POSICIONES

Cuando los organismos internacionales -FMI, BID, BM, CEPAL, Transparencia Internacional, etcétera- enfocan y analizan el fenómeno corrupción todos parten de una premisa histórica: el flagelo es estructural, sistémico y global. De modo, que no hay realidad geográfica-cultural en donde, de alguna forma, el fenómeno no se exprese de una u otra forma.

Por supuesto, tal premisa no es una excusa o un consuelo para ningún país o gobierno justificarse y no emprender ninguna acción contra la corrupción y sus actores que van desde los mismos gobiernos, políticos, empresarios, sistema judicial, ejecutivos, banqueros, burócratas-técnicos; y otros poderes fácticos. Lógicamente, hay que diferenciar los niveles y tolerancia hacia la corrupción en sociedades altamente desarrolladas y aquellas en vía de desarrollo.

Recuerdo que en el 2018-Perú, el tema central de esa Cumbre de las Américas fue “Gobernabilidad Democrática frente a la Corrupción”, y se partió de un enfoque novedoso: Corrupción pública-privada, precisamente porque no hay corrupción pública, al menos a gran escala, sin la participación del sector privado nacional o internacional -por ejemplo, Odebrecht-, pues en cada acto de corrupción intervienen actores estatales públicos y privados; y desde variadas instancias, sin excluir la esfera castrense, policial y judicial.

Sin embargo, en Latinoamérica la clase política -con razón o sin ella- ha cargado con toda la responsabilidad y estigmatización publica del flagelo, pues solo ser político es sinónimo de “ladrón” y cada cierto tiempo surgen gobiernos que toman, como eje central de sus acciones, la lucha contra la corrupción casi siempre obviando o disociándola de la privada; o cuando no, a modo de selectividad política que, al final, termina en un círculo vicioso que en nada, a largo plazo, beneficia a ninguna sociedad, pues una vez el gobierno de turno abandona el poder, el que llega -y peor, si es el que estaba anterior- inicia el ciclo de ajusta cuentas y caemos en una noria nociva. Y es por una razón básica: porque la lucha frente al flagelo de la corrupción pública-privada debe pasar por un acuerdo, así sea mínimo, de todos los actores que participan de ellas (partidos, empresariados, ejecutivos, burócratas, banqueros, justicia, etc.); de lo contrario, tendremos luchas cíclicas, y sin compromiso sistemático-institucional, contra el fenómeno.

Por ello, a mi entender, la lucha contra la corrupción, en los países en vía de desarrollo, debería operar como una Comisión de la Verdad -al menos en su etapa inicial- que examine todos los crímenes de corrupción pública-privada -sin banderías políticas- contra los bienes públicos. Pero, además, crear un currículo educativo en procura de la formación de un nuevo ciudadano que repele y rechace tales prácticas.

Otra arista del problema es su enfoque y divulgación en los medios -sobre todo, cuando de la instrumentalización judicial se pasa a la acusación y enjuiciamiento-. Ahí, los medios y los actores judiciales tienen que ser sumamente cuidadoso para evitar que la condena mediática -o percepción pública inducida- no se lleve el principio de presunción de inocencia y garantía al debido proceso.

JPM

La firmeza con que el Gobierno de la República Dominicana ha venido enfrentando el histórico problema  migratorio irregular de Haití en los últimos meses constituye un gesto que  merece el respaldo de todos los sectores de la sociedad.

Ya era hora de que las autoridades dominicanas asumieran de una vez y por todas su derecho legítimo y soberano  de decidir quién  y en qué condiciones puede permanecer alguien en su territorio.

La migración en todas las partes del mundo es normal siempre y cuando los inmigrantes se acojan y cumplan con las normativas internas que establecen los Estados. 

Esto lo planteamos porque  que no es justo que al país en los últimos meses  haya sido sometido  a un  asedio en el ámbito  internacional, tratando de  llevarlo  asumir decisiones y responsabilidades que no están a su alcance ni  material ni institucionalmente.

Sencillamente, la República Dominicana no puede acoger en su territorio personas que no cumplan con lo que establecen las leyes dominicanas y la Constitución. Más nada.

Todo aquel habitante de la nacionalidad que sea, haitiano, chino, japonés, español, cubano, mexicano, peruano, venezolano, que no se acoja a lo establecido en nuestras normas migratorias formales  en los tiempos y plazos determinados simple y llanamente deberá  ser enviado a su país de origen.

La autoridades dominicanas en sus diferentes instancias  que no se dejen chantajear, eso es lo que se hace en todas partes del mundo e incluso los acuerdos, convenios y tratados internacionales así lo estipulan.  Ahora bien, para que el país no sea puesto  aún más en las cuatro esquinas,  esos  procesos de cumplimiento de las leyes  y  deportación de extranjeros  siempre deberán de ejecutarse bajo estricto respeto a los derechos humanos y el debido proceso.

Esto lo decimos porque en anteriores gestiones gubernamentales  no se observaron las más elementales reglas de protocolo de respeto a la dignidad humana del inmigrante ilegal  y el país recibió varias condenas en tribunales internacionales que al día de hoy es estigmatizado como racista y violador de los derechos humanos.  Apliquemos nuestras leyes migratorias, sin  abusos,  pero con firmeza.

JPM

El viejo compañero, probablemente, desconoce la frase de Napoleón que dice: “Cada edad nos da un papel diferente”. No obstante, como inspirado por esta reflexión, parte cada día, al amanecer, rumbo al frustratorio ministerio de las promesas incumplidas. 

La última vez que tuvo asiento en el gobierno fue en el año 2004, el día que siguió al primer fin de semana después de la toma de posesión del presidente Leonel Fernández, quien con un solo decreto desalojó de la administración a la totalidad de los empleados públicos.   

Han pasado muchas cosas tristes en su vida durante los diecisiete años que han transcurrido desde el fatídico día que fue echado a la calle y comprendió la verdad cruda de que “el gobierno no agradece ni guarda rencor”.  

Acontecimientos como la pérdida de su militancia en el Partido Revolucionario Dominicano, en el que nació y al que perteneció la mayor parte de su vida, como producto de la división auspiciada por el presidente, Danilo Medina, para entregárselo, infructuosamente, a Miguel Vargas, lo mismo que el control hegemónico del Estado, la corrupción más grande de la historia, la impunidad, la división del PLD, la pandemia y su derrota, impactaron significativamente su paso por la política.      

Cuando ocurrieron los referidos hechos, el indomable militante era un hombre de 53 años. Hoy que tiene 70 lo consideran muy viejo para ocupar el puesto que le prometieron para servirle al gobierno del partido por el que se ha sacrificado y ha arriesgado su vida en todas las campañas electorales.  

Muchos funcionarios han decidido ignorar el artículo 8 de la Ley No. 352-98 sobre Protección de la Persona Envejeciente, que dice: “Todo(a) envejeciente tiene derecho al trabajo, en igualdad de oportunidades y a todas las garantías que al respecto otorgan las leyes laborales, sin discriminación alguna. La Secretaría de Estado de Trabajo y las organizaciones de empleadores y trabajadores deberán tomar las medidas necesarias para que las labores del(a) envejeciente se desarrollen en condiciones satisfactorias y seguras. Deberán tomarse las medidas necesarias para que el(a) envejeciente encuentre o reencuentre ubicación laboral mediante nuevas posibilidades de empleo”.  

¿Desde cuando algunos han asumido la administración pública como un negocio particular que se lucra con la plusvalía del valor no pagado del salario? ¿Es que ni siquiera hacen el más mínimo esfuerzo para aparentar que forman parte de un Estado Social y Democrático de Derecho?    

Hasta ahora en una gran parte de la administración ha prevalecido la ingratitud, la injusticia y el desconocimiento del derecho a la igualdad del viejo militante, el cual, de conformidad con el artículo 39 de la Constitución Política, no debe continuar siendo discriminado por causa de su edad y rechazado para brindarle sus nobles energías a la ciudadanía desde las instituciones del Estado.   

Por tanto, tal y como lo dispone el artículo 57 de la Carta Sustantiva, es hora de integrar los militantes de la tercera edad a la administración.     

Finalmente, confiamos en que la administración abrirá sus puertas de par en par para recibir como héroes a aquellos militantes comprometidos que contribuyeron a hacer realidad tanto los cambios del pasado como los del presente.    

jpm-am

Recordamos que, en el 2019, entre el 12 y el 27 de diciembre, se reportaron los primeros casos de una extraña afección respiratoria en la República Popular China; específicamente en la provincia de Wuhan, las autoridades sanitarias anunciaron casos de una grave y desconocida neumonía que podía amenazar la vida del paciente.

De inmediato los científicos fueron tras los orígenes y las características de la nueva enfermedad, y sus estudios revelaron que es un nuevo coronavirus de la familia de los SARS, al cual, en este caso se le denominó SARS-Cov-2; más tarde, el mundo lo conocería con su nombre de pandemia como Covid-19.

Las autoridades chinas alertaron a la OMS (Organización Mundial para la Salud) y ésta a todos los países del mundo conocido. Las reacciones no se hicieron esperar; los países cercanos a China, un ejemplo notable fue Corea del Sur, tomaron medidas de protección extremas; y casi todos lograron contener la amenaza en parámetros mínimos.

No así sucedió con países más alejados y poderosos; las consecuencias pagadas por el descuido y el menosprecio a las advertencias, han sido devastadoras. La primera economía del mundo, EEUU, tuvo la necesidad de un cierre de fronteras que duró 20 meses, desde marzo del 2020, hasta que fue levantado recientemente.

Y lo mismo ha sucedido con la mayoría de los países industrializados en todas las partes del globo. Pese a todas las medidas restrictivas, las consecuencias en los índices de morbilidad y en el colapso de los sistemas sanitarios han sido inimaginables; los países desarrollados, han tenido peores resultados que los países pobres.

La tabla estadística de morbilidad la encabeza EEUU, con casi 800 mil víctimas al día de hoy; y le siguen Brasil, La India, Méjico y Rusia, con cantidades que sobrepasan el medio millón y más del cuarto millón de defunciones. Los colapsos de los sistemas sanitarios, han sido dramáticos; siendo señeros los casos de Italia y España.

La política ha cosechado sus resultados de los embates de esta pandemia; uno de ellos fue el fallido intento de reelección del presidente Donald Trump en las últimas elecciones presidenciales norteamericanas; y así, el Covid-19 ha repartido responsabilidades a través del mundo político con reveses, básicamente para todo el que representa el poder, sin importar que sea de izquierda o de derecha.

El encierro de las masas populares, respondiendo a las restricciones sanitarias, predispone a estas en contra de quien ejerce el poder; lo que se manifiesta en una deuda a cobrar, cuando se presentan las justas electorales. Los casos están ahí, registrados en las crónicas de los diarios; se puede afirmar sin temor a equivocación, que ya el covi-19 ha diagramado su mapa político.

Hasta ahora, las masas electorales cobran las restricciones y los descuidos sanitarios; dentro de poco cobrarán las consecuencias económicas provocadas por la pandemia, y en todos los casos, la culpa recaerá en quien ejerza el poder.

En lo inmediato, los expertos deben aplicarse en trazar los nuevos mapas de hambre y pobreza, comenzando con las causas de los desabastecimientos y la falta de producción de productos comestibles y de primera necesidad.

Los mercados financieros globales, y sus compras y ventas virtuales a futuro, no muestran un papel preponderante en esta grave crisis de la humanidad; su indolencia se ha manifestado incluso en la comercialización de los insumos sanitarios, necesarios para los que desfilan en los hospitales hacia la muerte.

Quienes tengan en sus manos, la lámpara de la esperanza en esta situación de nuestro mundo, por favor que la enciendan para ver si vislumbramos la salida de este tenebroso túnel.

JPM