SANTO DOMINGO.- El presidente Luis Abinader y Participación Ciudadana expresaron este miércoles su preocupación por la situación de la Cámara de Cuentas (CC), organismo de control de los recursos públicos y lucha contra la corrupción y la impunidad.

En declaraciones por separado el Mandatario y el capítulo dominicano de Transparencia Internacional se refirieron al tema luego de declaraciones del titular del órgano fiscalizador, Janel Ramírez, de que se siente como un preso de confianza, y reconoció que la entidad se encuentra en un estado de ingobernabilidad.

Este caso fue tratado ampliamente en el Senado, el cual se inclinó por la idea de que en el Congreso Nacional haya un juicio polìtico sobre el particular, pero rechazó una propuesta del opositor Partido de la Liberación Dominicana (PLD) de que la Cámara Alta realizara un juicio político a los miembros de la Cámara de Cuentas.

Abinader manifestó que es preocupante la situación “de un poder independiente” e indicó que el Senado de la República tiene “algunas ideas” sobre el caso.

El titular de la CC expresó además que de haberse dado cuenta antes de asumir como presidente del organismo, “no me meto en eso”, al asegurar que el Pleno de ese organismo aprobó un reglamento que va en contra de la ley, por lo que en algunas ocasiones tiene que hacer “Lo que diga el Pleno, aunque esté en contra de la ley”.

INTERESES PARTICULARES IMPIDEN TERMINAR DESCREDITO

Miembros de PC se reunieron con el pleno de la entidad y con algunos de sus miembros de manera individual tras conocer que «intereses particulares habían imposibilitado los acuerdos necesarios para sacar a esa institución del descrédito en que había caído en gestiones anteriores».

Entre los principales problemas que la organización ha identificado en la Cámara de Cuentas es que algunos de sus integrantes encabezados por su presidente han realizado fuertes cuestionamientos a más de un centenar de auditorías que quedaron sin firmar por la pasada gestión.

«Las auditorías carecen de calidad técnica y tanto miembros en activo como de gestiones anteriores afirman que han sido maquilladas con el objetivo de ocultar situaciones y beneficiar a funcionarios que habrían incurrido en irregularidades», indicó la entidad en un comunicado.

La Cámara de Cuentas no exige ni a sus miembros ni a su personal formación especializada en auditoria, la mayoría son contadores, lo que explica la ineficacia para detectar irregularidades y el robo de los recursos públicos porque las auditorias se hacían sin cumplir con las normas internacionales en esta materia.

SENADO RECHAZA PEDIDO

El Senado rechazó ayer una  moción que procuraba obligar a que  que los miembros de la Cámara de Cuentas comparecieran ante ese órgano legislativo para explicar la situación que envuelve a esta institución del Estado.

La propuesta fue hecha por el portavoz del  Partido de la Liberación Dominicana (PLD) , Yván Lorenzo,  pero rechazada gracias al hecho de que la mayoría de los integrantes de la Cámara Alta son miembros del oficialista Partido Revolucionario Moderno (PRM).

Legisladores oficialistas se inclinaron por la idea de que primero haya una investigación pormenorizada del caso en la Cámara de Diputados y posteriormente un juicio polìtico a dichos  miembros.

El autor de esta idea fue el senador reformista de La Vega, Ramón Rogelio Genao,  la cual fue secundada de inmediato por los senadores perremeístas Franklin Romero, de la provincia Duarte; Faride Raful, del Distrito Nacional;

an/am

SANTO DOMINGO.- La Alianza Dominicana Contra la Corrupción (Adocco) depositó este miércoles una petición ciudadana en la Cámara de Diputados para que inicie investigaciones y apodere al Senado para abrir juicio político contra varios funcionarios de la Cámara de Cuentas, por faltas graves en el ejercicio de sus funciones.

En la solicitud de apertura de juicio político se incluye al presidente del pleno de la Cámara de Cuentas, Janel Andrés Ramírez; a la vicepresidenta, Elsa María Catano; a la integrante de la Secretaría Tomasina Tolentino y a los miembros del órgano Mario Arturo Fernández y Elsa Peña Peña.

Adocco basa su solicitud en informaciones publicadas en medios de comunicación desde septiembre de 2022 sobre las diferencias de los integrantes del pleno, que motivaron su llamada a capítulo por los presidentes de las cámaras legislativas, Eduardo Estrella y Alfredo Pacheco, llegando a firmar un pacto de no agresión.

Según la entidad, las declaraciones de Ramírez durante una entrevista en un programa de televisión donde dijo «Soy un preso de confianza, tengo que hacer en muchos casos lo que dice el pleno, aunque esté en contra de la ley», son más que suficientes para que el Congreso «se aboque a destituir a los denunciados».

Otras acciones que Adocco considera faltas graves son «no remitir en tiempo oportuno, por parte del presidente de la Cámara, los informes preliminares» a una serie de entes auditados, para fines de réplicas o reparos.

Expone, asimismo, el «incumplimiento del Plan de Auditoría Anual, PAA 2023» en lo referente a que el presidente del órgano es el facultado por la ley para procesar las credenciales de los auditores ante las entidades a ser auditadas, sin que Ramírez cumpliera con el trámite en varios expedientes.

Otra evidencia de faltas graves, según Adocco, es «la no tramitación de informes pendientes y evidencias a entes destinatarios por parte del presidente del órgano», incluidos casos en los que el destinatario era la procuradora general, Miriam Germán Brito, o el procurador adjunto Wilson Camacho.

Para la entidad también es ejemplo de faltas graves «el no conocimiento de la investigación especial practicada al Gabinete de Coordinación de la Política Social (GCPS)» de diciembre de 2020, llegado al despacho del presidente en enero de 2023 y que no ha sido agendado habiendo transcurrido ya 113 días, aunque aparece en la propuesta de calendario del pleno de mañana, 4 de mayo.

«No es la primera vez que salen a relucir las diferencias entre los integrantes del órgano responsables de auditar el gasto público (…), lo que a nuestro juicio constituye un obstáculo a la labor de lucha contra la corrupción emprendida por el Ministerio Público», señala la nota.

Asimismo, indica que este órgano «se ha quejado de la lentitud en dar respuesta a las investigaciones solicitadas, 84 en total, culminando apenas con 12, constituyéndose en faltas graves» en el ejercicio de las funciones de los integrantes de la Cámara de Cuentas.

SANTO DOMINGO.- La UNICEF dijo en un informe reciente que en República Dominicana las uniones tempranas de menores de 18 años se redujeron de 37% a 32% en un período comprendido entre los años 2014-2019.

Este descenso ha sido más relevante en las niñas más pobres, de 59% a 49%. Sin embargo, no hay datos en el país de cómo afectaron los efectos de la pandemia de la COVID-19.

No obstante, en toda la región de América Latina y el Caribe se visualiza el camino de registrar el segundo nivel regional más alto de matrimonios infantiles en 2023.

Pese a que el matrimonio infantil ha disminuido de forma constante en la última década, las múltiples crisis actuales —en particular los conflictos, las perturbaciones climáticas y los efectos persistentes de la pandemia de COVID-19— amenazan con revertir los logros que con tanto esfuerzo se han alcanzado, según se desprende del nuevo análisis publicado hoy por el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF).

“El mundo está sumido en una crisis tras otra, lo que está destruyendo las esperanzas y los sueños de la infancia vulnerable, especialmente de las niñas, que deberían ser estudiantes y no esposas”, ha declarado la directora ejecutiva de UNICEF, Catherine Russell.

Se calcula que, en todo el mundo, 640 millones de niñas y mujeres vivas en la actualidad se casaron en la infancia, lo que asciende a 12 millones de niñas al año, según las cifras mundiales más recientes incluidas en el análisis.

El porcentaje de mujeres jóvenes que contrajeron matrimonio siendo niñas ha disminuido del 21% al 19% desde las últimas estimaciones publicadas hace cinco años. Pese a estos avances, la reducción mundial debería ser 20 veces más rápida si se quiere lograr el Objetivo de Desarrollo Sostenible de poner fin al matrimonio infantil para 2030.

jpm-am

Santo Domingo, 3 may.- Un terremoto de magnitud 4.2 sacudió este miércoles la turística isla de Saona, en el sureste de República Dominicana, sin que por el momento haya noticias de daños personales o materiales, informó el Centro Nacional de Sismología.

El temblor, que la población pudo notar incluso en Santo Domingo, se produjo a las 16.02 hora local (20.02 GMT) a 15.4 kilómetros al oeste de Mano Juan, en la isla caribeña de Saona.

Según el instituto sismológico, el temblor, de latitud 18.11 y longitud -68.87, tuvo lugar a unos 108 kilómetros de profundidad.

Anteriormente, el 1 de febrero pasado un sismo de magnitud 5.3 pudo sentirse con fuerza en República Dominicana.

En aquella ocasión se notó en todo el territorio dominicano, pero también en Haití, Puerto Rico e Islas Turcas y Caicos y, aunque no causó víctimas, sí provocó daños menores en algunas infraestructuras.

En República Dominicana, con una docena de fallas sísmicas, se producen cada mes cientos de movimientos telúricos, por lo general de poca intensidad. EFE

SANTO DOMINGO.- Varios exfuncionarios son investigados por la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) por un supuesto fraude fiscal por 800 millones de pesos relacionado con la venta del edificio «Torre Integral» al Banco de Reservas y su posterior arrendamiento al Ministerio de Industria y Comercio (MIC).

Según medios de prensa, los involucrados en este caso son los exministros de Obras Públicas, Freddy Pérez y de Industria y Comercio, Temístocles Montás y Nelson Toca asi como José Manuel Guzmán Ibarra, subadministrador de Negocios Gubernamentales del Banco de Reservas, y los ingenieros Ramón Andújar Ramírez y Publio Silfa Valencia, socios de Freddy Pérez.

Conforme una nota de Diario Libre, el edificio, construido por la empresa Diseño Integral, que era propiedad de Pérez, fue comprado por el Banco de Reservas por 31 millones de dólares y arrendado, con opción a compra, al MIC.

La queja fue depositada el 13 de febrero pasado y dirigida a Wilson Camacho, procurador adjunto y director de la Pepca.

La querella fue interpuesta por Ángel Moreta, representado por los abogados José Carela de la Rosa, Okensy Contreras Martes, Domingo Rojas Pereyra y Ramón Bonifacio Espinal.

Los abogados se reunieron el 1 de febrero con Camacho, quien habría manifestado que «donde se haya sustraído un peso del pueblo, la Pepca actuará como ha sido su norte».

Según la denuncia, un soborno se habría pagado a funcionarios y empleados de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) en el año 2017, cuando Diseño Integral declaró y pagó el impuesto sobre la renta correspondiente ese año.

La DGII investiga la existencia de «aparentes hechos relacionados a soborno» por 37 millones de pesos, supuestamente pagados por la empresa a servidores de la DGII, también en 2017, para facilitar la declaración de los impuestos, de acuerdo a la carta enviada por Luis Valdez, director del órgano recaudador, al querellante Ángel Moreta.

En la querella ante la PEPCA, los abogados han solicitado al director de la DGII que le remita el nombre de los funcionarios de esa institución de la gestión de Magín Díaz que liquidaron los impuestos que generaron la evasión.

La denuncia refiere que los socios de la empresa supuestamente recibieron pagos por concepto de ganancias obtenidas por la venta del edificio y que dichas ganancias no habían sido declaradas correctamente ante la administración tributaria y ese sería el motivo de la defraudación fiscal.

jt/am