En esta cárcel se están violando los derechos de defensa del imputado.

Si el abogado quiere hablar en privado no puede. Lo escucha el Estado y otros de al lado

Si abogado quiere hablar de la estrategia de defensa con el preso no puede. Un vidrio lo impide y por teléfono no es útil la conversación.

La confidencialidad es un derecho convencional, constitucional, legal y jurisprudencial. El mismo está vinculado al derecho de defensa del imputado.

La reunión de abogado e imputado debe ser en estricta confidencialidad dice la ley. Es parte del derecho de defensa.

La Convención Americana de los Derechos Humanos en su artículo 8.2 letra D establece: “derecho del inculpado de defenderse personalmente o de ser asistido por un defensor de su elección y de comunicarse libre y privadamente con su defensor”.

El código procesal penal en su artículo 95 numeral 9 refiere que: Derecho.- Todo imputado tiene, desde que se solicite la aplicación de una medida de coerción o la realización de un anticipo de prueba… derecho a reunirse con su defensor en estricta confidencialidad. Para la Corte IDH el derecho de defensa inicia a partir desde que se señala a una persona como posible autor o participe de un hecho punible, Corte IDH, caso Barreto Leiva vs. Venezuela, sentencia de 17 de noviembre de 2009.

Ya lo dijo la Corte Interamericana de Derechos Humanos “Si el derecho a la defensa surge desde el momento en que se ordena investigar a una persona (supra párr. 29), el investigado debe tener acceso a la defensa técnica desde ese mismo momento, sobre todo en la diligencia en la que se recibe su declaración. Impedir a éste contar con la asistencia de su abogado defensor es limitar severamente el derecho a la defensa, lo que ocasiona desequilibrio procesal y deja al individuo sin tutela frente al ejercicio del poder punitivo, Corte IDH, caso Barreto Leiva vs. Venezuela, sentencia de 17 de noviembre de 2009.

El Estado ecuatoriano fue condenado por violar e impedir la comunicación privada entre el imputado y su abogado, ya lo dijo la Corte IDH: “Debido a su incomunicación durante los primeros 36 días de su detención, el señor Suárez Rosero no tuvo la posibilidad de preparar debidamente su defensa, ya que no pudo contar con el patrocinio letrado de un defensor público y, una vez que pudo obtener un abogado de su elección, no tuvo posibilidad de comunicarse en forma libre y privada con él. Por ende, la Corte considera que el Ecuador violó el artículo 8.2.c, 8.2.d y 8.2.e de la Convención Americana”, Corte IDH, caso Suárez Rosero Vs. Ecuador Sentencia de 12 de noviembre de 1997. En otra sentencia la Corte IDH condenó al Perú porque el Estado restringió la labor del abogado respeto al derecho defensa y la confidencialidad.

Si usted ve película de Hollywood verás que los abogados se reúnen a solas y en una sala cómoda con su imputado. Nadie lo escucha ni interfiere.

johngarrido@yahoo.es

Insólito…!

No lo podemos creer…

El primero de diciembre de 2016, una bota de hierro, astuta y plomiza, con grilletes rústicos en su punta delantera, ensayó su aterrizaje en una pista cubierta de hangares. Ese día el gobierno de Danilo Medina suscribió un acuerdo con el de Estados Unidos relativo a la “preautorización en el transporte aéreo”, para que “securitys” controlen el abordaje de pasajeros y los movimientos en Aduanas. El consentimiento del rodaje cedería, a cuerpo de Rey, porciones de la soberanía dominicana a la decadente superpotencia avasalladora.

Insólito…!

No lo podemos creer…

Oficiales con uniformes militares de Estados Unidos exhibirían armas de fuego, macanas, pistolas eléctricas tipo láser, rociadores defensivos, esposas y equipos de comunicación en labores de inspección en los aeropuertos nacionales, iniciando por el de Punta Cana.

Esos milicianos estadounidenses podrán apresar, a pecho abierto, a dominicanos. Así tan simple, en el asombro del conocimiento de la vertiente soldadesca, cinco años después sin ser realzado.

Desde esa fecha del satánico inicio del proyecto de enajenación, chorrean lágrimas de sangre en la médula de la Patria, que empapan las fibras de su conciencia, y cornetea el clarín de reclamo para que sean identificados los jueces del Tribunal Constitucional y miembros del Congreso que avalen el anexo de áreas estratégicas y neurálgicas de la República a una nación extranjera, en el sesgo de un economicismo geografista turístico pasajero, que se volverá sal y agua por la pandemia.

¿Meterán a los criollos en un cuartito, los revisarán y ultrajarán, como hacen los “yankees” en sus aeropuertos? ¿Quién garantiza que no se cometerán abusos? ¿Los entregarán a las autoridades dominicanas? ¿Regirán la seguridad y los comercios de las terminales aéreas? ¿Por qué tienen que entrenar sus militares en campos de tiros dominicanos, en un símil con una base militar?

¿Acaso se trata de una extensión de la embajada norteamericana, con los privilegios diplomáticos y militares correspondientes? ¿Serán los jerarcas militares nativos muchachos de mandados de los ojos azules norteños? ¿Por qué ellos no ponen esos controles en sus estaciones terrestres? y ¿por qué el gobierno de Estados Unidos no permite que el gobierno dominicano haga lo mismo en su espacio geográfico?

La apariencia se escurre en la afluencia de los excursionistas pero, strictu sensu, se trata de operaciones antiterroristas, a las cuales los Estados Unidos tiene derecho para protegerse, pero en su suelo, no en el nuestro. Los que quieran conocer más detalles del “acuerdo de preautorización en el transporte aéreo”, que lo lean íntegro en

ggnoticias.com.Acuerdo-entre-el-gobierno-RD-EUA, lo analicen y saquen sus propias conclusiones.

La alarma fue arrojada, como un grito de preocupación ante el presentimiento de que sea rubricado en la nueva composición del Tribunal Constitucional, por los ex jueces (eméritos) de esa corte de última instancia Leyda Margarita Piña Medrano, Jottin Cury David, Wilson Gómez Ramírez y Katia Miguelina Jiménez Martínez, quienes con altivez impidieron su aprobación.

Durante la reciente audiencia de evaluación, dos de sus sustitutos emitieron opiniones a favor del esperpento (las grabaciones pueden ser verificadas), por lo que -para no viciarlo- tendrán que inhibirse cuando se conozca, y otros han hecho saber, sigilosamente, que están recibiendo presiones, telefónicamente, para que sea acogido.

Piña, Cury, Gómez y Jiménez denunciaron, ahora que no están yugulados por las restricciones propias de su investidura, que se quebrantan los artículos 3, 6 y 252 de la Constitución permitir que funcionarios de la Dirección de Aduanas y Protección Fronteriza del Departamento de Seguridad Nacional del Gobierno de Estados Unidos autoricen los procesos de migración y aduanas en el transporte aéreo para entrar a ese país.

El artículo 252 sobre las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y la seguridad y defensa especifica que “corresponde a las Fuerzas Armadas la custodia, supervisión y control de todas las armas, municiones y demás pertrechos militares, material y equipos de guerra que ingresen al país o que sean producidos por la industria nacional, con las restricciones establecidas por esta ley”.

Asimismo, el artículo 3 se refiere a la inviolabilidad de la soberanía y el principio de no intervención directa e indirecta, y el 6 sobre la supremacía de la Carga Magna que apostilla que “son nulos de pleno derecho toda ley, decreto, resolución, reglamento o acto contrarios a la Constitución”.

INTERVENCIONISMO Y UNILATERALISMO DE EE.UU.

Históricamente, los nexos entre Estados Unidos y República Dominicana han girado en el torbellino del intervencionismo militar directo -o a través de la agenda diplomática y las agencias de inteligencia-, y el unilateralismo, por la desproporción de poder. Sus secuelas han sido el atajo, el desgarro y la desfachatez.

En vez de bilateralidad o reciprocidad, ha predominado la subordinación como estrategia geopolítica, como ocurriría con la posible intervención en aduanas y migración en la brega anti-terrorista, con la argumentativa facilidad para el dudoso aumento de la llegada de vacacionistas, la corpulencia de la democracia y los tradicionales incentivos a las exportaciones de café, azúcar, cacao, minerales, zonas francas y turismo.

Refresquemos cinco ultrajes de la política exterior hegemónica del coloso del Norte, que ha sido ejecutado sindicando como “ultranacionalistas” a los que osan cuestionar o impugnar a sus viejos y nuevos interventores.

1.- En 1888, en el hacha de los empréstitos del tirano Ulises Heureaux (Lilís), comenzó la influencia de Estados Unidos, con el monopolio de sus compañías, como la Santo Domingo Improvement, en perjuicio de las finanzas públicas dominicanas, en el cetro de la expansionista/colonialista doctrina Monroe: “América para los americanos”. Las de Norteamérica representaron más del 50% de las importaciones. Lilís murió en un atentado, y dejó el país endeudado y en bancarrota.

2.- En 1905, en el mandato del ex sacerdote Carlos Felipe Morales Languasco, fue suscrita la convención domínico-americana, mediante la cual se pusieron las aduanas en poder de Estados Unidos, que se adjudicó el 55% de las recaudaciones, para cubrir los intereses, amortización y vencimiento de la deuda interior y exterior. Obligado a renunciar y sustituido por Ramón (Mon) Cáceres, quien en 1907 ratificó el citado modus vivendi de 1905, generó un alud de protestas por viabilizar un protectorado administrativo-financiero, con derecho de la nación extranjera a intervenir en los asuntos internos. Cáceres fue asesinado en 1911.

3.- En 1916, con la gallarda oposición de los presidentes Juan Isidro Jiménes y Francisco Henríquez Ureña, infantes de marina de Estados Unidos ocuparon la República Dominicana, para garantizar el cobro de la deuda externa e impedir que Alemania la utilizara como base para los ataques en su contra durante la Primera Guerra Mundial.

Ante la pérdida de la soberanía, hubo asedios armados en distintos pueblos, como La Barranquita, El Seibo y San Pedro de Macorís (Los Gavilleros), así como la resistencia de los periodistas e intelectuales. Resultados: más de mil muertos y el ascenso de Rafael Leónidas Trujillo Molina a la Presidencia de la República, quien a sangre y fuego gobernó por más de 30 años.

4.- En 1924, durante el régimen de Horacio Vásquez, Estados Unidos y República Dominicana rubricaron otra convención, por la cual se cedió a la primera la administración de los ingresos aduaneros de la Nación, lo que generó descontentos y protestas. En 1940 fue derogada la convención de 1924, que erosionó la soberanía nacional, mediante el tratado Trujillo-Hull, suscrito por el embajador plenipotenciario Rafael Leónidas Trujillo Molina y el secretario de Estado Cordell Hull. Devolvió al país la Receptoría de Aduanas y se cumplió con la deuda externa dominicana en el mercado bursátil.

5.- En 1965, bajo el triunvirato de facto encabezado por Donald Read Cabral y en la veta de la Guerra Fría, soldados de la Marina y del Ejército de Estados Unidos invadieron, por segunda vez, a República Dominicana, para sofocar la guerra patria iniciada el 24 de abril, guiada por Francisco Alberto Caamaño Deñó, que reclamaba la vuelta a la Constitución de 1963. Secuela: dos mil 825 dominicanos fallecidos y 44 soldados norteamericanos, e instalación del gobierno de Joaquín Balaguer, con maniobras fraudulentas del Estado imperial.

¿QUE PODRIA OCURRIR…?

El acuerdo de “preautorización en el transporte aéreo” fue firmado, en español e inglés, por Miguel Vargas Maldonado, ministro de Relaciones Exteriores dominicano, y James Walter Brewster, embajador de Estados Unidos.

Para el control preventivo de constitucionalidad, el presidente Danilo Medina lo remitió al Tribunal Constitucional, donde no fue aprobado ni rechazado, porque no consiguió la mayoría calificada, o sea, 9 votos de 13 de la matrícula de esa encumbrada jurisdicción.

Por esa razón, en estos momentos el documento está bajo su conocimiento. Si logra 9 votos favorables, porque entiendan que está conforme con la Carta Sustantiva, entonces será enviado al Congreso Nacional. Si lo sanciona positivamente, entrará en vigencia sin dilación.

Estados Unidos pavimenta en el número uno como socio comercial y exportador de turistas -también como el principal asiento de los dominicanos emisores de remesas-, pero esos despachos no significan que tengamos que ser sumisos y convertirnos en un homo economicus, que se sustenta en el mercurialismo empresarial o mercado de regalo intemporal, y no en la función nacional-colectiva.

Aquello de que pronto tendremos más de cinco millones de turistas norteamericanos -en la grieta de una pandemia catastrófica- luce un estribillo semántico, con menos credibilidad que un curandero o un especialista que opina vagamente en su interés de seguir llenándose los buches de lentejas con chorizos.

Ese “regalo envenenado”, como fue definido por rotativos de España, en lo inmediato el común no se percata de su trasfondo, y cuando sientan sus rigores, los adherentes serán mandados al infierno, donde arderán en el cable incandescente de la historia. Será un baldón perenne.

Nos inclinamos en favor de que el Poder Ejecutivo atienda la solicitud de retirar el citado acuerdo, elevada por Vinicio y Pelegrín Castillo Semán, Juan Miguel Castillo Pantaleón, Manuel Núñez Asencio, Manuel Bergés Coradín, José Miguel Soto Jiménez, Miguel Fiallo y otros ciudadanos prestantes y celosos vigilantes de la soberanía nacional. Podría ser reformulado, eliminando este aspecto tan sensible.

Acabamos de recontar las tragedias históricas ensambladas frente a intervenciones norteamericanas que, en una nación con tantos vaivenes socio-políticos y retaliaciones, el “acuerdo de preautorización en el transporte aéreo” también tendría consecuencias funestas. Cumplimos con el sagrado deber de advertir -como palabras preventivas- que, en el porvenir cercano o lejano, adversarios apelarían a la Constitución y al Código Penal, para formular imputaciones invocando violaciones y traición a la Patria.

Estamos a tiempo de replantear el asunto, y evitar que los nombres de jueces constitucionalistas, legisladores y otros actores aparezcan en las páginas de los anales como suscribientes y auspiciadores del mentado adefesio, justificado por voces comprometidas. ¡Guerra avisada no mata soldado, y si lo mata es por descuidado!

oscarlr1952@gmai.com

JPM

Cuando hablamos de una reforma tributaria debemos determinar qué reforma de los tributos necesitamos. Se requiere establecer el sentido y alcance de los cambios, determinando así su profundidad.

No todos los cambios en los tributos son una reforma tributaria. Una reforma supone cambios profundos en las leyes que disponen sobre los tributos, para eliminar sus defectos y establecer una estructura tributaria adecuada para la consecución de los objetivos que pretendemos.

La simple modificación de los elementos cuantitativos de los tributos, muy del gusto de los economistas, no es una reforma tributaria. Se supone que una reforma tributaria es un asunto más profundo.

Los tributos son instrumentos de la política tributaria. El fin de la política tributaria no es recaudar, ésta se encarga de la distribución de la carga tributaria y de los efectos de los impuestos sobre el proceso económico. Lo primero se refiere al conjunto de instrumentos que servirán para la distribución de la carga tributaria, y la composición del conjunto de bienes y servicios que se producen en la economía y la carga tributaria.

Todo esto tiene que ver la estructura formal y funcional del sistema tributario y la distribución social, sectorial y espacial de la carga impositiva.

Igual abarca la política tributaria los efectos de los tributos sobre el comportamiento de los agentes económicos y el uso de estos efectos como medios para influir en la dirección de la economía. El tema de la estructura tributaria no es sentarse a considerar a cuál sujeto o a que bien vamos a gravar.

Hay que establecer los efectos de un tributo de acuerdo con su diseño y la función de la estructura tributaria en su conjunto. Cada vez que formulamos un tributo hay que examinar su adecuación para alcanzar los objetivos pretendidos, que deben definir previamente.

En 1992 se realizó una gran reforma tributaria. Su propósito era estructurar un sistema tributario más o menos racional, pero en el transcurso de los años ha sido revertida con agregados tributarios y fórmulas que han concluido con un sistema que no cumple el principio de suficiencia y al mismo tiempo es altamente regresivo, con instrumentos sin una relación armoniosa entre sí, sino de tributos yuxtapuestos y con objetivos contradictorios.

El sistema tributario no lo es todo. La administración tributaria es la llave de la política tributaria y cualquier formulación concluye en la Administración, que tiene sus propias demandas. Las que regularmente impone en el diseño. Suele haber una desconexión entre la administración tributaria y los objetivos de la política tributaria.

La Administración tiene un poder normativo con el cual tradicionalmente ha desconfigurado lo que la ley dispone, para lograr objetivos coyunturales de recaudación. Tales normas de la Administración tributaria regularmente obtemperan a un diseño jurídico deficiente que ignora aspectos de la política tributaria y asuntos técnicos de la tributación.

Los costos de aplicación del sistema tributario deben considerar no sólo los costos estimados como tales por la Administración tributaria, sino igual los costos del cumplimiento tributario. Los costos en que incurren los contribuyentes con el objeto de cumplir con sus obligaciones tributarias. Lo que se denomina la presión tributaria indirecta, cuya reducción requiere optar por soluciones que faciliten el cumplimiento considerando los costos de los contribuyentes. Un sistema de retenciones que traslada la función de recaudación en el contribuyente o requerimiento de información agobiante hacen que los costos del cumplimiento se eleven.

Toda reforma tributaria importante se debe iniciar por un diagnóstico de la realidad tributaria, considerando no sólo los determinantes de la eficacia económica, sino igual considerando los propósitos redistributivos. Siguiendo las características de un buen sistema tributario de la Comisión Meade, de Inglaterra, 1978, éste debe guardar la equidad horizontal tratando igual a las personas físicas y las entidades iguales, y debe construirse de tal modo que alcance la distribución vertical entre ricos y pobres. Las contradicciones entre estos objetivos deben ser resueltas por el sistema con una distribución que conlleve una menor pérdida de eficacia.

Poco se adhieren a la equidad al momento de formular la política tributaria. Por ejemplo, cuando tenemos un impuesto sobre las sucesiones prácticamente inexistente. La Comisión Meade consideró que la riqueza heredada puede ser objeto de mayor gravamen por razones de equidad. Estimando que quien se ha ganado su fortuna con su propio esfuerzo tenga mejor tratamiento que aquellos que tienen una fortuna por la suerte que tuvieron al nacer.

Tal como se explica en la introducción del Informe Mirrlees de Inglaterra, 2011, no parece razonable dejar de gravar a las personas que reciben grandes herencias o gravarlas con tasas muy bajas cuando se grava a otra que ha obtenido ingresos anuales de un RD$1,200,000 por 40 años. El impuesto sobre las herencias mejora la igualdad de oportunidades y las ventajas que disfrutan algunas personas por haber nacido ricas o porque su familia ha acumulado riqueza cuyos orígenes suelen ser bastantes dudosos.

Por último, en el diseño de un sistema tributario se debe tomar en cuenta, y esto lo tomo del Informe Mirrlees, la realidad de la población donde opera el sistema tributario. Los impuestos se aplican a las personas y a las empresas en el mundo tal como es, no como deseamos que fuese.

Los tributos deben ser visto dentro de un sistema en el que se consideran muchos aspectos, como el jurídico, por ejemplo, la definición de un concepto de forma impropia o mal formulado en la legislación puede echar por el suelo todo el diseño de política tributaria y todas las pretensiones de cumplimiento o recaudación.

Ahora, cito a Paul Johnson, Director del Instituto de Estudios Fiscales del Reino Unido,  en su prefacio del Informe Mirrlees, que dice: “Además  de los aspectos prácticos de tipo administrativo que se plantean y de la dificultad de convertir intenciones económicas en lenguaje legislativo riguroso, las propuestas de reformas impositiva están condicionadas por la política, y no es la menor condición la desafortunada observación de que todos los que pierden con las reformas tributarias tienden a ser vengativos, mientras todos los que ganan a ser desagradecidos.”. 

JPM