Muchas personas se sienten atraídas por comprar en Punta Cana, pero no siempre saben cómo decidir si es mejor para vivir, vacacionar o invertir. Mi objetivo es orientar con criterios claros para que cada compra sea una oportunidad y no un riesgo.

Comprar en Punta Cana no es solo adquirir una propiedad, sino escoger ubicación, estilo de vida y acceso a la demanda turística. La decisión depende de si buscas vivir, vacacionar o invertir, ya que cada propósito implica un tipo distinto de proyecto, reglas de condominio, forma de amueblar y estrategia de salida.

Comprar para vivir
Quien busca residencia permanente debe priorizar ubicación útil más que estética. Cercanía a playas, supermercados, colegios, centros médicos y rutas rápidas al aeropuerto son esenciales. También conviene evaluar la seguridad de la comunidad y la claridad de las reglas de convivencia.

El mantenimiento es un factor clave. No es recomendable pagar por amenidades que no se usarán, ya que eso genera costos innecesarios. Antes de decidir, es útil caminar por el entorno en diferentes horarios, preguntar por servicios básicos como internet y agua, y evaluar si la unidad tendría salida en el mercado de reventa.

Aunque compres para vivir, siempre es prudente pensar en un plan alternativo de renta. Amueblar de manera funcional y tener internet estable permite alquilar por meses sin perder calidad de vida. Esto brinda flexibilidad en caso de cambios personales o financieros.

Comprar para vacacionar y alquilar
El alquiler a corto plazo exige operar con mentalidad hotelera. No basta con subir fotos, se necesita gestión profesional: respuestas rápidas, limpieza de calidad y procesos de entrada y salida eficientes. La presentación es vital, con fotos profesionales y descripciones atractivas que transmitan experiencia.

Al elegir, considera accesos simples, amenidades de valor como piscina o club de playa y reglas claras del condominio que permitan alquiler turístico. También debes asegurarte de contar con un kit de operación: guía digital del huésped, limpieza confiable, reposición de blancos y atención inmediata a consultas.

El éxito en este modelo se mide en las reseñas. Comentarios que destacan facilidad, limpieza y cumplimiento de expectativas atraen nuevas reservas sin tener que competir agresivamente en precios. La reputación se convierte en la herramienta de marketing más poderosa.

Comprar para invertir
Quien invierte busca flujo constante más que promesas grandiosas. Hay tres caminos principales: renta fija de 6 a 12 meses, alquiler vacacional gestionado personalmente o unirse a un pool de rentas o condo-hotel. Cada modalidad ofrece un equilibrio distinto entre esfuerzo, riesgo e ingresos.

La renta fija es más sencilla y requiere menos gestión diaria, mientras que el alquiler vacacional puede generar mayores ingresos, pero exige dedicación constante. El modelo de pool es ideal para quienes prefieren delegar la operación y obtener ingresos estables con menor involucramiento.

Actualmente hay un desarrollo en Punta Cana que vende apartamentos amueblados full de 1, 2, 3 y hasta 4 habitaciones que ofrece un esquema de operación tipo resort, con más de cien amenidades que mantienen la demanda dentro del proyecto.

En el pool de rentas, las unidades se gestionan como un hotel, los ingresos se agrupan y reparten según reglas claras, y el propietario solo debe cumplir estándares de amueblado.

Antes de entrar, es importante revisar el contrato: cómo se reparten ingresos y gastos, cuántas noches de uso tiene el propietario, los estándares de equipamiento y las cláusulas de salida. Este modelo es ideal para quienes buscan comodidad y consistencia, aunque no tanto para quienes desean máxima flexibilidad o control personal.

Cómo decidir y errores comunes
Para tomar una decisión inteligente conviene seguir un checklist: definir el uso principal, validar la ubicación, leer las reglas del condominio, amueblar de forma práctica, proteger la inversión con seguros, establecer un plan de operación y contar con un plan B en caso de cambios.

Los errores más frecuentes son comprar por la foto y no por la salida, asumir que la propiedad se alquilará sola, ignorar reglamentos y sobreestimar los ingresos esperados. La clave está en la coherencia: buena presentación, comunicación clara y una experiencia de uso sin fricciones.

Conclusión
Comprar en Punta Cana puede ser una gran decisión si se alinea propósito, ubicación y operación. Para vivir, importa la paz y los servicios; para vacacionar, la experiencia y la gestión; y para invertir, la elección entre operar directamente o delegar a un pool profesional. Con este enfoque, la compra deja de ser una apuesta y se convierte en un plan sólido y estructurado.

jpm-am

La reciente respuesta del presidente Luis Abinader en La Semanal frente a la pregunta sobre la paralización de 92 expedientes de pago a contratistas con deudas viejas ha dejado más interrogantes que certezas.

El mandatario claramente evadió responder al tema central planteado al limitarse a contestar que en su gobierno han cobrado algunos contratistas que han cumplido con los soportes y que no se les puede pagar a quienes no cumplen.

Al presidente Abinader no se le preguntó si algunos contratistas habían cobrado y su respuesta evasiva es un síntoma preocupante de cómo se ha manejado un tema que toca la legalidad, la transparencia y, sobre todo, la dignidad de decenas de profesionales que llevan años esperando el pago por obras que ya sirven a la sociedad.

Además de la respuesta evasiva el jefe del gobierno incurrió en un error al que fue inducido por mentiras que le han dichos los funcionarios acerca de que los contratistas no cumplen con los requisitos que tiene el Ministerio de Hacienda para tramitar los pagos.

El Comité Institucional Codiano (CIC) ha denunciado en reiteradas ocasiones que los contratistas no son quienes incumplen requisitos; son las instituciones estatales las que han perdido documentos públicos indispensables para que el Ministerio de Hacienda procese los pagos.

Pese a ello, algunos funcionarios han insistido en sostener la versión contraria, induciendo al Presidente a errar y a reproducir un relato falso: que los contratistas carecen de soportes válidos.

Distorsión

Esa distorsión no solo manipula la percepción presidencial, sino que también encubre la responsabilidad del propio Estado en la desaparición de documentos que debieron estar bajo custodia oficial.

Se recuerda que el CIC formalizó una denuncia ante la PEPCA para que se investigue la desaparición de documentos públicos de las instituciones contratantes y sin embargo ninguna institución ha dado una explicación o asumido un rol activo, como exige la ley.

En cualquier democracia madura, una acusación de este calibre ameritaría acciones inmediatas y transparentes. Aquí, en cambio, ha predominado el silencio.

Otro aspecto que no puede pasar inadvertido es que, en cinco años de gestión, el Presidente no ha empoderado mediante decreto ni orden administrativa a un equipo jurídico capaz de establecer el estado legal de esas deudas y reconstruir los expedientes.

El temor a pagar sin soportes no se justifica cuando existen contratos firmados y obras en funcionamiento, mientras que la omisión de actuar revela una falta de voluntad política que termina lesionando la confianza ciudadana en el discurso de transparencia del gobierno.

No se trata solo de dinero. Estamos hablando de profesionales, muchos de ellos septuagenarios, que han visto deteriorarse su patrimonio mientras esperan un pago que el Estado, moral y legalmente, debe honrar.

Once de ellos ya han fallecido sin cobrar y cada evasiva presidencial prolonga ese drama humano y confirma que, para este gobierno, la justicia contractual no ha sido prioridad.

La evasión del Presidente no lo exime de responsabilidad; al contrario, la agrava y si  los  funcionarios han mentido y lo han inducido a error, la respuesta debió ser clara: ordenar una investigación, empoderar jurídicamente a un equipo y resolver de una vez por todas el tema de las deudas. Lo contrario es perpetuar la impunidad administrativa.

En democracia, el poder no se mide solo por lo que se promete, sino por la capacidad de cumplir lo firmado y de respetar la palabra empeñada. Los contratistas del CIC no piden favores: reclaman justicia.