Nunca ha sido más apremiante la conversación sobre la integridad territorial, en un mundo plagado por las complejidades de las tensiones geopolíticas. Volodimir Zelenski declaró recientemente que Ucrania no cederá parte de su territorio a Rusia bajo ninguna circunstancia.

Con esta declaración Zelenski encarna su compromiso inquebrantable con la soberanía de su patria, pero además también, una narrativa más amplia sobre la autodeterminación y el respeto al derecho internacional.

Esta brava postura de Zelenski está basada en el marco histórico de la lucha ucraniana por su independencia. Luego de obtener su soberanía tras la disolución de la URSS en 1991, Ucrania ha trillado un camino plagado de tensiones en un contexto de un conflicto en curso, esto luego de la anexión de la península de Crimea en 2014.

Ese acontecimiento no fue solo una violación flagrante del derecho internacional, sino también una ofensa al derecho de Ucrania a autogobernarse. De ceder siquiera una mínima porción de su territorio, Ucrania estaría sentando un peligroso antecedente que podría alentar nuevas invasiones por parte de Rusia u otro poder extranjero.

Y es que, las consecuencias de ceder territorio serían catastróficas e irían más allá de la mera pérdida de territorios; socavaría los principios de la identidad nacional, los valores democráticos y el patrimonio cultural. Para Ucrania, su lucha no es solo por preservar territorio, sino también por defender su forma de vida, su cultura, su idioma, etc., de una inminente amenaza que busca destruirlos. Quiere esto decir, que cada pulgada cedida, socavaría su propia existencia como nación soberana.

Envalentonar

Más aún, ceder territorios por medio de presión serviría para envalentonar a los estados agresores, en las relaciones internacionales, pues la historia nos ha demostrado que la capitulación, a menudo, conduce a más demanda, porque los agresores raramente quedan satisfechos con una sola conquista. Con esa firme postura, Ucrania se erige como un baluarte de dignidad y firmeza contra las pretensiones anexionistas de Putin, mandando un mensaje poderoso a la comunidad internacional, enfatizando que la soberanía nacional no es negociable.

Esta firme postura de Zelenski, se basa en la profundidad contextual del derecho y las normas internacionales. El principio de integridad territorial, está contemplado implícitamente en la Carta de las Naciones Unidas, donde hace hincapié en que ningún Estado debe adquirir territorio por la fuerza, por lo que, la comunidad mundial debe ser responsable de defender las normas, respaldar a Ucrania y contrarrestar cualquier forma de agresión que trate de desestabilizar a naciones soberanas.

En resumen, la firme declaración cargada de dignidad y patriotismo de Volodimir Zelensky, de que Ucrania no cederá territorio alguno a Rusia, bajo ningún concepto, es un contundente clamor de justicia y respeto de las normas y leyes internacionales. Es, además, una reafirmación del derecho de Ucrania a vivir libre de tensiones y agresiones externas.

Es que las implicaciones de entregar territorios van más allá de la geopolítica, porque atacan el corazón de los derechos humanos y el sagrado principio de la autodeterminación de los pueblos.

Por eso, ahora más que nunca, es una necesidad, que el mundo se una a Ucrania en la consecución de la paz, pero sin el costo indigno de comprometer su soberanía ni su integridad territorial.

jpm-am

Por el tipo de problemas y necesidades que tiene -nada del otro mundo- es poco probable que en la comunidad de San Cristóbal  se realicen acciones populares de presión al gobierno como las violentas que se producen ocasionalmente en Navarrete, San Francisco de Macorís y otras localidades.

Pero es a todas luces conveniente que las autoridades gubernamentales -encabezadas por el propio Presidente Luis Abinader- presten atención y tomen decisión oportuna en casos planteados por esa comunidad para solución drástica.

Uno de ellos -el del momento, en mente y boca de todos allí- es el de las cuevas del Pomier, ubicadas en la parte Norte del municipio de San Cristóbal, las cuales están amenazadas por una compañía que desde hace mucho tiempo extrae piedra caliza y otros materiales en la zona realizando explosiones dañinas.

Existen allí más de 50 cuevas, ricas en flora y fauna así como de pictografías y petroglifos estampados por los indios primeros pobladores de la isla, lugar declarado como monumento natural y reserva antropológica.

La amenaza ha sido expuesta públicamente en diferentes ocasiones -mucho antes del presente gobierno- pero nunca había generado tanto escarceo y cohesión comunitaria como ahora, cuando el caso ha ido creciendo como una bola de nieve hasta provocar todo un movimiento social caliente y dinámico.

Lo grave es que ante ese hecho y frente al activismo comunitario (denuncias en programas, exposición de resultados de estudios, publicaciones de prensa, misas, reuniones, asambleas, sometimientos a la justicia, etc) la respuesta gubernamental se percibe como fría y todo apunta a que la situación tiende a caldearse.

En 1962

Tanto calor ha tomado el tema, que muchos están recordando los sucesos ocurridos en San Cristóbal  en 1962 durante el gobierno post dictadura del Consejo de Estado, cuando la comunidad se levantó y enfrentó alegados planes de llevar al municipio a ser dependencia  de Baní.

Acontecimientos a todas luces insensatos, sin base concreta, aunque sirvieron para garantizar respeto a San Cristóbal, cuya influencia pública había decaído considerablemente a consecuencia de los sucesos derivados del 30 de mayo de 1961.

Improbable, imposible podría decirse, que en esta ocasión se repitan hechos violentos como los de 1962, pero las autoridades están en la obligación de dar una respuesta satisfactoria a la población sobre el caso del Pomier, que en el actual gobierno lleva meses debatiéndose.

Nuestra percepción es que el Ministerio de Medio Ambiente -cuyo titular, Armando Paino Henríquez, se ha referido escuetamente al asunto- actúa a paso de tortuga y que la Procuraduría Especializada de Medio Ambiente y los Recursos Naturales -encabezada por Francisco Contreras Núñez- ha sido tímida y lenta ante los sometimientos contra la granceras del Pomier que tiene en carpeta.

Egehid

Satisface, sin embargo, que un organismo oficial que trabaja activamente en San Cristóbal con autorización presidencial -la Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana (Egehid)- haya presentado una propuesta de desarrollo del Pomier (con las cuevas preservadas), la cual ha sido preparada por un profesional urbanista nativo precisamente de esa ciudad.

Es mayor la satisfacción porque en la misma ocasión (una asamblea popular en la sede de la Gobernación Provincial de San Cristóbal) Egehid anunció que tiene un plan de atención, mejoramiento y conservación de todo el borde del rio Nigua, el cual tocaría el área del Pomier.

Cabe resaltar que Egegid -dirigida por un sancristobero visionario, Angel Rafael Salazar Rodríguez, está realizando -con aval presidencial, repito- un plan de ordenamiento territorial de los municipios Hato Damas, Hatillo y San Cristóbal.

Fue una asamblea excelente donde primó el interés colectivo de que se detenga completamente la extracción de piedras caliza en la zona del Pomier y ahora la comunidad está ansiosa esperando lo que va a decir el Presidente Abinader la semana próxima.

josepimentelmunoz@hotmail.com

La política arancelaria proteccionista y punitiva que ha estado aplicando desde la Casa Blanca el presidente Donald J. Trump (hace unos días reforzada con el anuncio de aranceles “recíprocos” generalizados), tipificada por él mismo como un ejercicio de “justicia” en materia de comercio exterior, no deja de generar preocupaciones suspicaces sobre sus verdaderos fines ulteriores a pesar de la legitimidad que es dable atribuirle a simple vista.

Y es que, sin dudas, planteada la cuestión con la sencillez y el desenfado chauvinista conque lo ha hecho el mandatario estadounidense, esa política parece de entrada una justa e incontestable reivindicación de los intereses de su Estado y su gente en el marco de unas relaciones comerciales globales que efectivamente favorecen en lo esencial a los demás en términos estrictos de dividendos monetarios.

Por supuesto, el análisis del tema podría empezar a complicarse cuando se da paso al examen de fondo a partir de una pregunta simple y directa: ¿a quiénes beneficia y a quiénes perjudica realmente la estructura de bajos o moderados aranceles (o de “injusticia” arancelaria, como le llama Trump) que los Estados Unidos habían aplicado hasta este momento como parte de sus políticas de precios internos accesibles y de relaciones exteriores?

Auscultada la cuestión desde la perspectiva puramente financiera, los primeros beneficiarios han sido los productores de los países que tienen un alto volumen de intercambio comercial con los Estados Unidos (dentro de los cuales destacan México y Canadá, sus vecinos más cercanos), y los segundos aquellos de las naciones que sin tener un abrumador flujo de mercancías con el coloso del Norte exhiben una cartera al efecto en la que salen ganando respecto a aquel.

En orden alternativo, y dentro de la misma perspectiva de dinero, quien resulta más perjudicado con aranceles bajos o moderados es el Estado federal (que deja de percibir importantes sumas de numerario por ello), y luego la gran masa de productores nativos que se ven obligados a competir con bienes importados cuya estructura de costos es infinitamente menor bajo meros cálculos cuantitativos.

La insistencia no es necia: hasta ahí todo bien en cuanto al comercio exterior y a los dividendos de éste, pero ¿cuál es el efecto de nuevos aranceles en lo concerniente al comercio interno? No hay que ser un experto en economía para saber que la aplicación de gravámenes aduanales implicará una carga extra sobre el costo de colocación final de los bienes y, por lo tanto, afectará los precios de los bienes importados en el mercado estadounidense perjudicando de inmediato sobre todo a la gente pobre y de clase media: basta con saber sumar y restar para hacer esta inferencia.

Claro, Trump nunca ha dicho que eso no sea verdad (incluso, en algún momento confesó que “quizás” haya “sufrimiento”, pero al final indicó que el sacrificio “merecerá la pena”) y, además, cuenta con un remedio subsecuente teóricamente plausible: la imposición de aranceles obligará a muchas empresas a retornar o a establecerse en los Estados Unidos para evitarlos y garantizar que sus productos tengan mejores precios en el mercado interno, además del impacto que ello tendría sobre el PIB y sobre la mecánica de generación de empleos.

El problema

Por supuesto, el problema de ese remedio es que (sin mencionar que todo regreso empresarial mataría a la larga la nueva fuente de ingreso federal) pudiera tropezar con ciertas realidades del mercado estadounidense que fueron las que obligaron a muchas empresas a emigrar de su país para acogerse a los regímenes legales de zona franca en otras latitudes del mundo para mejorar su competitividad: el costo de las infraestructuras y su mantenimiento, los niveles salariales, el precio de las materias primas, el costo de las operaciones, el pago de impuestos internos, la rigurosidad de las leyes y otras.

(Hasta ahora los señalados arriba son los indicadores convencionales más importantes o visibles de la competitividad, pero no se puede olvidar que con el desarrollo de la inteligencia artificial, que promete eficientizar los procesos productivos y sustituir parte del trabajo humano por el de las máquinas, algunos de ellos pueden en la próxima década ser poco significativos o ser reemplazados).

La pregunta final, no obstante, es la más crucial: ¿cuál será el destino final de los recursos obtenidos por la aplicación de los aranceles anunciados, incluyendo los “recíprocos” generalizados? La respuesta la ha dado el propio Trump de manera reiterada: engrosarán las finanzas públicas para reducir la deuda del Estado, eliminar el déficit presupuestario y equilibrar la balanza comercial, entre otras cosas.

Pero ojo: en ningún momento el gobernante estadounidense ha hablado de destinar partes de esos recursos a obras de bienestar común o a mejorar servicios públicos porque, como se sabe, él entiende que el tamaño del Estado debe reducirse y que los servicios que éste ofrece gratuitamente o a muy bajo costo (ayuda alimentaria, educación, atención de salud, etcétera), junto con cualquier subsidio “no productivo” (o sea, a los que tienen ingresos insuficientes para vivir) deben ser desmontados, reducidos a su máxima expresión o eliminados.

(En ese último aspecto, aunque tanto Trump como Elon Musk parecen creer que descubrieron el helado en palito al hablar de la “pesada carga” de los servicios sociales sobre las finanzas públicas -el magnate de X incluso considera parte de ellos como “criminales”, en particular los dirigidos a ciertas minorías internas o a países en desarrollo-, se trata de un asunto que se discute en el mundo por lo menos desde principios del siglo XX con dos posiciones claras: una que los estima necesarios como expresión de solidaridad  humana y para garantizar la paz social, y otra que sostiene que es un “subsidio” a “vagos” y “perdedores” con dinero “ajeno”. Los resultados, no obstante, están a la vista: sólo hay que ver donde se ha aplicado cada modelo y qué niveles de desarrollo humano existe).

Y de semejantes presupuestos teóricos es que brotan las preocupaciones suspicaces: una vez la aplicación de los aranceles, incluyendo los “recíprocos” (que, como ya se dijo, inmediatamente perjudicarán a los productores de sus socios comerciales del exterior y la gente pobre y de clase media de Estados Unidos) produzca los recursos para equilibrar las finanzas públicas en un Estado pequeño y sin responsabilidad frente a los servicios sociales, ¿qué se va a hacer con el dinero sobrante?

Con las debidas disculpas por la tontería conspiracionista, la respuesta aquí igualmente luce obvia porque ha sido predicamento irrenunciable de Trump: rebajar los impuestos a los ricos (dentro de los cuales, por cierto, se encuentran él y muchos de sus cercanos colaboradores) para que éstos -siguiendo con sus presupuestos teóricos- hagan nuevas inversiones y creen empleos (lo que, de paso, los “empobrecería” menos) en vez de poner el dinero en manos del Estado para que los “dispendie” acudiendo en auxilio de los “vagos”, “perdedores”, “improductivos” y demás yerbas no aromáticas.

No sé a ustedes, pero al autor de estas líneas la estrategia le parece archigenial (si es que el final del cuento fuera ese que se acaba de reseñar), muy particularmente para quienes la promueven desde los pináculos del poder en Estados Unidos… Claro, ese también podría ser el acto de “tigueraje” más sabichosamente circense de la historia económica del mundo.

lredecampsr@hotmail.com

jpm-am