Por VICTOR GARRIDO PERALTA

Imagina que entras a un quirófano de emergencia. Un paciente sangra por una herida grave. Pero en lugar de instrumentos quirúrgicos, las mesas están cubiertas de anuncios. Las luces de cirugía llevan logos de empresas. Los monitores vitales muestran comerciales entre los signos vitales. Absurdamente impensable, ¿verdad?

Nadie toleraría eso. Sin embargo, eso es exactamente lo que hacemos cada día en nuestras carreteras: convertimos las señales que salvan vidas en vallas para vender productos.

Y lo peor: mientras discutimos sobre deuda pública, política o corrupción, cientos de dominicanos mueren porque una señal vital está tapada por un anuncio de comida rápida o de bebidas alcohólicas.

República Dominicana figura entre los 10 países con mayor tasa de muertes por accidentes de tránsito del mundo, según la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2024). Es la segunda causa de muerte en el país, solo superada por las enfermedades cardiovasculares.

Datos que duelen:

Más del 60% de las víctimas fatales son motociclistas.

Edad promedio: 19 a 45 años, la población más productiva.

Costo económico: entre 3% y 5% del Producto Interno Bruto (PIB).

Cada día muere al menos una persona en la vía pública.

Cada hora, alguien queda discapacitado. Cada minuto, un accidente evitable ocurre. Y seguimos permitiendo que el espacio destinado a salvar vidas se venda al mejor postor.

La morfología de un crimen cotidiano

1. Factor humano.

Exceso de velocidad, conducción bajo efectos del alcohol, falta de casco y cinturón, maniobras temerarias, uso del celular. El 70% de los accidentes fatales involucra al menos uno de estos factores.

2. Infraestructura deplorable.

Calles y carreteras en deterioro. Huecos, iluminación deficiente, semáforos fuera de servicio. Retornos improvisados que son trampas mortales.

3. Señalización: el pecado mortal.

Las señales de tránsito son pocas, pequeñas, invisibles de noche y, en muchos casos, cubiertas por publicidad.

En vez de guiar al conductor, compiten con colores chillones y logotipos comerciales.

Es como vendarle los ojos a un piloto y pedirle que aterrice sin instrumentos.

La base legal violada: el artículo olvidado de la seguridad

Montar publicidad sobre señales de tránsito o sus postes no solo contradice el sentido común, viola directamente la Ley Núm. 63-17 (Ley de Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial) y su Reglamento de Señalización en el Tránsito Terrestre (Resolución 005-2020).

Aunque la ley faculta al Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT) para otorgar permisos de “publicidad exterior”, ese mismo reglamento prohíbe explícitamente cualquier mensaje, pictograma, leyenda o color que no estén contemplados en la normativa técnica oficial.

En lenguaje llano: una valla publicitaria sobre una señal de dirección es ilegal.

Introduce mensajes ajenos al sistema oficial y compromete la legibilidad, la visibilidad y, en consecuencia, la vida humana.

La analogía es simple: el Reglamento es el manual del piloto. Solo debe mostrar información crítica de vuelo. Colocar una valla en una señal es como instalar un anuncio de pizza sobre el velocímetro del avión. El resultado puede ser el mismo: el pasajero muere, pero la aerolínea cobró por el anuncio.

La inversión inversamente proporcional a la muerte

Según el Foro Económico Mundial, la República Dominicana presume de tener “las mejores carreteras del Caribe”.

Pero ese título encubre una verdad incómoda: construimos carreteras, no seguridad.

La inversión pública total ronda el 4% del PIB, pero la porción dedicada a mantenimiento, señalización y control del tránsito es mínima.

Invertimos en cemento —visible, inaugurable, políticamente rentable— y descuidamos lo invisible: la seguridad vial.

La conclusión es clara: no morimos por falta de carreteras, sino por falta de gestión y de respeto a la ley.

El negocio turbio detrás de las señales

Mientras las familias entierran a sus víctimas, el Estado autoriza —o tolera— la venta de espacio publicitario en las propias señales. El INTRANT, que debería velar por la seguridad, otorga permisos para “publicidad exterior en vías urbanas e interurbanas”. No existe transparencia sobre los ingresos, beneficiarios o criterios de aprobación.

El absurdo fiscal es doble: Gastamos miles de millones de pesos en publicidad gubernamental, mientras vendemos las señales oficiales que deberían advertir del peligro.

Las instituciones duplicadas: burocracia que mata

INTRANT, La Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (DIGESETT), Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), ayuntamientos… Cuatro instituciones con funciones traslapadas, sin coordinación, sin datos unificados y con presupuestos fragmentados. El resultado: nadie asume responsabilidad plena.

Es como tener cuatro cirujanos discutiendo quién debe operar mientras el paciente se desangra. El paciente, en este caso, es el pueblo dominicano.

El costo de no actuar

Cada año, los accidentes de tránsito le cuestan al país miles de millones en productividad perdida, rehabilitación médica y daños a la propiedad pública y privada. La OMS estima que el costo global de los accidentes de tránsito equivale a un 3% del PIB. En República Dominicana, se aproxima al 5%. Invertir en señalización y control vial no es un gasto: es una política de supervivencia.

Lo que necesitamos ahora

1- Prohibición absoluta de publicidad en señales de tránsito.

Derogación de permisos vigentes y sanción ejemplar a quienes los autoricen.

2- Inversión masiva en señalización moderna.

Material reflectivo, tamaño internacional, mantenimiento trimestral.

3- Tecnología de fiscalización.

Fotomultas, radares, cámaras, alcoholímetros.

4- Capacitación y presencia policial efectiva.

Triplicar agentes, mejorar salarios, equipamiento y formación continua.

5- Educación vial permanente.

En escuelas, medios y redes sociales.

6- Una sola autoridad nacional coordinada y transparente.

Sin duplicidades. Con rendición de cuentas pública.

La pregunta final

¿Cuánto vale una vida humana? ¿Más o menos que el ingreso de una valla publicitaria?

En Uruguay, Costa Rica y Chile, una vida vale infinitamente más. En República Dominicana, parece que una valla vale más que una advertencia de peligro.

He visto cuerpos destrozados en emergencias. He perdido amigos en accidentes evitables. Y sigo viendo señales vendidas a empresas que jamás asumirán la culpa.

Las señales de tránsito salvan vidas. La publicidad vende cosas. Elige qué quieres ver en tus calles.

Porque un país que vende el espacio destinado a salvarte es un país que ha perdido el rumbo moral de su camino.

jpm-am

POR CARLOS SALCEDO

La tensión entre el principio de inmunidad jurisdiccional de los Estados y el derecho de acceso a la justicia de los trabajadores locales que prestan servicios en embajadas extranjeras plantea uno de los dilemas más complejos del derecho contemporáneo.

En el contexto dominicano, esta problemática ha adquirido especial relevancia a partir de las controversias surgidas por demandas laborales incoadas contra legaciones diplomáticas acreditadas en el país, y el debate sobre si los tribunales nacionales pueden conocer de tales litigios.

Un caso recientemente decidido por la Suprema Corte de Justicia de una empleada dominicana vs. Embajada de los Estados Unidos de América ha reavivado la discusión sobre los límites de la inmunidad y la supremacía de los derechos fundamentales.

I. El marco constitucional y la función jurisdiccional

La Constitución dominicana consagra un modelo de Estado social y democrático de derecho (arts. 7 y 8), cuya función esencial es la protección efectiva de los derechos de las personas. Dentro de esa estructura, el artículo 69 garantiza el derecho a la tutela judicial efectiva, el debido proceso y el acceso a la justicia en condiciones de igualdad.

Tales principios, como ha reconocido la Corte Interamericana de Derechos Humanos (OC-16/99), implican que todo justiciable debe poder defender sus derechos de manera efectiva ante una jurisdicción competente e imparcial.

La función jurisdiccional, según Del Castillo, Pellerano y Herrera, es una de las actividades públicas más fundamentales del Estado de derecho, pues “no hay derecho sin jurisdicción, ni Estado de derecho sin independencia judicial”.

De ahí que el principio del juez natural, consagrado en el artículo 69.7 de la Constitución, se erige en una garantía sustantiva frente a cualquier intento de desplazar arbitrariamente la competencia judicial que la ley ha predeterminado.

II. La inmunidad jurisdiccional de los Estados y sus límites

La inmunidad jurisdiccional, derivada del derecho internacional consuetudinario y codificada en la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 1961, protege a los Estados extranjeros y a sus agentes de ser sometidos a los tribunales de otro Estado por actos realizados en el ejercicio de funciones soberanas.

Sin embargo, la evolución de la práctica internacional ha llevado a una concepción restringida de dicha inmunidad, distinguiendo entre actos jure imperii (de soberanía) y actos jure gestionis (de gestión o naturaleza privada).

En el ámbito laboral, la doctrina y la jurisprudencia comparada coinciden en que los contratos de trabajo celebrados por embajadas con personal local constituyen actos de gestión. Por tanto, no deberían gozar de inmunidad, salvo que se trate de funciones directamente vinculadas a la representación diplomática. De lo contrario, el principio de inmunidad absoluta resultaría incompatible con la noción contemporánea de justicia y con los derechos fundamentales del trabajador, parte estructuralmente débil en la relación jurídica.

La jurisprudencia dominicana ha reconocido esta tendencia moderna. La propia Suprema Corte de Justicia ha establecido en precedentes anteriores que “un Estado extranjero no puede sin su consentimiento ser sometido a la potestad jurisdiccional de otros Estados”, pero también ha precisado que esa inmunidad “no se extiende a actos que no son estrictamente de índole soberana, como los contratos de trabajo, si el Estado beneficiario renuncia a ella o acepta ser sometido a la jurisdicción local”.

III. El caso de la Embajada de los Estados Unidos y el derecho al juez natural

El caso que motiva esta reflexión se origina en la demanda laboral de una trabajadora dominicana contra la Embajada de los Estados Unidos, entidad que, a través del documento “Local Employment Pay Plan Worksheet”, estableció expresamente que la relación laboral se regiría por las leyes laborales locales. Pese a ello, los tribunales laborales y la Suprema Corte de Justicia declararon su incompetencia, acogiéndose a la inmunidad jurisdiccional del Estado extranjero.

Esa decisión, sin embargo, desnaturaliza el sentido y el alcance de la norma constitucional. Si el contrato fue ejecutado en territorio dominicano, bajo la legislación laboral dominicana, y los derechos reclamados son de naturaleza puramente laboral -como cesantía, prestaciones y derechos adquiridos-, la competencia corresponde de manera exclusiva a los tribunales de trabajo dominicanos, conforme a los artículos 480 y 483 del Código de Trabajo y a los principios IV, V y VIII del mismo cuerpo legal (territorialidad, irrenunciabilidad y favorabilidad).

El razonamiento judicial que excluye la jurisdicción dominicana, a pesar de la sumisión contractual a las leyes locales, implica una violación al principio del juez natural. Este principio, como ha sostenido el Tribunal Constitucional, garantiza que toda persona sea juzgada por un tribunal competente, independiente e imparcial, previamente establecido por la ley. Desplazar dicha competencia mediante una interpretación extensiva de la inmunidad equivale a crear un tribunal ad hoc, ajeno al mandato constitucional.

IV. Tutela judicial efectiva y acceso a la justicia

La tutela judicial efectiva, núcleo esencial del debido proceso, comprende -como ha definido el Tribunal Constitucional dominicano- el derecho de acceso a los tribunales, a obtener una decisión motivada, a utilizar los recursos previstos y a la ejecución de las resoluciones. Negar competencia a los tribunales nacionales en casos laborales frente a embajadas extranjeras vulnera directamente ese derecho, pues priva al trabajador del único foro posible para hacer valer sus derechos.

En este sentido, la interpretación judicial debe subordinarse al principio de legalidad (art. 40.15 de la Constitución), que obliga a las autoridades a actuar conforme a la ley, y al principio de seguridad jurídica, que garantiza la previsibilidad y estabilidad de las relaciones jurídicas. Al desconocer normas claras de competencia y principios protectores del derecho laboral, los tribunales incurrieron en una actuación arbitraria contraria a la Constitución y al Estado social de derecho.

La Corte Interamericana ha sostenido reiteradamente que el acceso a la justicia debe ser real y no ilusorio. Si un trabajador dominicano no puede demandar a su empleador -aunque este sea una legación extranjera- en los tribunales nacionales, se le condena a la indefensión, pues el acceso a la jurisdicción del Estado extranjero resulta material y económicamente imposible. La justicia negada por razones formales o de conveniencia política es, en definitiva, una forma de injusticia.

V. El principio protector y la interpretación pro operario

El Derecho del Trabajo se construye sobre el principio favor laboris, que exige interpretar toda duda en el sentido más favorable al trabajador. Este principio, recogido en el Código de Trabajo dominicano, tiene rango constitucional al vincularse con los derechos fundamentales al trabajo y a la igualdad material.

Mario Pasco Cosmópolis explica que la regla de la norma más favorable constituye un mandato imperativo para el juez de trabajo: ante la colisión de dos o más disposiciones legales, debe aplicarse aquella que más favorezca al trabajador, independientemente de su jerarquía normativa. En el caso analizado, tanto la norma nacional como el propio documento contractual reconocen la aplicación de la ley dominicana; sin embargo, los tribunales optaron por una interpretación contraria al espíritu protector del derecho laboral, privilegiando la inmunidad del Estado extranjero sobre los derechos de la persona.

Esa decisión no solo contradice el principio pro operario, sino que también vulnera el principio de igualdad procesal entre las partes. La justicia laboral se funda en la compensación de desigualdades materiales, por lo que el juez está llamado a proteger a la parte más débil frente al poder económico o político de su contraparte. Renunciar a esa función es abdicar de la razón de ser del derecho laboral y del propio Estado de derecho.

VI. Conclusión

El caso de la responsabilidad laboral de las legaciones diplomáticas no es un mero conflicto técnico entre jurisdicciones; es una cuestión de justicia sustantiva. La inmunidad jurisdiccional, concebida originalmente para garantizar la independencia soberana de los Estados, no puede transformarse en un escudo para evadir obligaciones laborales ni en un instrumento de impunidad frente a los derechos humanos básicos de los trabajadores.

El Estado dominicano, a través de sus tribunales, tiene el deber constitucional de asegurar la tutela judicial efectiva, el acceso a la justicia y la protección del trabajo. Estos valores, pilares del Estado social y democrático de derecho, prevalecen sobre cualquier interpretación extensiva o descontextualizada del principio de inmunidad. En definitiva, cuando la inmunidad se impone al derecho, el Estado abdica de su función jurisdiccional y el ciudadano queda desamparado ante el poder.

El Tribunal Constitucional está llamado a restablecer el equilibrio entre el respeto al derecho internacional y la defensa de los derechos fundamentales internos, afirmando la soberanía judicial dominicana en materia laboral y reafirmando que la justicia, para ser verdadera, debe ser también accesible, imparcial y humana.

JPM

Numerosas sentencias del Poder judicial reconocen las conversaciones de WhatsApp como medio de pruebas. Sin embargo, no son medios de pruebas sino fuentes de pruebas.

La diferencia es importante manejarla, pues una fuente de pruebas se refiere a algo que ya existe fuera del proceso. En cambio, el medio de prueba se da en el proceso interno.

El medio de prueba es el procedimiento o método para incorporar la prueba en el marco del debido proceso, se trata de la vía para poder introducir válidamente la prueba en el proceso penal para que luego esté habilitada de poder generarle convicción al juzgador en la etapa de juzgamiento.

De acuerdo a la doctrina mayoritaria, resulta necesario distinguir entre fuente y medio de prueba. En este sentido, la fuente de la prueba se manifiesta a través de los medios.

Este último se entiende como la actividad del juez o las partes, orientada a lograr en el juzgado el conocimiento de los hechos en el proceso a través de la percepción y deducción.

Es decir a través de estos medios el juez conoce la fuente de la prueba y de éste deduce el hecho que se va a probar, por lo que la fuente se nos muestra como hechos percibidos por el juez y que requieren de una operación deductiva, en tanto que los medios no se conciben como hechos, sino como actividad o en su defecto como el instrumento, cosa o circunstancia en los que el juez encuentra el fundamento de su convicción.

Así, en un juicio donde una de las partes promueve uno o varios testigos para demostrar la existencia de la posesión, el testimonio de estos sería el medio, en tanto que la fuente serían los hechos descritos o narrados.

De tal manera que, en atención al ejemplo de la posesión, siendo esta un hecho que produce consecuencias jurídicas a favor de la persona que la ha ejercitado, y tomando en cuenta que quien alega en un proceso un hecho del cual quiere deducir consecuencias jurídicas a su favor, debe probarlo, recae en el poseedor de dicha carga.

La IA al respeto nos dice que las fuentes de prueba son los elementos o realidades existentes en el mundo exterior que contienen información sobre un hecho (como un testigo, un documento o un objeto), mientras que los medios de prueba son los vehículos o procedimientos legales que se utilizan para incorporar esa información al proceso judicial (como el testimonio del testigo, la presentación del documento o una inspección judicial).

En resumen, la fuente es «con qué» se prueba, y el medio es «cómo» se prueba. En el caso delas conversaciones por WhatsApp son fuentes de pruebas y el medio será la trascripción de esas conversaciones en un documento digital obtenido conforme a la autenticidad establecidas en los artículos 9, 10 y 11 de la Ley 126-02 sobre Comercio Electrónico, Documentos y Firmas Digitales.

Sentencias

Las sentencias número 69 de fecha 30 de octubre de 2019, BJ. 1307 de la SCJ; Sentencia No. 557-2019 a 30 de octubre de 2019 de la SCJ; sentencia SCJ-SS-25-0189 de fecha 28 de febrero de 2025; sentencia 829/2020 del 24 de julio 2020 de la SCJ; sentencia núm. 0961/2021 de la SCJ y sentencia número 20 de fecha 28 de abril de 2021 de la SCJ, todas estas sentencias más o menos se resumen de la manera siguientes: “que esta Suprema Corte de Justicia, entiende que es preciso indicar que, si bien es cierto, dado el avance de la tecnología informática que ha creado nuevos métodos en el suministro y preservación de la información, el legislador, mediante la Ley núm. 120-02 (SIC), de 4 de septiembre del 2002, le reconoce valor probatorio a los documentos digitales y mensaje de datos, los cuales son admitidos como medios de prueba, con la misma fuerza probatoria que los actos bajo firma privada, no menos cierto es que la prueba digital constituye una prueba compleja que, ante el cuestionamiento de la credibilidad del contenido de la información consignada en la pieza digital de la cual se pudieran derivar derechos u obligaciones, como ocurre en la especie, pone a cargo de la parte proponente de dicha prueba, el deber de colocar a los jueces de fondo en las condiciones de comprobar la veracidad del contenido del documento electrónico aportado, pudiendo para esto recurrir a la más amplia libertad de pruebas, incluida la solicitud formal de una pericia electrónica o cualquier otra comprobación que permita constatar, entre otros aspectos, que el documento ha sido conservado de manera integral, que no ha sido adulterado e identificar la titularidad del receptor y el emisor del documento electrónico”.

Estas sentencias en cierto modo contradicen el artículo 9 de la Ley 126-02 sobre Comercio Electrónico, Documentos y Firmas Digitales, el cual se refiere a la admisibilidad y fuerza probatoria de los documentos digitales y mensajes de datos, indicando lo siguiente: “Los documentos digitales y mensajes de datos serán admisibles como medios de prueba y tendrán la misma fuerza probatoria otorgada a los actos bajo firma privada en el Código Civil y en el Código de Procedimiento Civil”. Estas sentencias contravienen a la ley, ya que esta no dice que esas pruebas necesitan un reforzamiento ni comprobación de otras. Le da un valor pleno a dicho medio de prueba. El articulo 9 y 10 de la ley 126-06 le otorgan una fuerza probatoria por si sola y sin reforzamiento.

Aunque la posición de por si no es tan irrazonables toda vez, que la valoración de las pruebas debe hacerse bajo el manto de la sana crítica, esto es valorar individual cada una de los medios de pruebas y luego de reconocido ese valor, este debe ser apreciado en concordancia con los demás elementos de pruebas y una vez admitidos forman un todo, ver sentencia No. 0169/2020 de la Primera Sala SCJ 26-2-2020. En el mismo sentido, art. 172 del Código Procesal Penal.

La regla universal sobre las pruebas y que RD no es ajena, es que todo hecho se puede probar por cualquier medio probatorio siempre que dichas pruebas sea el resultado de haberla obtenido de manera licita, art. 170 del Código Procesal Penal.

El interés de este escrito es despertar más bien un debate e inquietudes sobre este tema.

jpm-am

La tormenta Melissa mostró una vez más la  cruda realidad del sistema de drenaje y alcantarillado en el  Distrito Nacional y el Gran Santo Domingo.

Puso en evidencia que es una de esas crisis silenciosas que afecta diariamente la vida de miles de ciudadanos, mientras  las alcaldías del Distrito Nacional y del Gran Santo Domingo disponen de presupuestos anuales limitados  cuyos fondos resultan claramente insuficientes para abordar un problema estructural tan profundo.

Desde los tiempos de la presidencia de Rafael Leónidas Trujillo se construyó el núcleo del alcantarillado capitalino, pero el crecimiento urbano, la falta de mantenimiento y el cambio climático han desdibujado esa obra pionera.

Según registros históricos, en 1946 entró en operación el sistema sanitario de la capital, siendo una etapa clave en la infraestructura tubería de agua y residuales.

Actualmente, apenas cerca del 30 % de la red vial del Distrito Nacional tiene drenaje pluvial adecuado. El proyecto más reciente de intervención prevé la inversión de RD$ 230 millones para 361 pozos filtrantes y varias líneas de colectores, pero esos recursos son ínfimos frente a la magnitud del déficit: la metrópoli sigue inundándose en cada lluvia fuerte.

Este agujero institucional y económico plantea una hipótesis simple pero brutal: las alcaldías locales no pueden por sí solas resolver una problemática de infraestructura heredada y ampliada por décadas.

Gobierno central

El drenaje pluvial y el saneamiento pluvial no pueden depender únicamente de presupuestos municipales de solo miles de millones. Se requiere una intervención del gobierno central, dirigida por política nacional de agua, alcantarillado y drenaje, con presupuesto estatal, supervisión técnica y asignaciones de capital excepcionales.

El ritmo acelerado de urbanización y el rezago institucional configuran una tormenta perfecta. Solo mediante un pacto entre Estado, municipio y ciudadanía, y con recursos estatales dedicados, podrá salvarse la capital de ser una ciudad atrapada en su propia infraestructura.

La República Dominicana se juega mucho: una ciudad capital que sufre inundaciones, cortes de servicio o caos vial cada vez que llueve como lo vimos ahora con la tormenta Melissa, no es solo un asunto técnico —es un asunto de calidad de vida, salud pública y competitividad nacional.

Es hora de que la administración central asuma la complejidad de este reto y coloque en el centro de la agenda nacional lo que ya debería ser resuelto.

jpm-am