La eliminación del Ministerio de Planificación por parte del gobierno no es una decisión aislada ni un simple reordenamiento institucional como se pretende hacer creer. Es, en realidad, la expresión más clara de un modelo de gestión donde la improvisación ha sustituido a la planificación como eje de acción del Estado.

Cuando un gobierno decide prescindir de la estructura encargada de pensar el desarrollo a largo plazo, el mensaje es inequívoco: el futuro deja de ser prioridad. En su lugar, se impone la lógica de la inmediatez, de la respuesta coyuntural, de la acción sin dirección estratégica. No se gobierna con un plan, se gobierna reaccionando.

Planificar no es un lujo tecnocrático ni un capricho burocrático. Es la base que permite identificar necesidades, ordenar prioridades, optimizar recursos y garantizar coherencia en las políticas públicas. Es lo que evita que el Estado avance a ciegas, tomando decisiones desconectadas entre sí. Sin planificación, cada medida se convierte en un parche, y cada problema reaparece con mayor fuerza.

Pero el mayor daño no está solo en la desaparición de una institución, sino en el efecto que esa decisión genera en toda la estructura estatal. Cuando desde la cabeza del gobierno se menosprecia la planificación, ese mensaje se replica en cascada. Las instituciones dejan de planificar, operan sin metas claras, sin indicadores, sin seguimiento. La improvisación se convierte en práctica cotidiana.

Y cuando la improvisación se normaliza, el deterioro también. Los servicios públicos comienzan a fallar no solo por falta de recursos, sino por falta de dirección. Proyectos que se anuncian sin sustento técnico, políticas que cambian constantemente, respuestas tardías a problemas previsibles y decisiones tomadas sobre la marcha son parte de una misma realidad: la ausencia de planificación.

No es casual, entonces, que la ciudadanía perciba un gobierno desarticulado, lento e ineficiente. Cuando no existe una visión integral ni una hoja de ruta clara, cada institución termina funcionando por separado, respondiendo a coyunturas y apagando fuegos, en lugar de ejecutar políticas sostenidas y coordinadas.

Esta realidad contrasta con experiencias recientes en las que el gobierno dominicano apostó por herramientas de planificación y seguimiento más rigurosas. Durante las gestiones de Danilo Medina, por ejemplo, el Sistema de Monitoreo y Medición de la Gestión Pública (SIGOB) permitió dar seguimiento al cumplimiento de metas presidenciales, evaluar resultados y corregir desviaciones en tiempo real.

Más allá de cualquier valoración política, SIGOB fue una herramienta que introdujo disciplina, control, supervisión y enfoque en la administración pública, de ahí los buenos resultados que se pueden mostrar de esa gestión de gobierno.

Hoy, en cambio, esa lógica parece haber sido abandonada. Sin mecanismos efectivos de planificación y seguimiento, el Estado pierde capacidad para anticiparse a los problemas, medir resultados y corregir errores. Se gobierna más por impulso que por estrategia.

A esto se suma una preocupante tendencia al protagonismo y al manejo mediático de la gestión pública. En ausencia de planificación, el énfasis se desplaza hacia el impacto inmediato, hacia la medida efectista y hacia el titular momentáneo, aunque muchas veces las decisiones carezcan de sostenibilidad y coherencia a largo plazo. Se gobierna para el momento, para los medios, para las redes, no para el país.

Un gobierno que improvisa pierde credibilidad, desperdicia recursos y posterga soluciones. Porque los grandes problemas nacionales —la alimentación, la energía eléctrica, la seguridad, el transporte, la salud, la educación y la calidad de los servicios públicos— no se resuelven con ocurrencias ni con decisiones aisladas y coyunturales, sino con políticas articuladas, formuladas, evaluadas y sostenidas en el tiempo.

La planificación no es opcional: es indispensable. Y renunciar a ella es, en el fondo, renunciar a gobernar con responsabilidad y visión de futuro.

Hoy, más que nunca, el país necesita dirección, coherencia y propósito. Porque cuando la improvisación se convierte en política de Estado, el desarrollo deja de ser un objetivo nacional y pasa a depender del azar. Y ningún país puede construir un futuro sólido sobre la base de la improvisación permanente.

Por Yanet Girón

Desde hace años, la realidad del periodismo dominicano ha estado marcada por una constante: la debilidad institucional de su gremio. No es un tema nuevo ni coyuntural, sino una deuda histórica que se arrastra en silencio. El Colegio Dominicano de Periodistas nació para dignificar la profesión y proteger a sus miembros. Sin embargo, muchos no se sienten representados ni respaldados. La distancia entre la institución y sus afiliados se ha vuelto evidente.

La Ley 10-91, el marco legal que rige el gremio. establece con claridad, dentro de sus disposiciones, mecanismos destinados al fortalecimiento institucional del sector periodístico. Asimismo, el artículo 21 dispone que los medios escritos y electrónicos deben aportar mensualmente un 0.5 % de los ingresos obtenidos por publicidad pagada. Sin embargo, gran parte de estas disposiciones no se cumplen a cabalidad y, en muchos casos, ni siquiera se ejecutan de manera efectiva.

Una de las interrogantes más sensibles es por qué estas disposiciones continúan enfrentando limitaciones en su aplicación. Tanto instituciones como medios de comunicación se benefician diariamente del trabajo periodístico, de su capacidad de difusión y de la construcción de imagen pública. Sin embargo, ese vínculo no siempre se traduce en un fortalecimiento real del gremio. Existe una relación necesaria, pero todavía distante en términos de respaldo institucional.

A lo largo del tiempo, los periodistas han mantenido su compromiso, incluso cumpliendo con sus cuotas. Sin embargo, ese esfuerzo no se traduce en beneficios concretos. La institución no ha logrado consolidar un sistema de apoyo sólido. Esto debilita el sentido de pertenencia dentro del gremio. Un profesional sin respaldo pierde confianza en su organización.

La precariedad laboral sigue siendo una realidad constante en el ejercicio periodístico. Bajos salarios, limitada protección social y escasas garantías marcan el día a día. Ante este escenario, se espera un Colegio firme y activo. Su rol debe ser de defensa, acompañamiento y representación. No obstante, su incidencia ha sido limitada. Defender al periodista es también defender el derecho a la información.

No se trata de señalar responsables individuales, sino de reconocer un problema estructural. Esta situación ha trascendido distintas gestiones sin cambios significativos. Sustituir directivas no resuelve el fondo si no hay transformación institucional. Se necesita una visión estratégica y sostenida en el tiempo. La continuidad en las acciones es clave para el fortalecimiento.

El momento de mejorar no puede seguir postergándose. El Colegio Dominicano de Periodistas debe asumir una transformación visible y coherente. Es necesario garantizar beneficios claros, respaldo efectivo y gestión transparente. Los periodistas merecen una institución que los represente con dignidad. Sentirse orgulloso de pertenecer al gremio no debe ser una excepción.

jpm-am