La entrada en vigencia de la nueva ley 74-25, nuevo Código Penal de la República Dominicana, el día 3 de agosto 2026, trae una repartición de años de cárcel por doquier. En su artículo 222 incluye una figura con penas de prisión bastante severas por un delito conocido como la “Profanación de cadáveres y tumbas” la cual se aplicará  hasta a los brujos o a las personas que realicen actos “supersticiosos” y a los ladrones de ataúdes y a los que los compren asi como a quienes sustraigan objetos que formen parte de la tumba y del difunto, incluidos los dientes de oro.

Todos quienes dañen dañen o profanen una tumba tendrán sanciones. Por lo tanto , hasta los brujos y ladrones que operan en los cementerios o en sus “altares privados” deben estar al tanto de las disposiciones del nuevo Código Penal y así evitar caer presos, sea por acción o por omisión.

Si usted conoce algún brujo o  persona a las que les fascina hacer cultos al “varón del cementerio” utilizando partes humanas, cabezas de difuntos, huesos, etc., compártale esta información, lo mismo que a los que se roben un muerto y lo vendan.

Los actos de brujería castigados son los que involucran partes del cuerpo humano y los que son prácticas mágicas y rituales que buscan alterar la realidad, invocar energías espirituales o causar daño y abarcan desde la hechicería tradicional, que utiliza elementos de la naturaleza, hasta la magia demoníaca y rituales de protección (dar a un hombre agua o té de pantis,  amarres y dominio, rituales orientados a controlar la voluntad, el amor o el destino de una persona, trabajos de daño (maldiciones), hechizos que buscan provocar enfermedades, mala suerte o bloquear los caminos de éxito de alguien, la adivinación y la clarividencia, leyendo el futuro, la lectura del tarot, runas o la consulta de oráculos, protección y sanación, uso de hierbas (herbolaria), baños de flores, amuletos y limpiezas energéticas para alejar energías negativas.

Como abogado y como ciudadano personalmente considero, y eso lo vengo reiterando,  que “aquí va a caer presa mucha gente hasta sin saberlo”, por no leer el Código Penal, ya que la ley se reputa como ya conocida por todos los dominicanos, aunque no la hayan leído, en virtud del artículo 1 del Código Civil de 1884.

El Código ?Penal establece lo siguiente;

“Articulo 222.- Profanación de cadáveres y tumbas. Quien profane, mutile, destruya, oculte, exhiba o ultraje de cualquier forma un cadáver o restos humanos; o exhume o traslade sin autorización legal, será sancionado de 2 a 3 años de prisión y multa de 90 a 150 mil pesos”.

Esto se pone más grave.

Párrafo I.- Se impondrá la pena de 5 a 10 años de prisión  y multa de 100 mil a 200 mil pesos cuando:

1) Se realice con fines de lucro, rituales o actos supersticiosos;

2) Implique la difusión de imágenes del cadáver o sus partes.

Párrafo II.- Con la misma pena se sancionará la persona que robe el ataúd o efectos en una tumba y aquel que compre o comercialice dichos efectos.

 

 

 

El autor de este artículo es el Lic. Cesar Amadeo Peralta, de la (Oficina de Abogados Peralta & Peralta y Asociados, Abogados Consultores, S.R.L.); Correo Electrónico amadeoperalta@gmail.com, Teléfono 809-710-2213, Oficina dedicada a la persecución de crímenes y delitos económicos y financieros, todo tipo de falsificaciones,  violación a la ley del mercado de valores, estafas, delitos vinculados con las operaciones de compra y venta de Bitcoin, Criptomonedas, Cripto-activos, abusos de confianza y lavado de activos y violación e invasión de propiedades, entre otros tipos penales.

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RD ratifica su compromiso con la vida en el Código Penal

POR LUCY PAYANO

El campo dominicano ha sido, por generaciones, el escenario donde hombres y mujeres han entregado esfuerzo, conocimiento y esperanza para producir los alimentos que llegan cada día a nuestras mesas. Hoy, los desafíos de la agricultura exigen nuevas herramientas que permitan responder con mayor agilidad a las demandas de producción, sostenibilidad y competitividad. En ese contexto, la mecanización agrícola se ha consolidado como una aliada fundamental para fortalecer el agro y abrir nuevas oportunidades para quienes viven de la tierra.

Gracias a la visión de desarrollo impulsada por el ministro de Agricultura, Francisco Oliverio Espaillat Bencosme, la mecanización ocupa un lugar prioritario dentro de las acciones orientadas a respaldar la producción nacional. Desde la preparación de los terrenos hasta las labores de siembra y cosecha, la incorporación de equipos especializados y tecnologías aplicadas al campo está transformando la forma de realizar las actividades agrícolas y contribuyendo a una gestión más eficiente de los procesos productivos.

Tecnología al servicio de los productores

Cada terreno preparado a tiempo, cada siembra realizada con precisión y cada cosecha apoyada por equipos adecuados representa una oportunidad para aprovechar mejor el potencial de los cultivos. A través de los servicios de mecanización que se ofrecen en distintas regiones del país, cientos de productores reciben apoyo para agilizar sus labores, optimizar recursos y mejorar el desempeño de sus fincas.

Su impacto va mucho más allá de los resultados productivos. También significa reducir la carga física de quienes trabajan la tierra, disminuir las jornadas de esfuerzo manual y facilitar una mejor organización de las tareas agrícolas, permitiendo dedicar más tiempo a la planificación y al manejo de los cultivos.

Un aporte a la seguridad alimentaria de República Dominicana

La mecanización constituye además una herramienta estratégica para fortalecer la seguridad alimentaria del país. Su aplicación en las labores agrícolas contribuye a elevar los rendimientos, reducir pérdidas y aprovechar de manera más eficiente los recursos disponibles, favoreciendo una oferta de alimentos más estable y capaz de responder a las necesidades de la población.

Inspirando a las nuevas generaciones

Otro de sus aportes más valiosos es su capacidad para despertar el interés de las nuevas generaciones. Un agro apoyado en la innovación y el conocimiento resulta más atractivo para jóvenes que buscan oportunidades de crecimiento y desarrollo profesional, contribuyendo al relevo generacional que necesita el sector para seguir avanzando.

Al mismo tiempo, permite responder a retos cada vez más complejos, como la escasez de mano de obra, la variabilidad climática y la creciente demanda de alimentos. En un entorno donde la adaptación y la capacidad de respuesta son determinantes, contar con herramientas adecuadas marca una diferencia significativa.

Desarrollo rural y visión de futuro

En cada comunidad donde llega un tractor, una cosechadora o un equipo para la preparación de terrenos, llega también una señal de progreso. Porque impulsar el campo no consiste únicamente en incorporar maquinaria; implica generar oportunidades, dinamizar las economías locales, mejorar las condiciones de vida de las familias productoras y fortalecer la confianza en el porvenir.

La ampliación de los servicios de mecanización refleja una visión que coloca al productor en el centro de las políticas agropecuarias y promueve herramientas que contribuyen al crecimiento sostenible de las zonas rurales, favoreciendo una actividad agrícola más dinámica y preparada para los desafíos del presente.

La mecanización agrícola no representa únicamente la incorporación de equipos al campo; simboliza una apuesta por la innovación, la productividad y el bienestar de quienes producen los alimentos que sustentan a nuestra nación. Continuar avanzando por este camino significa fortalecer la capacidad del país para garantizar su seguridad alimentaria y generar mayores oportunidades para miles de familias que encuentran en la agricultura una fuente de progreso y esperanza.

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POR VÍCTOR DE LOS SANTOS 

Los  días 24, 25 y 26 de junio fue celebrado en Santo Domingo el seminario «Estrategia de Financiamiento para Mitigar los Impactos del Cambio Climático», una iniciativa del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, bajo el liderazgo de Paino Henríquez, y la viceministra de Cambio Climático y Sostenibilidad, Ana Emilia, junto a un equipo técnico multidisciplinario que demostró una impecable capacidad organizativa y una clara visión estratégica sobre los desafíos ambientales que enfrenta el país.

El evento reunió a representantes de la banca nacional, el sector empresarial, universidades, organismos internacionales, instituciones públicas y especialistas nacionales e internacionales, quienes durante tres intensas jornadas analizaron los mecanismos que permitirán a la República Dominicana acceder con mayor eficacia a los recursos financieros destinados a enfrentar los efectos del cambio climático.

Más que un seminario, representó el inicio de la construcción de una nueva arquitectura institucional, financiera y técnica para identificar, diseñar y estructurar proyectos ambientales con capacidad de acceder a fondos nacionales e internacionales destinados a la mitigación, adaptación y fortalecimiento de la resiliencia climática.

Las pérdidas económicas derivadas de fenómenos extremos, la creciente vulnerabilidad de las cuencas hidrográficas, la degradación de los ecosistemas, el aumento del nivel del mar y la mayor frecuencia de sequías e inundaciones obligan a que los países desarrollen mecanismos modernos de financiamiento.

Hoy el reto ya no consiste únicamente en reconocer la existencia del cambio climático, sino en disponer de proyectos técnicamente sólidos que puedan atraer inversiones y responder a los criterios establecidos por los organismos multilaterales y los mercados financieros internacionales.

Dentro de los múltiples temas desarrollados durante el seminario ocuparon lugar central los instrumentos de financiamiento verde y azul, los bonos verdes, los bonos temáticos, las finanzas regenerativas, la seguridad hídrica, la economía circular, la innovación para la acción climática y la participación del sector privado. Sin embargo, tres conceptos sobresalieron como pilares del nuevo modelo que comienza a consolidarse en el país: la actualización de la Contribución Nacionalmente Determinada (NDC 3.0), la futura Taxonomía Verde y la valoración del Capital Natural.

La Contribución Nacionalmente Determinada, conocida internacionalmente como NDC (Nationally Determined Contribution), constituye el principal compromiso que cada país presenta ante la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático en cumplimiento del Acuerdo de París. En ella se establecen las metas nacionales para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, fortalecer la adaptación frente a los impactos climáticos y definir las acciones necesarias para alcanzar un desarrollo con bajas emisiones y mayor resiliencia. La versión NDC 3.0 representa una actualización de esos compromisos, incorporando objetivos más ambiciosos, mejores indicadores de seguimiento y una integración más estrecha entre las políticas ambientales, económicas y sociales. En la práctica, la NDC funciona como la hoja de ruta que orientará durante los próximos años las inversiones públicas y privadas relacionadas con la acción climática.

Otro de los conceptos de mayor trascendencia fue la Taxonomía Verde, una herramienta relativamente nueva en América Latina que permitirá establecer un lenguaje común entre el sector financiero, el Estado y los inversionistas. En términos sencillos, una taxonomía verde es un sistema de clasificación que define, con criterios científicos y técnicos, cuáles actividades económicas y cuáles proyectos pueden considerarse ambientalmente sostenibles.

Esto evita que cualquier iniciativa sea presentada como «verde» sin cumplir requisitos objetivos, fenómeno conocido internacionalmente como greenwashing. En consecuencia, la futura Taxonomía Verde de la República Dominicana facilitará que bancos, inversionistas y organismos multilaterales identifiquen con mayor transparencia cuáles proyectos califican para acceder a financiamiento climático, reduciendo riesgos y aumentando la confianza de los mercados.

Especial relevancia tuvo igualmente el análisis sobre el Capital Natural, concepto desarrollado ampliamente por el economista dominicano Dr. Víctor Gómez-Valenzuela durante la conferencia magistral del tercer día. El capital natural comprende el conjunto de recursos y ecosistemas que sustentan la vida y la economía de un país: bosques, ríos, acuíferos, manglares, arrecifes coralinos, humedales, suelos fértiles y biodiversidad. Estos ecosistemas producen permanentemente servicios esenciales como el suministro de agua, la regulación del clima, la captura de carbono, la protección frente a inundaciones, la polinización de los cultivos, la fertilidad de los suelos y el atractivo turístico que sostiene buena parte de la economía nacional.

Durante décadas estos beneficios fueron considerados gratuitos e inagotables. Sin embargo, la economía moderna reconoce que constituyen verdaderos activos productivos cuyo deterioro implica pérdidas económicas reales. Destruir un bosque, degradar una cuenca hidrográfica o eliminar un manglar significa reducir la capacidad futura del país para producir agua, alimentos, energía, turismo y bienestar. En consecuencia, conservar el capital natural deja de ser únicamente una obligación ambiental para convertirse en una estrategia de desarrollo económico y de seguridad nacional.

Ese fue, probablemente, el mensaje más importante que dejó este seminario: el cambio climático ya no puede abordarse exclusivamente desde la óptica ambiental. Constituye un desafío económico, financiero, productivo y social que exige nuevas formas de inversión, una planificación de largo plazo y una estrecha articulación entre el Estado, el sector privado, la academia y la cooperación internacional.

La República Dominicana ha dado un paso significativo al comenzar a construir esta arquitectura institucional para el financiamiento climático. El verdadero desafío comenzará ahora: traducir estos conceptos en proyectos concretos que protejan nuestros recursos naturales, fortalezcan la resiliencia de las comunidades y permitan movilizar inversiones capaces de garantizar un desarrollo sostenible para las generaciones presentes y futuras.

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