Por LUIS M. GUZMAN

La guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán ha dejado de ser un episodio distante para economías pequeñas y abiertas como la dominicana. La amenaza sobre el estrecho de Ormuz, corredor clave del petróleo mundial proyecta efectos sobre combustibles, inflación, subsidios y cuentas públicas. En un país importador neto de energía, cada sobresalto geopolítico puede traducirse en presión directa sobre el presupuesto nacional.

El riesgo no reside solo en una eventual alza del crudo, sino en su efecto en cadena. Aumentan costos de transporte, generación eléctrica e importaciones básicas, y el Estado suele intervenir para amortiguar impactos sociales. Pero cuando esos subsidios crecen sin respaldo suficiente en ingresos, el déficit fiscal se expande. Entonces reaparece la salida conocida, más financiamiento, más bonos y, finalmente, más deuda pública.

Esa dinámica encuentra al país con márgenes fiscales estrechos. El presupuesto viene condicionado por intereses, amortizaciones, subsidios eléctricos y gasto corriente elevado. Bajo esa estructura, un shock externo no golpea terreno neutral; golpea un sistema previamente tensionado. Por eso la crisis de Ormuz no es solo energética, es también una advertencia sobre la fragilidad de un modelo fiscal vulnerable a perturbaciones externas.

En ese contexto debe leerse la reunión del presidente con los principales líderes políticos del país. La convocatoria reconoció que el conflicto podía afectar estabilidad económica y social. Más que un gesto protocolar, fue una señal de preocupación sobre inflación importada, abastecimiento, presión presupuestaria y eventuales decisiones difíciles. También mostró que el riesgo geopolítico comienza a entrar en el centro del debate interno.

Pero la discusión volvió a mostrar un silencio recurrente. Se habló de subsidios, de coordinación política y de enfrentar la incertidumbre, pero casi no apareció una revisión seria del gasto estructural del Estado. Particularmente de la nómina pública, una de las variables más sensibles del presupuesto y, a la vez, una de las menos tocadas. Allí está quizá una de las mayores omisiones del debate económico dominicano.

En casi todas las crisis se propone racionalizar el aparato estatal, revisar duplicidades, reducir botellas o contener el crecimiento de la burocracia. Sin embargo, históricamente esas propuestas rara vez pasan del discurso. Se posponen por costos políticos y terminan sustituidas por más deuda o por nuevas presiones tributarias. Esa práctica ha consolidado la percepción de que el Estado exige ajustes, pero raras veces se ajusta a sí mismo.

Ese punto es crucial, porque no es lo mismo endeudarse para obras productivas que para sostener gasto corriente. Cuando la deuda financia infraestructura que eleva productividad futura, puede defenderse como inversión. Pero si termina respaldando estructuras improductivas o permanentes, se erosiona la sostenibilidad fiscal. Entonces el problema deja de ser solo cuánto se debe; pasa a ser para qué se toma prestado.

Ahí emerge una contradicción que el país evita discutir con franqueza. Se pide sacrificio social cuando suben precios, se contemplan futuros ajustes fiscales y se admite más endeudamiento para absorber choques externos, pero no se corrige una parte importante del gasto estructural. Esa asimetría debilita legitimidad y plantea dudas sobre la equidad del esfuerzo exigido para enfrentar crisis económicas recurrentes.

Si el petróleo se mantiene alto, el gobierno enfrenta opciones difíciles, trasladar costos al consumidor, ampliar subsidios o aumentar deuda. Ninguna es políticamente sencilla. Pero todas se vuelven más costosas cuando el gasto corriente permanece rígido. Allí aparece la paradoja central, mientras se busca contener la deuda, las respuestas tradicionales frente a la crisis empujan precisamente hacia una expansión del endeudamiento.

El debate de fondo no es solo coyuntural. Tiene que ver con vulnerabilidad estructural. ¿Puede una economía dependiente de energía importada y endeudamiento recurrente sostener shocks externos sin revisar su arquitectura fiscal? Esa pregunta remite no solo a subsidios y petróleo, sino a política energética, eficiencia estatal, calidad del gasto y capacidad de anticipar crisis sin que cada una termine pagándose con nueva deuda.

Por eso la lección de esta coyuntura va más allá de Medio Oriente. La República Dominicana no controla guerras lejanas, pero sí puede reducir su exposición a ellas. Eso exige diversificar fuentes energéticas, mejorar disciplina fiscal, transparentar prioridades presupuestarias y abrir por fin una discusión seria sobre el tamaño y eficiencia del Estado. Sin ese debate, cada crisis externa seguirá encontrando las mismas fragilidades.

La conclusión es incómoda pero necesaria. El problema no es únicamente Ormuz ni el precio del petróleo; es un modelo que recurre con frecuencia a subsidios, préstamos y postergaciones sin tocar sus rigideces internas. Mientras la nómina pública permanezca fuera de toda reforma seria, la deuda seguirá funcionando como válvula de escape. Y una válvula usada permanentemente termina, tarde o temprano, perdiendo presión.

Habitualmente se utiliza la palabra “Ley” para referirnos a las normas jurídicas que pretenden organizar la convivencia humana. Sin embargo, como químico, mi formación me obliga a establecer diferencias entre las leyes o normas jurídicas y las leyes naturales, esas que describen el comportamiento de la materia y la energía.

Las leyes naturales son inmutables, esto quiere decir que no cambian, que no pueden ser alteradas o violadas. Son leyes que no necesitan de policías ni de ningún sistema judicial para que se cumplan. Ya que la naturaleza se encarga de hacer que se cumplan aunque no seamos conscientes de ellas. Cada vez que llueve la naturaleza nos recuerda cual es el camino por donde pasa el agua.

Olvidar o intentar alterar esta realidad es lo que provoca inundaciones y lleva luto a las familias del mundo. Acercar un fósforo encendido a un combustible provocará un incendio independientemente de que la persona que lo haga sea un niño, adulto, viejo, “loca” o “cuerda”.

Las leyes diseñadas por el ser humano, para regular la conducta social, pueden ser violadas. Esto quiere decir que, no siempre se cumplen. Debido a que dependen de la voluntad de cada persona para cumplirlas. Y sobre todo, de la capacidad represiva del Estado; lo cual se manifiesta con la voluntad, responsabilidad, y valores éticos con que cuente todo el sistema judicial para hacer cumplir esas leyes.

El reciente homicidio, o quizás posible asesinato, de Deivy Carlos Abreu Quezada, chofer de un camión de basura, ha impactado la conciencia de muchos dominicanos. Ojalá hubiese existido una ley natural que mediante una reacción química hubiera impedido instantáneamente la violencia salvaje ejercida por aquel grupo de motoconchistas. La realidad es que una ley natural como esa no existe.

En consecuencia, todos dependemos de un sistema judicial que es institucionalmente débil, y que en muchos casos, utiliza leyes anacrónicas (que no se corresponden con esta época), y por tanto, son ineficaces.

Resulta intolerable, aborrecible y provoca impotencia que en nuestro marco jurídico persista la absurda costumbre de criminalizar la propiedad y no la conducta. La sociedad dominicana no puede seguir aceptando que una persona sea castigada jurídicamente sólo porque la matrícula de un vehículo está a su nombre.

Proteger un motorista irresponsable que choca con un vehículo detenido, o bien, que ese vehículo esté en cumplimiento de las normas de tránsito, es en la práctica, una forma de complicidad institucional con el desorden que se observa en las calles de Santiago y Santo Domingo.

Hay que parar las constantes violaciones de las leyes de tránsito de los motoristas y su permanente manejo temerario. Si un motorista colisiona (choca) debido a su propia imprudencia e irresponsabilidad, la ley debe proteger primero a la persona y el vehículo que ha sido chocado, sin importar su tamaño.

Hay que aprovechar la muerte trágica de Deivy Abreu para que este problema quede definitivamente resuelto a nivel institucional. Que la familia del mismo alcance conformidad y que ninguna otra familia tenga que vivir nuevamente un hecho como ese.

Al final, el resultado de estos hechos, es el mismo: matar con un arma de fuego, con una motocicleta o con un automóvil, es en esencia, terminar con la vida de una persona. La intención siempre será discutible en un tribunal. No obstante, un muerto seguirá muerto sin importar si hubo intención o no.

Se reitera que ha llegado el momento de que las autoridades competentes apliquen con rigor las leyes actuales, y también, que se atrevan a aprobar nuevas leyes más estrictas.

No podemos esperar que el sistema judicial actúe como la naturaleza de forma instantánea, pero sí podemos exigir que sea, al menos, tan constante como ella.

 huco71@gmail.com

El proyecto minero de Gold Quest en Romero, San Juan de la Maguana, es solo un señuelo envuelto en almíbar dorado para abrirle cauce a la depredación del Valle de San Juan y del Suroeste agrícola del país.

Tan ominoso “globo de ensayo” de la Cámara Minera, del presidente Medina y de Luis Abinader, ha contado con los inconsistentes argumentos de los funcionarios de ambos gobiernos; situación agravada por la reciente negativa del PRM-Abinader a valorar su desastroso impacto estratégico en gran parte de la región Sur, desde Azua a Barahona.

La concesión en Romero al Gold Quest no es caso puntual, sino que por su impacto en los Ríos San Juan y Yaque del Sur, y por ser una de las tantas concesiones de exploración de oro con características y demandas similares, abre un proceso en serie llamado a afectar todo el suroeste de la Cordillera Central y muy especialmente todas sus fuentes de agua.

Romero es un regalito envenenado, portador de varias trampitas dentro de una trampa mayor. Un regalito envuelto en túneles, agua lluvia y exclusión de cianuro.

Un modelo a replicar para introducir minería metálica donde es improcedente, en procura de convertir una región agropecuaria en una región minera, a beneficio de voraces corporaciones transnacionales y a costa del agua y la vida de sus agricultores pobladores.

Las trampas son de diversos calibres. Las primeras son trampitas que ocultan el daño de los túneles y operaciones conexas pegaditas al río San Juan y al Guama, afectando los flujos de las aguas sub-superficiales que los nutren; mentiritas como el uso exclusivo del agua lluvia en una región donde se evapora más agua de la que recibe; y discursos que silencian, que además de extraer el oro nativo subterráneo, la explotación habrá de expandirse a “cielo abierto” hacia yacimientos de óxidos y sulfuros, con daños mayores, tipo Barrick Gold.

Sí, esas son trampitas del tamaño de Romero, que es apenas una pizca de lo que pretende explotar la Quest, tanto en el Valle de San Juan como en el país, haciendo provecho de una violación edulcorada que le permita penetrar primero y luego expandirse, vía otras concesiones disfrazadas o en testaferrato.

La trampa mayor es la manera como se manipula Romero, sin mencionar que es solo una de las once concesiones de exploración a cargo de Goldquest en la región del Valle de SJM, perteneciente al conjunto de La Escandalosa, que incluye otras en Los Tomates, Romero Sur, Imperial, Cachimbo, Jengibre…

En todo el país son veintiuna las concesiones de Gold Quest y vale destacar que, en Cordillera Central, incluyendo las de otras corporaciones, suman más de 200. Por tanto, abrir la puerta de Romero por el Sur, es como abrirla en Miranda por el Norte, lo que equivale a permitir destruir y contaminar las principales fuentes de agua de la isla.

¡A las calles, pues, y a defender a San Juan, al granero del Sur y a todas las fuentes de agua del Suroeste y del país!