Por JULIO MARTINEZ

Hay decisiones que llegan tarde y dejan un sabor agridulce. Así me sucede con la incorporación formal al Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD), después de una primera vida completa como abogado en mi país y de haber apostado, desde mis inicios, a la fuerza gremial de la Asociación Dominicana de Abogados (ADOMA), aquella institución que ya articulaba la vida profesional del foro mucho antes de la creación del Colegio como corporación de derecho público.

ADOMA nació en 1961 con la misión de representar, capacitar y defender a los profesionales del derecho, y durante décadas fue el referente natural de la abogacía dominicana. Más tarde, con la institucionalización del CARD, hoy regulado por la Ley 3‑19 como colegio de derecho público con personalidad jurídica propia, el Estado reconoció formalmente la necesidad de un organismo que organizara y disciplinara el ejercicio de la profesión. Sobre el papel, ambos espacios — la asociación histórica y el colegio — debían complementarse en la defensa integral de la clase togada.

La función esencial de un colegio de abogados, como recuerdan la doctrina comparada y las propias normas del CARD, es clara: controlar el ejercicio de la abogacía, proteger los intereses de sus miembros, impulsar la formación continua y garantizar el cumplimiento del código de ética profesional. Esto supone, en términos concretos, luchar por condiciones laborales dignas, acceso real a seguridad social y pensiones, educación jurídica de excelencia y respeto al abogado en todos los escenarios institucionales donde actúa.

Sin embargo, buena parte de la energía gremial en la abogacía dominicana se ha diluido en crisis internas, disputas postelectorales y alianzas coyunturales, más propias de la lógica partidaria que de una agenda corporativa seria. No son pocos los juristas y bloques de asociaciones que han denunciado, en los últimos años, una grave crisis institucional y la politización del Colegio de Abogados, señalando que ese desvío le resta legitimidad como representante auténtico de la profesión.

Mientras el gremio discute cuotas de poder, el abogado de a pie se enfrenta a un sistema donde quienes también son abogados — jueces, fiscales, defensores públicos, notarios— muchas veces lo tratan como si no lo fuera. Se olvida que todos partimos de la misma base: un título de derecho y una inscripción en la matrícula profesional. La diferencia de rol institucional no debería traducirse en una jerarquía de dignidad ni en un patrón de maltrato recíproco entre actores que, en teoría, son engranajes de una misma maquinaria de justicia.

El problema no se agota en la relación entre abogados, jueces y fiscales. Existe toda una constelación de auxiliares de la justicia — alguaciles, secretarios, notarios, peritos— cuya actuación condiciona el ejercicio profesional. La doctrina nacional sobre auxiliares de la justicia subraya que estos deben actuar bajo parámetros de legalidad, sujeción a aranceles y respeto al abogado litigante.

Sin embargo, la realidad cotidiana muestra algo distinto: alguaciles que fijan unilateralmente sus tarifas, notificaciones que se cobran por encima de lo que percibe un profesional por una consulta compleja, notarios que operan sin un marco uniforme de honorarios y sin suficiente control deontológico.

Ahí es donde el gremio debería hacerse sentir con firmeza: estableciendo aranceles de referencia, promoviendo normas claras sobre costos de servicios auxiliares, reclamando al Poder Judicial que recuerde a cada auxiliar su condición de servidor público y no de feudo independiente. Esa defensa de la estructura mínima de ejercicio profesional es, precisamente, uno de los mandatos clásicos de los colegios de abogados en los distintos ordenamientos.

En lugar de ello, el protagonismo mediático del CARD suele aparecer ligado a debates de alta política judicial — como la selección de jueces de altas cortes o enfrentamientos con el Congreso — que, si bien son constitucionalmente relevantes, pocas veces se articulan con una agenda concreta para mejorar las condiciones de vida y trabajo del abogado común. Diversas voces en el foro han advertido que esta deriva, combinada con acuerdos políticos internos, mantiene al Colegio atrapado en una disputa de cúpulas mientras la base profesional continúa desprotegida.

Mientras tanto, las demandas genuinamente gremiales siguen esperando: un seguro médico digno para los abogados y sus familias; un régimen de pensiones que evite ver colegas envejecidos ejerciendo por mera necesidad económica; programas de educación continua robustos, que superen el esquema de actividades aisladas y apunten a una actualización sistemática en un derecho cada vez más complejo; y una política activa de colocación y reconversión profesional para los más jóvenes.

También falta una lucha sostenida por el respeto al abogado allí donde su dignidad se ve más comprometida: destacamentos policiales sin espacios adecuados para la entrevista con detenidos, recintos penitenciarios donde la defensa se ejerce en pasillos y patios, oficinas públicas en las que obtener un expediente o una certificación se convierte en una carrera de obstáculos, ventanillas privadas donde el profesional es tratado como un tramitador molesto y no como un operador esencial del sistema de justicia. Un colegio realmente comprometido exigiría protocolos de atención, áreas reservadas para la entrevista abogado‑cliente y canales expeditos para canalizar quejas ante fiscalías, jefaturas policiales y autoridades administrativas.

Recuperar el prestigio de la profesión pasa también por mirar hacia dentro: formación en ética, en trato al colega, en cultura institucional. La defensa de la toga no puede limitarse a reclamar privilegios externos; implica también la voluntad de corregir desviaciones internas, sancionar conductas indecorosas, exigir estándares mínimos de presentación, puntualidad, probidad y competencia técnica. Un colegio serio no solo denuncia atropellos ajenos; también depura su propia casa.

No se trata de negar la dimensión política de todo gremio — la defensa de derechos y las propuestas de reforma siempre tendrán impacto político—, sino de recordar que la politiquería no puede sustituir a la agenda gremial. Un colegio de abogados y una asociación histórica como ADOMA tienen sentido cuando el abogado que madruga a hacer fila en un tribunal, que enfrenta a un fiscal hostil, a un alguacil abusivo o a un burócrata indiferente siente que detrás de él hay instituciones que lo respaldan, que fijan reglas y que piensan en su futuro más allá del próximo ciclo electoral.

Ese es el anhelo que persiste, después de una primera vida en el derecho, mi segunda vida dedicada al ejercicio del derecho y ahora desde la distancia geográfica, viviendo en Miami: ver a ADOMA y al CARD caminar más pegados a las coyunturas partidarias y menos cerca del suelo donde pisan, todos los días, los miles de abogados que todavía creen que su profesión puede ser un instrumento de dignidad y no solo un título colgado en la pared.

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En la República Dominicana ya no hace falta un fenómeno extraordinario para que el país se detenga, basta con que llueva. Y cuando llueve, lo que aflora no es solo el agua acumulada en calles y avenidas,  es el reflejo de un Estado ausente, de una gestión pública deficiente y de una preocupante falta de gobierno en lo más básico.

El Gran Santo Domingo se ha convertido en el escenario recurrente de un colapso anunciado. Calles convertidas en ríos, comercio paralizado, comunidades cubiertas de agua, vehículos atrapados y ciudadanos expuestos a pérdidas materiales y riesgos innecesarios.

El sistema de drenaje pluvial está visiblemente deteriorado. Filtrantes obstruidos, imbornales colapsados y cañadas sin mantenimiento evidencian años de abandono. Sin embargo, las instituciones responsables parecen moverse sin coordinación ni sentido de urgencia.

Gobernar no es aparecer después de la crisis; gobernar es anticiparse a ella. Y eso es precisamente lo que no está ocurriendo, ni a nivel nacional, ni municipal. La prevención ha sido sustituida por la improvisación, y la planificación por la reacción mediática.

Todo esto responde, en gran medida, a la falta de mantenimiento sostenido, a la ausencia de planificación y a un descuido institucional que se ha vuelto reiterativo.

Recuerdo que en épocas anteriores se realizaban esfuerzos puntuales para mitigar esta situación, sobre todo durante la gestión de Gonzalo Castillo como Ministerio de Obras Públicas. Esa vez se impulsaron jornadas de limpieza y mantenimiento continuos de drenajes en distintos puntos del Gran Santo Domingo, incluso más allá de sus atribuciones formales.

Fueron acciones que, aunque no resolvieron el problema de fondo, sí contribuyeron a aliviar sus efectos en determinados momentos.

Sin embargo, ese tipo de intervenciones no tuvo continuidad como política pública sostenida. Con el cambio de administración, y la llegada al poder del PRM, se ha evidenciado una ruptura en ese ritmo de mantenimiento preventivo, sin que hasta la fecha se haya consolidado un plan integral, visible y constante que garantice la limpieza, ampliación y modernización del sistema de drenaje pluvial.

Pero incluso, más allá de eso, lo que resulta más preocupante es la falta de acción decidida desde las alcaldías, que son las primeras llamadas a intervenir en este tipo de situaciones cotidianas.

Durante años, se ha privilegiado la inversión en obras visibles, muchas veces con alto rendimiento político, mientras se descuida la infraestructura esencial que no se ve, pero que sostiene la vida urbana. El drenaje pluvial no corta cintas ni genera titulares positivos, pero su abandono sí genera caos, pérdidas y descrédito institucional.

A este panorama se suma el crecimiento urbano desordenado, la ocupación de espacios vulnerables y la ausencia de una política coherente de ordenamiento territorial. Se construye sin criterios técnicos, sin respetar el curso natural del agua, y luego se pretende resolver el problema con soluciones improvisadas que no atacan la raíz.

Es cierto que existe también una responsabilidad ciudadana en la disposición inadecuada de los residuos sólidos, que terminan obstruyendo los sistemas de drenaje. Pero este factor, aunque relevante, no puede seguir siendo utilizado como excusa para justificar la ineficiencia estatal, especialmente cuando las autoridades locales tienen la competencia directa sobre la limpieza urbana.

Lo que ocurre cada vez que llueve en el país no es una sorpresa, es una constante. Y como toda constante, deja de ser un accidente para convertirse en evidencia. Evidencia de que no se está gobernando con la seriedad, la planificación ni la responsabilidad que la realidad exige, tanto desde el poder central como, de manera muy particular, desde el nivel municipal.

Un país no se inunda solo por la lluvia. Se inunda cuando fallan sus instituciones en todos sus niveles, cuando se posterga el mantenimiento, cuando se ignora la planificación y cuando quienes tienen la responsabilidad más inmediata —las autoridades locales— no cumplen con su deber.

Mientras eso no cambie, cada aguacero seguirá siendo más que un fenómeno natural, una desgracia nacional.

Por Marcelino Lara

Está circulando de manera muy restringida en el ambiente empresarial y político un informe elaborado por el equipo económico del actual gobierno llamado Panorama Macroeconómico 2026-2030.

Dicho informe no es más que un ejercicio para destacar los niveles de conformismo y de optimismo de las actuales autoridades ante el débil comportamiento de la economía dominicana en los últimos cinco años, y ante los niveles de incertidumbre en la economía mundial generado por el conflicto bélico en Medio Oriente y la política económica mercantilista ejecutada desde USA.

Sin necesidad de convertirme en apologista del pesimismo económico procedo a realizar un análisis crítico de dicho informe.

El documento destaca todas las “bondades” que según los técnicos oficiales posee actualmente la economía dominicana, pero al parecer no le preocupa saber como vamos a pagar 360 mil millones de pesos anuales por intereses de la deuda. Mucho menos que la deuda ya sea el 60% del PIB.

Tampoco le parece relevante el excesivo gasto público corriente para pagar una nómina de casi 800 mil empleados, publicidad gubernamental y pensiones especiales. Y que por eso el déficit haya subido al 3.5%.

El informe destaca que la inflación general está dentro del rango meta del Banco Central pero sin reconocer que la inflación en los alimentos fue del 8% en 2025. Y que la debilidad en el consumo privado esté afectando negativamente el comportamiento del PIB.

Se realza el nivel de empleo pero sin reconocer que ha sido el qresultado del aumento de la nómina pública, y no por haber aumentado la inversión privada o el gasto de capital.

La realidad se hace presente cuando a pesar de tantas “bondades” la economía dominicana creció en tan sólo 2.1% en 2025, la mitad de lo que creció la inflación. O sea que la inflación succionó dicho crecimiento.

Petróleo

Y a pesar de ese débil desempeño, el informe proyecta un crecimiento económico del 5% a partir del 2027 hasta 2030, y me llama poderosamente la atención que en los supuestos para realizar dicha proyección hasta 2030 se use un precio del barril de petróleo por debajo de los 70 dólares. Considero que esta proyección es demasiado optimista en las actuales circunstancias, y después de haber crecido un anémico 2.1%. Además, ya el barril de petróleo está por encima de los 100 dólares y seguirá subiendo si el conflicto no se soluciona en un tiempo prudente.

La certeza de una proyección económica está muy asociada a la consistencia de los supuestos utilizados y todos los supuestos utilizados en dicho informe están relacionados al movimiento de precios del mercado mundial, y muy especialmente a USA y la Unión Europea.

Nadie sabe que sucederá en esos mercados ni siquiera en el corto plazo dada la incertidumbre actual que los afecta.

No ha sido tomada en cuenta la devaluación del dólar en mercados internacionales ni mucho menos la deuda de casi 40 trillones de dólares que tiene USA. Tampoco el proceso de desindustrialización de los países de la UE ni la crisis energética que lo agobia ni su inclinación a aumentar su presupuesto armamentista en detrimento del gasto en salud, educación, vivienda y seguridad social.

La realidad es que el panorama macroeconómico 2026-2030 es totalmente incierto. Nosotros dependemos mucho del comportamiento de las economías de USA y de la UE y ambos mercados están siendo afectados por conflictos bélicos que todavía no sabemos cómo serán solucionados.

Nuestras exportaciones de café, cacao, banano orgánico, cigarros, metales preciosos y de zonas francas se dirigen a esos mercados, y los turistas que nos visitan provienen de dichos mercados, y las remesas que recibimos junto a la inversión extranjera directa también proceden del mismo lugar.

De manera que más que ser conformistas y optimistas deberíamos ser realistas y echar una mirada hacia dentro internamente, y procurar aumentar la producción nacional, porque a nivel internacional, el futuro se proyecta inestable, incierto, y hasta peligroso.

jpm-am