Una nueva Era nos asalta en un momento en que el sistema de las Naciones Unidas, a más de media centuria, continúa con notables carencias de respuestas apropiadas a los problemas globales, no solo en temas cruciales para la existencia humana, como es el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales; sino, en el respaldo al desarrollo y la sostenibilidad global.

La debilidad de la política de asistencia oficial para el desarrollo, reflejado en el hecho de que, salvo honrosas excepciones, como es el caso de los países nórdicos, más Holanda, Luxemburgo y el Reino Unido, la inmensa mayoría de naciones ricas no cumplen con el mandato de aportar el 0,7% de su producto nacional bruto, (PNB), para el desarrollo.

Lo que impacta negativamente en la tarea de alcanzar los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenibles, particularmente, en el tema de la reducción del hambre y la pobreza, que en la región se disparó a 230 millones de personas, en el 2021.

Sus agencias especializadas como La OMC, sigue siendo un mecanismo esencial, para equilibrar las asimetrías en el comercio mundial, pero no ha podido asumir temas como el impuesto distorsionado a las exportaciones, donde los países en vías de desarrollo pagan más aranceles por la exportación de productos manufacturados, que, por productos primarios, lo que constituye una desmotivación a la industrialización.

El Banco Mundial con méritos razonables en materia de su asistencia técnica  y financiera a los gobiernos. Sin embargo, a principio del nuevo siglo XXI, adoptó una nueva metodología de clasificación de los países conforme el nivel de ingreso bruto per cápita, llegando a catalogar un número considerable de países como de economía de ingresos medios; lo que ha afectado sensiblemente la asignación de recursos para el bienestar de los pueblos que sobreviven en condiciones precarias, no reflejada en la nueva política del alto organismo.

No decir de La OMS, cuya imagen se quebró ante la terrible pandemia. Ausencia total de la cooperación internacional en un tema de sobrevivencia de la humanidad. Todo ello, sumado al hecho de que, se han reducidos los presupuestos a la UNESCO, FAO y otros organismos del sistema de las Naciones Unidas,  nos revelan la falta de comprensión de la importancia trascendental de los organismos multilaterales, ante el hecho de que los problemas globales demandan respuestas integrales.

El escenario regional e internacional nos convoca a concretar el sueño de una reforma integral del sistema de la ONU, que bien podría iniciarse con la organización de una conferencia internacional, para la refundación del sistema multilateral, como lo ha planteado el gurú de la diplomacia latinoamericana, Celso Amorim, a fin de garantizar una gobernanza realmente democrática.

Vale decir, que un latino o caribeño puede ser presidente del BM, o Director del FMI, como han invocados en los foros internacionales algunos líderes latinoamericanos, particularmente, dos de ellos dominicanos.

Es así, como la complejidad de la división internacional del trabajo emplaza a nuestra región latinoamericana y caribeña, a pensar en la imperiosa necesidad de completar su dilatado proceso de integración regional, como una alta expresión del multilateralismo.

Aspiración que ha tenido su dificultad frente a la implementación en la región de la doctrina Spykman, que ha utilizado exitosamente el principio de Julio Cesar: “Divide y vencerá”, en cuya visión los EEUU ha jugado un rol de supremacía hegemónica.

Sin embargo, actualmente una nueva realidad en el contexto global mandata al coloso del norte a repensarse. Por un lado, La nación norteamericana cuenta con una economía que a pesar, de sus extraordinarios avances, y de constituirse post II Guerra Mundial, en la nación más rica del planeta, ha sufrido un marcado retroceso; y no ha sido capaz de frenar el auge de la pobreza en su propio territorio, misma que alcanza a no menos de 40 millones de personas. Sumado, al agravante problema inmigratorio exacerbado por la carencia de promoción de desarrollo en América Latina y El Caribe.

Por otro lado, el desarrollo irreversible de China con su ruta de la seda en Eurasia, Europa y África,  y su incursión en América Latina y el Caribe; cuyo comercio con la región ya sobrepasa los 300 mil millones de dólares, con promesa del líder chino Xi Jinping de alcanzar los 500 mil millones en los próximo años; y finalmente,  la conformación del mayor bloque comercial en el mundo, con naciones asiáticas y oceánicas en el corazón del pacifico, con 3 mil 400 millones de personas, sin la inclusión de los EEUU,  el cual abarca el 30% de la economía mundial.

Además, de que a futuro el mercado europeo de hidrocarburos podría seguir siendo de Rusia, dado el impacto de la energía barata, para la sostenibilidad y el desarrollo económico de viejo continente.

De modo, que ante la nueva reconfiguración de la división internacional del trabajo, y el inminente avance del coloso del dragón azul, con pasos firmes hacia la superación del siglo de las humillaciones, pautado para el 2049, a un siglo de distancia de su gran revolución maoísta.

Su presencia procura ser dominante en el comercio internacional, y es lo que explica su gran incidencia en la esfera mundial. Realidad insoslayable que convoca a los EEUU,  a mirar hacia sus vecinos de América Latina y el Caribe; los olvidados.

A 200 años de distancia América Latina no ha podido integrarse, por factores  internos y exógenos,  como el sesgo ideológico inducido por el conservadurismo local y fuerzas foráneas.

Ante ello, lo que manda es abogar por una integración continental, así ambos bloques económicos se pueden beneficiar  capitalizando lo mejor de sí; por un lado, EEUU se beneficiará de estar integrado a una región prometedora con inmensos recursos naturales y científicos, pero sin instituciones capaz de preservar un estado de derecho y carente de suficiente capital para echar andar su desarrollo, y, por otro lado,

La región podrá capitalizar las extraordinarias ventajas de estar integrado a la primera economía del mundo, con un sistema de respeto a las instituciones públicas prometedor,  lo que impactará notablemente en el desarrollo regional.

Y por consiguiente, constituye una alianza económica que se traducirá en grandes beneficios, para ambas regiones económicas, como para los pueblos que sustentan sus existencias. Amén de que además, ambas regiones podrán compartir sus bastas riquezas culturales y espirituales, después de todo, el calendario gregoriano que usamos fue adoptado por primera vez en tierra latinoamericana.

Ante la nueva realidad, y muy a pesar, de que los países hegemónicos se rigen por doctrinas, es evidente que la doctrina Spykman, de incentivar los problemas de la región y vivir de espalda a ésta, ha perdido su vigencia. Y, frente a la complejidad de una economía globalizada con ciertas dificultades en las líneas de provisión de sus cadenas de valores y la pérdida de influencia de sus empresas transnacionales en el mercado mundial.

Es el momento para que nuestra región bajo el liderazgo de la CELAC, se proponga con los EEUU, replantearse el camino hacia un nuevo ALCA, más equilibrado en función de los intereses de ambas regiones económicas. Procurando ganar espacio en una integración continental, lo que beneficiará ampliamente a todos los pueblos del hemisferio occidental americano. Es preferible pactar la paz económica, a los fines de evitar que más de 75 millones de niños sigan muriendo por inanición en nuestra región.

“Solo le pido a Dios que la injusticia no me sea indiferente”

jpm-am

El pasado 16 de agosto el presidente Luis Abinader y el PRM cumplieron 2 años en el gobierno de la República Dominicana y en todo ese tiempo el pueblo dominicano solo ha sufrido el descalabro social y económico a que han sido sometido los sectores más necesitados de la población, desprotegidos cada vez más por un gobierno que solo sirve a los intereses de los ricos y poderosos. 

En estos dos años el pueblo dominicano ha vivido la incertidumbre y los miedos, la apatía, la ansiedad colectiva, la violencia, los atracos y la falta de voluntad para solucionar los problemas más preocupantes de una población, deseosa de que se enfrenten los retos y desafíos que se presentan en la sociedad de hoy con determinación y responsabilidad. 

Las dificultades del gobierno para hacer una buena gestión  van en aumento y cada vez tiene menos tiempo , para lograr lo que hasta ahora le ha sido imposible,  vivimos una crisis mundial y nacional  que está obligando a miles de personas a salir de sus países ,en busca de mejores condiciones de vida, escapar de la violencia, la inseguridad y la falta de oportunidades.

Los movimientos migratorios en el mundo van en aumento y nuestro país no es una excepción, somos un país de origen, tránsito, destino  y retorno de migrantes, con una fuerte migración haitiana, lo que hace que siempre debemos estar pendientes de nuestras políticas migratorias de modo que las mismas sean coherentes  bien planificadas y mejor gestionadas.

En estos 2 años la aplicación de políticas migratorias debió estar dirigida a consolidar los logros obtenidos por el país en materia migratoria, dando continuidad a esos avances de manera consensuada y participativa, fortaleciendo las capacidades nacionales, propiciando reformas puntuales con la participación de las  autoridades e instituciones involucradas con el tema.

Pero esto no se hizo y en estos 2 años la política migratoria se ha abandonado, empezando por el diálogo nacional, del cual su mesa de política exterior y migración ha sido un total fracaso, por la incapacidad del gobierno de presentar por lo menos un documento base para la discusión con sus propuestas, de modo que fueran debatidas y consensuadas por todos los participantes.

En estos 2 años a pesar de que existen proyectos elaborados, tampoco fue posible, que se aprobara la ley Orgánica del Ministerio de Interior y Policía, la actualización de la ley de visados, la actualización de la ley 1683 de naturalización que ya tiene 74 años, y que necesita fortalecer los requisitos para obtener la nacionalidad dominicana, a pesar de la mayoría congresional que tiene el PRM en ambas cámaras. 

En cuanto al Consejo Nacional de Migración, organismo asesor del Estado en materia Migratoria, a pesar de que tiene un reglamento de funcionamiento, aprobado desde la pasada gestión, no ha dejado su práctica de reunirse para cuestiones coyunturales y no de manera periódica para revisar la política migratoria nacional y orientar al estado y sus instituciones sobre la aplicación de esta.

Las encuestas nacionales de inmigrantes, orientadas a recopilar datos sobre los inmigrantes, que se contemplan realizar cada cinco anÞos y que en la gestion pasada se realizaron la primera en el 2012 y la segunda en el 2017, la proxima debe ser en el 2022 y esperamos su realizacion, por lo importante que es el seguimiento de estas, para la aplicación de una correcta politica migratoria.

El Plan de Regularización de Extranjeros y ley 169-14, tampoco han tenido un correcto seguimiento y lo que se avanzó con ambos , ha sufrido un franco retroceso, provocando que hoy en dia miles de inmigrantes que se acogieron al plan, estén en las calles con documentos vencidos, porque no han sido renovados por las autoridades, lo que los expone a que se vulneren sus derechos.

El presidente Luis Abinader anuncio el envio al congreso nacional de la ley de trata y trafico de personas, ojala la misma tenga el consenso de los legisladores y la misma sirva para fortalecer los esfuerzos que se han realizado anteriormente, como los Planes Nacionales de Acción contra la Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes 2009-2014 y 2017-2020 para prevenir, combatir y asistir a las personas afectadas por estos delitos.

En el 2016, el Gobierno dominicano acordó incluir a los trabajadores extranjeros en el sistema de seguridad social. Como consecuencia de esto, la Tesorería de la Seguridad Social (TSS) adecuó su sistema a fines de que los empleadores puedan inscribir a sus trabajadores extranjeros en la seguridad social con los documentos emitidos por la Dirección General de Migración, el Plan Nacional de Regularización o los visados del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Esta importante medida que era reclamada por numerosas Ongs y organismos internacionales, habrá que ver si se le ha dado seguimiento y si se han seguido inscribiendo en la seguridad social los beneficiarios del PNRE aun con sus documentos vencidos, la seguridad social es un derecho fundamental, consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que contribuye con la protección e inclusión de los migrantes.

jpm-am