Por Manuel Jiménez

Durante años, en República Dominicana el debate sobre el empleo se ha centrado en una pregunta que hoy luce incompleta: ¿cuántos empleos se crean? Sin embargo, el verdadero problema no ha sido la cantidad, sino la calidad de esos empleos. Y ahí es donde la informalidad sigue siendo la gran deuda pendiente del país.

El más reciente estudio de la Dirección de Análisis Económico del Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM) vuelve a poner el tema sobre la mesa con datos que no pueden ignorarse: más de la mitad de los trabajadores dominicanos —alrededor de un 54.8 %— se desempeña en condiciones de informalidad.

Es decir, la economía dominicana crece, genera empleos, reduce el desempleo… pero al mismo tiempo mantiene —y en algunos casos profundiza— un problema estructural que arrastra desde hace décadas.

Ahí está la contradicción.

El país ha demostrado una notable capacidad para absorber mano de obra. Entre 2015 y 2024, la población económicamente activa creció en más de 800 mil personas, y el número de ocupados incluso superó esa cifra. En otras palabras, sí hay trabajo. Pero ese trabajo, en su mayoría, no garantiza derechos básicos.

Porque hablar de informalidad no es solo hablar de evasión o de negocios pequeños. Es hablar de millones de dominicanos sin acceso a seguridad social, sin derecho a pensión, sin cobertura de salud adecuada y sin la protección de una cesantía. Es, en términos simples, empleo sin red de seguridad.

Y también es un problema para el Estado.

Cada trabajador o empresa que opera fuera de la formalidad representa menos ingresos fiscales, lo que limita la capacidad del gobierno para invertir en servicios públicos, infraestructura y políticas sociales. Es un círculo vicioso: menos formalidad, menos recaudación y menos capacidad de respuesta.

El estudio del MICM acierta en algo clave: la informalidad no es un fenómeno único, ni responde a una sola causa. Hay, al menos, tres realidades distintas.

Por un lado, está la informalidad de subsistencia: vendedores ambulantes, pequeños colmados, trabajadores por cuenta propia que simplemente sobreviven en una economía donde las oportunidades formales no siempre están disponibles. Aquí no hay evasión intencional; hay necesidad.

Por otro lado, existe una informalidad “contenida”, compuesta por pequeños negocios con potencial de crecer, pero que se quedan fuera del sistema por la complejidad de los trámites, la carga tributaria o la falta de incentivos claros. Este es, quizás, el segmento más importante, porque ahí está el verdadero potencial de transformación.

Y finalmente, hay una informalidad más estratégica: empresas que sí pueden formalizarse, pero que prefieren no hacerlo para evitar costos laborales y fiscales. Este grupo genera una competencia desleal que termina castigando a quienes sí cumplen las reglas.

Entonces, la pregunta clave no es si hay que formalizar. Eso está claro. La verdadera pregunta es: ¿cómo?

Durante años, la respuesta ha girado en torno a más regulación, más controles y, en algunos casos, más presión fiscal. Pero la evidencia sugiere que ese camino, por sí solo, no ha funcionado.

La formalización no puede construirse únicamente desde la obligación. Tiene que construirse desde el incentivo.

Si formalizarse implica más costos que beneficios, el resultado será siempre el mismo: la gente se quedará fuera del sistema.

Por eso, el debate fiscal se vuelve central. En República Dominicana, para muchos pequeños empresarios, formalizarse todavía se percibe como un salto al vacío: más impuestos, más burocracia y pocas garantías de retorno.

Ahí está uno de los grandes escollos.

El reto es diseñar un esquema donde la formalidad sea atractiva. Donde el empresario entienda que al formalizarse no solo paga, sino que gana: acceso a financiamiento, a mercados más amplios, a capacitación, a tecnología y a estabilidad.

La informalidad en República Dominicana no es un problema pasajero. Es estructural. Está arraigada en la forma en que funciona la economía, en la baja productividad de muchas actividades y en un sistema que todavía no logra integrar plenamente a los pequeños actores.

sp-am

Son pocas y muy ocasionales las voces que se sienten en los medios de comunicación actuales refiriéndose a los asuntos referentes a San Cristóbal, comunidad que tiene problemas, necesidades y aspectos que requieren acción de los organismos gubernamentales y municipales así como de los núcleos ciudadanos.

Entre esas voces se puede citar las de José Napoleón Domínguez, Willian Alcántara, Elvin Sánchez,  ]Leonardo Ortiz, Nelson Medina, Carlos Corporán., Ramón Carreño y Pablo Estévez, quienes pertenecen a diferentes sectores comunitarios.

A Domínguez lo conozco desde que era un muchacho -aunque no hemos sido amigos íntimos sino compueblanos cordiales- y he percibido su accionar en el campo del deporte, en el ámbito del Ayuntamiento municipal y últimamente haciendo las veces de comunicador.

En este reciente papel en la comunicación lo he notado compartiendo criterios con Alcántara, quien es de los más añejos en esta área en San Cristóbal y, además, de los más diversificados y bien intencionados.

En los últimos meses (y es el tema fundamental de este comentario) Domínguez ha estado propugnando públicamente por una obra gubernamental voluminosa que tiene metida en sus ondas cerebrales y que insistentemente cree posible y viable en San Cristóbal.

Idea novedosa

Se trata de una represa “río Nigua arriba, en las inmediaciones de las comunidades de Jamey y La Llanada, en el distrito municipal de Hato Damas”, que contribuya a “salvar ese río de su proceso de extinción, además de proveer agua potable por gravedad para el Gran Santo Domingo, Haina, San Cristóbal, y otras comunidades aledañas”.

Eso, más o menos, lo planteó hace un año en carta al jefe político del pueblo, Rafael Salazar, quien encabeza una empresa estatal ligada, precisamente, al tema agua. Nunca supimos la reacción del funcionario, sancristobero de pura cepa, quien conoce muy bien el terreno urbano, suburbano y rural de la provincia.

Cuando nos enteramos de la sugerencia nos pusimos las manos en la cabeza y nos preguntamos, entre otras cosas, qué agua tiene el río Nigua y su afluente de algunos días del año -el Yubazo- para alimentar una presa en San Cristóbal.

En un brevísimo mensaje por whatsapp, el inquieto y locuaz José Napoleón Domínguez -dueño de neuronas muy funcionales- nos alegó que las presas se surten fundamentalmente del agua lluvia que se registra en la zona, no necesariamente del agua que sale de las fuentes naturales donde nacen los rٌíos.

Callamos y no respondimos. Dejamos el tiempo pasar porque estimamos el planteamiento de poco peso.

Insistencia

Pero Domínguez ha vuelto a la carga, ahora de manos con William Alcántara. Y han expuesto: “La Sociedad Ecológica de San Cristóbal solicitó al Gobierno Central priorizar la construcción de presas en cascada en los ríos Nigua y Yubazo, fuentes que poseen un valor hídrico excepcional por su pureza natural y su viabilidad económica para el suministro regional”.

“José Napoleón Domínguez Arias y William Alcántara en representación de la Sociedad Ecológica de San Cristóbal enfatizaron que el agua de ambos ríos proviene directamente de las estribaciones de la Cordillera Central, en zonas vírgenes donde no existe actividad de extracción minera”.

«Estamos ante un recurso libre de cianuro y metales pesados. Es agua de alta calidad que hoy se desperdicia en el mar, mientras el Gran Santo Domingo, Haina y comunidades de San Cristóbal enfrentan grave crisis de abastecimiento».

“La opción de presas en cascada es la más rentable y segura para el país”, a juicio de Domínguez y Alcántara.

Una declaración amplia, con una serie de alegatos, que bien merece análisis de expertos en el tema y opinión de los sobresalientes de la comunidad.

Precisiones

Sin ser a rajatablas opositor de esas ideas, lo primero que quisiéramos saber es cuál  es el  “agua de alta calidad que hoy se desperdicia en el mar”. Porque es visible para todo el mundo que el Nigua es desde hace varios años un riachuelo cuyo lento caudal es producido por el ya débil manantial  de La Toma y no -como era hace buen tiempo- por su fuente de nacimiento  en la Loma Los Calimetes, dentro de las estribaciones surorientales de la Cordillera Central.

Y el Yubazo presenta el mismo panorama de hace décadas: seco todo el año con alguna agua solamente en épocas de lluvia, como lo registrado  recientemente.

En segundo lugar, queremos saber cuál es la pluviometría de la provincia San Cristóbal, es decir, la medición de la cantidad de agua que normalmente cae en la provincia durante el año y que estimula la positividad del proyecto de ambos hijos de San Cristóbal.

He percibido siempre que los proyectos de presas -grandes o pequeñas- se han materializado en el país en lugares estratégicos de abundante vegetación, tras mucho escarceo con la comunidades y estudios técnicos en los que intervienen expertos extranjeros.

Es decir, que una represa no es “paja de coco”, como dice la expresión dominicana y para iniciar estudios previos debe contarse con sólidos argumentos que apunten a su viabilidad.

Una cosa son simples embalses de poca dimensión -que sí son factibles y fácil de preparar- y otra lo que puede llamarse presa o represa.

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