente mes en Ecuador, pero ese jefe de Estado fue acusado de estar mentalmente incapacitado”.

Beneficio

De todas maneras, a Vicente Bengoa le dio resultado positivo –lo que parecía un exabrupto ante la opinión pública— porque al cabo de muy poco tiempo fue designado, mediante decreto, superintendente de Bancos, cargo en el que permaneció hasta el año 2000.

Retornó al poder en el 2004, cuando Leonel Fernández ganó las elecciones, desempeñándose como administrador del Banco de Reservas y ministro de Finanzas (lo que hoy es Hacienda). Lamentablemente, Bengoa sufrió un ACV en el año 2017 que afectó su capacidad de movilidad física y su estado mental, lo que obligó al retiro definitivo de la actividad política.

Siempre he sostenido que el mejor gobierno que registre la historia reciente, en la República Dominicana, es el de don Antonio Guzmán, por las transformaciones políticas introducidas. Pasar del terror político y violaciones de todos los derechos humanos durante 12 años a un período de respeto absoluto a todas las libertades y derechos establecidos en la Carta Universal de las Naciones Unidas, es suficiente para que el presidente agricultor se gane ese reconocimiento.

Obras

Nunca voté por el PLD ni por Leonel Fernández, pero en un ejercicio desapasionado hay que empezar a resaltar al primer gobierno de ese líder político, entiéndase 1996-2000. Quizás no se pueda comparar con el de don Antonio, pero Leonel modernizó muchos servicios públicos, construyó los elevados de la 27 de Febrero, los pasos a desnivel, los túneles de la 27 y Las Américas, la expansión de la avenida Núñez de Cáceres, el inicio de la Onsa y de Amet (hoy Digeset), los proyectos habitacionales Invivienda Santo Domingo Este y Santiago.

Adicionalmente, se construyeron las nuevas sedes de la Suprema Corte de Justicia y Procuraduría General de la República, la Dirección de Pasaportes y Migración. También se creó el ITLA y se levantaron más de 900 escuelas nuevas y todos los planteles escolares viejos fueron reparados, apartede que se construyeron acueductos para Los Alcarrizos y Pedro Brand, así como presas y canales.

Otro aspecto importante, a considerar de ese gobierno, es que se redujo la deuda externa, que de por sí era baja, porque Balaguer era enemigo de los empréstitos.

Asimismo, el presidente Fernández supo mantener la estabilidad de la tasa de cambio, lo que evitó inflación en cuatro años. La encontró en 1996 en 14 pesos por cada dólar norteamericano y en el 2000 la dejó al 16.

Fuera de pasión y considerando las estadísticas a ese cuatrienio, 1996-2000, hay que otorgarle el segundo lugar, detrás del de don Antonio, lo que se hubiera desaprovechado si Balaguer y Peña Gómez hubieran aprobado la propuesta de Bengoa, que a final de cuentas, como se demostró, lo que quería era servir al país desdeun cargo.

JPM

Las recientes declaraciones del Licenciado Wilson Camacho, Director de la Procuraduría Especializada de Persecución contra la Corrupción Administrativa (PEPCA), afirmando que ya se estaría negociando con inculpados del caso SENASA (Senasa.2), evidencian una preocupante lógica de trato diferencial, que alimenta, más que una sana justicia, la percepción de una persecución acomodada según intereses coyunturales.

Cuando un funcionario de la justicia alardea públicamente de diálogos con quienes están siendo investigados, sin que los criterios de proporcionalidad y transparencia queden claros, lo que se fortalece no es la lucha contra la corrupción, sino la sensación de que la investigación penal se ha convertido en una herramienta de negociación política y económica.

Ese tipo de prácticas, lejos de acercar al país a la integridad institucional, profundiza la desconfianza de la ciudadanía y deja en entredicho la seriedad con que deben conducir estas causas quienes tienen la responsabilidad de hacerlo.

Resulta, a todas luces, bochornoso ante la sociedad dominicana, después de que decenas de médicos, clínicas, laboratorios, farmacias, desfalcaron, de manera indiscriminada, a SENASA, apropiándose, de manera fraudulenta, de miles y miles de millones de pesos de la salud del pueblo, se despache ahora el Ministerio Público, en la persona de Wilson Camacho, con esas declaraciones totalmente destempladas y casi ofensivas

No se trata de cuestionar la legalidad de las salidas alternas o de los acuerdos procesales. Estas figuras existen en casi todos los sistemas penales modernos. El problema surge cuando la excepción se convierte en regla, cuando el castigo es sustituido por el cálculo político y económico, y cuando la justicia deja de ser un principio para convertirse en un negocio.

Cuando se trata de recursos destinados a la salud del pueblo — fondos que impactan directamente a los más vulnerables — el mensaje institucional debe ser de firmeza, templanza y transparencia. En cambio, anuncios de ¨acuerdos¨, sin que se expliquen con claridad sus fundamentos legales y alcances, generan indignación y alimentan la percepción de impunidad e indulgencia ante los inculpados.

No se puede, por un lado, presentar los hechos como un grave desfalco millonario y, por otro, transmitir la idea de arreglos que parecen restar gravedad a lo ocurrido. La sociedad merece explicaciones claras, criterios objetivos y actuaciones firmes y proporcionales a la magnitud del daño denunciado.

La pregunta que surge es inevitable y profundamente incómoda:
¿Desde cuándo devolver parte del dinero sustituye la responsabilidad penal de un funcionario público?

La devolución de recursos sustraídos debería ser una obligación mínima, no una moneda de cambio para comprar libertad. Cuando un alto funcionario puede resolver su situación judicial con un cheque, el mensaje al país es devastador: robar desde el poder no es un crimen grave, es una operación negociable.

No se puede combatir un mal estructural con paños tibios. Cada vez que un expediente por corrupción concluye en un acuerdo que evita condenas proporcionales, cárcel efectiva o recuperación total de lo robado, el mensaje al país es claro: la corrupción es rentable. No es una conducta que destruya carreras, sino una apuesta con margen de negociación.

En un país donde la corrupción ha echado raíces profundas, el Ministerio Público debería ser el muro de contención frente al abuso del poder. Sin embargo, la práctica reiterada de negociaciones complacientes, acuerdos sin sanciones ejemplares y procesos que se diluyen en el tiempo ha convertido a esa institución en algo peligrosamente distinto: un engranaje funcional del sistema de impunidad.

Cuando la justicia negocia sin transparencia, sin proporcionalidad y sin consecuencias reales, pierde autoridad moral. Y cuando la justicia pierde autoridad, la corrupción no retrocede: se fortalece.

Decir que el Ministerio Público combate la corrupción se ha vuelto un eslogan repetido hasta el cansancio. Sin embargo, cuando se observa la práctica cotidiana —acuerdos complacientes, negociaciones opacas y sanciones simbólicas— la realidad resulta incómoda: una justicia que negocia la corrupción termina promoviéndola.

Mientras la corrupción siga siendo negociable, seguirá siendo rentable. Y mientras el órgano encargado de perseguirla actúe con complacencia frente al poder político y económico, no será parte de la solución, sino parte del problema.

Por Víctor Garrido Peralta

En medicina existe un principio elemental: cuando un paciente sangra, el médico no debate teorías; primero detiene la hemorragia.

La República Dominicana enfrenta hoy una hemorragia presupuestaria silenciosa. No ocurre en los quirófanos, aunque allí se sienten sus efectos. Ocurre en la arquitectura del gasto público, donde una parte de los recursos del Estado continúa financiando privilegios políticos mientras el sistema sanitario permanece estructuralmente subfinanciado.

El problema no es la falta de dinero. El problema es la morfología de nuestras prioridades. Somos un paciente que compra perfumes mientras no puede pagar la quimioterapia.

El diagnóstico: cuánto invertimos realmente en salud

El Producto Interno Bruto dominicano para 2025 fue de aproximadamente RD$7.9 billones.

Según la Ley núm. 80-24 de Presupuesto General del Estado, el sector salud recibió en 2025 RD$137,862.6 millones.

La relación es directa: República Dominicana destina aproximadamente 1.74 % de su PIB a salud pública. La Organización Panamericana de la Salud recomienda que los países aspiren a niveles cercanos al 6 % del PIB para garantizar cobertura efectiva y reducir el gasto directo de las familias.

En otras palabras, nuestro sistema sanitario opera con menos de un tercio del nivel de inversión recomendado internacionalmente. La brecha no es ideológica. Es matemática.

La otra cara del presupuesto: el costo de la política

Mientras el sistema sanitario lucha por ampliar su cobertura, el Estado continúa financiando privilegios políticos con recursos públicos. Tomando únicamente 2025, las cifras son reveladoras.

El financiamiento público a partidos políticos asciende a RD$1,500 millones. Las exoneraciones vehiculares a legisladores, según el presupuesto de gasto tributario, representan un sacrificio fiscal cercano a RD$1,025 millones. El conocido “barrilito” senatorial añade aproximadamente RD$252 millones anuales en fondos discrecionales.

A esto se suma el “cofrecito” de la Cámara de Diputados, que asigna alrededor de RD$100,000 mensuales a cada uno de los 190 diputados, generando un gasto anual aproximado de RD$228 millones. La suma es simple:

RD$3,005 millones anuales destinados a privilegios políticos directos. En proporción a la economía nacional, esta cifra representa aproximadamente 0.038 % del PIB dominicano.

A primera vista parece un porcentaje pequeño. Pero el verdadero problema no es su tamaño macroeconómico. Es su significado moral en un país que invierte apenas 1.74 % del PIB en salud pública.

El costo de oportunidad: lo que ese dinero podría salvar

Las cifras presupuestarias adquieren otro significado cuando se traducen en servicios médicos reales. Los RD$3,005 millones destinados cada año a estos privilegios políticos equivalen aproximadamente a 965,000 dominicanos afiliados al Seguro Familiar de Salud subsidiado durante un año, más de 60,000 cirugías básicas o alrededor de 1,000 camas hospitalarias completamente equipadas. En términos presupuestarios, ese monto representa cerca del 2.2 % del presupuesto nacional de salud.

Dicho de forma sencilla: por cada 100 pesos que el Estado destina a salud pública, más de dos pesos se consumen en privilegios políticos directos. En un sistema sanitario robusto, esa proporción sería marginal. En un país con inversión sanitaria tan limitada, es una señal de prioridades invertidas.

La tercera variable olvidada: el gasto de bolsillo

Sin embargo, el impacto real de esta estructura fiscal no se mide solo en presupuestos. Se mide en el bolsillo de los pacientes. En la República Dominicana, una proporción significativa del gasto total en salud proviene directamente de los ciudadanos: medicamentos, estudios diagnósticos, consultas privadas y procedimientos que el sistema público no cubre de manera efectiva. Este fenómeno se conoce como gasto de bolsillo.

Cuando un paciente llega a una emergencia y debe comprar sueros, jeringas o medicamentos en una farmacia externa, el presupuesto público ya falló antes de que el médico iniciara el tratamiento. Ese gasto invisible es la factura que pagan las familias por la subinversión sanitaria.

El espejo regional

Al comparar el esfuerzo sanitario dominicano con otros países de la región, el contraste es evidente. Costa Rica destina más del 5 % de su PIB a salud pública. Uruguay supera el 6 %. Chile se mantiene cerca del 5 %.

Esos países comprendieron hace décadas que la salud no es un gasto social. Es infraestructura económica. Un trabajador sano produce más. Una población enferma empobrece a la nación.

La patología institucional

El problema dominicano no es únicamente financiero. Es institucional. El financiamiento generoso a partidos ha incentivado la proliferación de organizaciones cuya supervivencia depende más del presupuesto estatal que del respaldo ciudadano.

Las exoneraciones fiscales a legisladores crean privilegios difíciles de justificar en democracias modernas. Los fondos discrecionales —barrilito y cofrecito— perpetúan prácticas clientelares que distorsionan la función real del poder legislativo.

El resultado es un sistema político que consume recursos mientras los servicios públicos luchan por financiarlos. En términos médicos, esto se llama inversión de prioridades fisiológicas.

El tratamiento posible

Las soluciones no requieren nuevos impuestos ni endeudamiento adicional. Requieren voluntad política para:

1. Eliminar las exoneraciones vehiculares legislativas.

2. Eliminar los fondos discrecionales clientelares.

3. Eliminar el financiamiento partidario.

Los recursos liberados podrían destinarse directamente al fortalecimiento del sistema sanitario. No se trata de destruir la política. Se trata de sanearla.

El diagnóstico moral

La discusión real no es técnica. Es ética. Cada peso del presupuesto refleja una decisión colectiva sobre lo que una sociedad considera importante.

Hoy nuestras cuentas públicas revelan una verdad incómoda: el sistema político está mejor protegido financieramente que el sistema sanitario. En una sociedad madura debería ocurrir exactamente lo contrario.

El veredicto

La República Dominicana no sufre únicamente una enfermedad presupuestaria. Sufre una enfermedad moral.

Un país donde los privilegios políticos siguen expandiéndose mientras los hospitales luchan por financiar servicios básicos es un país que ha invertido su escala de valores.

La medicina enseña que toda hemorragia puede detenerse si se actúa a tiempo. Pero también advierte algo más: cuando el sangrado se prolonga demasiado, el paciente entra en shock.

La pregunta ya no es económica. La pregunta es moral:

¿Seguiremos financiando los privilegios de la política mientras los pacientes dominicanos pagan de su bolsillo la factura de un sistema sanitario que el Estado no termina de financiar?

Porque mientras esa ecuación no cambie, la salud pública dominicana seguirá siendo el órgano donante de un sistema político que consume más de lo que devuelve.

jpm-am