Por JOSE ALVAREZ

La abstención electoral en diversos países ha tenido consecuencias significativas, llevando a veces al poder a líderes que no representaban adecuadamente los intereses del pueblo. Aquí algunos ejemplos históricos y recientes donde la baja participación electoral tuvo impactos negativos:

Venezuela

Durante las elecciones presidenciales de 2018, hubo un alto índice de abstención, parte debido al descontento y la desconfianza en el proceso electoral, visto por muchos como injusto o manipulado. Esta situación ayudó a consolidar el poder de Nicolás Maduro, bajo cuyo gobierno el país ha enfrentado una profunda crisis económica, social y política.

Egipto

Las elecciones presidenciales de 2014 y 2018 en Egipto mostraron tasas de participación relativam…

La participación en las elecciones del 19 de mayo de 2024 en la República Dominicana es crucial por varias razones que impactan directamente el futuro del país y su gobernanza. Aquí te explico algunos puntos clave sobre por qué es importante ejercer el derecho al voto:

1.- Instrumento de Responsabilidad: El voto es una herramienta poderosa que permite a los ciudadanos castigar a los políticos que no han cumplido con sus promesas o que han fallado en su gestión. Votar es una forma de exigir responsabilidad y asegurarse de que los líderes rindan cuentas.

2.- Prevención de la Corrupción: La abstención en las elecciones puede ser un caldo de cultivo para que individuos corruptos o incompetentes accedan al poder. Participar activamente en el proceso electoral ayuda a prevenir que estos perfiles logren un cargo desde donde puedan perpetrar actos ilícitos.

3.- Selección de Candidatos Adecuados: Es importante analizar las propuestas y antecedentes de los candidatos. Los electores deben buscar aquellos que demuestren patriotismo, defensa de la soberanía, pro-vida, capacidad, honestidad e integridad. Evitar a aquellos con agendas que no resuenen con los valores de la mayoría.

4.- Transparencia y Compromiso: Elegir a candidatos que hayan demostrado un compromiso real con la transparencia y que no protejan a delincuentes es fundamental para fortalecer las instituciones y asegurar una gestión limpia y abierta.

5.- Participación de Dominicanos en el Exterior: Los dominicanos residentes en el exterior tienen un papel importante en mostrar un alto nivel de participación. Esto puede servir de ejemplo y motivación para los votantes en el país, además de influir en las elecciones de diputados de ultramar.

6.- Voto Racional y No Emocional: Es crucial que los votantes evalúen a los candidatos de manera objetiva y no se dejen llevar únicamente por emociones o afinidades pasajeras. Buscar candidatos que hayan servido eficazmente a su comunidad puede ser un buen indicador de cómo gestionarán sus responsabilidades si son elegidos.

En resumen, votar es más que un derecho, es una responsabilidad cívica que tiene profundas implicaciones en el futuro del país. Participar en las elecciones permite a los ciudadanos tener una voz activa en la dirección que tomará su nación, eligiendo líderes que reflejen sus valores y prioridades.

Este miércoles retro próximo, varios medios de comunicación (digitales) cometieron un grave error al publicar con una foto mía la información de que el exdirector Técnico de la desaparecida Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (OISOE), Víctor Matías Encarnación, admitió su culpabilidad en las imputaciones dentro del Caso Antipulpo.

Hay dos aspectos que me mueven a pensar que hubo una mala intención en esas publicaciones, pues se trata de un tema bien conocido.  En primer lugar, entre las publicaciones, de las cuales tenemos constancias, hay dos fotográficas mías diferentes que se utilizaron en la referida información.  Lo segundo es que me resisto a creer que importantes medios de comunicación, ante la trascendencia del Caso Antipulpo, carezcan, no solo de material investigativo preciso, sino también del soporte gráfico bien definido sobre los imputados.

Fue un periódico digital el que primero publicó “erróneamente” mi foto, ilustración que se repitió en una segunda publicación en una conocida cuenta de Instagram, la cual tuvo el agravante de que, debajo de mi foto, se colocó un título que reza así: “Hombre que salía de la OISOE con bultos llenos de dinero, se declara culpable en Caso Antipulpo”.

Luego de esas dos publicaciones, otro diario digital comete el mismo error, con la particularidad de que ilustra la referida información con una foto mía diferente a la que ya habían usado otros medios.

Un mismo error con dos fotos mías diferentes y evidencia tangible sobre la ausencia total de una investigación básica, pudieran ser hechos fortuitos.

Son de dominio público las acusaciones que en el pasado hice en contra de los hoy confesos funcionarios corruptos Francisco Pagan y Víctor Encarnación, quienes han hecho acuerdos con el Ministerio Publico.

Para concluir quiero reiterar el llamado que he hecho a través de las redes sociales para que los medios que cometieron el error mencionado publiquen una Fe de Errata con la correspondiente disculpa.

Intencional o no, esas publicaciones han causado un daño moral irreparable que está afectando a mis hijos y familiares.

809/299-1051

SANTIAGO DE LOS CABALLEROS.-  El presidente de la Junta Central Electoral (JCE) garantizó a los partidos opositores que acudieron ante la Organización de Estados Americanos (OEA) que los comicios de mayo próximo serán «apegados a la integridad, seguridad, transparencia y participación de la ciudadanía».

Román Jáquez aseguró a la alianza opositora Rescate RD, integrada por los partidos de la Liberación Dominicana, Partido Revolucionario Dominicano y Fuerza del Pueblo, que el organismo está cumpliendo al pie de la letra las garantías electorales, siempre comprometido con la soberanía y democracia.

Llamó a todo dominicano habilitado para ejercer el sufragio en el país y en el exterior a que acuda a hacerlo.

INAUGURACION JUNTA ELECTORAL SANTIAGO

Jáquez habló con periodistas al dejar inaugurada oficinas administrativas de la JCE en el edificio Las Colinas, de aquí, un acto que forma parte de una ruta de inauguraciones de sedes  de este organismo a nivel nacional de la institución.

«El proceso electoral y de inauguraciones va dejando un legado de infraestructuras dignas y apegadas a los requisitos internacionales de un buen servicio», expresó.

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Opositores dominicanos llevan a la OEA quejas contra Gobierno RD

SANTO DOMINGO.-  Participación Ciudadana (PC) rechazó la decisión del Poder Ejecutivo de entregar a los partidos políticos fondos no consignados en el Presupuesto General de la nación.

Indicó que con esa medida se viola ley y se sienta un precedente que puede traer graves consecuencias al país.

EMITE DOCUMENTO

La posición de la entidad no partidista, capítulo dominicano de Transparencia Internacional, está contenida en un comunicado de prensa emitido este jueves cuyo texto es el siguiente:

«Después de someter esta decisión a un profundo análisis, Participación Ciudadana rechaza, tal y como lo hemos hecho en decenas de oportunidades, cualquier decisión que se apoye en violaciones a las leyes, mucho más cuando las mismas se toman para beneficio de los mismos que tienen potestad legal para crearlas y hacerlas cumplir.

Lo primero que el país debe tener claro es que el monto aprobado para financiamiento de los partidos en el presupuesto del 2024 no es producto de un error u omisión de ninguna de las partes involucradas. La realidad es que esa reducción, al igual que la que se aplica a otras doce instituciones o sectores, se ha venido produciendo año tras año, debido a que los ingresos del Estado no son suficientes para cumplir con todas las asignaciones que leyes especiales consignan para distintas instituciones.

Todos los gobiernos de las últimas décadas, en acuerdo con el Congreso Nacional, han tomado esa decisión porque no han tenido la voluntad ni de hacer una reforma fiscal para elevar considerablemente las recaudaciones, ni tampoco para buscar el consenso necesario para reformar las leyes especiales que consignan porcentajes fijos del presupuesto.

En consecuencia, tal como lo ha hecho desde hace décadas en los presupuestos de cada año, el artículo 51 de la Ley No.80-23 que aprobó el presupuesto del 2024 establece: “Ajustes a recursos asignados por leyes especiales. Con base en lo dispuesto en el artículo 37 de la Ley núm. 423-06, se autoriza al Poder Ejecutivo, por excepción, a apropiar un monto inferior a los montos que corresponden, según los porcentajes que se especializan para fines distintos en las leyes que rigen a los entes y órganos siguientes”.

Entre las que reciben recortes presupuestarios, no solo está la JCE, incluyendo las asignaciones a los partidos, sino también instituciones tan necesitadas de recursos como el Poder Judicial, la Procuraduría General de la República, los ayuntamientos, la UASD, la Cámara de Cuentas, entre un total de trece.

De manera que, aunque debemos aspirar a corregir irregularidades como ésta, al menos tenemos que admitir que es un recurso transparente y aceptado por todas las partes, cosa que no pasa con la decisión que acaba de tomar el Gobierno para complacer a los partidos políticos.

El párrafo del artículo 234 de la Constitución señala que, una vez votada la Ley de Presupuesto General del Estado, no podrán trasladarse recursos presupuestarios de una institución a otra sino en virtud de una ley. Adicionalmente el artículo 236 dispone que ninguna erogación de fondos públicos será válida si no estuviese autorizada por la ley. La decisión en cuestión también viola el principio de especialidad cualitativa, que se refiere a que los recursos deben ser gastados exclusivamente en los objetivos establecidos en el presupuesto, como lo señala el artículo 11, literal g de la Ley Orgánica de Presupuesto.

A la luz de estos preceptos constitucionales y legales, sólo el Congrego Nacional, el mismo que aprobó el presupuesto del 2024 con las partidas que hoy se reclaman, está facultado para modificarlo, previa presentación de un presupuesto complementario por parte del Gobierno central.

El uso de recursos que se habían consignado para otros fines en el presupuesto de la JCE es ilegal y aún más ilegal es hacerlo bajo un compromiso del Poder Ejecutivo de que reestablecerá esos recursos, porque eso es pasarle por encima al Congreso Nacional, una violación inaceptable por la separación de poderes. Si este organismo no protesta esa decisión es porque todos los partidos se beneficiarán de la misma.

El “bajadero” autorizado por el Gobierno para complacer a los partidos es una decisión política al margen de la ley, que sienta un precedente que puede traer graves problemas en el futuro. El país deberá abocarse a resolver de manera institucional todos los asuntos que conllevan a estas violaciones anuales en el presupuesto.

Participación Ciudadana aspira a que, en una próxima revisión constitucional se revisen las condiciones y montos de financiamiento que se consignaron en las leyes electoral y de partidos, a la luz de los pobres resultados que hemos tenido.

Pero hasta que eso se produzca, no podemos pasar por alto, ni apoyar violaciones a las leyes como la que se ha anunciado, ni mucho menos que se hagan en beneficio del sector que toma las decisiones, en detrimento de las demás instituciones y sectores que todos los años reciben un presupuesto muy por debajo de sus necesidades.

CONSEJO NACIONAL

11 de abril del 2024″

SANTO DOMINGO. – José Dantés Diaz, miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana (PLD),  denunció que el gobierno de Luis Abinader continúa “violando la ley” recurriendo a las “instituciones gubernamentales» para su promoción como candidato presidencial.

Mediante un mensaje en la red social X, el también secretario de Asuntos Jurídicos del PLD, señaló que durante el almuerzo de la Cámara Americana de Comercio de la República Dominicana (AMCHAMDR), se violó la Ley Electoral cuando instituciones públicas pagaron mesas para ir a ver al presidente candidato”.  Llamó la atención a la Junta Central Electoral  sobre esta práctica.

Dantés Díaz acompañó su mensaje con fotografías de las mesas ocupadas, publicadas -según dijo- por las propias instituciones que pagaron por la asistencia.

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