En un contexto regional marcado por la digitalización acelerada de los servicios públicos, la eficiencia fiscal y la facilitación del cumplimiento tributario, la República Dominicana exhibe una contradicción difícil de justificar: mientras exige cada vez más formalidad, trazabilidad y puntualidad al contribuyente, su principal órgano recaudador, la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), mantiene rezagos operativos que ya han sido superados por la mayoría de los países de América Latina.

Uno de los ejemplos más ilustrativos de este atraso institucional es la negativa histórica de la DGII a admitir el pago de impuestos mediante tarjetas de crédito, un instrumento financiero ampliamente utilizado, regulado y aceptado en múltiples administraciones tributarias de la región.

En países como México, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) permite pagar impuestos federales, estatales y municipales con tarjetas de crédito directamente a través de portales oficiales o bancos autorizados. Chile, aunque prioriza el débito y la transferencia, admite pagos con tarjetas mediante pasarelas financieras. Colombia ha incorporado esquemas de pago electrónico que incluyen tarjetas y líneas de crédito bancario asociadas al cumplimiento fiscal.

Estas administraciones entendieron algo esencial: facilitar el pago no debilita la recaudación, la fortalece. Cuanto más opciones formales y seguras se ofrecen al contribuyente, mayor es la probabilidad de cumplimiento voluntario, reducción de mora y disminución de la evasión.

Resulta paradójico que un Estado que promueve la bancarización, la economía digital y los pagos electrónicos rechace uno de los medios más bancarizados y fiscalizados del sistema financiero: la tarjeta de crédito.

Los argumentos tradicionales —comisiones financieras, tiempos de acreditación o complejidad operativa— han sido resueltos en otros países mediante acuerdos con adquirentes, bancos centrales y entidades financieras. No se trata de un problema técnico, sino de voluntad administrativa y visión estratégica.

La República Dominicana enfrenta una presión fiscal creciente: gasto público elevado, necesidad de financiamiento, demandas sociales acumuladas y una base tributaria limitada. En ese escenario, cada barrera al pago es una contradicción con la urgencia recaudatoria.

Aceptar tarjetas de crédito no implica debilidad fiscal ni concesión populista. Implica alinear la DGII con el siglo XXI, con las prácticas regionales y con la realidad financiera de los contribuyentes.

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En los últimos días ha estado muy en boga el tema de la racionalización del gasto de parte del gobierno como parte de las medidas para enfrentar la situación de crisis que se nos avecina. Sin embargo, un tema de vital importancia que no puede dejar de tratarse, dentro de esa temática, lo constituye las nóminas públicas.

Aunque los discursos oficiales destacan avances en transparencia y rendición de cuentas, cuando se lleva a cabo un análisis riguroso de las nóminas de la administración pública, la realidad resulta mucho menos alentadora: la transparencia sigue siendo, en gran medida, una retórica, más que una práctica real y efectiva.

Las instituciones públicas están obligadas a publicar sus nóminas en virtud de la Ley No. 200-04 sobre Libre Acceso a la Información Pública, que consagra el derecho ciudadano a conocer cómo se administran los recursos del Estado.

A esto se suma la Ley No. 41-08 de Función Pública, que establece los principios de organización, mérito, profesionalización y transparencia del empleo público.

En teoría, el marco normativo es robusto. En la práctica, su cumplimiento es estéril.

Muchas instituciones publican sus nóminas únicamente para cumplir con el requisito formal. Pero se trata, en la mayoría de los casos, de documentos incompletos, desactualizados o presentados en formatos poco accesibles que dificultan el análisis y la fiscalización ciudadana.

Con frecuencia no se especifican las funciones reales de los empleados, y en la mayoría de los casos, no se transparentan los incentivos, compensaciones o beneficios adicionales que acompañan el salario base.

Esta falta de claridad no es un problema menor. Es el terreno fértil donde históricamente han proliferado prácticas nocivas para la administración pública, como los llamados “sobre sueldos”, o salarios ocultos, los nombramientos sin funciones definidas, la duplicidad de cargos y el crecimiento desproporcionado de estructuras burocráticas financiadas con fondos públicos.

Pero más preocupante aún es el retroceso en el uso de herramientas tecnológicas que en el pasado permitían un mayor control y transparencia sobre el empleo público.

El Estado dominicano llegó a contar con una plataforma clave: el Sistema de Administración de Servidores Públicos (SASP), desarrollado bajo la rectoría de la Oficina Nacional de Administración y Personal (ONAP), ahora MAP, en el año 2005.

Este sistema representó un avance significativo, al centralizar la información sobre los servidores públicos y permitir conocer con precisión cuántos empleados tiene el Estado, dónde trabajan, qué funciones desempeñan y las remuneraciones reales que perciben.

Además, el SASP constituía un mecanismo eficaz para prevenir irregularidades estructurales, como la duplicidad de empleos en distintas instituciones, una práctica que ha significado históricamente una carga pesada para el erario.

Sin embargo, en la actualidad, este sistema parece haber perdido protagonismo o no se utiliza con el rigor que demanda la transparencia moderna.

Como consecuencia, la información sobre el personal público se encuentra nuevamente dispersa, fragmentada y, en muchos casos, desarticulada. Esto debilita los mecanismos de control institucional y limita la capacidad de la ciudadanía para ejercer una vigilancia efectiva sobre el uso de los recursos públicos.

A esta problemática se suma un elemento aún más sensible: la necesidad urgente de racionalizar el gasto público. En un contexto de presiones fiscales, endeudamiento y demandas sociales crecientes, el gobierno está obligado a demostrarle a la población que administra con eficiencia cada peso del presupuesto nacional.

Y no hay forma creíble de hablar de racionalización del gasto sin transparencia plena en las nóminas públicas.

La nómina estatal representa uno de los principales renglones del gasto público. Por tanto, cualquier política seria de contención, reorganización o eficiencia del gasto debe comenzar por ahí: saber exactamente cuántos empleados tiene el Estado, qué funciones desempeñan, cuánto cuestan y si su labor responde a necesidades reales de la administración.

Sin información clara, integrada y verificable, la racionalización del gasto se convierte en un discurso vacío. Peor aún, abre la puerta a decisiones discrecionales que pueden terminar afectando a los sectores más vulnerables, mientras se mantienen intactas estructuras ineficientes o clientelares.

Mientras la información continúe siendo incompleta, dispersa o difícil de interpretar, la ciudadanía seguirá enfrentando barreras para ejercer su derecho a la fiscalización. Y en ese escenario, la opacidad encuentra espacio para persistir.

La calidad del liderazgo no se mide en tiempos de bonanza, sino en la capacidad de gestionar la incertidumbre sin perder el rumbo. La actual crisis derivada de las tensiones en el Estrecho de Ormuz, por donde transita cerca del 20 % del petróleo mundial, ha vuelto a poner a prueba la solidez de las economías abiertas.

En este contexto, el reciente mensaje del presidente Luis Abinader trasciende la rendición de cuentas: constituye una hoja de ruta basada en disciplina fiscal y sensibilidad social; dando una lección de realismo estratégico.

Para la República Dominicana, altamente dependiente de la importación de hidrocarburos, el impacto de este escenario es inmediato: presión inflacionaria, aumento en los costos logísticos y riesgos sobre el poder adquisitivo de los hogares. Ignorar esta realidad sería irresponsable; trasladarla íntegramente al ciudadano, socialmente insostenible. La respuesta del Gobierno, basada en la gradualidad, revela una comprensión clara del delicado equilibrio entre estabilidad macroeconómica y protección social.

La opción elegida es la firma de una gestión que prioriza ese equilibrio como el activo más sagrado para la inversión. El país enfrenta esta coyuntura desde una posición de fortaleza relativa. Este blindaje no es retórico: es el resultado de una política económica preventiva que permite amortiguar la volatilidad externa sin comprometer la estabilidad cambiaria ni la confianza de los mercados.

El contraste internacional refuerza esta lectura. Economías avanzadas como Singapur han experimentado incrementos superiores al 20 % en sus costos energéticos, afectando directamente su competitividad logística. En España, los precios de los combustibles han superado el 18 % de aumento en marzo de 2026, presionando al sector transporte y al consumo. Frente a este escenario, la República Dominicana ha logrado contener los ajustes en un rango significativamente menor, actuando como amortiguador ante la volatilidad global.

Uno de los elementos más destacables de la estrategia gubernamental es la implementación de medidas de protección social sin caer en el populismo fiscal. La asignación de recursos a programas sociales y subsidios agrícolas, así como la decisión de mantener congelado el precio del GLP, evidencian una intervención focalizada que busca preservar el bienestar de los sectores más vulnerables sin comprometer la sostenibilidad de las finanzas públicas.

A esto se suma un factor estructural clave: la diversificación de la matriz energética. La apuesta por el gas natural, junto con la expansión de energías renovables no son solo metas ecológicas; son seguros de vida económicos. Esta infraestructura es lo que permite que hoy hablemos de ajustes controlados, en un contexto donde el crudo supera los USD 100 por barril, contar con fuentes más estables no es solo una ventaja técnica, sino un activo estratégico.

Desde mi perspectiva como inversionista, esta gestión del riesgo es lo que define a un «Unicornio del Caribe». Los capitales globales no buscan países sin problemas, sino países con seguridad jurídica, ROI predecible y capacidad de respuesta técnica ante las crisis externas. Lo que durante años fue objeto de debate, hoy se traduce en capacidad de respuesta.

La decisión de aplicar ajustes de manera gradual constituye, probablemente, el eje más complejo y a la vez más acertado de la política económica actual. Absorber el impacto total sería fiscalmente inviable; transferirlo de forma abrupta generaría un choque inflacionario difícil de contener. La gradualidad, en cambio, permite distribuir los costos en el tiempo, preservar la credibilidad institucional y evitar disrupciones económicas mayores.

Sin embargo, este equilibrio no recae únicamente en el Estado. La coyuntura exige también una corresponsabilidad ciudadana. El consumo eficiente, el ahorro energético y la comprensión del contexto global son componentes esenciales para sostener la estabilidad alcanzada. Como advirtió Juan Pablo Duarte: «Sed justos lo primero, si queréis ser felices». La justicia, hoy traducida en equidad económica, es condición indispensable para el bienestar colectivo.

Desde una perspectiva estratégica, la República Dominicana no solo está resistiendo el impacto de esta crisis, sino que está consolidando una ventaja competitiva. En un entorno global donde el capital busca certidumbre, previsibilidad y capacidad de respuesta, el país se posiciona como un destino confiable para la inversión extranjera.

La crisis es, por definición, transitoria. Lo que perdura son las decisiones. Y en este momento, la respuesta del gobierno dominicano apunta en la dirección correcta: equilibrio sin improvisación, protección sin desorden fiscal y liderazgo con visión de largo plazo. En tiempos de incertidumbre global, gobernar es, ante todo, saber equilibrar.

La República Dominicana no solo está resistiendo; está demostrando que tiene el temple de un Estado avanzado y eficiente, en condiciones para seguir liderando la captación de Inversión Extranjera Directa (IED) en toda la región y la confianza de toda una nación.

La seguridad social es un pilar fundamental del Estado social y democrático de derecho, el cual está consagrado en el artículo 60 de la Constitución de la República, que reza: «Toda persona tiene derecho a la seguridad social. El Estado estimulará el desarrollo progresivo de la seguridad social para asegurar el acceso universal a una adecuada protección en la enfermedad, discapacidad, desocupación y la vejez.»

Este derecho fundamental se concretiza a través de la Ley No. 87-01, que crea el Sistema Dominicano de Seguridad Social (SDSS), concebido como un mecanismo integral de protección frente a las contingencias que pueden afectar la vida y la capacidad productiva de las personas.

La acción protectora del sistema se refiere al conjunto de prestaciones, servicios y garantías que el Estado organiza para proteger a los ciudadanos frente a riesgos como la enfermedad, la vejez, la discapacidad, los accidentes laborales y la pérdida de ingresos.  El financiamiento de la misma se hace a través de los regímenes contributivo, subsidiado y contributivo-subsidiado.

En ese sentido, desde una perspectiva doctrinal, la acción protectora no solo implica la existencia de prestaciones económicas, sino también la garantía de acceso efectivo a servicios de salud y mecanismos de prevención.

Tal como se expone en Lecciones de Seguridad Social, de Juan Gorelli Hernández, Ángel Luis Val Tena y otros autores, la acción protectora “comprende el conjunto de técnicas jurídicas y organizativas mediante las cuales el sistema de seguridad social da cobertura a las situaciones de necesidad socialmente relevantes”. Esta definición resalta el carácter dinámico e integral del sistema, que no se limita a compensar daños, sino que busca anticiparse a los riesgos.

En el caso dominicano, el Seguro Familiar de Salud (SFS) y el Seguro de Riesgos Laborales (SRL) son ejemplos concretos de esta acción protectora. El primero garantiza la atención médica a los afiliados y sus dependientes, mientras que el segundo cubre los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, promoviendo además la prevención en los espacios laborales. A esto se suma el sistema de pensiones, orientado a asegurar ingresos en la vejez o en caso de discapacidad.

No obstante, a más de dos décadas de la promulgación de la Ley 87-01, persisten importantes desafíos, que conducen hacia una reforma integral, en la que se destacan la cobertura efectiva, la sostenibilidad financiera del sistema y la mejora en la calidad de los servicios. De igual manera, el fortalecimiento de la institucionalidad y la supervisión, a fin de que las prestaciones lleguen de manera oportuna y equitativa a todos los beneficiarios.

Durante más de dos décadas la educación en seguridad social fue olvidada, cualquiera podría decir que, a propósito, para que los ciudadanos no conozcan sus derechos y exijan su cumplimiento. La educación es indispensable, además, para comprender el complejo lenguaje de la seguridad social.

En definitiva, el fortalecimiento de la acción protectora del sistema de seguridad social es una obligación legal y un imperativo ético para construir una sociedad más justa, inclusiva y resiliente frente a los riesgos del presente y del futuro. Es tiempo de reforma.

A propósito de las atinadas y oportunas declaraciones de mi querida Fellita Caamaño Grullón, prima del inmenso coronel de Abril, Francisco Alberto Caamaño Deñó y hermana del también héroe de abril, mi hermano Claudio Caamaño Grullón, sobre el manto de olvido que cubre la gesta y el tiempo en que nos casamos con la gloria, me llegó un mensaje del pasado, de 1965, con el grato recuerdo de los compañeros que operaron desde la Compañía Dominicana de Teléfonos (Codetel) 24 horas sin parar, durante los primeros siete días de aquel abril que inscribió con letras de oro el rescate de la dominicanidad, del valor espartano de los restauradores del siglo XX, que impusimos el respeto a la Constitución de 1963, a los derechos humanos, al derecho a vivir sin temor y a la búsqueda de la felicidad en la guerra y en la paz.

El acontecimiento político-popular más importante del siglo XX fue el que protagonizamos los constitucionalistas de abril de 1965.

Desde del Grito de Capotillo, el 16 de agosto de 1863, hasta Abril de 1965, el pueblo dominicano había cedido el protagonismo de su historia, por una y otras razones, a fuerzas internas desorganizadas y antipatrióticas y a la presencia permanente de la bota de los Estados Unidos.

Salvo el luminoso período de la ocupación de 1916 a 1924, en el cual hombres y pequeños grupos de guerrilleros mantuvieron en alto la bandera nacional al enfrentar a las tropas de ocupación, principalmente en la región este, el país era víctima de fuerzas nacionales antipatrióticas.

La larga y oscura noche del trujillaje no pudo desarraigar el afán del pueblo por vivir en libertad bajo un régimen de derecho donde la Constitución y las leyes fueran el marco dentro del cual se desenvolvieran sus ciudadanos.

Por esa razón, cuando nos arrebataron la esperanza hicimos buena la estrofa del himno nacional que reza, como escribió el poeta Emilio Prud Homme:

“Mas Quisqueya la indómita y brava

Otras tantas ser libre sabrá

Que si fuere mil veces esclava

Otras tantas ser libre sabrá”

Los distinguidos compañeros que prestaron el inestimable servicio desde la Compañía Dominicana de Teléfonos fueron:

Héctor Victorino, Raquel Gómez Yangüela, Peña, Bueno y Genao.

Eran supervisados por un funcionario canadiense apellidado McCweight.

Merecen ser recordados.

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El objetivo fundamental del derecho es mantener un buen funcionamiento en la sociedad. El filosofo inglés Thomas Hobbes  (1588-1679),  en su obra “El Leviatan” afirma que “cuando los hombres viven sin un poder que los controle, estos se encuentran en un continuo estado de guerra” y por eso era necesario tener un Estado que crease las leyes y las hiciera respetar. Mientras más las leyes de un país funcionan, si aplican correctamente, y van respondiendo a las nuevas mutaciones, las sociedades funcionan mejor.

El derecho penal es una de las ramas del derecho público fundamental, protege nuestros derechos fundamentales, como la vida, la salud, el patrimonio. Tiene una estructura que clasifica las violaciones a sus normas según la gravedad del reato. En la comisión de las infracciones es un elemento esencial el grado o no de participación consciente del autor de la infracción, el llamado elemento subjetivo, o sea la actitud psíquica del individuo respecto a la comisión del acto sancionable.

Existe el dolo, la culpa y la responsabilidad objetiva. Estos son elementos fundamentales para hacer imputable al sujeto de sanciones penales. La culpa, cuando se comete el acto por imprudencia, negligencia o no pericia. La responsabilidad objetiva en la cual es suficiente la relación de causalidad, basta que se haya causado un daño por la acción o inacción del sujeto (Ej. Algunas contravenciones). Estos son elementos fundamentales para hacer imputable al sujeto de la infracción cometida.

El dolo hace más grave la infracción porque en ella se actúa con la voluntad consciente de cometer el acto criminoso mientras que en las otras no hay una voluntad de cometer el hecho.

El dolo es el “animus necandi”, el querer cometer un acto ilícito que puede ser premeditado o de ímpetu, pero que se hace de manera voluntaria y consciente. El dolo está compuesto de dos elementos psicológicos que la definen, la representación y la voluntad. La voluntad es la parte volitiva, el deseo de causar el daño y la representación la idea en la mente de cómo la realizará.

El dolo no debe ser confundido con el móvil del crimen, ya que éste último es solo la causa o la razón por la cual el sujeto ha actuado.

En nuestra legislación hay tres tipos de dolo, el dolo directo que es la intención directa de cometer el delito. El dolo indirecto en el que se actúa previendo los daños colaterales que vienen con el hecho.  El tercero es el dolo eventual, aquel en el que se actúa sabiendo que lo que se hace puede tener como consecuencia un daño a un sujeto y, no obstante eso, se hace. No es importante si se quiere o no causar ese daño, basta la conciencia del riesgo y del daño que podría ocasionar y que se acepte la posibilidad de que se verifique el daño

En conclusión, quien causa un daño sancionado penalmente, sin quererlo pero  asumiendo el riesgo,  será castigado como si hubiera sido un dolo directo.

En Europa, Italia, hubo un caso muy controversial en la empresa Thyssenkrupp, en su establecimiento en Turín, en el 2007, donde se condenó, a sus representantes y a la empresa, por la muerte de siete obreros de la fábrica. Fueron condenados por Homicidio doloso alegándose un dolo eventual.

Dicha empresa, que producía acero y maquinarias industriales, era sujeta a ciertos riesgos, como la posibilidad de la formación de una nube incandescente de aceite nebulizado. Hecho que aconteció  fue la causa de la muerte de los obreros.

El no cumplimiento (crimen por omisión) de las normas de seguridad exigidas para proteger a los obreros de ese riesgo posible, obligatorias en la normativa de dicho país, fue considerado como un dolo eventual.  Los dirigentes de la empresa sabían que eso podía suceder y asumieron el riesgo.

El dolo eventual se puede dar en muchas situaciones y es importante tenerlo en consideración. Quien aplica un tratamiento médico agresivo o aplica medicamentos, vacunas,  (si no se trata de vida o muerte) sabiendo que pudieran causar daños  peores a los beneficios que se buscan, podría responder penalmente por el daño causado.

Un ejemplo serian los que cometen el delito de “Manipulación del Mercado” Este es un tipo de delito financiero, una especie de estafa, en la cual uno o más sujetos ponen en circulación noticias falsas u operaciones financieras simuladas, con el objeto de alterar el valor de los instrumentos financieros en el mercado. La comisión de este reato podría  causar otros daños mas allá de los que  directamente tutela la norma penal.

Este delito además de atentar contra la integridad de los mercados financieros e impedir la correcta formación de los precios de los instrumentos financieros en el mercado, puede afectar patrimonios, empresas y hasta países. En la actualidad tantas deudas públicas de los Estados son vendidas en el mercado segundario a través de  títulos cuyas tasas de intereses  podrían ser afectadas, aunque sea temporalmente,  por la circulación de noticas falsas.

Estos riesgos que se toman al realizar un acto, sea éste legal o ilegal, conllevan en si una responsabilidad sobre quien lo sabía y actúa de toda formas. Debe responder si sucede el daño y, en algunos casos,  sancionado como tentativa por el solo hecho de asumir el riesgo.

Es importante que se conozca mas sobre el dolo eventual porque podría evitar que personas, sujetos investidos con cierta cualidad, entes públicos y privados tomaran ligeramente ciertos riesgos.

Tutelándonos más mejoramos nuestro Estado de Derecho que es nuestra garantía de vivir en Paz y de progresar en una sociedad democrática y soberana. Es a esto a lo que aspiramos todos.

Con reglas más claras, más transparentes, con el hacer respetar  estas reglas, no sólo protegemos a los otros sino también a nosotros mismos. Evitar agresiones y daños  injustos es el objetivo primordial del derecho penal,  además de sancionar y castigar a los que violan esas reglas.

Draindirablanco@gmail.com

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