“Cuando el deber rompe las Leyes es porque hay cómplices de por medio”.
Por encima de la solidaridad, lo ideal es que impere la defensoría a nivel macro de un país que podría declararse en estado de emergencia, visto que se está atentando contra su estabilidad política, económica, social, cultural, religiosa y de género.
Mientras la nación se tambalea bajo las amenazas inmisericordes de nacionales haitianos con prontuarios de asesinatos, tanto de dominicanos como de su propia cultura generacional, los representantes de los partidos políticos, quienes utilizan el sistema para beneficio propio, bajo un comportamiento irresponsable, no han sido capaces de fijar posiciones de apoyo al gobierno, ante las graves amenazas de Haití.
Haití es un país difícil de recomponerse bajo regímenes sociales, democráticos y unitarios, esto data desde su independencia, el 1ro. de enero de 1804, cuando Jean Jacques Dessalines, líder bajo la constitución dictatorial de 1805, declaró a este país república libre en nombre del pueblo haitiano, dándole seguimiento a la masacre contra ciudadanos de piel un poquito más claras que la de los haitianos.
Si nos remontamos a la historia es preciso colegir que el susodicho emperador haitiano, Jean Jacques Dessalines (1804-1806), estaba considerado como un esclavo en la colonia francesa de Santo Domingo y adoptó el nombre de su amo, de quien huyó en 1789; sin embargo, dos años más tarde, al estallar la revolución negra, encabezada por Toussaint Louverture, se empoderó, lo sustituyó y organizó bandas de esclavos, a los fines de rechazar todo intento de una invasión británica hasta que dejó formado un estado ennegrecido.
Esta aureola de malos dominicanos no solo descansa bajo la sombra de políticos oportunistas, cómplices y bandidos, sino también en el recurso de un conglomerado empresarial que no le importa la estabilidad del país, mucho menos la defensa de la patria. Mientras muchos de esos malos y corruptos empresarios hacen creer con discursos rancios que están en contra de las bandas haitianas, pues por debajo, también inyectan recursos para que el trasiego siga su curso en forma desmedida
MÁS POR MENOS
Ante las relaciones sin remedios entre República Dominicana y Haití, el gobierno está apostando al “Más por Menos”, bajo un discurso de barricada que solo permea en los medios de comunicación y las redes sociales, sin aportar ningún tipo de solución inmediata al conflicto perenne del canal sobre el río Masacre, mientras los vándalos y empresarios haitianos continúan los trabajos hasta cumplir sus propósitos que empezaron en el 2013 y bajo presiones y amenazas pretenden concluirlo a principio del 2024.
No hay respuestas contundentes, responsables, drásticas y coherentes por parte del presidente Luis Abinader, ante un caso tan delicado como el que está viviendo la República Dominicana. Todo gira en un discurso sin negociaciones y el aparataje de miles de miembros del Ejército Nacional (EN), armados hasta los dientes para amedrentar a los vándalos, carros bombas, helicópteros, aviones y otros artefactos y utensilios que no han contribuido a dejar sin efecto las amenazas de Haití.
Las negociaciones estériles con Haití ya se agotaron, llegó el momento de que el gobierno y las fuerzas militares “tomen la sartén por el mango y el mango también”, con respuestas que lastimen burdamente los intereses de este país, principalmente a las bandas y sus lides empresariales que están detrás de la construcción del canal en el Masacre, juntamente a empresarios que han hecho fortuna a costa de acciones muchas veces fraudulentas y provenientes de sectores oscuros.
LO QUE DICE LA LEY
Las deportaciones de personas carentes de los documentos requeridos para entrar al país están sustentadas en la Ley migratoria, la cual otorga el permiso correspondiente para hacer vida turística, pública o permanente en el país y solo hay que aplicarla con su debido cuidado y sin lesionar físicamente a ningún ciudadano, no importa del país de donde emigra.
El artículo 15 de la Ley General 285-04, de Migración, y su Reglamento de Aplicación, permiten impedir el ingreso al territorio nacional de aquellos extranjeros que tengan antecedentes penales o que, a juicio de las autoridades competentes, constituyan algún tipo de amenaza contra la seguridad nacional y los intereses de la República.
El gobierno, a través de la Dirección General de Migración, tiene el deber y; así lo obliga la Constitución, de iniciar una cacería contra los inmigrantes, sin importar si son delincuentes o no delincuentes, sin importar si son haitianos o no lo son, sin importar el tiempo que tengan residiendo en el país. Principalmente los haitianos ilegales deben ser deportados masivamente hacia su país. Eso debe hacerse ahora.
LA PATRIA PELIGRA
República Dominicana está bajo los efectos mediáticos del peligro, ocupada por más de un millón de haitianos y haitianas enardecidos que invaden el país y la frontera, prestos para tomar acciones sangrientas contra los dominicanos. Eso el presidente lo sabe y no toma las medidas y respuestas contra los invasores y violadores de las Leyes.
De continuar el conflicto por el canal del río Masacre, se podría afirmar, que nuestra adorada Quisqueya usufructúa el peligro de una “Guerra Civil” que dejará sin efecto la celebración de las acostumbradas fiestas navideñas, las cuales constituyen hermandad, solidaridad y reencuentros entre las familias.
En los gobiernos dictatoriales de Rafael Leónidas Trujillo Molina (1930-1961) y Joaquín Balaguer (1960-1996), los guardias eran castigados enviándolos a custodiar la frontera entre Haití y República Dominicana, en sentido contrario, tras los gobiernos de los Partidos Revolucionario Dominicano (PRD), de la Liberación Dominicana (PLD) y Revolucionario Moderno (PRM), miembros del Ejército cabildean con sus superiores de alto rango para que los envíen a esos linderos fronterizos, a fin de sacarle provecho al trasiego ilegal de inmigrantes.
Del presupuesto nacional, el gobierno dispone de un 30% para asistir a las parturientas que pagan RD$30,000.00 a los guardias y otros traficantes de haitianos desde la frontera para que se les permita tirar sus muchachos en los centros asistenciales, luego ilegalmente, se los cargan al gobierno para que se los mantenga. ¿Por qué se obvia el castigo a los guardias que incurren en esas violaciones?
“La suerte está echada”… Lo que conviene viene, y si no llega, es porque al gobierno le da la gana.
mbaezjj@gmail.com
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