Retirado el proyecto de reforma tributaria denominado de “modernización” no hay otro camino que abordar la reforma fiscal por la única otra vía posible: el gasto.

Los RD$122mM que el gobierno pretendía obtener con las imposiciones contenidas en el proyecto de “modernización” equivalen al 9% de los gastos corrientes consolidados estimados en el presupuestados en el presupuesto 2025 en RD$ 1.329 MM.

De lo contrario, habría que reducir el gasto de capital que incremente el acervo productivo de la nación ya de por si reducido en 88% lo postulado en 2024.
O incrementar el endeudamiento ya de por si elevado en el presupuesto 2025: US$ 5850 millones.

Adicionalmente, la reducción de los gastos revestiría al gobierno de autoridad moral para proponer nuevas imposiciones. Se carece de autoridad moral para proponer nuevas imposiciones frente a gastos excesivos, superfluos y carente de prioridad.

Reducir los gastos del presupuesto 2025 en ese porcentaje obtendría el mismo resultado fiscal que si se hubieran aprobado las imposiciones retiradas.

Para ello se disponen de adecuados recursos legales

El Artículo 44 de la ley orgánica de presupuesto consigna que “Las apropiaciones presupuestarias aprobadas por el Congreso de la República constituyen el límite máximo de gasto, sujeto a la disponibilidad efectiva de los ingresos estimados… En ningún caso constituyen un derecho adquirido por las unidades ejecutoras de cada organismo público…

El Artículo 46 establece además que…”todos los organismos públicos deberán programar la ejecución… financiera de sus presupuestos …lo que el artículo 47 califica como “presupuesto de caja “

En consecuencia la ONAPRES está en capacidad de requerir a todos los organismos públicos la preparación de un presupuesto de caja con gastos de funcionamiento reducidos en 9%.

Los titulares de las diferentes entidades pú4.blicas podrán recurrir a estos fines, para reducir su presupuesto, de gasto corriente en 9% a cualquiera de las siguientes de las 15 opciones posibles.

1. Congelar puestos y salarios incluyendo remuneraciones complementarias: sobre sueldos, viáticos, gastos de representación, uso de tarjetas, uso de vehículos, combustibles, celebración de eventos en hoteles de lujo, reducción de publicidad, invitación de artistas a espectáculos festivos de las instituciones, ceñirse a la ley en cuanto el número de personal de apoyo de los funcionarios,etc.

2. Cada institución deberá efectuar, en un plazo de tres meses, la evaluación de desempeño estipulada en la ley 87-01 a fin de disponer la permanencia o desvinculación del personal

3. Facultar a los titulares de las entidades públicas a establecer opcionalmente la disminución de la jornada laboral a 4 días acompañada con una disminución salarial del 9% lo cual significa un aumento salarial de 11% para los empleados que se acojan a esta disposición.

4. Convocar a los receptores de subsidios sociales a que reformulen su solicitud de subsidios previa solicitud expresa en que demuestren su necesidad conforme formulario que al efecto deberá diseñarse para determinar el monto requeridos para cubrir sus gastos.

5. Prohibir categóricamente el otorgamiento de subsidios y ayudas a personas que perciban ingresos mensuales superiores al monto de la canasta familiar.

6. Otorgar los subsidios directamente a los subsidiados eliminando todo género de intermediación.

7. Ofrecer a los receptores de subsidios la opción de renunciar a la ayuda recibida acogiendo oferta de recibir un monto adelantado a través de PROMYPIME para establecer algún negocio o taller

8. Requerir a aquellos organismos descentralizados cuyos gastos sean cubiertos en un 50% o mas de las transferencias corrientes del Presupuesto, que se sometan a una disciplina financiera para hacer honor a su carácter autónomo; o de lo contrario, proceder a suspender dicha autonomía para ser reubicado en la dependencia más pertinente del gobierno central

9. Exigir a los Ayuntamientos a que ciñan estrictamente sus gastos a las estipulaciones de la ley 176-07 de organización municipal relativa a la proporción de los conceptos del gasto corriente vs. inversión que deben cumplir. Ordenar a la LMD retener las asignaciones al municipio que no cumpla esta disposición hasta tanto corrija la situación.

10. Ordenar a LMD a deducir de las inversiones efectuadas por el gobierno a favor de una municipalidad determinada de las asignaciones que le corresponderían a dicha municipalidad.

11. Aplicar rigurosamente la asignación de fondos a ISFL supeditándolos a su constitución jurídica, celebración de asambleas, renovación de directivos y presentación de estados financieros auditados.

12. Instruir a DIGEPRES y a la DGCP a mejorar las transparencias de información estadísticas de compras gubernamentales que se calificaban bajo la nebulosa partida de “otros” altamente susceptible del cometimiento de prácticas corruptas.

13. Eliminar las asignaciones a los partidos politicos

14. Exigir de las empresas eléctricas en un plazo de tres meses un programa de reducción de gastos para disminuir en un 50% las transferencias de fondos del poder ejecutivo. Dicho plan debería contemplar desde la eliminación y fusión de empresas eléctricas hasta la privatización de sus servicios siguiendo un esquema de integración regional y vertical (generación y distribución) a fin de que el cobro de tarifas pase a ser efectuado por los generadores

15. Explorar solucionesno fiscales al financiamiento gubernamental al déficit cuasifiscal del Banco Central.

Al mismo tiempo, el gobierno pudiera someter su proyecto de “modernización tributaria” al CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL conforma planteamientos que remitiremos oportunamente.

“No importa cuántos errores cometas, o cuán lento seas tú progreso, siempre estarás por delante de aquellos que ni siquiera lo intentan”. Anthony Robbins

No es difícil entender y comprender que un hogar, un negocio, un gobierno nacional o local cuando aumentan sus gastos y necesidades de crecimiento  para financiarlos requieren aumentar sus ingresos o recurrir al endeudamiento o apalancamiento operativo, financiero o total.

Una alternativa o la otra, se aumentan los ingresos a través de más trabajo, más productividad, más volumen de ventas o incremento de precios en el caso de los hogares y las empresas privadas o, se aumentan los préstamos cuyo costo de capital o gastos financieros pueden ser onerosos o insostenibles.

En el caso de un gobierno nacional o local, los ingresos provienen mediante impuestos, donaciones, transferencias o endeudamiento.

Lo anterior para mejorar las condiciones de vida a través del aumento de los ingresos y la otra alternativa disminuir los gastos con la consecuencia de afectar el estilo de vida holgado o en última instancia recurrir a los flujos positivos a través de dinero fresco que proporcionan los préstamos con la consecuencia aumento de la carga financiera.

No es secreto que financiarse a través préstamos muchas veces implica aumentar los precios para mejorar los ingresos y así poder honrar los reembolsos de dichos compromisos en una empresa privada o, aumentar los impuestos en el caso de los gobiernos.

De una u otra forma, aumentar los ingresos implica que se debe pagar el costo de aumento de precios o pagar más intereses.

Para disminuir los déficits fiscales o faltante de dinero de un gobierno, se piensa en aumentar los ingresos a través de impuestos o préstamos o sacrificar los gastos corrientes o de capital (inversiones a largo plazo).

Ambas decisiones de financiar los déficits fiscales son odiosas, ya que implica pedir a la población sacrificio para que contribuyan con más impuestos a favor del Estado, mediante el pago de más impuestos y aranceles o bajar el gasto social o de capital.

En el año fiscal que recién finalizó en septiembre 2024, los Estados Unidos de Norteamérica pagaron, conforme informa el Departamento del Tesoro, US$882,000 millones de intereses netos, de una deuda pública que asciende a 27,7 billones de dólares, muy cerca del 100% del PIB, un promedio de unos US$2,400 millones diario en intereses de deuda, superando ya el gasto militar.

Este costo promedio ponderado equivale al 3.6% del PIB estadounidense, el porcentaje más alto desde 1996.

Sus déficits presupuestarios históricamente elevados, que han disparado el saldo vigente de la deuda estadounidense en los últimos años, han sido el resultado del aumento constante del gasto en Seguridad Social y Medicare, así como el gasto extraordinario que Estados Unidos realizó para luchar contra el Covid y las limitaciones de ingresos derivadas de los amplios recortes fiscales de 2017 y el aumento de las tasas de interés impulsado por la inflación.

El gasto en intereses también corre el riesgo de lastrar el crecimiento económico al desplazar la inversión privada. Los intereses aumentan la deuda trayendo problemas a la economía.

En RD

En República Dominicana, la deuda pública consolidada ronda los US$73,664.2 millones, equivalente al 60% del Producto Interno Bruto, con un costo de intereses del orden de los RD$263,753.1 millones por concepto de la deuda del sector público no financiero (SPNF), a los fines de financiar los déficits fiscales que en promedio oscilan en 3.1% del PIB de los dos últimos dos años.

Recientemente, el Gobierno Dominicano depositó en el Congreso Nacional el Anteproyecto de Modernización Fiscal, con el propósito de aumentar los ingresos tributarios en unos RD$122,486.6 millones equivalente al 1.5% del PIB.

Anteproyecto que fue retirado del Congreso Nacional, debido al alto rechazo que recibió de parte de sectores de la sociedad civil, productores, comerciantes y público en general, estropeando los planes fiscales y gastos del Gobierno, para los próximos cuatro años.

Es lamentable que el presidente de la nación dominicana haya tenido que retirar dicho Anteproyecto de Ley de Modernización Fiscal la noche del pasado sábado 19 de los corrientes, ya que él mismo tenía miras de mejorar las condiciones de vida de los dominicanos de a pie, llevarles mejores  servicios de educación, salud, vivienda, seguridad ciudadana, entre otras necesidades a favor de los más vulnerables del país.

La próxima

La próxima propuesta de Anteproyecto de Ley de Modernización Fiscal debería propiciar un aumento de impuestos a los dominicanos más ricos y a las empresas, dejando a un lado a los más necesitados.

De no aplicarse la modernización fiscal, el país tendrá que mirarse más temprano que tarde en el mismo espejo de naciones con un alto endeudamiento, que le llevará a la miseria y al caos, al hambre, desigualdad social y económica, alto costo de la vida, crisis de viviendas, problemas de salubridad, inseguridad alimentaria, crisis energética, crisis de agua, entre otros problemas.

Los dominicanos están compelidos a ponerse de acuerdo en los próximos meses para presentar un Anteproyecto de Ley de Modernización Fiscal que permita superar los acostumbrados déficits fiscales, que obligan a los gobiernos aumentar la deuda del país la cual cada día se hace insostenible. Por ello los dominicanos han de escoger entre impuestos o préstamos estos últimos que erosionan las finanzas públicas. La consigna ahora es volver a la mesa del diálogo, pues el país está entre la espada y la pared.

Es bueno preguntarse ¿qué República Dominicana es la que los dominicanos desean tener? Aunque sus líderes políticos son los que tienen que trazar el camino a seguir educando y sensibilizando a sus gobernados.

felix.felixsantana.santanagarc@gmail.com

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