POSICIONES

Con el sometimiento al Congreso de una propuesta a los fines de modificar la Ley 41-08 de Función Pública, el Gobierno procura reinsertar una serie de elementos que ya habían sido superados por la actual normativa, y que, sin lugar a dudas, constituyeron una retranca durante muchos años para el avance de la profesionalización y el régimen de méritos en la Administración Pública dominicana.

Además de atentar contra la institucionalidad y el fortalecimiento de la profesionalización en la Administración Pública, esa iniciativa nos retrotrae a treinta (30) años atrás cuando se permitía incorporar a la Carrera Administrativa a los servidores públicos sin llevar a cabo los concursos de oposición, tal como lo dispone la Ley actual que se pretende modificar.

            El denominado “concurso especial sin oposición” al que se hace referencia en la propuesta del Gobierno (artículo 115), es una modalidad creada por las presentes autoridades del Ministerio de Administración Pública (MAP), que no existe en ninguna parte del mundo, con el propósito de incorporar a la Carrera, mediante una “evaluación”, a todos los militantes del Partido de gobierno que ingresaron a partir del 16 de agosto de 2020, echando al precipicio todos los avances que hasta ahora se habían logrado en pro del fortalecimiento de la Carrera Administrativa en nuestro país.

En definitiva, ese artículo 115 de dicha propuesta de Ley, asumiendo cierto nivel de sensatez y prudencia, debería eliminarse en todas sus partes, ya que violenta todos los principios de mérito y profesionalización, así como los preceptos definidos desde el Centro Latinoamericano para el Desarrollo (CLAD) en su Carta Iberoamericana de la Función Pública, organismo del que nuestro país es signatario.

 Resulta lamentable que se pretenda retrotraer el sistema de carrera administrativa a una modalidad de incorporación mediante “evaluación”, que fue tan cuestionada por los organismos internacionales y entidades de financiamiento, que sólo reconocen el concurso de oposición como única vía para ingresar a la Carrera.

             De igual manera, se pretende establecer en dicha propuesta de Ley como personal de “confianza” a los “directores o encargados administrativos y financieros, directores o encargados jurídicos, directores o encargados de recursos humanos, directores o encargados de tecnologías de la información, directores o encargados de comunicación y directores o encargado de relaciones internacionales”.

 Todos esos cargos forman parte del grupo V en el escalafón de cargos en la administración pública, ejerciendo labores con un alto nivel de complejidad, responsabilidad e integridad, por lo que más que ningún otro cargo deben éstos estar ocupados por personas que gocen de un alto nivel de capacidad, honestidad e idoneidad, por lo que deben someterse siempre a concurso de oposición y demostrar sus méritos.

 Si de alguien deben ser esos cargos de confianza lo habrán de ser siempre de la sociedad más que de los titulares, pues esas instituciones no son propiedad de ellos, su ejercicio es transitorio, y por lo tanto no deben gozar de tales favores, provocando ello serias interrupciones a la memoria institucional cada vez que haya algún cambio del titular de la institución.

 Esos cargos bien podrían ser de confianza, pero en empresas o negocios privados que sean de la exclusiva propiedad del titular.

 Por otra parte, bajo el pretexto de “supresión de cargo” establecido en el artículo 86 de la referida propuesta, se pretende retomar el viejo artículo 28 de la derogada Ley 14-91, mediante el cual se les da potestad a las autoridades de desvincular a los empleados de carrera pagándole “una compensación equivalente al sueldo de un (I) mes por cada año de trabajo o fracción superior a seis (6) meses, sin que el monto de la compensación pueda exceder los salaries de dieciocho (18) meses de labores”.

    Esa bochornosa práctica se ha venido ejerciendo con mucha frecuencia en algunas instituciones públicas en perjuicio, sobre todo, de empleados de carrera que son identificados como contrarios al partido de gobierno, lo cual se traduce en una lamentable retaliación.

 Todas estas pretensiones del Gobierno dejan claramente evidenciado que de lo que se trata, es de hacerse un traje a la medida de los funcionarios y empleados perremeistas que ingresaron en agosto 2020, tal como fue expresado por un alto funcionario ante un grupo de dirigentes de ese partido, provocando con ello el colapso del régimen de carrera administrativa en la República Dominicana.

 Hacemos un llamado de alerta a la población dominicana, y de manera especial a los legisladores de ambas Cámaras, ante las pretensiones del Gobierno de someter una propuesta de modificación a la Ley No.41-08 de Función Pública que vulnera los más elementales principios que rigen la meritocracia, y constituiría, sin dudas, una estocada mortal al régimen de carrera administrativa en República Dominicana.

jpm-am

Mano dura contra la delincuencia, para que el país tan atosigado pueda respirar, sobre todo en estos días de fiestas navideñas, de regocijo familiar. Una limpieza para salir de la escoria que contamina la sociedad ¿Cierto?

Ya que los delincuentes parecen gozar de la impunidad que les brinda la justicia, que la Policía con gatillo ligero y actitud feroz, barra tanta basura que impide a la gente seria el sosiego merecido. Que caigan, claro,  los de barrios carenciados, como siempre. Los otros nunca.

Así vamos, entre argumentos manidos, en tránsito a una esperanza de que las cosas cambien de un modo errático, de tumbo en tumbo, como ebrios de la desesperación asidos a una peligrosa baranda que si no soltamos, nos llevará al fondo.

De nuevo entusiastas aplaudimos los intercambios de disparos, tan dudosos como las afirmaciones de que regresarán la tranquilidad y algunos esgrimen que podría caer gente inocente, como si «el cuerpo del orden” tuviera potestad para matar culpables.

Ahora las muertes son grupales, como para acabar más rápido con una situación que hace rato escapó de las manos de las autoridades y como para dar respuesta a una población tan apabullada por el temor, que asume que esa es la salida a tanta perturbación.

Pero ocurre que no, que no es más que un mecanismo para llevar luto y alteración y que si el sistema judicial tiene falencias, la Policía, que asume rol de justiciera, no aguanta un análisis.

Sucede que por cada caído en esos cuestionables enfrentamientos, culpable o no, poco importa, la desigualdad  pare tantos y tantos más y esa inequidad engorda el monstruo de la violencia, de la  criminalidad, hasta volverlo inmanejable.

¡Cuidado! nos devorará a todos si los que están a cargo de gobernarnos no logran las transformaciones reales para combatir este trance. Sí, ellos saben qué hace falta.

of-am

Otro video acaba de lograr “viralidad”. Dos hombres vestidos de uniforme, transportándose en una moto, persiguen y golpean, hasta lograr que pierdan el equilibrio, a otros dos que viajan en moto también.

La difusión del video ha servido para reiterar esa paradoja que caracteriza a la denominada era de la información, “que ha concedido nueva respetabilidad a la opinión desinformada”.

Pululan las opiniones. Hay quienes aprovechan para “despotricar” una y otra actuación. Sencillamente “acaban” con perseguidores y perseguidos. Hay quienes dan la impresión de contar con alguna “fórmula salomónica” para solucionar el problema. Y como es entendible, la inmensa mayoría se queda en la “espectacularidad” del asunto.

¿Por qué no aprovechar para ir más allá, avanzando hacia las reales raíces del asunto? Una primera excusa podría estar relacionada con el hecho de que “estamos en Navidad y la gente está en otra cosa”.

Intentando conectar con ese casi seguro sentimiento mayoritario, lo más atinado sería asumirlo como tarea para enero. Por supuesto, no como los tristemente famosos “propósitos de Año Nuevo”. Se trata de que lo asumamos como tarea para hacer, entregar y evaluar.

Como ayuda para hacer bien la tarea y lograr éxito con ella, resulta sumamente útil recordar que la policía tiene como función principal, con apego a la ley, ayudar a mantener el orden. Entre otras funciones, la Policía Nacional está llamada a mantener la paz, el orden público y social y la seguridad pública.

De manera expresa, todas las funciones del Cuerpo del Orden en la República Dominicana tienen como un punto de partida que ha de marcar el norte de toda función policial: preservar la vida, así como la integridad física y moral de las personas.

Una valiosa ayuda para la tarea consiste en remitirnos a aquellos orígenes que nos acercan al nacimiento de la República Dominicana. Vale recordar que, por mandato de nuestra primera Constitución, en su artículo 188, fue creada la Policía Urbana y Rural. Ha de recordarse que se trataba de un país rural, en donde se consideraba como zonas urbanas a pequeños caseríos.

Quizás se vuelva grande la tarea si nos empeñamos en revisar cada etapa por la que ha pasado la Institución del Orden en la República Dominicana. La decisión de si hacerlo o no podría estar fundamentada en la importancia que tiene proteger el libre ejercicio de los derechos de las personas y la convivencia pacífica.

Para eso vale preguntar. ¿A alguien le conviene el desorden? ¿A quién? ¿A quiénes? ¿Vale poner colores partidarios a los esfuerzos para lograr una mejor Policía Nacional? ¿O conviene que nos centremos en la real seguridad para toda la ciudadanía? ¿Es un tema urgente o esto debe dejarse para algún día?

El más reciente esfuerzo gubernamental relacionado con el tema está signado por el decreto 211-21. En el mismo se recuerda que la Policía Nacional tiene el encargo de “salvaguardar la seguridad ciudadana; prevenir y controlar los delitos; perseguir e investigar las infracciones penales, bajo la dirección legal de la autoridad competente; y, mantener el orden público para proteger el libre ejercicio de los derechos de las personas y la convivencia pacífica de conformidad con la Constitución y las leyes”.

Desde aquella primera Policía Urbana y Rural hasta la que soñamos tener, pasando por cada etapa de nuestra historia y quizás haciendo “paradas” en la dictadura y en la “dictablanda”, han de ser capítulos para dar una lectura profunda a lo que hemos tenido.

Una valiosa advertencia para obtener el mejor provecho del estudio consiste en ir más allá de la visión sesgada que implicaría observar solamente la actuación policial. Recordemos que se trata de agentes nuestros que se relacionan con ciudadanos nuestros. Entre los nuestros, a cada acción ha correspondido por lo menos una reacción. Se trata de policías y de una sociedad de la que forman parte.

Por más sombras que descubramos, en ambas partes, algunas luces deberemos encontrar. Como la posible excusa es que esas luces no deben ser confundidas con las de la Navidad, yendo mucho más allá de simple aspiración, enero parece propicio para entregar una tarea: la conformación de una Policía Nacional eficiente, profesional y confiable, cuyas actuaciones estén sometidas a la Constitución y las leyes, y con el debido respeto por los derechos humanos.

nestorestevez@gmail.com 

jpm-am