Hace cincuenta años, en septiembre del 1971, el presidente de la República Dominicana era Joaquín Balaguer y gobernaba el país desde el 1966 después de la guerra civil que provocó una intervención de miles de soldados de los Estados Unidos y otros países al territorio nuestro.

Seis años después de 1965 la economía dominicana daba muestras de dinamismo: exportaciones de ferroníquel y bauxita, cacao, café, tabaco y sobretodo azúcar como principal renglón.

Oro y plata en doré todavía no exportábamos desde la mina concesionaria a la Rosario Resources Corporation, y las remesas eran un renglón incipiente que cinco decenios después habían de ser la mejor muestra de que el principal renglón de exportación nacional y generación de divisas son los dominicanos residentes en el exterior.

Turismo en 1971 era un sueño, y entonces estaba en boga aquella famosa frase: “Los turistas, dónde están, en la cabeza de Miolán”, aludiendo a quien era entonces Director de Turismo cuando aún no había sido creado el Ministerio.

El azúcar y sus derivados (como el furfural del Central Romana) eran la principal fuente de generación de divisas en 1971 hasta el punto de que el presidente Balaguer en un gesto dramático llegó a ofrecerle su renuncia al presidente de los Estados Unidos Richard Nixon en caso de que el principal mercado del dulce que para nosotros eran los norteamericanos redujeran la cuota que teníamos en el mercado preferencial.

Lo cierto es que entonces las iniciativas de la empresa Central Romana y las leyes de incentivos del Gobierno Dominicano y las facilidades crediticias del Banco Central de la República Dominicana a través del Fondo Infratur crearon las condiciones para el despegue del desarrollo del sector turístico en el país, tanto en Puerto Plata y Samaná como en la región Este.

Después se sumaron emprendedores como Wayne Fuller (que tuvo conflictos con Central Romana), Frank Rainieri y sus socios americanos, y sobre todo la importante presencia de los inversionistas y las grandes cadenas hoteleras de España y los promotores italianos y otros europeos.

Todos esos factores más las numerosas inversiones realizadas en infraestructuras importantes durante los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana han contribuido a situar el turismo en la segunda posición en la generación de divisas para la economía dominicana cincuenta años después de 1971.

He visitado el Este del país en numerosas ocasiones después del 21 de enero de 1971, en aquel momento solemne en que fue inaugurada la Basílica de Nuestra Señora de la Altagracia, y la verdad es que el cambio de la región ha sido extraordinario.

Sin embargo, hace falta orden. Más seguridad. Armonía entre los empresarios competidores. Coordinación. Planificación. Controles de vertederos racionalmente. Cuidado de los recursos naturales con sentido comunitario. Atención a la gente que habita barrios y campos. Control de la migración.

O de lo contrario, así como hace 50 años vimos empezar este desarrollo, con el pasar del tiempo futuro veremos el fin del turismo en el Este y tal vez en el resto del país también.
JPM

La modificación de la Ley 87-01 que creó el Sistema Dominicano de Seguridad Social (SDSS), del cual se desprenden diversas ramificaciones, se presenta como un imperativo que debe corregir una serie de distorsiones e imprevisiones en que ha caído luego de 20 años de haberse promulgado y de 16 de estar en plena vigencia.

Este espacio de opinión y nuestro programa de televisión han sido abanderados en la defensa del sistema como un instrumento beneficioso para los afiliados, a pesar de las justas quejas que surgen sobre situaciones específicas.

Lo hemos hecho a partir de establecer las comparaciones—de la Tierra al cielo—con lo que existía antes de la puesta en vigencia de la legislación, cuando se contaba con un Seguro Social que ni era seguro ni era social, el cual fijaba topes de salarios cotizables.

Y peor si comparamos lo que tenemos con el modelo de seguros privados donde solamente se afiliaba a quienes podían demostrar que no padecían ni siquiera de gripe, y las mujeres debían probar que no estaban embarazadas ni iban a estarlo en los meses subsiguientes. Una aberración.

Ajustar la legislación actual a las exigencias de la sociedad es un imperativo que no parece generar mayores dificultades, si nos atenemos a las posiciones que han externado legisladores, entes de la sociedad civil y funcionarios del Gobierno, lo que nos plantea la existencia de una ruta despejada para emprender esta acción.

Siempre se ha alegado que el nudo gordiano que frena la modificación es el poder que ejercen los actores fundamentales del sistema, es decir, las ARS y las AFP.

Sin embargo, estas últimas han externado su posición favorable a las enmiendas, e inclusive han adelantado ideas para el mejoramiento de la misma en lo concerniente al punto focal de la cuestión, que son las pensiones.

Por razones de espacio, sólo citaremos algunas de las sugerencias de la Asociación Dominicana de AFP, entre las que se encuentran garantía de pensiones a partir de 15 años de cotización; pensiones vitalicias por discapacidad y por sobrevivencia por viudez; garantizar seguro de salud para los pensionados, y que un afiliado con una enfermedad grave o con discapacidad total tenga la opción de retirar el total de sus fondos de pensiones.

Plantea que los afiliados que emigren del país y así lo prefieran puedan retirar su fondo cuando cambien de residencia, y regresarlos al volver al país.

Y una sugerencia de una trascendencia inconmensurable: que los trabajadores independientes, profesionales liberales y por cuenta propia se incorporen al sistema y sean protegidos para pensiones como los asalariados.

Si todos al parecer están en la misma página, ¿qué se espera?

Nelsonencar10@gmail.com

jpm-am

En vista de que la sociedad dominicana y el gobierno se encuentran ante el dilema de hacer o no, una Reforma Fiscal, en las actuales circunstancias en que vive el país, y considerando que existen fuentes importantes de generación de recursos que podrían permitir al Estado la posposición de la misma hasta que culmine la pandemia, es razonable ofrecer la alternativa de cobrar cientos de proyectos habitacionales que se encuentran en manos de particulares. 

Entre los años 2002 y 2004, las Direcciones de Bienes Nacionales y el Instituto Nacional de la Vivienda, se enfrascaron en un proyecto de gestionar el pago de cientos de viviendas que el Estado dominicano había otorgado entre 1987 y 1993, a particulares mediante contratos de ventas condicionales que establecían el pago de esos inmuebles a 20 y 25 años para ser saldados por los adquirientes de las mismas. 

Todos esos contratos, de acuerdo a lo que estipulaban, deberían ser enviados al Congreso Nacional para ser ratificados por los legisladores y luego que fueran saldados por sus adquirientes, las Direcciones de Bienes Nacionales y el INVI, deberían de entregarles a cada uno el Titulo definitivo de propiedad para desvincular ese bien del Estado y que los beneficiarios fueran objeto de crédito por el cumplimiento del pago acordado. 

Luego de los casi 15 años transcurridos, los Directores de Bienes Nacionales, Bienvenido Brito y del Instituto Nacional de la Vivienda, Juan Vargas Mención, iniciaron exitosamente la gestión de cobros de esos inmuebles, y una gran cantidad de los beneficiarios lograron ponerse al día en el pago de las cuotas asignadas por el Estado para la adquisición de sus viviendas, pero después dejaron de pagar porque los incúmbentes de esas instituciones no dieron seguimiento a las políticas de cobro que se implementaron para recuperar los recursos invertidos por el gobierno en esos proyectos. 

Desde entonces han transcurrido más de 16 años y los adquirientes de los inmuebles del Estado no han venido pagando con regularidad las cuotas de sus viviendas, por lo que conjuntamente con el capital atrasado han venido acumulando una prolongada mora que si pusiéramos calcular podría superar el monto de éste en varios miles de millones de pesos. 

Recordamos muy bien que para llevar a cabo la ardua y titánica tarea de cobrar a los beneficiarios de los proyectos habitaciones del Estado, los señores Brito y Vargas Mención, tuvieron que enfrentar a una gran batería de influyentes periodistas que, habiendo sido favorecidos con la entrega de apartamentos, trataron de revertir las políticas de cobro que diseñaron para devolver al gobierno los recursos destinados a los mismos. 

Esas políticas de cobro, que contaron con el apoyo del Poder Ejecutivo, tenían como propósito recaudar los recursos del Estado invertidos en esos proyectos para crear un fondo de reinversión en la construcción de viviendas de clase media y seguir fomentando el levantamiento de unidades sostenibles y de calidad como las que se otorgaron en esos años del 1997 al 1993, que todavía se encuentran en muy buen estado de estructuración. 

Para quienes tienen la oportunidad de leer este artículo, simple y llanamente quiero recordarles que entre los proyectos a que hago referencia se encuentran: los Habitacionales de las Lauras, ubicado en la Avenida Núñez de Cáceres, José Contreras y Pedro Livio Cedeño, ubicados en las Avenidas de esos mismos nombres, cuyas edificaciones son y han sido emblemáticas en la ciudad de Santo Domingo y para la época constituyeron un referente moderno de arquitectura para el país. 

Los apartamentos de esos proyectos, que fueron repartidos entre figuras de clase media, por las gestiones de Rodolfo Rincón Martínez y Camilo Antonio Nazir Tejada, oscilaban entre 4 y 6 millones de pesos y si su costo se actualizara al momento que vivimos hoy, podrían rondar entre 12 y 15 millones de pesos cada uno, lo que significa que en un proceso de reevaluación el Estado dominicano podría conseguir más recursos que los que inicialmente estamos proponiendo en este escrito, que hacemos de la mejor intención para que se pueda agenciar recursos con el objetivo de hacer frente a las necesidades del país. 

Al desempolvar estos expedientes, de seguro que las nuevas autoridades de Bienes Nacionales y el Ministerio de Viviendas y Asentamientos Humanos, de reciente creación, se encontrarán con la gran sorpresa de que potentadas figuras de los partidos políticos, de los medios de comunicación y de otros estamentos de clase media de nuestro país, fueron beneficiados con la entrega de los apartamentos construidos en esos proyectos, que ya no viven en ellos y que les fueron traspasados a otras personas que aunque le compraron a los adquirientes originales, carecen de la propiedad de los mismos porque todavía permanecen a nombre del Estado dominicano, dado que los mismos no han sido liquidados como establecen los contratos que les fueron entregados por las instituciones correspondientes. 

Con la disposición de cobrar los recursos dejados de percibir por el Estado dominicano a través de la construcción de los Proyectos Habitacionales, que hemos hecho referencia, el gobierno dominicano, no solamente recaudará más de 20 mil millones de pesos para inyectárselos a la economía nacional y generar nuevas fuentes de empleo y recuperar el país, sino que facilitará a los que actualmente usufructúan esos inmuebles el privilegio de poseerlos de manera definitiva y por medio de sus Títulos de propiedad servir a la sociedad como sujetos de crédito para  beneficio propio.  

agendasemanal@hotmail.com 

 jpm-am

La resolución 28-2021 de la Junta Central Electoral fue una respuesta al progresivo laborantismo que desarrollan los principales partidos del sistema (PRM, PLD, FP, PRD), tirados a la calle en procura de reorganizar sus cuadros de cara a las consultas populares del 2024. 

La Junta trata de imponer su autoridad queriendo evitar una campaña abierta tan ‘temprano’, pero los partidos alegan que ‘necesitan’ desarrollar sus procesos de preparación, primero hacia las primarias internas y luego para las elecciones generales. 

El Partido Revolucionario Moderno, un partido creado apenas en el 2014 con fines electorales –los comicios del 2016- y luego un poco más organizado y con un discurso de cambio que prendió en el  2020, acusa problemas para una vida política contínua ya que sus cuadros parecen tener la vista fija en lograr puestos que entienden ganados, en la Administración Pública. 

La Fuerza del Pueblo es una organización de apenas dos años, creada y desarrollada con el propósito definido de llevar a Leonel Fernández como candidato con la esperanza de volver a la Presidencia, ahora en el 2024, a que trata cotidianamente de engordar sus filas con disidentes del peledeísmo, de las fuerzas que otrora se definían como leonelistas.

 El afán de Leonel y la Fuerza del Pueblo, más que nada, es tratar de mostrar músculos, que los haga ver como fuertes en el escenario político, con una fortaleza tal que los presente como líderes de la oposición. 

El Partido Revolucionario Dominicano trata de sobrevivir con el oxígeno que le dio la sentencia del TSA que lo llevó a la categoría de  ‘mayoritario’, cuando le dieron esa gracia a la FP. 

Miguel Vargas lucha por no permitir que en sus manos se apague la llama del jacho, que se encendió en 1961 y que pese a las tormentas que ha sorteado y los vientos que lo ha zarandeado, aún sigue prendido. 

El peor de los escenarios lo presenta el Partido de la Liberación Dominicana, con su principal líder, Danilo Medina, impedido de ser candidato, su alta dirigencia acusada y acosada de conformar un gobierno corrupto, muchas de sus figuras atemorizados como si tuvieran una espada de Damocles sobre sus cabeza y sus militantes con verguenza de identificarse como  peledeístas, como ocurría a los reformistas en los finales de los ’70. Ello, sin embargo, no los amilana y parecen decididos a echar el pleito, tratando de cuajar una candidatura viable y potable que pudiera entrar al ruedo del 2024 con la cabeza el alto. 

Todo un escenario que nos indica que la campaña política arrancó, si es que había cesado, aunque aún no veamos los bandereos de Luis el Gallo, recorriendo las calles y avenidas de los barrios.

JPM

POR MARINO CEDEÑO CHALAS

No me queda más, solo que decir que asco, cuando escucho y veo el programa que realiza semanalmente la periodista Alicia Ortega, El Informe, donde da cuenta de la manera más burda como los “congresistas” dominicanos hacen uso del dinero público de manera personal y discrecional, en perjuicio de los diferentes sectores sociales menos favorecidos con las riquezas que el Estado Dominicano debe distribuir de forma equitativa e igualitaria.

Es indignante ver como los señores legisladores hacen uso de casi 400 millones de pesos al año para, supuestamente, repartir entre sus representantes en sus localidades, cosa que no es así, según el Informe, en investigaciones realizadas al azar entre algunos senadores, ese dinero reportado al Congreso como distribuido no es realmente entregado a las personas indicadas, según denunciaron los propios afectados.

Causa mucho malestar cuando el ciudadano sabe que quienes están llamados a protegerlo son quienes, precisamente, les roban sus recursos, les quitan lo que el Estado está obligado a garantizarles, los servicios públicos, como educación de calidad, alimentación, transporte, recreación sana y limpia, salud de calidad, seguro médico gratuito, hospitales bien equipados y con profesionales idóneos.

La sociedad dominicana está solicitando la desaparición de los privilegios que tienen los congresistas, entre ellos el llamado barrilito, las exoneraciones de vehículos para los legisladores que ellos, a su vez, negocian con particulares, así como otros tipos de uso irregular que hacen con el dinero público, entre esos está el día de las madres, la semana santa con las habichuelas con dulce, día de Reyes, etc.

Estamos hablando de una cosa insólita, desmoralizante para nuestra sociedad, e incluso, en el ámbito internacional no entienden cómo un Estado se puede manejar de esa manera tan abusiva y bochornosa, y sobre todo en una sociedad donde la pobreza ronda entre un 40 y 48 por ciento de su población. Repito, es indignante, abusivo, discriminatorio y, sobre todo, no es ético para los propios congresistas que dicen representarnos.

Ví en el periódico impreso Diario Libre, donde una buena parte de los senadores expresaron su disposición a renunciar a las exoneraciones, el barrilito, e incluso, que se quiten todos los privilegios que tiene un grupo de la sociedad, como son los funcionarios públicos, los jueces, fiscales, empresarios y muchos otros de la administración pública, además, que los sueldos de los funcionarios no sean mayor al del presidente de la República.

Estamos totalmente de acuerdo que todos los privilegios de legisladores y funcionarios sean quitados, erradicados para siempre de encima de los hombros de sus ciudadanos.

Los dominicanos tenemos que exigir la eliminación de estos privilegios que generan desigualdad social, irritación colectiva, y descontento generalizado que pueden provocar inestabilidad política y violencia social sin precedentes.

Enhorabuena señores representantes de la sociedad dominicana. Hay que adecentar la administración pública y la política en nuestro País. Este es el momento de frenar las injusticias sociales, la discriminación y el abuso de parte de quienes están llamados a defendernos y protegernos.

Una sociedad de privilegios para unos pocos, es también una sociedad de discriminación para la mayoría.

JPM