En la mañana del jueves 10 de febrero de 1966, el presidente provisional doctor Héctor Rafael García-Godoy designó al coronel José de Jesús Morillo López al frente de la jefatura de la Policía Nacional, para poner coto a la anarquía que padecía la sociedad dominicana por la violación del acuerdo de paz que terminó la guerra civil y formó su gobierno con el compromiso de hacer elecciones libres y conducir el país de regreso al sistema de la democracia representativa.

En una ceremonia realizada en la explanada frontal del Palacio de la Policía, el alto oficial fue juramentado por el vicepresidente de la República y también ministro de Interior, licenciado Manuel Joaquín Castillo, quien colocó en el cuello de su camisa la insignia con el grado de general de brigada y lo presentó como nuevo jefe de la institución ante la plana mayor y otros agentes policiales.  

Morillo López pronunció enseguida un enérgico discurso, asegurando que su tarea principal sería crear un clima de paz,  garantizar la celebración de elecciones el miércoles 1 de junio de 1966 y tomar enérgicas medidas de control y desarme para derrotar el terrorismo, vencer la anarquía, sin importar su origen, porque no permitiría el debilitamiento del esfuerzo electoral del gobierno por restaurar la democracia.

Una parte de su discurso originó justificada alarma y mucho escalofrío en los sectores de opinión, y fue al decir categóricamente que el “lugar de los terroristas era el cementerio”, una condena distante de la legislación dominicana. Aunque esa frase desafortunada era el fruto de la dura situación que vivía el país y de su llegada a la jefatura policial sumamente presionado por los desórdenes callejeros, el terrorismo ascendente y la denuncia de atentados contra la integridad física del nuncio apostólico Enmanuel Clarizio, el arzobispo coadjutor de Santo Domingo, monseñor Hugo Eduardo Polanco Brito y otros personajes del clero.

Además, Morillo López tenía que saber que era inevitable afrontar la hostilidad de un sector oficial que boicoteaba a cada instante el plan de reconciliación nacional que planteaba el Gobierno, por su oposición radical a la reincorporación en los cuarteles de los soldados que durante la guerra civil lucharon bajo las órdenes del coronel Francisco Caamaño.

El referido boicot se había evidenciado con la Batalla del Matum, provocada el 19 de diciembre de 1965 en la ciudad de Santiago por militares de la Fuerza Aérea que fueron instruidos para atacar por sorpresa a los soldados rebeldes al término de los actos religiosos que se hicieron para honrar la memoria del coronel Rafael Tomás Fernández Domínguez, en el séptimo mes de su caída en combate.

Igualmente, en el salvaje atropello cometido el 9 de febrero de 1966 por policías y militares que dispararon contra una congregación pacífica de estudiantes de la escuela secundaria y de la UASD, que exigían al Gobierno el reconocimiento de las autoridades de ese alto centro de estudios y el fin de la estancia en los planteles escolares de las tropas invasoras que estaban allí desde el inicio de la guerra civil.

Este evento tuvo un saldo de cuatro muertos y cuarenta heridos y estremeció la conciencia pública, provocando una huelga general que apuntaba a culminar en otro baño de sangre de no ser por la acertada decisión de García-Godoy de relevar de su cargo al controversial ministro de las Fuerzas Armadas, contralmirante Francisco Javier Rivera Caminero y enviar al extranjero -en puestos diplomáticos- a otros oficiales.

Morillo López deploró esta tragedia y aseguró que con el apoyo de la ciudadanía se proponía afirmar el rol policial de guardián de la paz pública y protector de los derechos ciudadanos para que hechos de esa naturaleza no se repitieran.

Valer señalar que la denominada “Masacre del 9 de Febrero” se llevó de encuentro al jefe de la uniformada, general Herman Despradel Brache, quien ocupaba el cargo desde el 19 de enero de 1965 cuando reemplazó al general Belisario Peguero Guerrero, para servir al gobierno del Triunvirato y luego a las tropas del general Elías Wessin durante la guerra civil.

Primer reto de la jefatura de Morillo

 La primera prueba de fuego  del nuevo  jefe policial fue el arbitrario apresamiento del reconocido jurista y presidente del Partido Revolucionario Social Cristiano (PRSC), doctor Antonio Rosario, cuya figura política había gravitado en la opinión pública desde que viajó a Puerto Rico en enero de 1965 a respaldar al profesor Juan Bosch, firmando junto a dirigentes de sus respectivos partidos el famoso Pacto de Río Piedras para luchar unidos por el retorno al ordenamiento constitucional averiado por el golpe de Estado del 25 de septiembre de 1963.

El arresto de un mocano ilustre, de limpia trayectoria democrática y de indiscutibles aportes intelectuales -emparentado con la familia De la Maza-, conmovió a la sociedad que no se explicaba por qué se había hecho uso de la fuerza policial para maltratar a un antiguo ministro de Trabajo y consagrado educador.

Esta acción represiva se ejecutó el domingo 13 de febrero en la intersección de la calle San Juan Bosco y la avenida 30 de Marzo de la ciudad capital, frente a la “Barra Payán” (famoso negocio de sándwich), y tuvo como responsable a un sargento de la Policía llamado Rafael Estévez Espejo, comandante de una unidad móvil de Radio Patrulla, quien actuó instigado por dos militares de la Fuerza Aérea que intervinieron en la violenta detención de la caravana socialcristiana que encabezaba el doctor Rosario.

Los dirigentes del partido del machete verde -bajo amenaza- fueron obligados a apearse de sus respectivos vehículos con las manos levantadas y se les colocó contra la pared del referido establecimiento comercial, donde se les humilló en exceso al ser sometidos a un espectacular registro en busca de armas de fuego, como si fueran delincuentes peligrosos.

Decenas de personas que transitaban por esa populosa vía miraron asombradas el penoso drama en que se vio envuelto -sin proponérselo- un honorable educador como don Antonio Rosario. Fue una escena deprimente que contradijo, sin duda, la voluntad de pacificación del gobierno y las garantías ofrecidas tres días antes por el recién nombrado jefe de la Policía sobre el estricto respeto a los derechos ciudadanos.

Este desagradable incidente generó muchas críticas, aunque también la forzada disculpa de la autoridad policial y la formación de una comisión investigadora presidida por el mayor abogado, doctor Bolívar Soto Montás, de la consultoría jurídica de la Policía y el capitán Rafael E. Bautista De Oleo, del Ejército Nacional, quienes lograron tranquilizar a la ciudadanía al recomendar prisión para los agentes envueltos en el hecho.

Morillo López manifestó en conferencia de prensa que no se iba a entorpecer la labor que venían realizando los dirigentes políticos en campaña electoral y que la Policía velaría por la seguridad ciudadana, protegería la vida, la integridad y la libertad de las personas para contribuir “a que las elecciones venideras reflejen la verdadera expresión de la voluntad popular”.

Igualmente informó que había enviado telegramas a los comandantes de los departamentos policiales en todo el territorio nacional, que contenían la circular No. 6 de fecha 2 de marzo de 1966, donde se ordenaba poner fin a los registros a dirigentes políticos para evitar la repetición del drama padecido por el doctor Antonio Rosario y sus compañeros socialcristianos. Esta posición iba a tono con las sugerencias del presidente García-Godoy, de ofrecer garantías a los partidos políticos de tolerancia policial durante el desarrollo de sus actividades proselitistas.

 Contra la corrupción policial

 El 7 de abril de 1966 el general Morillo López inició una campaña de transparencia y pulcritud en los organismos de la Policía Nacional, con el objetivo de mejorar su imagen, la cual culminó con una auditoría, publicada el 17 de julio de 1966, que detectó serias irregularidades en el manejo de los fondos de la Intendencia General.

Este informe provocó la remoción total de los mandos superiores y la puesta en retiro con disfrute de pensión de los tres coroneles que ocupaban los cargos de subjefes; además fue causa de la destitución de un teniente coronel acusado de malversar los fondos del referido departamento.

El oficial imputado fue sometido a un Consejo de Guerra, un procedimiento militar judicial que fue conducido por los doctores Virgilio Payano Rojas, juez y César Augusto Cornielle Carrasco, fiscal, quienes lo encontraron culpable de “crímenes de robo siendo asalariado» y de haber utilizado personal policial bajo su mando en trabajos particulares. Además recomendaron que fuese separado de las filas de la institución de manera deshonrosa, aunque unos años más tarde fue reivindicado y subido de rango, y pudo ascender a las más altas posiciones ejecutivas.

Con ese caso Morillo López demostró su interés en imprimir un manejo ético a la gestión policial, en consonancia con la formación adquirida en el Ejército, en rectitud y orden, desde que se enganchó como un simple soldado en el año 1947 para servir en calidad de mecanógrafo y taquígrafo (secretario) bajo las órdenes del teniente general Fausto Caamaño Medina, ministro de Guerra y Marina, hasta el año 1953 cuando se retiró a la vida civil teniendo el grado de sargento.

Morillo López ingresó a la Policía como segundo teniente el 1ro. de agosto de 1961 y consiguió notoriedad pública al ser designado ayudante del jefe de esa entidad, general Belisario Peguero Guerrero, desde que comenzó su gestión administrativa el 16 de marzo de 1962.

Participó en la redacción de todos los proyectos destinados al fortalecimiento institucional, incluido el de las cantinas policiales, planteado en 1963 durante el gobierno del profesor Juan Bosch con criterio cooperativista, para mejorar las condiciones de existencia de los agentes con menores ingresos. De tal modo que llegó a figurar como vocal en el consejo administrativo de la empresa «Cantina Policía Nacional, C. por A., presidida por el general Peguero Guerrero, aunque no estaba de acuerdo con su carácter lucrativo en beneficio de altos oficiales.

Esa contradicción  quebró el afecto que le tenía el general Peguero Guerrero y fue la causa de que se aliara con el coronel Francisco Caamaño, comandante de Radio Patrulla, para hacer llegar a las altas instancias del poder político la denuncia de corrupción en el citado negocio, pidiendo la sanción y destitución del general Peguero Guerrero.

Esa actitud crítica provocó una crisis interna que se detuvo cuando el presidente del Triunvirato, Donald Reid Cabral, removió de su cargo al general Peguero Guerrero, designándolo viceministro de Interior y Policía en enero de 1965, aunque previamente había transferido a Caamaño a la Fuerza Aérea, en donde se encontraba cuando estalló la insurrección militar del 24 de abril; y envió a Morillo López a San Isidro, como inspector general del Centro de Enseñanza de las Fuerzas Armadas.

Más tarde, en plena guerra civil, el general Antonio Imbert -presidente del Gobierno de Reconstrucción Nacional- lo designó como comandante de la dotación militar del Aeropuerto Internacional de Cabo Caucedo, puesto que ocupaba cuando le llegó la designación de jefe de la Policía, dispuesta por el presidente García-Godoy.

Por último se debe reconocer el empeño de Morillo López en imponer como jefe de la Policía una buena organización y tecnificación en ese cuerpo de orden público, al crear el 17 de mayo de 1966 una escuela de entrenamiento para militares y oficiales, dirigida por el capitán abogado Abraham López Peña, quien era además su eficiente relacionista público.

Bajo la jefatura de este buen oficial se ofreció protección a todos los ciudadanos, sin distinción de ideología política y se demostró respeto al ciudadano. Por eso se le recordará, tal como señaló el profesor Juan Bosch, en la dedicatoria de un libro suyo, “como el jefe de la Policía honesto que no cometió abusos”, ya que fue un devoto servidor de la ley.

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El jesuita Láutico García quedó históricamente signado como la persona que puso la primera piedra para que se produjese el grave suceso del 25 de septiembre de 1963.

La especie, falsa y traumática, de que Juan Bosch era comunista, comenzó a rodar desde que aquel fatídico artículo del sacerdote apareciese publicado en el diario El Caribe y luego remachado en su concepto básico en el famoso debate televisado de la noche del 17 de diciembre de 1962.

El sacerdote hubo de retractarse de la acusación que no pudo sostener a conciencia frente al experimentado político, pero la incriminación contra Bosch se mantendría invariable y sería el motivo básico para que se produjese en la madrugada septembrina de 1963 el golpe que cercenó el proceso de lanzamiento de la democracia dominicana, con sus graves consecuencias posteriores.

Bosch había ganado popularidad como ningún otro político logró hacerlo en la etapa posdictadura. Había obtenido más de 600 mil votos en los comicios de diciembre sobrepasando a su más cercano competidor en más de 300 mil, triunfando en 22 de las 26 provincias de entonces y obteniendo el 60% del total de sufragios.

De Cuba, donde había residido por largos años y donde contrajo nupcias con Carmen Quidiello, Bosch trajo el lema Vergüenza contra dinero, que había permitido a Eddy Chibás, su creador, llegar a las masas y conquistar el respaldo de amplios núcleos de la población cubana con su Partido Ortodoxo o Partido del Pueblo Cubano.

Borrón y cuenta nueva

Táctico consumado y de gran inteligencia política,  Bosch sostuvo durante su campaña electoral la tesis de «borrón y cuenta nueva» que permitió atraer a sus filas a numerosos trujillistas de la base, asustados por un eventual triunfo del partido ucenista que propugnaba por un escarmiento ejemplar contra aquellos que habían servido a la dictadura.

Bosch, en vez de asustar con «látigos» y prejuicios -como hizo Viriato Fiallo- adoptó en sus discursos de campaña una actitud conciliadora que generó simpatías en sectores empresariales e, incluso, militares. «Sólo el PRD no predicaba odio», recordaría Bosch años después.

En su discurso de toma de posesión -en un acto de esplendoroso populismo que los dominicanos no habían conocido nunca antes- Bosch dejaba claramente establecidas las reglas de juego. Los aspectos principales de la gran pieza oratoria, pronunciada frente a Lyndon B. Johnson, Rómulo Betancourt, Ramón Villeda Morales, sir Alexander Bustamante, Francisco Orlich, Luis Muñoz Marín y José Figueres, mostraban los parámetros de su pensamiento político, muy ajeno a las motivaciones y ardides esgrimidos por los golpistas siete meses después:

1. En una democracia no debe haber más gobierno que el de las leyes.

2. El gobierno que se inicia hoy espera un trabajo continuo para dar a los dominicanos un puesto bajo el sol entre los países avanzados de América.

3. En la República Dominicana estamos obligados a avanzar de prisa, tan de prisa como sea posible hacerlo sin salirnos en momento alguno de las normas democráticas.

4. No deseamos el poder para gobernar contra enemigos, sino para gobernar con dominicanos para el bien de los dominicanos.

5. Un gobernante democrático debe tener oídos abiertos para oír la verdad, ojos activos para ver lo mal hecho antes de que se realice, mente vigilante para que nada ponga en peligro la libertad de cada ciudadano y un corazón libre de odios, dedicado día y noche solo al servicio del pueblo.

6. Nosotros estamos aquí con la decisión de trabajar, no de odiar; dispuestos a crear, no a destruir; a defender y a amparar, no a perseguir.

7. Preparémonos a bastarnos a nosotros mismos, a levantarnos con nuestras fuerzas, a labrar la estatua de nuestro porvenir con manos dominicanas.

8. Edifiquemos un hogar para la dignidad, para la libertad, para la abundancia y para la cultura.

9. Nuestro país es rico y nuestro pueblo inteligente. Tenemos una tierra fecunda y gente que desea trabajarla.

10. Todos seremos polvo algún día y de nosotros quedará el recuerdo solo si le damos a este pueblo y a la América lo que el pueblo dominicano y la América esperan de nosotros.

11. Tesón para la lucha y humildad para recibir la opinión de los adversarios y el juicio de la historia.

12. Mientras nosotros gobernemos, en la República Dominicana no perecerá la libertad.

Nunca antes en la historia política dominicana se había pronunciado un discurso con mensajes tan prometedores, donde primaba el culto a la libertad, la instancia al trabajo, el respeto por las leyes y el merecido derecho al progreso y al bienestar. Era el discurso de un intelectual y de un político, pero sobre todo era la presentación de credenciales del estadista en embrión ante una masa que desconocía los avatares a que se someten los pueblos que comienzan a construir su democracia, y ante un abigarrado y denostador sector que a esa hora del mediodía de aquel miércoles de ceniza, aniversario 119 de la independencia nacional, languidecía frente al televisor con rabia iracunda, mientras maquinaba cuáles serían los trucos que urdiría para acabar con aquel experimento democrático.

Bosch era un educador y como tal trataba de enseñar a sus connacionales el juego de la democracia. El suyo era un gobierno diferente, que no estaba dispuesto a seguir corriendo las bases sin un adecuado plan estratégico de acción. Todos los frentes se le abrieron apenas días después de su juramentación, aunque ya el frente básico, empresarios poderosos en contubernio con determinados medios de comunicación y periodistas a sueldo, estaba conformado desde el mismo 20 de diciembre de 1962.

La izquierda presionaba creyendo que Bosch constituía un paso en falso para construir la revolución, aun cuando Manolo Tavárez Justo y un potente sector dentro del Movimiento 14 de Junio, lo respaldaban abiertamente. La derecha instaba a Bosch a declararse anticomunista. En el propio PRD comenzaron a manifestarse algunas contradicciones, cuando Bosch ordenó convertir los locales del partido en centros educativos. Viriato Fiallo, Juan Isidro Jimenes Grullón y Miguel Ángel Ramírez Alcántara se asociaron para denunciar la penetración comunista en el gobierno de Bosch, mientras Rafael Bonilla Aybar, desde Santo Domingo, y Rafael Rivas Jerez, desde Santiago, cumplían roles ominosos en la lucha contra el gobierno perredeísta.

De manera casi imperceptible en un principio, apenas dos semanas después del ascenso de Bosch, quedaba constituida la Acción Dominicana Independiente (ADI), donde cívicos y neotrujillistas crearon la plataforma para el golpe de estado del 25 de septiembre, a través de las «manifestaciones de reafirmación cristiana» y el auspicio del ruidoso programa meridiano de Bonilla Aybar, El periódico del aire.

Aunque el PRD era dueño de una poderosa Hermandad de Campesinos y de una vigorosa Juventud Revolucionaria (JRD), Bosch no supo -o no quiso- hacer un uso adecuado de estos núcleos para defender su gobierno. Dirigido a lo interno por su secretario general Ángel Miolán, el PRD había tenido que confrontar posiciones de divergencia en su seno frente al interés marcado de Bosch de que se abandonase la lucha partidaria para que todos sus seguidores se integraran de lleno en las tareas de gobierno, acción que, a la postre, no resultó favorable a su permanencia en el poder.

De frente, Bosch tenía también a dos organizaciones que recibían especial ayuda económica de empresarios opuestos al régimen: la Federación Nacional de Empleados Públicos (FENEPIA) y la Federación Nacional de Maestros (FENAMA), cuyos principales dirigentes se paseaban por el país enarbolando consignas contra Bosch y su gobierno, y reclamando reivindicaciones a granel.  Como Láutico García, estas dos entidades pusieron la semilla inicial del golpe contra Bosch siete meses más tarde.

(En homenaje y recuerdo de Carolina Bosch García, primera hija de Juan Bosch, fallecida el pasado lunes 25 de septiembre a los 85 años de edad, justo en el 60º aniversario del derrocamiento de su padre).

(Continuará)

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