NUEVA YORK.- Una sanción disciplinaria e incluso un castigo firme a este policía, no me va a devolver a mi hijo. Pero sí podría evitar que a otra madre le asesinen a un hijo”.

La expresión anterior que se escuchó repetidamente este martes en frente de la Alcaldía de la Ciudad de Nueva York, surgió de la voz de Mery Verdeja, la madre de Allan Feliz, el joven que hace exactamente hace cuatro años, resultó muerto en El Bronx, luego de una caótica parada de tránsito policial que terminó en lo peor.

Esta madre dominicana y su familia se unió a grupos comunitarios y funcionarios electos para pedir al alcalde y al comisionado del Departamento de Policía de la Ciudad de Nueva York (NYPD), que no paralicen el caso que corre en la Junta de Revisión de Quejas Civiles (CCRB), contra el teniente Jonathan Rivera, quien presuntamente en un confuso procedimiento, cegó la vida de Feliz.

El pasado mes de agosto, de acuerdo con lo compartido por portavoces de organizaciones de defensa de los Derechos Humanos, la familia Feliz se enteró que la Uniformada “estaba considerando impedir que la CCRB, procese al teniente implicado en este hecho”.

La CCRB, una agencia de vigilancia de las actuaciones policiales de la Ciudad, divulgó el pasado mes de mayo, que presentaría cargos disciplinarios por el uso de fuerza excesiva contra el efectivo. Esa querella tal como fue considerada, eventualmente, podría ser motivo para el despido de Rivera.

“La vida de Allan importaba”

“Como familia dominicana de Washington Heights, no somos ajenos al racismo, la discriminación racial y la violencia policial. La vida de Allan importaba. Hago un llamado a las actuales autoridades de la Ciudad, a hacerlo mejor que sus predecesores al permitir que el teniente Rivera sea procesado y se pueda programar su juicio” , exigió Samy Feliz, hermano de Allan Feliz.

De acuerdo con un comunicado de la coalición Comité de Justicia (JC), la cual desde 1980 construye un movimiento contra la violencia policial, “una posible medida de NYPD para archivar este caso, es la última de una serie de demoras y tácticas de obstrucción que han podido evidenciar”.

Trascendió que la División de Investigación de la Fuerza (FID) del NYPD, mantuvo una investigación durante casi dos años, que no encontró ninguna irregularidad en ese operativo policial, paralizando las acciones de la CRRB, más allá del plazo de 18 meses, que es el tiempo mínimo para imponer castigos y cargos disciplinarios.

El hecho

Con base a la versión de los hechos, expuesta por la familia Feliz y ratificada por el Comité de Justicia, luego del seguimiento de una serie de fotografías, exactamente el 17 de octubre de 2019, el teniente de NYPD, Jonathan Rivera (quien era sargento en ese momento) y los oficiales Edward Barrett y Michelle Almanzar detuvieron a Allan Feliz en la esquina de la calle 211 Este y la Avenida Bainbridge en El Bronx, por supuestamente no usar el cinturón de seguridad.

“Las imágenes de la cámara corporal, muestran a los agentes reconociendo que Feliz llevaba puesto el cinturón de seguridad, pero en lugar de permitirle marcharse, los agentes intensificaron la situación deteniéndolo ilegalmente y atacándolo”, indica textualmente esta versión.

En este relato se detalla que el teniente Rivera se subió al asiento del pasajero del automóvil, le disparó con una pistola Taser, lo golpeó y amenazó con dispararle. Luego le detonó a quemarropa en el pecho.

Aseguran además que después de que le dispararon, el oficial Barrett sacó el cuerpo inerte del auto, exponiendo sus genitales.

“Ninguno de los agentes lo cubrió inmediatamente, ni le proporcionó asistencia médica. En cambio, lo dejaron desangrándose, esposado y expuesto”, sostiene el reporte.

Líderes electos reaccionan

Hace un par de semanas, 39 funcionarios electos de la ciudad y el estado, enviaron una carta al alcalde Adams y al comisionado Cabán, pidiéndoles que dejaran el caso contra el teniente Rivera, en manos de la CCRB. Exigían que confirmaran esta exhortación, antes del cuarto aniversario de la muerte de Allan Feliz.

Entre los aspectos que destaca esta misiva: Es que el teniente Rivera, tiene un extenso historial de abuso de su autoridad como oficial de policía y mala conducta. Y ya le ha costado a la ciudad $195,000 en acuerdos de demandas civiles en casos separados. Sin embargo, su salario anual ha aumentado aproximadamente $60 mil desde 2019.

“Ni el alcalde, ni el comisionado, han respondido”, remarcó este martes la JC.

Entretanto, la concejal de Brooklyn, Alexa Avilés, una de las signatarias de esta carta, razonó que esta tragedia es consecuencia de la confrontación agresiva y resultado directo de que la Ciudad cedió mucho poder y fuerza a un cuerpo policial, que con demasiada frecuencia “desempeña el papel de juez, jurado y verdugo”.

¡Exigimos al comisionado Edward Cabán, como el primer comisionado latino de NYPD, que una de sus primeras decisiones importantes en materia de responsabilidad policial, no debe ser proteger al oficial que despojó brutalmente a su ser querido a una familia latina. Debe dejar el caso en manos de la CCRB. Y permitirles hacer su trabajo!”, aseveró Avilés.

También la senadora estatal de Queens, Jessica Ramos se integró a la petición de varios funcionarios electos que exigen que el oficial implicado sea despedido.

“Hemos visto todas las imágenes. Es claro que este joven sí llevaba el cinturón de seguridad en el momento de su detención. Tenemos mucho dolor y rabia. Exigimos no solo que lo echen de las filas policiales, sino que la justicia haga lo debido y lo responsabilice de estos hechos”, demandó Ramos.

SANTO DOMINGO.- Uno de los tres dominicanos muertos durante balacera el pasado sábado en Chile tenía siete años residiendo en ese país y había formado una familia en dicha nación suramericana con una mujer que actualmente está embarazada.

Se trata de Jefry Solano Abreu, quien se dedicaba al negocio de venta de ropas en ese país. El joven es procedente del sector Monte Largo, del municipio Bajos de Haina, provincia San Cristóbal.

Según Elsa María Encarnación, abuela de Solano Abreu, se trataba de un muchacho bueno y trabajador dedicado a la venta de ropa que compraba en República Dominicana para llevarla a ese país.

Jefry, de 33 años, también tenía otros dos hijos en República Dominicana, los cuales ya planeaba llevarlos para Chile, según narra su abuela.

El joven también hacía contenido para la red social TikTok con el nombre de PapaJeff y tenía miles de seguidores.

La noche en que el joven murió en la balacera había estado jugando dominó con unos amigos y le dio hambre, por lo que acudió al local donde ocurrió el suceso a comprar una comida, narra la señora.

En ese momento, llegaron entre cinco y diez delincuentes que se movilizaban en diferentes medios de transporte. El local se encontraba con una gran cantidad de personas y los victimarios tiraron al suelo a todos y efectuaron una cantidad indeterminada de disparos a varios de los individuos que estaban allí.

Además de Solano, las otras víctimas fueron identificadas como Héctor Campusano y Franyelys Heredia

Dos días después ocurrió la balacera en la que Jefry y otros dos dominicanos fallecieron.

Cuenta que el pasado 6 de agosto el joven vino al país a sorprender a su madre por su cumpleaños.

SAN JUAN.- La Guardia Costera estadounidense repatrió este miércoles a 73 migrantes a República Dominicana, después de interceptar cinco embarcaciones entre el sábado y el miércoles en la Isla de Mona, una reserva natural situada al oeste de Puerto Rico.

«Los viajes migratorios irregulares en el Paso de la Mona son altamente peligrosos y un medio ilegal para entrar en Estados Unidos», indicó en un comunicado el comandante Gerard Wenk, jefe de respuesta del Sector San Juan.

Durante una operación el lunes, la tripulación de la embarcación de guardacostas Heriberto Hernández interceptó una nave con nueve inmigrantes, aproximadamente a 12 millas náuticas (19 kilómetros) al noroeste de Aguadilla, Puerto Rico.

Del mismo modo, esta embarcación interceptó un segundo barco con once inmigrantes a unas 53 millas náuticas (85 kilómetros) al norte de Aguadilla.

Quince migrantes de estas dos operaciones fueron repatriados a República Dominicana el martes.

Durante la jornada del domingo, la tripulación del guardacostas Heriberto Hernández interceptó una embarcación con 16 inmigrantes al noroeste de Aguadilla, en el oeste de la isla caribeña.

Catorce migrantes de este grupo fueron repatriados el martes a un buque de la Armada de República Dominicana.

En la operación del sábado, la tripulación del buque guardacostas Joseph Napier interceptó un barco con 38 inmigrantes también al noroeste de Aguadilla.

Según el comunicado, 36 migrantes de este grupo fueron repatriados el martes a un buque de la Armada de República Dominicana.

Una Fuerza Conjunta de la Policía de Puerto Rico de la Unidad Marítima de Acción Rápida interceptó el viernes otra embarcación de migrantes, al noroeste de Aguadilla.

El buque guardacostas Heriberto Hernández llegó al lugar y embarcó a los migrantes, que fueron repatriados a República Dominicana el sábado.

 

SAN JUAN.- Un dominicano se encuentra recluido en el Hospital Doctor Center Santurce en condiciones críticas de salud.

Gregorio de la Cruz es oriundo de Hato mayor y no tiene familiares en Puerto Rico.

Las autoridades puertorriqueñas pidieron que si alguien conoce a sus parientes, los alerten sobre la situación para que realicen los trámites correspondientes y lo ayuden.

jt/am