La estabilidad laboral en la administración pública está protegida por un cuerpo juris compuesto por un alto número de documentos jurídicos, algunos de ellos son declaraciones y tratados ratificados por el Estado dominicano. El gobierno viola numerosas reglas que les prohíbe “botar” a empleados de la administración pública por razones políticas o cambio de gobierno.

La Carta Iberoamericana de Función Pública en su art. 7, letra C. establece una estabilidad del empleo público y su protección frente a la destitución arbitraria, sin perjuicio de la duración, indefinida o temporal, de la duración que se establezca y en el art. 45 prohíbe de manera expresa lo siguiente: “Desvinculación “El mero cambio de gobierno o la concurrencia de circunstancias o decisiones de exclusiva apreciación discrecional, no serán, por si mismas causas suficientes para justificar despidos o rescisiones de empleo.” Esta cara fue suscrita por el Estado dominicano. 

El gobierno viola lo expresado por La Organización Internacional Del Trabajo –OIT- al decir esta, que se sustituyó el mecanismo de libre remoción por uno que garantice estabilidad laboral a fin de que la extinción del vínculo responda a causales objetivas previo proceso administrativo y sobre la carrera pública dice que el sujeto que ha demostrado su mérito en el concurso público y ha sido incorporado al Estado a través del acto de nombramiento, accede no a un cargo específico, sino a una organización compleja donde tendrá derecho a la carrera pública desempeñándose en distintos puestos.

Por su parte, la jurisprudencia interamericana ha dicho en la Sentencia de la Corte IDH: “ Cabe precisar que la estabilidad laboral no consiste en una permanencia irrestricta en el puesto de trabajo, sino de respetar este derecho, entre otras medidas, otorgando debidas garantías de protección al trabajador a fin de que, en caso de despido se realice éste bajo causas justificadas, lo cual implica que el empleador acredite las razones suficientes para imponer dicha sanción con las debidas garantías, y frente a ello el trabajador pueda recurrir tal decisión ante las autoridades internas, quienes verifiquen que las causales imputadas no sean arbitrarias o contrarias a derecho…”, Corte IDH, caso Alfredo Lagos del Campo Vs Perú, 31 de agosto 21017.

La Constitución establece la meritocracia en la administración pública, el artículo 138.1 y 142 indican que el acceso a cualquier función pública debe ser por méritos, profesionalización y capacidad. Agrega el artículo 145 que la separación de un empleado de carrera sin el debido proceso es un acto contrario a la constitución y a la ley de función pública. Mientras que el artículo 39 informa que nadie puede ser discriminado por su opinión política. Si el gobierno desvincula a un empleado por ser de un partido político estaría violando este artículo.

La Convención Americana de los Derechos Humanos dice en el art. 23, sobre los derechos políticos, de que todos los ciudadanos gozan de los derechos y oportunidades a participar en la dirección de los asuntos públicos directamente y a tener acceso, en condiciones generales de igualdad, a las funciones públicas de su país.

El Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos apunta en los artículos 25 y 26 de que todos los ciudadanos gozarán de los derechos y oportunidades a participar en la dirección de los asuntos públicos, directamente; tener acceso, en condiciones generales de igualdad, a las funciones públicas de su país. Y el 26 impone que todas las personas son iguales ante la ley y tienen derecho sin discriminación a igual protección de la ley. A este respecto, la ley prohibirá toda discriminación y garantizará a todas las personas protección igual y efectiva contra cualquier discriminación por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.

La Declaración Universal de Derechos Humanos se expresa también en la protección de que no se puede botar a un empleado por su opinión política ni ser discriminado. Los artículos 7 y 21 establecen que todos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual protección de la ley. Todos tienen derecho a igual protección contra toda discriminación y anuncia que toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país y al acceso, en condiciones de igualdad, a las funciones públicas de su país.

Finalmente, en el marco de la Estrategia Nacional de Desarrollo (END) 2030, y los Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS), se plantea el promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y él trabaja decente para todos y todas. Así mismo, apunta que el empleo constituye el punto de entrada al bienestar económico de las personas, por tanto se requiere direccionar la estructura productiva del país para que la economía genere lo suficientes empleos decentes, es decir empleo con salario digno, seguridad en el puesto de trabajo, y protección contra la descremación por razones de género, edad, condición social, origen social, entre otros tipos de discriminaciones, de conformidad con ODS 8.

johngarrido@yahoo.es

POR JOSÉ ELÍAS HERNÁNDEZ FRÍAS

La democracia representativa definida como el sistema político por medio del cual, el ciudadano delega en manos de sus representantes, la facultad de poder dirigir, administrar y gobernar el Estado, con la finalidad de que éstos actúen a favor de la colectividad, dígase del pueblo, pues es como opina la Dra. Mukien Adriana Sang la democracia representativa «defiende la delegación de la soberanía, donde el pueblo, a través del voto, elige a sus gobernantes, representantes de grupos políticos, los cuales, una vez en el poder, serán llamados a tomar las decisiones que convengan a la mayoría».

Por lo tanto, este tipo de democracia está cimentada bajo el principio de la representación, el cual consiste, en que el pueblo accede al gobierno por vía de sus representantes, quienes ejercen el poder en su nombre y representación.

No obstante, a pesar de ser un sistema que tiene como eje central la representación de los intereses del pueblo, esta forma de democracia ha ido perdiendo su eficacia y su confianza en los ciudadanos, pues a consolidarse la partidocracia, es decir, el gobierno de los partidos políticos, así como la oligocracia, dígase el gobierno donde unos pocos mandan, ha provocado que en la últimas décadas la democracia representativa entre en un proceso de crisis y de falta de credibilidad, pues los ciudadanos sentimos que no estamos bien representados, y que sólo tenemos voz y voto en los tiempos electorales, período en donde tenemos la facultad de elegir a quienes nos van a representar en los próximos cuatro años.

En ese sentido, se considera que bajo este sistema nuestros derechos como ciudadanos se limitan solamente a elegir de forma periódica nuestros representantes, y luego de ese momento no existen más mecanismos y/o herramientas que nos permitan fiscalizar, auditar y validar la labor de nuestras autoridades elegidas, pues incluso quienes tienen esa labor dentro del aparato estatal son elegidos por nuestro propios representantes, y éstos se aseguran de seleccionar un personal que respondan a sus propios intereses.

Es así, que en la actualidad vemos como una Cámara de Cuentas, que para algunos es de cuentos, en vez de ejercer su labor que por mandato constitucional le corresponde, como es la de auditar, fiscalizar y velar por el buen uso de los fondos públicos, realizan una labor muy parecida a la vaca de nena que en vez de dar leche da pena, pues solo basta con leer los diarios y prender la televisión para darnos cuenta que nuestros autoridades no gozan de la confianza ni de la credibilidad de quienes los eligieron.

De ahí que, a nuestro entender, la principal razón de la crisis de la democracia representativa, es que estamos viviendo en un tiempo en donde nuestro sistema de representación se ha ido desgastando, y por tanto perdiendo eficacia, pues no confiamos en éste, y sin confianza, la representación no tiene sentido, ya que el pilar que reina en la democracia representativa, es la confianza que deposita el ciudadano a sus representantes, para que los mismos los represente de manera transparente, justa y a favor de los intereses del colectivo.

Sin embargo, si se nos pregunta: ¿cuáles son las causas que han producido la crisis de la democracia representativa?, a nuestro entender serían las siguientes:

1. La desigualdad social, en el sentido, de que cada día es mayor la desigualdad económica entre el representante y el representado.
2. La desconexión entre el representante y el representado, ya que no hay una comunicación entre estos dos actores, pues al momento que el representante es elegido, el representado deja de tener voz y derecho, y, por tanto, el representante actúa a favor de sus intereses particulares o partidarios.
3. Otra causa, nos la da el Dr. José Francisco Peña Gómez, el cual en su trabajo de tesis: ´´Fracaso de la democracia representativa a la luz del derecho constitucional´´, señala que la democracia representativa ha fracasado, pues ha concluido penosamente ahogada por la violencia antijurídica de los déspotas, por la subversión del caciquismo y, finalmente, por la acción coordinada de la oligarquía y el imperialismo.
4. La insatisfacción del ciudadano con la toma de decisiones por parte de los funcionarios electos y nombrados oficialmente.
5.  Y, por último, el agotamiento del sistema de partidos en las últimas décadas, producto del deterioro del ejercicio de sus funciones designadas, provocando una desconexión y desvinculación entre partidos, sociedad y opinión pública.

De este modo, esta crisis de representación ha provocado que un gran número de ciudadanos, nos preguntemos ¿Por qué seguimos delegando nuestra soberanía? ¿Por qué no exigimos más participación en los asuntos públicos de nuestro Estado? ¿Por qué debemos de conformarnos con elegir nuestros representantes cada 4 años, si podemos obtener más participación en el aparato político estatal?

En efecto, estas interrogantes, nos llevan a buscar respuestas, a buscar soluciones y a encontrar nuevas formas que nos permitan tener un rol más activo en la sociedad, para eso es necesario una dosis de democracia participativa, pues, en efecto, la democracia participativa hace énfasis muy especial en dar voz a los individuos y a las comunidades, cuyas opiniones y aspiraciones rara vez hallan eco o atención en los mecanismos tradicionales de la democracia representativa.

En definitiva, la democracia participativa es la materialización de los derechos de los ciudadanos, es decir, se pasa de una democracia meramente electoral a una democracia ciudadana, en donde, el ciudadano se inviste de derechos y de mecanismos democráticos que le permiten asumir la democracia como si fuera un estilo de vida.  Por tanto, esta democracia implica un rol más activo del ciudadano frente a las actividades estatales, por ende, Pericles expresó: ´´consideramos a todo el que no participa en la vida del ciudadano, no como a uno que se cuida de sus negocios, sino como un individuo inútil ´´.

De manera que, a modo conclusivo, dejo esta frase a modo de reflexión del filósofo Jean Jacques Rousseau: ´´Tan pronto como el servicio público deja de ser la principal ocupación de los ciudadanos y éstos prefieren servir con su bolsa más bien que con su persona, el Estado se halla ya próximo a la ruina´´.  O expresado más categóricamente por él mismo: ´´Tan pronto como alguien diga de los asuntos de Estado ¿Qué me importa a mí?, podemos estar seguros de que el Estado está perdido´´.

jeliashernandez@gmail.com

JPM

POR ENRIQUE AQUINO ACOSTA

Mantengo mi oposición pública a la práctica del aborto  apoyado en el 5to. Mandamiento de la Ley de Dios, que prohíbe matar, en el artículo 37 de la Constitución de la República y en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, numerales 1,2,3 que establecen la inviolabilidad del  derecho a la vida.

Además, rechazo la propuesta de introducir las llamadas “tres causales” del aborto en el Código Penal Dominicano para despenalizarlo. ¿Por qué?  Porque son contrarias a la normativa citada más arriba y porque responden a los planes de Satanás.

Distinguidos lectores, el propósito histórico de Satanás ha sido y es matar a los niños. En Egipto utilizó al Faraón para matar a los niños israelitas, entre ellos a Moisés, y posteriormente a Jesús, que acababa de nacer en Belén de Judá. A ambos niños y a otros tuvieron que esconderlos para salvarles la vida.

El horno no está para galletitas. No nos durmamos en nuestros laureles. Satanás mantiene su interés en matar a los niños y  utiliza  a los organismos internacionales, a los gobiernos, a las ONGS, a los médicos que ejercen la Medicina sin apego a la Ética Profesional  y a las propias mujeres, para promover y ejecutar la política criminal del aborto.

Sin embargo, debemos recordar que Dios es el Creador de todos los seres vivientes y promete no dejarnos solos ni desampararnos. Dios  detendrá el plan  maligno de Satanás y sus adeptos. Su poder impedirá que se viole el derecho a la vida de seres inocentes e indefensos como los fetos que están dentro el útero materno.

También me llama la atención lo que me dijo una mujer, de origen dominicano, que reside en New York. Ella piensa y cree que las leyes dominicanas permiten la práctica criminal  del aborto, ignorando que nuestro Código Penal la prohíbe  y castiga.

Quienes promueven, dentro y fuera de nuestro país, la legalización del aborto en todo el mundo se resisten a entender que la misma conduciría inevitablemente al  fin de la existencia y continuación de la especie humana.

Lo que deberían proponer a cambio de ello es, que si una mujer es objeto de violación sexual y queda embarazada, que el violador, ya sea familiar o particular, sea sometido ante la acción de la justicia y  pague por ese o cualquier delito que cometa.

También es sumamente importante, que los delincuentes muestren remordimiento, dolor y vergüenza por el pecado o delito que cometen, se  arrepientan ante Dios y la sociedad  y cambien su manera de pensar y actuar. Los  inocentes no deben pagar por los culpables.

Por tales razones, me opongo a que se despenalice la práctica del aborto, por ser un acto inhumano, cruel,  criminal y contrario a las normas de Dios, a la Constitución Dominicana y a la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

JPM