POR EDWIN DE LA CRUZ

En República Dominicana, la cesantía laboral representa una de las conquistas más importantes de los trabajadores en materia de derechos laborales. Sin embargo, en los últimos años, este derecho ha estado bajo el constante asedio de sectores empresariales que buscan su eliminación, alegando que suprimirlo mejoraría la competitividad y generaría más empleos.

No obstante, esta medida no solo afectaría gravemente la estabilidad económica de los trabajadores, sino que también podría provocar un impacto negativo en la paz social del país.

La cesantía y su marco legal

La cesantía está consagrada en el Código de Trabajo de la República Dominicana, específicamente en los artículos 80 al 86, los cuales establecen que todo trabajador despedido sin causa justificada tiene derecho a recibir una compensación económica en función del tiempo laborado.

Este mecanismo sirve como un colchón financiero para los empleados que quedan sin empleo de manera abrupta, permitiéndoles mantenerse a flote mientras encuentran una nueva fuente de ingresos.

Más allá de ser un beneficio individual, la cesantía es un pilar fundamental de la estabilidad económica y social del país. Su eliminación no solo dejaría desprotegidos a los trabajadores, sino que también los colocaría en una situación de vulnerabilidad extrema ante despidos arbitrarios y sin compensación alguna.

El impacto en la clase trabajadora y la sociedad

Eliminar la cesantía significaría un retroceso en los derechos laborales, afectando directamente a miles de familias que dependen de este recurso para enfrentar la incertidumbre del desempleo. República Dominicana ya enfrenta grandes desafíos en términos de equidad laboral y protección social, y eliminar este derecho sólo ampliará la brecha entre empleadores y trabajadores, debilitando aún más la capacidad de los trabajadores de negociar condiciones laborales justas.

Desde una perspectiva social, la cesantía es un mecanismo de estabilidad que contribuye a evitar conflictos laborales y descontento generalizado en la clase trabajadora.

Si se suprime este derecho, el riesgo de protestas, huelgas y un clima de inestabilidad social aumentaría considerablemente, lo que podría tener consecuencias económicas adversas para el país. La paz social se sustenta en la justicia laboral y en la existencia de mecanismos que protejan a los sectores más vulnerables.

Un llamado a la defensa de los derechos laborales

La discusión sobre la cesantía no debe verse como un mero debate técnico sobre costos laborales, sino como un tema de justicia y equidad. Los trabajadores dominicanos han luchado por décadas para obtener derechos que les permitan vivir con dignidad, y la cesantía es una de esas conquistas fundamentales.

Es imperativo que tanto el gobierno como los legisladores protejan este derecho y se opongan a cualquier intento de eliminarlo. Si bien es válido buscar mecanismos que fomenten la inversión y la generación de empleo, esto no debe hacerse a costa de despojar a los trabajadores de su seguridad y estabilidad económica.

El desarrollo de un país no puede medirse únicamente en términos de crecimiento empresarial, sino también en la protección de sus ciudadanos y en el mantenimiento de un equilibrio justo entre empleadores y empleados. La cesantía es un pilar de ese equilibrio y debe ser defendida con firmeza.

edwindelacruzr@gmail.com

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POR ROSANNA MATOS

La compra de inmuebles en proyectos en construcción ofrece múltiples ventajas, como precios más accesibles y la posibilidad de elegir mejores ubicaciones o personalizar algunos acabados.

Sin embargo, también conlleva ciertos riesgos, entre ellos el incumplimiento en la entrega o el desarrollo del proyecto, lo que puede generar incertidumbre y pérdidas para los compradores. Por ello, es fundamental tomar medidas preventivas antes de invertir.

A raíz de las noticias publicadas en diferentes medios de comunicación sobre algunas denuncias de adquirientes de inmuebles en construcción, alegando haber sido estafados, es importante reiterar las acciones recomendadas antes de adquirir una propiedad:

1.     Debida diligencia: Es la primera acción que debe realizar una persona que desea adquirir un inmueble. Este proceso conlleva la investigación del estatus de los permisos del desarrollo inmobiliario, el estatus legal del terreno donde se desarrolla el proyecto, el estatus fiscal de la desarrolladora y del inmueble, el estatus legal del desarrollador (revisión de sus documentos corporativos) y la trayectoria del desarrollador.

2.     Revisión del contrato: Una vez realizada la debida diligencia, a la hora de firmar su contrato de compraventa, asegúrese de entender cuáles son las obligaciones a cargo del desarrollador y del comprador, la fecha de entrega del inmueble y las penalidades a ser aplicadas en caso de incumplimiento de cualquiera de las partes. No firme nada sin estar completamente consciente de lo que firma.

3.     Fideicomiso inmobiliario: En la República Dominicana, muchos proyectos en planos se desarrollan bajo la figura del fideicomiso inmobiliario. Este instrumento brinda mayor transparencia y seguridad, ya que los fondos aportados por los compradores son administrados por una entidad fiduciaria y se destinan exclusivamente a la ejecución del proyecto. Invertir a través de fideicomisos es una opción recomendable, especialmente cuando el desarrollador es nuevo en el mercado.

4.     Minimización del riesgo: Aunque todas las inversiones conllevan un riesgo, es fundamental tomar medidas para minimizarlo. La mejor forma de hacerlo es invirtiendo de manera informada, asesorándose con expertos y eligiendo proyectos con estructuras legales sólidas.

(Redes sociales: Instagram: @legalmatos. Facebook: Rosanna Matos & Asesores. LinkedIn: Rosanna Matos. www.legalmatos.com)

JPM