Por RAFAEL CESPEDES MORILLO

El 9 de octubre de 1934, mientras el reloj marcaba las 6:25 de la mañana, doña Elena lloró de emoción al escuchar el primer llanto del recién nacido, al que ya habían decidido llamar Jacobo. Era todo alegría. Nadie podía imaginar que 62 años después, específicamente el 2 de marzo de 1996, alrededor de las 6:20 de la mañana, me llamarían desde Tampa para decirme: “Jacobo ha partido, haz tu parte”.

Me hablaba su yerno, Martín Cantizano, para que, junto con el hospital donde murió, fuera preparado el último informe sobre el ya difunto Jacobo Majluta. Eso hice, sin dejar de apuntar que no pude contar las veces que las lágrimas me dañaron el escrito, porque quise hacerlo yo directamente y no por medio de mi secretaria.

Jacobo, según mi opinión, es uno de los grandes líderes más olvidado en este país.

Antes de comenzar a escribir, llamé a mi esposa y le di la infausta noticia. Ella tenía unos “amores” muy especiales con su turco gordo —de hecho, así se decían: “gordi”—. Hablaban varias veces a la semana sobre dietas. Yo les decía: “Ustedes son gordos porque solo hablan de eso”. Todos reíamos.

Pero, el final no llega sino después del inicio, y, por ende, voy a narrar cómo nos conocimos Jacobo y yo.

Una de las mejores amigas de mi esposa tenía una familia que vivía patio con patio con Jacobo, cuando él residía en la avenida Independencia. La familia Jana Tactuk —William, uno de ellos, era mi médico— fue el primer vínculo.

Por ahí vino el primer contacto con Jacobo, contactos que luego se hicieron más frecuentes por mi gusto por la política, aunque ya no tenía afiliación alguna. La relación entre Jacobo y yo creció, hasta convertirme en un aliado político no oficial.

La noche en que murió el presidente Antonio Guzmán, Jacobo cenó en mi casa, en una reunión familiar, no política.

Algunas horas después de marcharse, me mandó a llamar y me informó lo que había sucedido. Me preguntó sobre las medidas que pensaba tomar. Estuve de acuerdo con todas. Algunas de ellas eran: enviar a su jefe de seguridad, el coronel Coma al Palacio y tomar las medidas de lugar en cuanto a la seguridad; reforzar la vigilancia en su casa; y no dar declaraciones hasta tanto tener más detalles sobre la información que le habían dado: que el presidente se había suicidado.

Lo habían invitado al Palacio Nacional para que se juramentara y no lo hizo de inmediato. Le pidió a William Jana que se acercara al lugar donde estaba el cuerpo del presidente y le informara cuál era la situación real con relación a su muerte. ¿Y si era cierto? ¿Suicidio o asesinato?

Al confirmarse el fallecimiento, Jacobo se trasladó al Palacio, donde le fue tomado el juramento como el presidente número 47 de la República Dominicana.

Alrededor de las 11:00 de la mañana me llamó uno de sus colaboradores cercanos para informarme que de parte del presidente Majluta había una posición para mí. Le di las gracias y le dije que no me interesaba, que muchas gracias. Hice eso pensando que la propuesta no era más que una muestra de que me recordaba y seguía siendo mi amigo.

Pero en la tarde, cuando ya habían sido nombrados varios cercanos del nuevo presidente, me volvieron a llamar para decirme: “Dice el presidente que lo necesita en esa posición y que…” Lo interrumpí y le dije: “Pues dígale que me nombre y que me diga qué debo hacer”. Al otro día me llamaron para que fuera a tomar posesión de mis funciones.

Nunca hablé con Jacobo. Estuve esperando durante 41 días instrucciones para actuar, y simplemente nunca llegaron. Me dediqué a trabajar hasta un día después de la llegada del nuevo gobierno, cuando fui separado del cargo.

Ahí las relaciones tomaron otro giro, pues comencé a formar un “grupo de apoyo” de profesionales y técnicos para aupar lo que sin duda sería la candidatura presidencial de Jacobo Majluta para el próximo período, pues, al salir del gobierno, su aceptación estaba marcada por una medición con un 76 % de respaldo del pueblo dominicano.

Pero no solo yo pensaba en eso. Varios más también lo hicieron, como fue el caso de Andrés Vanderhorst, quien hizo más que nadie y, por ende, creció más que los demás. Tanto así, que Jacobo nos reunió en su casa y nos pidió unirnos a Andrés para sumar esfuerzos. Yo dije que sí; otros dos dijeron que no. Y bueno, mi historia en lo que fue la Estructura viene más adelante.

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La conferencia internacional de las Naciones Unidas celebrada los días 28 y 29 de Julio, para la resolución pacífica de la cuestión palestina y la implementación de la solución de dos Estados, copresidida por Francia y Arabia Saudita y que reunió a más de cien países, es un evento clave para las negociaciones que se han estado realizando para lograr una paz sostenible y duradera en esa región del mundo.

Esta reunión de alto nivel convocada tras la adopción de una Resolución de la Asamblea General de la ONU en 2024 y en la que no participan los Estados Unidos e Israel, busca el consenso internacional y redoblar los esfuerzos para lograr la paz de manera definitiva e implementar la solución de dos estados, garantía fundamental para la estabilidad regional.

El secretario general de la ONU Antonio Guterres al referirse al tema afirmó:  “Y para quienes dudan de la solución de dos Estados, pregunto: ¿Cuál es la alternativa? ¿Es una solución de un solo Estado en la que los palestinos sean expulsados o se les obligue a vivir en su tierra sin derechos? “y agregó, “el objetivo de esta conferencia internacional sería implementar, de una vez por todas, la solución de dos Estados”.

La conferencia de la ONU busca el apoyo global a la solución de dos Estados, mediante un enfoque multilateral y un plan concreto y fuertes llamados al accionar de las naciones, para el reconocimiento de Palestina, un alto al fuego inmediato y poner fin a la violenta e inhumana ocupación israelí, que ha provocado más de 60,000 muertos la mayoría mujeres y niños.

La asesora del presidente francés Emmanuel Macron para Medio Oriente, Anne-Claire Legendre sostuvo que “deben mantenerse las perspectivas de un Estado palestino”, y agregó que hacen falta medidas irreversibles y concretas para su implementación, exigiendo un alto el fuego duradero, el suministro inmediato de ayuda humanitaria a Gaza y la liberación de los rehenes.

La jefa del equipo negociador de Arabia saudita Manal bint Hassan Radwan añadió que los esfuerzos para poner fin a los combates y lograr la liberación de rehenes y detenidos deben “basarse en un plan político creíble e irreversible que aborde la raíz del conflicto y ofrezca una vía real hacia la paz, la dignidad y la seguridad mutua”. “Tenemos que intentar encontrar la manera de crear un marco para un debate real”.

Esta conferencia internacional adoptó la declaración de New York firmada por un grupo de países, que apoyan la solución de dos Estados y establece que Israel debe poner  un fin inmediato a la violencia contra los palestinos, que ya pasa de 60,000 palestinos muertos en su mayoría mujeres y niños, detener los asentamientos y renunciar a cualquier intención anexionista.

El documento traza un plan de paz que debe empezar con un alto al fuego inmediato, el termino de la guerra en Gaza, la liberación de los rehenes, el retiro Israeli y la entrega por parte de Hamas del control de la Franja y las armas a la Autoridad Palestina y el establecimiento de un Estado palestino libre y soberano, que de conformidad con el derecho internacional lleve a la paz y  la estabilidad a esa region.

La declaración plantea transferir la administración de Gaza a la Autoridad Palestina, bajo el principio de “un Estado, un gobierno, una ley , una fuerza”,  donde Palestina sea un Estado independiente y desmilitarizado, unificado  en Gaza y Cisjordania, bajo un programa de reformas, que conviva en paz junto a Israel en base al derecho internacional y las resoluciones de la ONU.

Además entre otros puntos la conferencia sobre la causa palestina acordó, que jerusalén Este seria la capital del Estado Palestino y que sus fronteras serian las acordadas en 1967 con ajustes acordados mutuamente, garantias de seguridad para Israel, reconocimiento internacional para el Estado Palestino y llamado a una conferencia internacional de paz con los auspicios de la ONU.

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) ha exigido a Israel poner fin a la violencia y las políticas racistas y expansionistas en Cisjordania ocupada y Ha criticado la intensificación de los ataques de los colonos y el ejército israelíes‌ contra los palestinos en Cisjordania, la declaración de New York pidió a Israel  congelar y desmantelar los asentamientos en zonas claves como Cisjordania y Jerusalén del Este.

La conferencia de Naciones Unidas sobre la cuestion palestina puede representar un esfuerzo concertado para reactivar la solucion de dos estados y poner fin a la guerra en Gaza, conflicto que a traves de años mantiene a esa region en un clima de violencia y terrorismo, una gran crisis humanitaria y un genocidio sin control que debe ser detenido por la comunidad internacional con una  solución justa, pacífica y duradera.

Las formas que se emplean para la medición de la pobreza suele resultar, casi siempre, un proceso complejo, que a menudo presenta errores e inconsistencias debido a diversos factores.

Un enfoque erróneo común es medir los niveles de pobreza únicamente tomando en cuenta los ingresos monetarios, o por consumo, dejando de lado otras variables importantes como el acceso a servicios básicos, la salud y la educación.

Además, las líneas de pobreza pueden ser subjetivas, y no reflejar las necesidades reales de las personas en diferentes contextos.

Con mucha frecuencia vemos cómo en la República Dominicana, hablar de pobreza pareciera un ejercicio estadístico más que un compromiso con la transformación y cohesión social.

Cada año, los informes oficiales y los organismos internacionales publican cifras que, según ellos, reflejan el “avance” en la lucha contra la pobreza. Sin embargo, detrás de esos números fríos, la realidad de miles de familias en los barrios y campos dominicanos cuenta otra historia.

El gobierno suele medir la pobreza principalmente por ingresos monetarios, estableciendo líneas de pobreza que se actualizan según el costo de la canasta básica.

Así, si una familia sobrepasa por unos cuantos pesos el umbral establecido, deja de ser considerada pobre, aunque siga viviendo en una casa de zinc, sin agua potable ni acceso digno a la salud. La pobreza se reduce en los informes, pero no en las calles.

Las mediciones basadas en necesidades básicas insatisfechas o pobreza multidimensional muestran un panorama más crudo. Basta recorrer comunidades rurales o barrios marginales de Santo Domingo para notar que la carencia de agua potable, electricidad confiable, atención médica y oportunidades de empleo sigue siendo la norma.

Sin embargo, la política pública insiste en celebrar el crecimiento económico, mientras deja intacta la brecha social, la desigualdad y la exclusión.

Esta obsesión por reducir la pobreza “en papel” ha creado lo que podríamos llamar pobreza estadística. Los programas sociales como Supérate o los bonos temporales alivian momentáneamente la falta de ingresos, pero no transforman las condiciones estructurales que generan desigualdad. En otras palabras, la pobreza en RD se administra, no se erradica.

Es urgente que el país adopte una mirada integral y honesta sobre la pobreza. Medirla solo por ingresos es maquillar la realidad; necesitamos políticas que ataquen la exclusión en todas sus dimensiones: educación, salud, empleo formal, vivienda y seguridad social.

Solo así podremos hablar de verdadera movilidad social y no de victorias ficticias que caben en un boletín de prensa, pero no en la vida de los dominicanos.

Para la Organización Internacional del Trabajo (OIT), “el trabajo decente sintetiza las aspiraciones de las personas durante su vida laboral. Significa la oportunidad de acceder a un empleo productivo que genere un ingreso justo, la seguridad en el lugar de trabajo y la protección social para todos, mejores perspectivas de desarrollo personal e integración social, libertad para que los individuos expresen sus opiniones, se organicen y participen en las decisiones que afectan sus vidas, y la igualdad de oportunidades y trato para todos, mujeres y hombres”.

El impacto del empleo decente en la desigualdad lo expresa con mucha claridad el académico David T. Ellwood, en la obra Combatiendo la desigualdad, coordinada por Olivier Blanchard y Dani Rodrik, quien sostiene que para enfrentar de forma real y sostenible la desigualdad, se debe dejar de tolerar los empleos de mala calidad. Más allá del crecimiento económico o la educación, transformar el panorama laboral debe ser una prioridad política y social.

Por tal razón, Ellwood sostiene que millones de trabajadores, especialmente en economías desarrolladas como la de los Estados Unidos, se encuentran atrapados en trabajos mal pagados, inestables y sin beneficios. Son empleos que no permiten construir una vida digna, mucho menos ofrecer seguridad a largo plazo.

Paradójicamente, estos puestos son fundamentales para el funcionamiento de la sociedad. Entre estos trabajadores se encuentran los del cuidado, limpieza, servicios de comida o repartidores, entre otros, sin los cuales gran parte de la vida cotidiana colapsaría.

Contradicción

La pandemia de COVID-19 desnudó con gran claridad esta contradicción. Muestra de esto es que mientras algunos podían trabajar desde sus casas, otros arriesgaban su salud en empleos mal remunerados que apenas les daban para sobrevivir.

Se trató de una experiencia colectiva que hizo imposible seguir ignorando la brecha entre el valor real del trabajo y su retribución económica. Ellwood propone que el punto de partida no debe ser únicamente la creación de más empleos, sino de mejores empleos.

Continuando con Ellwood, se debe destacar el criterio de que para transformar el mercado laboral se requiere voluntad política y un cambio de paradigma. Según él, se necesita una combinación de medidas como establecer salarios mínimos más altos, garantizar acceso a beneficios como salud y licencias pagadas, fomentar la sindicalización y responsabilizar a las empresas por las condiciones que ofrecen a sus empleados. También propone subsidios e incentivos fiscales para las compañías que mejoren la calidad de sus puestos.

Debe quedar claro que esta visión sobre el empleo decente no significa una simple redistribución de riqueza, sino una revalorización del trabajo. Un empleo de calidad no solo ofrece ingresos suficientes, sino también respeto, estabilidad, crecimiento y sentido de propósito. Cuando las personas tienen trabajos dignos, la desigualdad disminuye, la cohesión social mejora y la economía se fortalece desde abajo.

Al mismo tiempo, se advierte que transformar empleos de baja calidad en empleos decentes no es una tarea sencilla, pero los beneficios son evidentes: mayor movilidad social, reducción de la pobreza y una democracia más sólida y equitativa.

Finalmente, es de vital importancia y urgencia transformar los empleos de mala calidad en empleos decentes. Los grandes aumentos de salarios mínimos que impulsó el presidente, Luis Abinader, contribuyen con la transformación del empleo y con una sociedad más equitativa y sostenible.

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POR MARCELINO LARA

La Ley No. 112-00 es conocida como la Ley de Hidrocarburos y establece los precios de los combustibles en el mercado dominicano. Dicha Ley establece el marco jurídico para la regulación de los hidrocarburos, incluyendo la fijación de precios, la importación, refinación y distribución de combustibles.

El Ministerio de Industria y Comercio y Mipymes, mediante resoluciones, establece los precios oficiales de venta de los combustibles líquidos y el GLP a los diferentes actores del mercado, como los distribuidores y estaciones de servicios.

El precio final de venta de los combustibles resulta de la suma de varios componentes, que incluye el costo del producto (FOB), impuestos, márgenes de distribución, márgenes al detalle, y comisión de transporte.

En adición al gravamen sobre combustibles fósiles y derivados del petróleo dispuesto por la Ley No. 112-00 del 29 de noviembre del 2000, se estableció un impuesto selectivo de 16% ad valorem sobre el consumo interno de dichos combustibles fósiles y derivados del petróleo.

Con el supuesto propósito de combatir la inflación generada por el alza del barril de petróleo en los mercados internacionales durante la pandemia de Covi, las actuales autoridades tomaron la decisión de subsidiar el precio interno de los combustibles.

Obviamente, esa decisión ha generado una erogación presupuestaria anual por parte del estado dominicano.

Al mismo tiempo, y supuestamente para compensar esas erogaciones para subsidiar el precio de los combustibles, las autoridades aplican impuestos a la venta al consumidor final de dichos combustibles, incluyendo al GLP.

De esa forma, en el año 2022, el subsidio a los combustibles ascendió a RD$32,827.2 millones, pero el gobierno cobró impuestos ascendentes a RD$89,687.2 millones.

En 2023, el subsidio fue de RD$12,875.2 millones y los impuestos cobrados ascendieron a la jugosa suma de RD$90,839.8 millones.

En 2024, el subsidio fue de RD$18,568.2 millones pero el cobro de impuestos a los combustibles por parte del gobierno ascendió a la extraordinaria suma de RD$98,387.7 millones.

Como se puede observar, en algunos casos, el cobro de impuestos por parte del gobierno más que quintuplica la erogación del gobierno para subsidiar el precio de los combustibles. Un negocio redondo disfrazado de una supuesta bondad del gobierno para que el precio de los combustibles no suba demasiado. No me defienda tanto compadre dirían los usuarios propietarios de vehículos que pagan dicho impuesto al visitar la estación de combustible.

Hasta la primera quincena de julio de 2025, el gobierno ha subsidiado los combustibles por un monto de RD$7,511.4 millones.

Sin embargo, los impuestos cobrados ascienden a unos RD$41,835.9 millones.
Una cifra que evidencia el fabuloso negocio que ha resultado ser los combustibles para el actual gobierno es que desde el mes de enero del 2021 hasta mayo del 2025 el gobierno ha cobrado impuestos por combustibles ascendentes a la gigantesca suma de RD$399,965.7 millones, equivalente a un promedio anual de recaudaciones de RD$88,881.3 millones.

Según las estimaciones de ingresos del gobierno central para este año 2025, se espera recaudar por impuestos a los combustibles y al diferencial del GLP unos RD$107,360.3 millones, distribuidos de la siguiente forma: RD$57,965.6 millones por impuesto específico de la Ley No. 112-00; RD$35,909.9 millones por impuestos selectivos de la Ley No. 557-05, modificada por la Ley No. 496-06 que fija un ad valorem del 16%; RD$2,229.1 millones por el impuesto adicional de RD$2.00 por el consumo de gasoil y gasolinas, así como RD$11,195.7 millones por el diferencial del GLP.

Como es de conocimiento de muchos, los grandes consumidores de combustibles evaden el pago de impuestos por consumo de combustibles, así que una parte importante de esos impuestos es pagado por la clase media propietaria de vehículos y consumidora de GLP en el hogar y también en sus vehículos.

Por todo lo expuesto anteriormente es que se hace urgente y necesario hacer más transparente el cálculo de los márgenes de intermediación para los distribuidores, los detallistas, y los transportistas.

De no corregirse esta situación el negocio de los combustibles continuará siendo un negocio fabuloso que continuará dejando grandes beneficios al estado y a los intermediarios comerciales, mientras mayoría de usuarios permanecerá con bolsillos desfondados.

Por alguna extraña razón, mientras los precios del barril de petróleo en mercados internacionales rondaban los US$150.00 dólares en 2014, el precio del galón de gasolina premium en el mercado local rondaba los RD$150.00 pesos.

Sin embargo, ahora sucede que el barril de petróleo cuesta alrededor de US$70.00 dólares en los mercados internacionales y el galón de gasolina premium en el mercado local ronda los RD$300.00 pesos.

Es mas que claro que la famosa formulita no está funcionando bien para los usuarios finales de los combustibles, porque no está reflejando el comportamiento internacional de los precios en el barril de petróleo.

Y mientras tanto, la economía dominicana apenas crece un 2.4% en el primer semestre del 2025.