El pan es uno de los alimentos con un alto contenido político, y junto con el arroz, y en menor medida el pollo, conduce a los Gobiernos a temer su escalada, dado el ingrediente explosivo que encierra una salida de control de su precio.

Ha habido etapas en las cuales el Estado se ha visto precisado a sacrificarse mediante mecanismos que le han permitido un manejo sobre el precio del pan, tomando en cuenta que es el alimento de más fácil preparación para el desayuno o la cena de miles de hogares pobres o de ingresos modestos en la República Dominicana.

El pan es bíblico, pues es el alimento principal que aparece en aquella famosa multiplicación que, conforme el Evangelio de Mateo, hizo Jesús, quien con solo cinco panes dio de comer a cinco mil hombres, además de las mujeres y los niños, y aún quedó pan para llenar 12 canastas.

Es decir, que el pan ha estado presente desde los tiempos más remotos de que se tenga memoria, y sigue siendo uno de los alimentos más consumidos a nivel global.

De ahí que, aterrizando a los días presentes, el Gobierno no puede permitir que ese renglón se le vaya de control sin adoptar cuantas medidas sean económicamente viables para evitar su impacto.

Un subsidio directo a las panaderías es impracticable y constituiría una grave distorsión que eventualmente pudiera servir para alimentar la corrupción o al menos la codicia de algunos.

Ahora bien, la fuente original del problema está en el precio de la harina de trigo, materia prima que se ha disparado en el mercado internacional.

Y en razón a que los molinos de harina son pocos y bien organizados, en un momento dado el Gobierno pudiera subsidiar—aplicando un estricto control y a pena de sanciones—a los molineros, de forma tal que el quintal de su producto no se eleve más allá de un precio que las autoridades pueden negociar.

Bajo esas condiciones los fabricantes de pan no tendrían la excusa del incremento de la harina para justificar, a su vez, el aumento del pan con todas las implicaciones de crispación social que ello conllevaría.

¿A cuánto podría llegar ese subsidio focalizado y por un tiempo razonable? Yo no lo sé, pero es un cálculo bien sencillo para quienes manejan las informaciones económicas del Gobierno.

Mantener la paz social aun cuando signifique un poco de distorsión de los lineamientos económicos de estos tiempos, bien vale la pena si de por medio está garantizar la tranquilidad del país, cuyo principal esfuerzo tiene que estar dirigido a lograr salir de la crisis sanitaria en las mejores condiciones posibles.

En ese sentido, no vale que un sector de los productores de pan haya asegurado a las autoridades que no tiene intenciones de incrementar el costo de venta al público de ese producto, ya que uno conoce estos juegos de espejos con reflejos de luces incluido.

Lo que queremos resaltar es que no se dude que en unos días ese mismo sector se despache con un anuncio de aumento del precio, bajo cualquier alegato.

Por esta circunstancia es que consideramos oportuno evaluar el subsidio directo a los procesadores de trigo. Analizarlo les costaría poco a los funcionarios del área.

Nelsonencar10@gmail.com

JPM

Ante los crecientes reclamos de diversos sectores de la población, el actual gobierno estuvo solicitando opiniones que ayuden a fortalecer un anteproyecto de Ley General de Contrataciones Públicas que ha elaborado y que de ser aprobado por el Congreso Nacional derogaría a la ley 340-06, de la cual siempre hemos sostenido que está pletórica de vicios.

La Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP), a través de su portal,  recibió numerosas observaciones y sugerencias de diversos  sectores interesados en que esos aportes  ayuden a que la propuesta resulte más eficaz, a fin de que la nueva ley se convierta en un verdadero motor de la economía.

En varias oportunidades hemos hecho públicas las preocupaciones de colegas constructores en relación a  los temas considerados más neurálgicos que afectan a las contrataciones de obras públicas.

La queja más generalizada es sobre la existencia de  una burocracia repetitiva que se registra en los llamados para diversos procedimientos, pues los interesados tienen que realizar las mismas gestiones para la obtención de la documentación requerida en los Pliegos de Condiciones.

Ante esa situación se está planteando la conveniencia de que el Registro de Proveedores del Estado (RPE)  incluya un apartado especial para constructores y consultores de obras, a fin de que los primeros sean  clasificados por categorías que identifiquen las capacidades máximas de contratación anual  y los segundos  en núcleos de especialidades afines.

Otro tema lacerante para quienes  contratan con el Estado es la gran dificultad que en varios casos se presentan para cobrar un bien suministrado, un servicio ejecutado y una obra terminada.

La nueva legislación debe ordenar que en los contratos  se incluyan cláusulas obligatorias de pago en un tiempo prudente luego del suministro de un bien, la adquisición de un servicio y la cubicación final  de trabajos ejecutados en las obras. Ningún proyecto estatal debería entrar en explotación si no se ha liquidado la deuda con el constructor.

Los constructores de obras públicas también enfrentan serios problemas cuando se producen  partidas adicionales.  La actual legislación permite un incremento de un  25 porciento del monto contratado y ello ocasiona grandes inconvenientes financieros, pues la mayoría de los contratistas no puede cubrir ese sobrecosto y en consecuencia se paralizan los proyectos.

Actualmente hay obras en ejecución que fueron presupuestadas con precios vigentes en el 2012 y en los últimos nueve años se ha producido alzas exorbitantes en los precios de casi todos los materiales de construcción, lo cual provoca que en varios casos el monto de los adicionales permitidos sea superado en demasía.

El presente gobierno encontró obras presupuestadas con precios del 2018 que fueron contratadas y/o sorteadas. Los adjudicatarios tendrán serios problemas, pues se ha calculado en un 30% el incremento general de los precios de los insumos.

La contratación por urgencia es aprovechada por los funcionarios para adjudicar obras a su conveniencia, debido a que es la máxima autoridad de la entidad contratante que hace la declaratoria, cuando lo correcto sería que se haga luego de una evaluación por parte de peritos del órgano rector.

Los autores del anteproyecto de la nueva ley de contrataciones públicas deben incluir medidas que incrementen la transparencia en el uso de recursos estatales en obras de infraestructuras.

Todas las obras públicas deben tener controles externos a fin de garantizar que las mismas se ejecuten con la calidad pagada en las cubicaciones, por lo que el marco legal de la nueva legislación tiene que ordenar la contratación de una supervisión privada.

JPM

Como si al país le cayeran las maldiciones de los Gatos Negros, Tutankamón, las Conejitas Playboy o Moctezuma sobre la energía eléctrica, tanto su ausencia, la corrupción como los subsidios han causado más daño que la Primera y Segunda Guerras mundiales, y han quemado el fondillo a los más sabios de la ingeniería y la administración financiera. 

Son memorables los plazos que, en distintos gobiernos, han sido fijados para terminar con la crisis en el sistema energético nacional, particularmente con los apagones, que desde los primeros años de la década de 1970 fueron atribuidos a las averías que se producían cuando las colas de las chichiguas se enredaban con el tendido eléctrico. En esencia, se producían por la escasa generación de electricidad y los retrasos en los desembolsos financieros. 

En estos más de 50 años, el desabastecimiento y el desplome energético han sido nefastos y traumáticos para los sectores residenciales, comerciales, industriales y estatales, en un fenómeno sin similitudes en América Latina. Para entender medianamente ese fenómeno, se precisa una sucinta narrativa pedagógica, más aún para descifrar por qué la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE) se traga la mayor partida (51 mil millones de pesos) del déficit consolidado del presupuesto general del Estado del 2021.

Las ovejas negras subyugantes han sido los subsidios, la compra y venta de kilovatios con escasísimo margen de ganancia, la compra en dólares y la facturación hecha en el disminuido peso, el robo de luz por los usuarios, las cobranzas bajas, las pérdidas en las redes de distribución por la obsolescencia de los equipos de transmisión de las subestaciones; los contratos lacerantes, la corrupción y las continuas subidas en los precios de los derivados del petróleo en el mercado internacional.

La ausencia para aplicar la transparencia y la Ley General de Electricidad no han terminado con los hechos precitados, como tampoco la creación de un tinglado de instituciones encargadas de la regulación, la generación, la transmisión y la distribución: CNE, SIE, CDEE, EGEHID, ETC, UERS, PRA, EDE-NORTE, EDE-SUR, EDE-ESTE, etc. Y la esperanza más motivante ha sido la firma de un Pacto Eléctrico, en la veta de la Estrategia Nacional de Desarrollo 2030. 

La reforma del sector eléctrico de 1999 no detuvo las distorsiones y, por los alardes de las anteriores administraciones de la CDEEE, se creyó que habíamos avanzado, pero sobresalieron los anti-héroes en villanías, que en sus momentos fueron cuestionadas. 

Por igual, la firma del pacto con el sector eléctrico del 2012 se vislumbró como el punto de partida para dar respuesta a un problema que le acelera el corazón al más reposado. A todo el que tuviera que aportar, se le pidió que aporte, para que no morir achicharrados. 

En noviembre del 2012 fue suscrito un pacto eléctrico, con la asistencia de los generadores, bajo señalamientos de que no se querían apagones financieros y de que no se aguantaban más operar en las actuales condiciones. Tradicionalmente, las autoridades han adeudado miles de millones de dólares a los que les venden energía, y para abonarles una parte tuvieron que comprometer el crédito gubernamental, emitiendo bonos soberanos y, en pocos días, las cuentas volvieron a ponerse del mismo tamaño. 

Los acuerdos con los generadores y distribuidores han perjudicado al país porque, aparte de que la energía se les compra cara, cuando las plantas están apagadas o dañadas, cobran como si estuvieran encendidas, en lo que se entiende como una gran estafa al erario o tesoro público. 

 Desde entonces se señala que si bien el gobierno no debe suspender unilateralmente esos contratos, porque conllevaría a demandas y a la afectación de la inversión extranjera, sí tiene el derecho de convocar a un diálogo en la búsqueda de una reformulación consensuada, que incluya mejores precios en la adquisición de energía. 

Los miembros de la influyente Asociación Dominicana de la Industria Eléctrica (ADIE) nunca deben alegar que las reglas de juego son invariables, ni mucho menos desafiar a un gobierno que está bajo la presión ciudadana, porque sería altamente peligroso para ambos. En coyunturas difíciles, se aconseja ser flexible, y ceder.

El tercer pacto nacional para la reforma del sector eléctrico fue rubricado en el Palacio Nacional – tras consensuar 212 puntos durante por lo menos cinco años- el jueves 25 de febrero de 2021, motorizado por el Consejo Económico y Social (CES), en una ceremonia encabezada por el presidente Luis Abinader. El objetivo indicado ha sido el suministro de electricidad confiable, competitiva y ambientalmente sostenible, para finiquitar el citado lastre histórico.

El sector social/sociedad civil estuvo ausente en la rúbrica del pacto, y posteriormente unas 20 de sus organizaciones interpusieron un recurso de amparo ante el Tribunal Superior Administrativo, anotando quebrantamientos a la Constitución, las leyes y los principios democráticos. Al ser rechazado por esa instancia, amparado en el alegato de que no es de su competencia, apelaron al Tribunal Constitucional. 

En el fuego del sofocante calor, el dislocamiento productivo, educativo y social, los millonarios despilfarros y el engorde monetario de unos pocos, en este medio siglo fue engendrado un monstruo de 9 cabezas, que se torna intrincado desmembrar. 

1.- La corrupción. Las irregularidades en las Edes fueron totalizadas, en el pasado gobierno, en 30 mil millones de pesos en compras sobrevaloradas y la contratación de proyectos con dobles desembolsos. 

2.- Las pérdidas. Las técnicas y no técnicas cruzan la carrera de los 10 mil millones de pesos cada año. 

3.- Los subsidios. En los primeros tres meses del 2021, la CDEEE se engulló 8 mil 273.3 millones de pesos, principalmente de auxilios financieros. Para este año, el subsidio proyectado alcanzará 750 millones de dólares. 

4.- Los precios del combustible. Por las alzas internacionales de los derivados del petróleo, el gobierno ha consumido, desde enero de este año, unos dos mil 800 millones de pesos. 

5.- El robo de energía. Un millón 144 mil usuarios están registrados en el sistema, y 300 mil no pagan, lo que representa un 26.22%. 

6.- Los déficits por kilovatios. Esa insuficiencia radica en que se compra el kilovatio a 11.4 centavos de dólares y se vende a 13.4, es decir, con un margen de menos de dos centavos por kilovatios. 

7.- Cobranzas bajas. El ejemplo citado: De los cerca de 900 mil usuarios del programa Bono luz, 450 mil (el 50%) cumplen su compromiso de pagar la luz. ¿Ocurre eso con el teléfono? 

8.- Pérdidas financieras. En los últimos cinco años, en las EDES se han invertido 53 millones de dólares, sin recuperación sustancial en el servicio, no obstante los grandes esfuerzos de reorganización y ajustes desplegados por sus nuevos incumbentes.

9.- La termoeléctrica Punta Catalina. La complejidad del proyecto y la ausencia de datos acabados (partículas contaminantes, daños denunciados, inversión financiera y auditoría técnica) nos colocan un bozal para emitir juicios.

Los actuales incumbentes del sector eléctrico, encabezados por Antonio Almonte y Andrés Astacio, lucen apuestos y firmemente optimistas. Nos dicen que la nómina ha sido reducida en un 15%, para una economía de 100 millones de pesos; que las Edes requieren ahora menos fondos en los trámites de compras; que se trabaja en la creación de un fondo con un tope de 50 millones de pesos para afrontar las alzas de los combustibles, y que los apagones financieros ya forman parte de la historia. Admiten las pérdidas y la caída de las cobranzas.

Aunque son necesarios, para que no sean tostados por residuos eléctricos peligrosos en circuitos operativos, no basta que el ingeniero Almonte y su equipo se empeñen exclusivamente en los programas de asistencia y contingencia, la reducción de pérdidas eléctricas y gastos, las políticas operacional y modernización de la red de distribución, el control de gestión y otras actividades y proyectos, sujetados a flujogramas y cronogramas. Singulariza la superación de los obstáculos del disenso para el pacto eléctrico ampliado. 

Además de la implementación de los esquemas técnico-científicos, con invocaciones tenemos que reclamar piedad patriótica a los buenazos que ceban sus bolsillos en esos negocios electrizantes, la trituración mágica de las embrujadas maldiciones ancestrales y el socorro de Supermán, Batman, El hombre araña, el doctor Vudú, la Pantera Negra, La imbatible Chica Ardilla y otros superhéroes con poderes sobrehumanos.

JPM

El caso del gran fraude de la Lotería Nacional deja una gran enseñanza, que debe asumirse como lo que es, una experiencia que jamás debería repetirse.

Cuentan que los banqueros de apuestas se regodeaban de que había llegado su ‘gran oportunidad’, porque cobrarían su contribución, ‘sustancial’ decían, con la campaña del partido oficial. Cuando nombraron a Dicent como administrador de la Lotería, afianzaron sus planes de como desfalcar la entidad, doblar el pulso a sus rivales y robarse los fondos del gobierno.

Leyendo el expediente de la Procuraduría se establece claramente que ese grupo estaba ‘preparado’ para asaltar el poder ya que desde el mismo julio del 2020, luego de las elecciones, estaban estructurando el (los) gran (es) fraude (s), cuya primera versión que se concretó, o lo que se ha conocido públicamente, el 1ro de mayo pasado, alzándose con unos $500 millones de pesos, según el conteo de los fiscales que han investigado y formulado el expediente del caso.

Nombrar a Dicent a administrar la Lotería era la crónica de una muerte anunciada. Fue una insensatez, poner la iglesia en manos de Lutero.

La experiencia nos estruja en la cara los peligros que se corren cuando hay que ‘cumplir’ con los apoyos de campaña, porque Dicent no es el único, y si la vox populi lo sabe y repite, cuánto no los que están en el poder.

JPM