Los recientes anuncios realizados por la Cancillería dominicana sobre dos acuerdos suscritos con Estados Unidos han provocado inquietudes legítimas y un intenso debate nacional.

Por un lado, la República Dominicana aceptará “de manera temporal” a migrantes indocumentados expulsados por las autoridades estadounidenses; por el otro, se prorrogó por un año el acuerdo que permite a las fuerzas armadas de Estados Unidos utilizar aeropuertos civiles y militares dominicanos.

El canciller Roberto Álvarez ha insistido en que ambos acuerdos tienen plazos específicos, que los extranjeros repatriados no ingresarán al sistema migratorio nacional y que el país conservará la potestad de decidir a quién recibe y a quién no.

También sostiene que, tras un tiempo determinado, esas personas serían trasladadas a otros destinos en coordinación con la Organización Internacional para las Migraciones de Naciones Unidas. Según el funcionario, se trata de decisiones soberanas adoptadas conforme al interés nacional y al marco de cooperación bilateral con Washington.

Los argumentos oficiales tienen sustento. Nadie puede negar la histórica relación entre República Dominicana y Estados Unidos, ni la profunda dependencia económica, comercial y política que une a ambos países.

Tampoco se puede ignorar la enorme comunidad dominicana radicada en territorio estadounidense, ni el respaldo que Washington ha brindado en escenarios regionales complejos, particularmente frente a la crisis haitiana. Son realidades concretas, imposibles de desconocer.

Sin embargo, precisamente porque son realidades tan evidentes, estos acuerdos deben analizarse con frialdad y sin romanticismos diplomáticos. Lo ocurrido confirma que República Dominicana ha entrado definitivamente en la órbita política de la administración de Donald Trump, dejando cada vez menos espacio para decisiones plenamente autónomas cuando los intereses estratégicos de Washington entran en juego.

Pocos imaginaban a República Dominicana desempeñando un papel de plataforma auxiliar de la agresiva política migratoria impulsada desde Estados Unidos. Incluso, el propio presidente Luis Abinader había descartado públicamente que el país pudiera involucrarse en esquemas de esa naturaleza. Pero la realidad terminó imponiéndose.

No parece casualidad que estos acuerdos fueran concretados durante la visita al país del secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth. Tampoco ayuda a disipar dudas el hecho de que partes del convenio hayan sido manejadas con carácter reservado o clasificado dentro de la Cancillería dominicana. Cuando asuntos de alto interés público se negocian bajo discreción excesiva, inevitablemente surge la sospecha de falta de transparencia.

Y hay preguntas que siguen sin respuesta clara.

¿Por qué Estados Unidos no deporta directamente a esos migrantes a sus países de origen? Si República Dominicana recibe temporalmente a esas personas y luego las naciones correspondientes se niegan a aceptarlas, ¿qué ocurrirá entonces? ¿En qué limbo jurídico y humanitario quedarían?

También se ha informado que algunos de esos extranjeros serían alojados en hoteles bajo supervisión de las autoridades dominicanas. Eso implica costos económicos, logísticos y de seguridad. ¿Quién asumirá esos gastos? ¿Cuál será el impacto para el Estado dominicano? ¿Qué protocolos existen para manejar eventuales incidentes o situaciones de permanencia prolongada?

Son interrogantes razonables. Y más aún cuando uno de los aspectos más cuestionados de la política migratoria de Trump ha sido precisamente la práctica de enviar migrantes a terceros países sin explicaciones suficientemente transparentes sobre las razones de fondo.

Ahora bien, sería ingenuo analizar este panorama ignorando la correlación de fuerzas real. República Dominicana no está colaborando con Estados Unidos únicamente por cortesía diplomática ni por una simple solicitud amistosa.

Lo hace porque depende profundamente de la relación con Washington y porque, en el contexto actual, resistirse a determinadas decisiones provenientes de la Casa Blanca puede tener consecuencias económicas, migratorias y políticas considerables.

Esa es la dimensión menos cómoda, pero más realista, del debate.

La administración Trump ha demostrado que su política exterior suele operar bajo presión, condicionamientos y demostraciones de poder. Y para países pequeños y altamente dependientes como República Dominicana, el margen de maniobra se reduce considerablemente.

El fenómeno, conocido como San Zenón, destruyó gran parte de la ciudad de Santo Domingo, dejando un saldo que se estima entre tres y cinco mil muertos.

Se calcula que la velocidad de los vientos alcanzó 250 kilómetros por hora, con un radio de 13 kilómetros, cuando tocó tierra en la ciudad de Santo Domingo. Aunque se dice que pudo haber sido de categoría cinco, es difícil precisar la intensidad real del vendaval, pues no fue hasta 1969 cuando los ingenieros norteamericanos Herbert Saffir y Robert Simpson desarrollaron la escala clasificadora de los huracanes, tomando en cuenta la intensidad.

Además, para 1930 no existía la tecnología satelital, ni los Hurricane Hunter Aircraft, como el P-3 Orion y el C-130 de la NOAA, que permiten medir la intensidad de los vientos.

El general Rafael Leónidas Trujillo Molina sólo tenía unos días como presidente de la República, pues había asumido el 16 de agosto de ese año, sustituyendo a Rafael Estrella Ureña. Su buen manejo de la crisis le valió la aprobación del pueblo dominicano, lo que pudo aprovechar para consolidarse en el poder y establecer luego su férrea dictadura.

Cuando Trujillo todavía no había apelado a la solidaridad internacional en busca de ayuda para mitigar los desastres del fenómeno, ya el gobierno de Estados Unidos, presidido por Herbert Hoover, de Iowa, enviaba los primeros barcos con ayuda humanitaria. También el pueblo norteamericano se volcó en una solidaridad sin precedentes a favor del sufrido pueblo dominicano.

En su edición del 10 de septiembre de 1930, el periódico Listín Diario traía el siguiente titular:

“Fue azotada la ciudad por un huracán de intensidad apocalíptica,

El cual la redujo a escombros en pocas horas, sembrando el exterminio”.

En la misma portada, se puede leer, más abajo:

“La noticia del desastre despierta en el mundo el sentimiento caritativo”.

“De todas partes envían médicos, medicinas, dinero y abundantes provisiones y otros auxilios.”

“Ayuda de la Cruz Roja Americana”

“Washington, septiembre 7. (Prensa Unida).- La Cruz Roja cablegrafió que envió diez mil dólares al ministro de los Estados Unidos en Santo Domingo para atender las necesidades más urgentes, especialmente para comprar alimentos y ha prometido el envío de fondos adicionales, tan pronto conozca lo que se necesita”.

Más abajo, otro cable dice lo siguiente:

Es aumentado el fondo inicial

Washington, septiembre 7.-Los informes iniciales de 800 muertos a causa del huracán que azotó a Santo Domingo, hicieron que la Cruz Roja aumente el fondo inicial a veinticinco mil dólares, que eran utilizados en la compra de medicinas, frazadas, alimentos y ropas en San Juan de Puerto Rico, para ser transportado a Santo Domingo hoy.

En la misma edición, hay otro cable en el que se informa que el presidente Hoover dispuso la donación de 25 mil dólares iniciales, de urgencia, para atender a las víctimas del desastre.

También hay dos noticias provenientes de Nueva York, la primera da cuenta del envío de 25 mil dólares por parte de la Junta de Colón, y la segunda informa de la instalación de un hospital por parte de las misiones cristianas norteamericanas, y la convocatoria a una colecta en busca de 200 mil dólares para destinarlos a los dominicanos.

En otra nota, Listín Diario informa que el Departamento de Marina de los Estados Unidos despachó una flota exploratoria para estudiar los daños y además traer ayuda humanitaria.

En la edición del 12 de septiembre, Listín Diario informa que ha sido instalado el hospital Emergencia Roosevelt, dotado de mil camas, que será administrado por médicos puertorriqueños, quienes ya habían instalado una estación de vacunación en Santo Domingo.

En los días siguientes, la solidaridad del pueblo norteamericano siguió presente, con el envío de médicos, enfermeras, medicamentos, ropas y alimentos para atender a los damnificados.

También expresaron su solidaridad diversas empresas de Estados Unidos, como Standard Brands Incorporated, fabricante de levaduras, que envió 500 mil dólares, a través del gobernador de Puerto Rico, Theodore Roosevelt Jr.

Se hizo muy presente durante la tragedia un eminente ciudadano norteamericano llamado John Thomas Vance, quien había sido colector de Aduanas en Santo Domingo, y le tomó cariño al pueblo dominicano.

De él dijo Emilio Rodríguez Demorizi, en 1941, sobre un viaje que hizo a Washington:

“Entre esas casas acogedoras (en Washington) hay la de un americano, tan dominicano de sentimiento como cualquiera que haya nacido en Azua o en el Seybo: el Dr. John Thomas Vance… En la mesa, nuestros platos criollos, mientras Vance y su esposa, en deleitoso español-dominicano, los condimentan con refranes y recuerdos de nuestra tierra… He aquí un dominicano como pocos”.(Archivo General de la Nación, Emilio Rodríguez Demorizi / 2.5 // 9-22).

El doctor Vance desarrolló una labor humanitaria de gran significación para el pueblo dominicano, a nombre de la Junta de Servicios Cristianos de Estados Unidos, recolectando fondos para dar asistencia a los damnificados. Instaló en el país el Hospital Internacional, que estuvo dando servicio al pueblo durante todo el proceso de recuperación.

Diversos países de Europa, como España, Francia, Italia y Reino Unido dijeron presentes con su solidaridad para el pueblo dominicano. En esos días llegó el crucero Danae, de Reino Unido, enviado por el rey Jorge V, con ayuda para el pueblo. El crucero trajo alimentos y medicamentos, además de una brigada de militares que se dedicó a la limpieza de la ciudad de Santo Domingo.

Dijeron presente los gobiernos y los pueblos de Cuba, Haití, Colombia, Panamá, Venezuela, El Salvador y Nicaragua.

¡Loor al glorioso pueblo de los Estados Unidos y a todos los pueblos de América y el mundo que han sido solidarios con los dominicanos en los días nefastos de otros tiempos!

jpm-am

 

Por CARLOS SALCEDO

Los jueces tienen pleno derecho a reclamar condiciones dignas para el ejercicio de sus funciones. No puede existir verdadera independencia judicial en medio de precariedades institucionales, limitaciones presupuestarias o debilidades estructurales que afecten la calidad del servicio. Una justicia debilitada termina comprometiendo el propio Estado de derecho.

Continuidad judicial y prudencia

Sin embargo, precisamente por la naturaleza esencial de la función jurisdiccional, los mecanismos de protesta utilizados por la judicatura deben ser compatibles con la continuidad del servicio judicial y con la preservación de la confianza ciudadana en la justicia.

La justicia no constituye un servicio público cualquiera. Para miles de ciudadanos representa el último espacio de protección frente a abusos, arbitrariedades o violaciones de derechos. Cada audiencia suspendida, cada decisión retrasada y cada tribunal paralizado impacta directamente la vida de personas que esperan respuestas del sistema judicial.

Por eso, la judicatura debe actuar con especial prudencia. La legitimidad de los jueces no proviene únicamente de sus decisiones, sino también de la forma en que representan institucionalmente la estabilidad, la responsabilidad y la continuidad democrática.

Falta de unanimidad de reclamantes

En ese contexto, resulta significativo que ni siquiera exista unanimidad dentro de la propia judicatura respecto al paro convocado. Inicialmente, los convocantes ni siquiera se identificaron públicamente, algo particularmente delicado tratándose de jueces, cuya función exige responsabilidad y transparencia.

De hecho, en un primer momento la propia Asociación de Jueces y Juezas calificó la convocatoria como irresponsable. Sin embargo, posteriormente terminó respaldando la paralización, decisión que provocó la renuncia de 61 jueces de dicha organización por entender que se adoptó sin consulta suficiente ni consenso interno.

Reclamantes con nombres y apellidos

No obstante, posteriormente se dio a conocer un listado de 232 jueces que, de manera abierta y responsable, asumieron públicamente los reclamos y suscribieron las demandas planteadas. Ese hecho contribuye a transparentar el debate y a situarlo dentro de cauces institucionales más compatibles con la responsabilidad inherente a la función judicial.

Este episodio evidencia, en todo caso, que existen posiciones divergentes dentro del propio cuerpo judicial respecto de la pertinencia del paro y de los mecanismos adecuados para canalizar las reivindicaciones. Resulta preocupante que, aun frente a esa falta de consenso, se haya recurrido a medidas que afectan directamente a los ciudadanos y al funcionamiento regular del sistema de justicia.

Mejores condiciones para jueces y servidores judiciales

Es cierto que los jueces requieren mejores condiciones y mayores recursos para desempeñar adecuadamente sus funciones. Nadie sensato puede desconocer esa realidad. Pero también es cierto que la República Dominicana enfrenta limitaciones presupuestarias y múltiples demandas sociales concurrentes. Precisamente por ello, las soluciones deben construirse desde la racionalidad institucional, la gradualidad y el equilibrio entre las necesidades sectoriales y el interés general.

La judicatura debe diferenciarse de dinámicas gremiales propias de otros sectores. No creo que los jueces quieran parecerse a la ADP ni trasladar al sistema judicial prácticas que terminan normalizando la interrupción de servicios esenciales como mecanismo ordinario de presión.

Consejo del Poder Judicial, diálogo y soluciones racionales

Al momento de redactar este artículo, he sabido que el Consejo del Poder Judicial ha convocado a una reunión a los jueces reclamantes. Esa decisión constituye una señal positiva y debería abrir paso a una salida institucional, razonable y equilibrada, que permita atender legítimas preocupaciones sin poner en juego la continuidad del servicio judicial.

Tanto los reclamantes como el propio Poder Judicial están llamados a asumir el papel que espera la ciudadanía: preservar un sistema de justicia accesible, estable y permanentemente disponible para todos.

El diálogo institucional debe prevalecer. Existen múltiples vías legítimas y eficaces para canalizar reclamos sin impedir el acceso de los ciudadanos a la justicia como pronunciamientos públicos, debates técnicos, mecanismos institucionales, espacios académicos y acciones coordinadas que preserven la credibilidad del Poder Judicial.

La independencia judicial necesita ser defendida. Pero también necesita ser ejercida con responsabilidad institucional. Porque cuando se paralizan los tribunales, el ciudadano siente que el Estado deja de escuchar precisamente en el lugar donde más necesita ser oído.

jpm-am