Los lugareños no tienen opción: o pagan por un título de propiedad o se van 

¿Como llega un empresario a una comunidad pidiendo un permiso de uso de suelo por 25 años para desarrollar un proyecto fotovoltaico, y al mismo tiempo muestra un título de propiedad con el que se autoproclama “dueño” del pueblo en donde quiere realizar la inversión?  ¦Algo no cuadra¦, porque si es el dueño de los terrenos no necesita un permiso de uso de suelo por parte de la Sala Capitular.

Se podría determinar que la reacción inmediata y correcta del síndico y la Sala Capitular de entonces, en 2019, fue la de alertar a la comunidad dado que el ayuntamiento del municipio cabecera, de Las Yayas, fue quien dio la autorización, usurpado las funciones del de Villarpando, a pesar de que los terrenos en cuestión estaban fuera de la jurisdicción del primero.

El director de la Junta Municipal de Villarpando en lugar de buscar asesoría legal para afrontar un tema tan delicado, se sumó a la cadena de ilegalidad y no solo aceptó la usurpación del cabildo de Las Yayas, sino que  además sin consultar a la comunidad vendió al empresario un solar propiedad del pueblo que se había adjudicado como propio en su condición de máxima autoridad. En ese solar es donde se inicialmente se planteó desarrollar el proyecto fotovoltaico y posteriormente se decidió extenderlo tres veces el tamaño de lo proyectado originalmente.

Actualmente existe una gran preocupación por parte de los lugareños que temen ser desalojados de sus viviendas de toda la vida, al igual que de  sus tierras,  por parte de la empresa Natural Wold Energy Corporation (NWEC), propiedad del empresario Carlos Frías Lugo, quien recientemente le vendió la compañía, un 51% a  TOTALEREN S.A. y un 49% VISOLAR Holding.

El mega proyecto fotovoltaico se construiría entre los pueblo de Villarpando y la Canoa, y ocuparía en consecuencia el poco espacio del que disponen ambos comunidades para expandirse. Además de que en esa zona se encuentran estructuras tan importantes como el acueducto del Distrito.

A pesar de que la actual Sala Capitular ha revocado el permiso de uso de suelo,  el empresario Frías  sigue invadiendo los terrenos, respaldado por un contingente militar a su disposición, que reprime y amedranta a quienes se atreven acercarse por los alrededores.  La comunidad señala como responsable directa de la presencia militar a la Gobernación Provincial de Azua, la cual habría militarizado el pueblo en diversas ocasiones para evitar las protestas, muchos líderes comunitarios han sido apresados y golpeados por exigir sus derechos.

“Yo soy el único que puede darles un título de propiedad”, había afirmado Frías en  durante una reunión improvisada en el pueblo, done fue abucheado por los villarpanderos presentes.

Como llegó la propuesta a Villarpando?

Todo es posible si tiene de aliado la política, hasta cambiar 300 años de historia de la constitución de una comunidad como Villarpando,  mensurada con los lugareños adentro 43 años atrás

Se desconoce la relación de Villarpando una comunidad pobre y distante de la civilización,  con una connotada y privilegiada familia de Santiago de los Caballeros, los Castaño Espadillat, a nombre de quien aparece el primer certificado de titulo con fecha de 1986, el cual respalda un mensura de 1979.

La mensura fue vendida en 2019 al empresario Frías por parte de los Castaño Espadilla, razón además para investigar quién les otorgó esa propiedad, ö de quien las heredaron,  dado que villarpanderos con más de 80 años desconocen cualquier arraigo de esa familia en la demarcación azuana.

El Distrito Municipal está conformado por dos parajes y cuatro secciones, lugares sin ninguna relevancia  que las únicas veces que aparecen en los noticiarios es porque se trata de fatídicas notas policiales que solo sirven para rellenar espacios sobrantes en las paginas menos interesantes de los periódicos.

Tampoco está en el interés político, excepto en tiempos electorales.

Con Villarpando se tiene deudas sociales centenarias (educativa, de justicia y también de seguridad), que a nadie en el Estado le interesa saldar, pero que a juzgar por los últimos acontecimientos, lejos de aliviar la indiferencia, si intenta despojarle de su dignidad, quitándole el derecho sus tierras y sus viviendas heredada de muchas generaciones.

Los campesinos sobreviven gracias a sus labores agrícolas, literalmente trabajan con las uñas porque no cuentan con ningún tipo de protección social. Los medios de los que disponen para trabajar la tierra son tan rudimentarios todavía que muchas de ellos muere a temprana a edad no solo por los fatiga física que le exige la actividad, sino porque no pueden acceder a tiempo a servicios médicos básicos.

No es un secreto que en la provincia de Azua no existe ninguna  industria capaz de emplear a gran escala a una joven y abundante población que pierde sus mejores años atrapada en una dinámica injusta; el “motoconcho” es una de las mejores opciones, embarazos a temprana edad, consumo de alcohol y para complicar más la situación, llegaron las drogas a los pueblos, Villarpando incluido.

De la misma forma que ningún organismo gubernamental y mucho menos privado se han interesado in intervenir para ayudar a resolver algunas de las problemáticas de la comunidad, es inaceptable que se les agregue mayores dificultades no solo porque los campesinos no podrán pagar para obtener un títulos de propiedad, sino porque es injusto y hasta abusivo.