El infanticidio es clásicamente definido como el homicidio o el asesinato de un niño recién nacido. Se distingue del libericida, que concierne el homicidio o el asesinato de un niño más viejo, es decir, habiendo vivido al menos tres días (detalle legal en Francia de declaración del nacimiento de un niño en el ayuntamiento).  En nuestro código penal (artículo 300) solo expresa que el que mata a un niño recién nacido se hace reo de homicidio.

En la actualidad, el infanticidio es pues, en el plano jurídico, un homicidio; de ese hecho, la madre (o el padre, aunque esto sea mucho más raro) que comete un infanticidio corre el riesgo de ser condenado a 30 años de reclusión.

¿Cómo explicar desde el punto de vista criminológico que una persona mata a su hijo? En el plano psicológico, los autores de infanticidio no son intelectualmente deficientes. Pero hay que observar que en más de 80% de los casos, el niño no es deseado por la madre.

En el plano psiquiátrico, perturbaciones psíquicas pueden aparecer en la mujer que acaba de dar a luz (psicopatología del post-partum). La psicosis puerperal forma parte de la psicopatología del post-partum.

Si estos trastornos psíquicos pueden explicar el asesinato de su recién nacido, no pueden explicar el asesinato de su hijo cuando sea mayor. Otros errores psiquiátricos pueden estar en el origen de un infanticidio o, para ser más precisos, de un libericida.

Un “suicidio altruista” puede también ser en el origen de un infanticidio. Poco importa que haya habido o no premeditación, el asesinato siendo tratado como el homicidio en materia de infanticidio. Pero la intención culpable es requerida y es otra calificación que habrá que retener si el niño es muerto por negligencia o falta de atenciones. 

El infanticidio es comprendido en un conjunto de incriminaciones, protectoras de todo ser humano o especialmente del niño, cuya coexistencia crea delicados problemas de calificación, al mismo tiempo que ella asegura o podría asegurar más flexibilidad a la represión. Las calificaciones criminales tenían una importancia particular cuando el infanticidio era un delito correccional.

La influencia del estado puerperal ha dado lugar a polémicas en lo que a su determinación temporal concierne y al criterio que debe adoptarse en cuanto a los trastornos que constituye su secuela.

Dos puntos de vista discrepan esencialmente al respecto: el psicológico, que considera el conjunto de trastornos o anomalías físicas y morales que general el embarazo y el parto, en cualquier mujer; y el psicológico, que sólo toma en cuenta los motivos que pueden impulsar a la madre a cometer el delito.

Aquel extiende la atenuante a la misma prostituta carente de honra que defender, porque es susceptible de padecer estos trastornos; éste lo restringe a las mujeres solteras, a las viudas o a las casadas autoras de una concepción ilegítima.

Aun aceptado el primer criterio, no elevará el trastorno a la condición de manía, delirio o locura, porque ello constituiría una causa de inimputabilidad  que eximiría al agente de pena, en vez de atenuarlo simplemente, como sucede en el caso del infanticidio.

Ambos criterios no pueden aplicarse simultáneamente, porque si se actúa bajo la influencia de graves complicaciones psicofísicas, no es admisible exigir un motivo consciente de ocultamiento de la deshonra, como es el que las leyes establecen expresamente.

Este móvil de ocultamiento de la propia deshonra, que transforma el parricidio, homicidio calificado por el vínculo, en infanticidio, supone la efectiva preexistencia de honra en la infanticida y excluye, de la excusa a la mujer que la tiene ya perdida por su deshonesta o impúdica, por el hecho de haber alumbrado antes en condiciones legales similares a las que dan origen a su determinación homicida constituye secreto.

El maestro Carrara señala como verdadero fundamento de la atenuación la conciencia penal moderna, que después de haber considerado el hecho durante mucho tiempo homicidio agravado ve hoy una menor peligrosidad socio-política en quien mata con este propósito sobre el místico que se resistía a admitir un pecado como excusa de un delito.

jpm-am

Crónicas de antaño recogen que entre el gobernador colonial Nicolás de Ovando y el comerciante y político Cristóbal de Tapia había, quién sabe por qué, malquerencias. Ovando incluso ordenó su prisión y le eliminó privilegios.

En el 1503 Ovando despojó a Tapia de un terreno donde tenía su casa y otras dependencias de alquiler, así como una variada producción agrícola y fomento de animales, además de otras cosas descritas en los folios del expediente abierto 6 años después.

En la tierra confiscada a Tapia por Ovando se construyó la llamada casa de contratación de Santo Domingo. Desde hace décadas funciona en ella el Museo de las Casas Reales.

Ovando tenía una fijación mental sobre su destino ante la Historia, lo cual se comprueba con el conjunto de sus edificaciones, así como la original malla vial de la refundida ciudad de Santo Domingo, entonces una pequeña ciudad condenada en sus orígenes a ser ¨policéntrica”, bien explicado ese detalle por el experto en historia del arte y arquitecto judío radicado en el país Erwin Walter Palm, en su obra Los monumentos de La Española.

 Pensaba que los edificios que patrocinó como gobernador colonial sepultarían el ala siniestra de su vida. Su incesante labor como constructor era para él algo casi fisiológico.

Cristóbal de Tapia nunca cesó en sus reclamos de resarcimiento por el daño económico que había sufrido.  

Hizo un viaje a España y expuso su situación ante el consejero real Antonio de Fonseca, con quien tenía un parentesco familiar.

Como consecuencia de dicha diligencia el rey Fernando II de Aragón, mediante Cédula del 30 de junio del 1508, ordenó una compensación en su favor, que al parecer no llenó las expectativas de Tapia.

Finalmente el referido despojo fue ventilado en la justicia. Eso es lo que se conoce en la jurisprudencia colonial como el Pleito Ovando-Tapia. Fray Vicente Rubio, quien fue un brillante sacerdote dominico y acucioso investigador, lo calificó de “pieza documental interesantísima…”

Dicho proceso judicial fue presidido por el juez Marcos Aguiar, quien “se lavó las manos del asunto”, puesto que después de oír a los defensores de ambas partes, así como a los testigos, se limitó a enviar al rey español los papeles generados en el juicio para que fuera él quien finalmente decidiera.

Ovando fue defendido en ese juicio por el bachiller toledano Lucas Vásquez de Ayllón y Tapia tuvo como representante legal al bachiller sevillano Martín Fernández de Enciso.

En un minucioso ensayo en el cual hizo una exégesis de ese litigio de categoría histórica (reproducido por Rodríguez Demorizi) Úrsula Schäfer Lamb, profesora estadounidense de origen alemán, especializada en temas históricos de América Latina, al examinar los 81 folios conservados del caso, y luego de indicar que ese pleito “parece ser, a primera vista, nada más que una interminable serie de intrigas menudas de papel…”, puntualizó con esta sesuda reflexión: “…las declaraciones de los testigos acerca de sus propios asuntos  dan vida a una historia del gobierno colonial que de otra forma  sería formal, y le añaden color colonial.”

Hay que reiterar que Ovando le tenía animadversión a Tapia, pues los testimonios de los testigos de cargo fueron coincidentes en afirmar repetidamente que Cristóbal de Tapia le había pedido a dicho gobernador que le dejara cosechar de su hacienda la yuca sembrada, cuyos tubérculos al parecer ya estaban duros, así como una plantación de aje con sus hojas amarillas. Batata fue el nombre que luego se popularizó para ese último alimento.

En el lugar Tapia también tenía varios bohíos que alquilaba para la venta de abastos a la población de Santo Domingo.

Es oportuno decir, para medir la pérdida sufrida por Tapia, que cerca de allí había un muelle de carga y trasbordo que se dinamizó a partir del 1503, convirtiéndose en realidad en lo que se ha considerado como el primer puerto operable de América, pues sirvió de conexión con la casa de contratación de Sevilla, creada ese año.

Según las notas del juicio de marras Tapia le suplicó a Ovando que sólo tomara la parte de su hacienda que fuera necesaria para el edificio que se proyectaba, pero que “nunca dicho Comendador lo quiso hacer así.”

Dijeron más los testigos de cargos. Afirmaron ante el juez que conoció el caso que la parte de la hacienda de Tapia que Ovando no usó en la obra se la entregó a título de donación a un sobrino suyo de nombre Diego López de Salcedo. Dos décadas después ese agraciado personaje fue Gobernador del país de Honduras. (El pleito Ovando-Tapia. Editora del Caribe, 1978.P173. Emilio Rodríguez Demorizi.)

En abono a lo anterior, el historiador Emilio Rodríguez Demorizi, al referirse a dicha causa, agregó que “van apareciendo, vivos y auténticos elementos para la reconstrucción, no sólo del ámbito urbano, sino de toda la Colonia…de las cosas materiales e institucionales existentes…de las intrigas, de las rivalidades y de las pugnas de intereses encontrados…servirá también para el conocimiento de los principios de las litis jurídicas en la América.” (Ibídem.Pp10 y 15.)

El susodicho gobernador colonial fue descrito por la historiadora Flérida de Nolasco así: “Ovando, hombre que apreciaba el orden y la disciplina, no tardará en edificar cuadras enteras de casas de piedra, en calles bien trazadas. No perdonaba desórdenes entre españoles, ni embriagueces ni disputas…” (Clamor de justicia en La Española.1502-1795.p31.Editora Amigo del Hogar, 2008.)

Pero la distinguida autora citada también dijo de Ovando lo siguiente: “De cristiano no parecía tener el Gobernador Ovando, Comendador Mayor de la Orden Militar de Alcántara, sino la cruz que llevaba al pecho…” (Ibídem.P33.)

Vale decir que Ovando, como muchos otros jefes coloniales, utilizó la cruz, símbolo de redención en el credo católico, como parte del batiburrillo de sus negocios y crueldades en esta tierra caribeña.

Luego de varios siglos de la presencia de Ovando en la isla La Española, con su crucifijo al pecho, simulando una supuesta religiosidad, el pensador inglés Paul Bede Johnson escribió (lo que es chocante con el accionar de dicho gobernador y de muchos otros personajes) que “el cristianismo funda sus afirmaciones en hechos históricos.” (Historia del cristianismo. Ediciones B. Edición 2004.)

jpm-am

Mucho se ha escrito y hablado sobre el pospuesto proyecto de ley referente a la Trata de Personas, Explotación y Tráfico Ilícito de Migrantes, sometido por el poder Ejecutivo al Congreso el pasado 12 de diciembre, y retirado el martes de esta semana con la intención de reformular algunos de los aspectos más controversiales del mismo para ser reintroducido en 45 días a partir de la fecha de retiro. 

En todo este accidentado proceso hay quienes han pretendido pescar en río revuelto anteponiendo sus intereses partidarios a los intereses de la nación, manejando de manera sensacionalista una situación que debe unir a todos los dominicanos, sin importar banderías políticas, para mantenernos firmes ante los reiterados intentos de los EE.UU. y algunas potencias de Europa para que la República Dominicana cargue sola con un problema cuya solución debe ser asumida por la comunidad internacional. 

La magnitud del problema haitiano y la amenaza que representa sobre nuestra soberanía, identidad, desarrollo y tranquilidad como pueblo, es un tema que debe provocar una cumbre política, al más alto nivel, para consensuar una salida honorable frente a los reiterados intentos y presiones internacionales para que carguemos unilateralmente con una situación en la que no tenemos ninguna responsabilidad social, política ni histórica. 

jpm-am

Actualmente en la República Dominicana existen 25 partidos y agrupaciones reconocidas por la Junta Central Electoral, más los que esperan serlos, que para un país con apenas 48 mil kilómetros cuadrados y una población aproximada de 11 millones de habitantes, es una cifra alarmante.

Es inconcebible, que un país con tanta pobreza, con tantos problemas económicos, con una deuda externa que absorbe el 60 % del PIB, con una gran deuda social acumulada desde tiempos inmemoriales y con un déficit fiscal muy elevado, dedique tantos recursos a financiar a tantas agrupaciones políticas parasitarias, que en la mayoría de los casos no le rinden ningún servicio al país.

La cúpula que las dirigen, salvo muy escasas excepciones, solo se preocupa por alcanzar el poder para obtener grandes fortunas, beneficios personales y distribuirse los recursos del estado, colocando los intereses particulares por encima de los del país, por lo que las mismas se encuentran sumidas en el desprestigio, desconfianza y descrédito.

Si  estas no se cuestionan, renuevan; colocan los intereses del país primero ni aplican un programa de gobierno de justicia social, que castigue los actos de corrupción administrativa, que proteja nuestra soberanía y al medio ambiente, el sistema de partidos tiende a sucumbir, pues tienen muy poca cosa que ofrecerle al país. Son más de lo mismo.

Desgraciadamente este desprestigio se debe a que se han apartado de los valores, de los principios éticos, morales y patrióticos enarbolados por los fundadores de nuestra nacionalidad y de los héroes de la Restauración, pues a la hora de gobernar no aplican un proyecto de nación, exhiben las mismas inconductas y falta de voluntad política, pues solo piensan en las próximas elecciones, no en las próximas generaciones, que es la esencia fundamental. Es lo que ha convertido a grandes partidos que en otrora fueron opción de poder, en agrupaciones muy débiles.

La República Dominicana tiene una de las democracias más costosas del hemisferio, pues los distintos partidos y agrupaciones políticas, además del financiamiento que reciben del Estado dominicano, reciben también recursos del sector privado, los cuales nunca se sabe. Este financiamiento público es lo que motiva la proliferación de estas; la mayoría no tiene estructuras políticas, objetivos definidos ni un proyecto de nación; actúan con un criterio puramente mercurial.

Algunas de ellas actúan como si fueran verdaderas franquicias comerciales, pues se ofrecen a la venta y se rentan al mejor postor; otras, de acuerdo a las posibilidades de triunfo que observen en uno de los partidos mayoritarios, se mueven de un lado para otro cada cuatro años.

Cuando se alcanza el poder, a estas hay que distribuirles varias instituciones públicas para que se las repartan entre sus partidarios y familiares, las cuales son manejadas como si fueran un feudo de su propiedad.

Los que nos iniciamos en las labores políticas hace más de 50 años enamorados de un puro ideal patriótico, tal como lo soñaron los Héroes de Constanza, Maimón y Estero Hondo; Juan Bosch, Peña Gómez, Manolo Tavárez Justo y otros tantos, salvo los que traicionaron esos principios, no fuimos al Estado a buscar fortunas, riquezas, renombres, privilegios y reconocimientos; fuimos a servir al Estado dominicano, no a servirnos de él. Ojalá puedan reflexionar.

jpm-am