SANTO DOMINGO.- El Directorio de Empresas y Establecimientos (DEE) de la Oficina Nacional de Estadística (ONE) registró un incremento en la creación de empresas formales empleadoras durante 2024, con un total de 7,224 nuevas entidades, un cifra interanual que representa un 6.4%, más respecto con el 2023. La generación de empleo formal cerró el año con 2,517,396 empleados, con una caída del 0.1%.

En ese sentido, Karina Castellanos, gerente de Grupo EULEN en República Dominicana, llamó a continuar con la creación de empleo formal para mejorar la competitividad y desarrollo del país.

PAPEL CRUCIAL DE EMPLEO FORMAL

“Las empresas tenemos un papel crucial en la generación de empleo formal. Ejemplo de ellos son las empresas que operan en los 87 parques de zonas francas y que representa el 65% de las exportaciones totales de República Dominicana ”, apunta Castellanos, quien está al frente de 2.500 colabores en el país que se dedican a brindar seguridad y servicios auxiliares en el país.

Explicó que según el informe Doing Business de 2020 República Dominicana tiene oportunidades de mejora en áreas como el pago de impuestos, la protección de los inversionistas minoritarios o el cumplimiento de contratos.

HOMBRES SUPERAN A LAS MUJERES

El DEE en diciembre de 2024, contabilizó 1,331,838 hombres empleados frente a 1,185,558 mujeres. Aunque se registró un crecimiento moderado en el empleo masculino y una variación mínima en el femenino, persiste una brecha significativa entre ambos géneros.

“En nuestro caso, hablamos un total de 1.415 personas en el área de servicios y 1.085 en el área de seguridad. En servicios el porcentaje de mujeres es mayor: 816 mujeres frente a 599 de hombres. Mi idea es continuar con el crecimiento a nivel nacional y alcanzar los 3.000 trabajadores este 2025, ampliando en sectores que más solicitan los servicios, es decir, zonas francas, sector agropecuario, agroalimentarias, sector salud (incluyendo farmacéuticas y clínicas privadas), y retail (centros comerciales)”, dijo.

El Grupo Eulen aporta en su conjunto servicios + seguridad 690MM de pesos solo a nivel de impuestos tributarios y laborales. Sus clientes son empresas de origen dominicano (en un 50%), americanas (en un 30%), centroamericanas (en un 10%) y europeas (en un 10%) .

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POR JOHNNY SANCHEZ

Hay que permitir que las personas naturales, o sea físicas, como usted que declaran ingresos vía formulario declaración jurada IR1 del ISR, vigilado por el DGII y que adquieran bienes o servicios soportados con Facturas Electrónicas, obtengan como deducción en su Impuesto sobre la Renta personal el uno por ciento (1%) del valor de dichas adquisiciones, sin que exceda de 2 millones de pesos en el respectivo año gravable, independientemente de que tenga, o no, relación de causalidad, con su actividad productora de renta.

¿Cuáles son los requisitos para acceder a este beneficio?

Los requisitos que se deben cumplir para que las personas naturales accedan a este beneficio son:

• Que la adquisición del bien y/o del servicio no haya sido solicitada como costo o deducción en el Impuesto sobre la Renta y Complementarios, impuesto descontable en el Impuesto sobre las Ventas – IVA, ingreso no constitutivo de renta ni ganancia ocasional, renta exenta, descuento tributario u otro tipo de beneficio o crédito fiscal.

• Que la adquisición del bien y/o del servicio esté soportada con Factura Electrónica de venta con validación previa, en donde se identifique el adquirente con nombres y apellidos y el número de identificación tributaria o número de documento de identificación, y con el cumplimiento de todos los demás requisitos exigibles para este sistema de facturación.

• Que la factura electrónica de venta se encuentre pagada a través de tarjeta débito, crédito o cualquier medio electrónico en el cual intervenga una entidad vigilada por la Superintendencia Financiera o quien haga sus veces, dentro del periodo gravable en el cual se solicita la deducción.

• Que la factura electrónica de venta haya sido expedida por sujetos obligados a expedirla.

¿Qué beneficios representa esta nueva medida?

• Beneficia a los contribuyentes personas naturales que pueden utilizarla como deducción en el Impuesto sobre la Renta y Complementarios.

• Incentiva en la ciudadanía las compras y exigencia de la Factura Electrónica.

• Crea la cultura de expedición y solicitud de la Factura Electrónica de venta.

• Incentiva la bancarización, lo que redunda en el desarrollo e impulso de la economía.

¿A partir de qué año gravable se pone en marcha este beneficio?

El beneficio podrá ser utilizado en la declaración del Impuesto Sobre la Renta y Complementarios del año gravable 2025, cuya declaración se presenta en el año 2026.

¿Si el pago de la compra o servicio por el cual tengo como soporte la factura electrónica de venta lo hice en efectivo, puedo acceder al beneficio?

NO. Solo serán tenidas en cuenta las transacciones a través de tarjeta débito, crédito o cualquier medio electrónico en el cual intervenga una entidad vigilada por la Superintendencia Financiera.

Ideas para el colega Luis Valdez, aumentemos las recaudaciones

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POR RAFAEL RAMIREZ

En los últimos años, Airbnb se ha convertido en una de las plataformas líderes en el mercado de alquileres a corto plazo.

Millones de propietarios han invertido en propiedades con la expectativa de obtener ingresos significativos a través de esta plataforma. Sin embargo, una tendencia preocupante ha comenzado a surgir, cada vez más propietarios están abandonando el alquiler a corto plazo y optando por la renta tradicional a largo plazo.

¿La razón? La falta de apoyo de Airbnb hacia los anfitriones y su política de priorizar al huésped en casi todas las disputas.

Airbnb se ha posicionado como una empresa centrada en la experiencia del usuario, lo que ha llevado a que en muchas disputas entre huéspedes y propietarios, la balanza se incline a favor del primero.

Muchos anfitriones han reportado casos en los que, aun cuando tienen evidencia de daños, incumplimientos o abuso por parte de los huéspedes, la plataforma falla en su contra, reembolsando a los clientes y dejando a los propietarios con pérdidas.

Uno de los problemas más comunes que enfrentan los anfitriones es el abuso de las políticas de reembolso.

En muchas ocasiones, los huéspedes presentan quejas por problemas menores o incluso fabrican excusas para solicitar reembolsos, y Airbnb, en su afán por mantener una reputación impecable ante los clientes, suele concederlos sin hacer una investigación adecuada.

Esto genera una gran frustración entre los propietarios, quienes ven sus ingresos reducidos sin tener la oportunidad de defenderse de manera justa.

FALTA DE PROTECCION

Otro de los grandes problemas que enfrentan los anfitriones es la falta de una protección real contra los daños a la propiedad. Aunque Airbnb ofrece un programa de seguro llamado “AirCover” para proteger a los anfitriones en caso de daños causados por los huéspedes, muchos propietarios han encontrado que el proceso de reclamación es lento, burocrático y con altas probabilidades de ser rechazado.

Otro factor que está impulsando a los propietarios a abandonar Airbnb es el aumento de regulaciones en muchas ciudades del mundo. Gobiernos locales han impuesto restricciones al alquiler a corto plazo, aumentando impuestos y limitando la cantidad de días que una propiedad puede ser rentada en plataformas como Airbnb.

Esto hace que el alquiler a largo plazo sea una opción más estable y predecible, sin los riesgos asociados a los constantes cambios en las políticas de Airbnb.

Además, muchos propietarios han comenzado a darse cuenta de que, aunque la renta a corto plazo puede ofrecer mayores ingresos en el corto plazo, el alquiler a largo plazo proporciona estabilidad, menos preocupaciones y costos operativos más bajos.

Yo me pregunto ¿Es Airbnb una opción sostenible para los propietarios?

Si Airbnb no reconsidera su postura y comienza a brindar un apoyo más equilibrado a los anfitriones, es probable que continúe perdiendo propiedades en su plataforma.

La confianza de los propietarios es clave para el éxito de Airbnb, y si la empresa sigue inclinando la balanza a favor de los huéspedes sin considerar las necesidades de quienes ponen sus propiedades en la plataforma, muchos optarán por alternativas más seguras y rentables.

En última instancia, Airbnb debe encontrar un punto de equilibrio entre la satisfacción del cliente y la protección de los propietarios, quienes son la base de su modelo de negocio. Si no lo hace, el éxodo hacia la renta a largo plazo podría ser una tendencia irreversible.

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En 181 años (1844-2025), la República Dominicana ha tenido 66 presidentes, el primero Pedro Santana, investido en noviembre de 1844 y el actual, Luis Rodolfo Abinader Corona, juramentado el 16 de agosto de 2020.

En dicho lapso son contados, los gobernantes dominicanos que han brillado por su honestidad, siendo el presidente Ulises Francisco Espaillat Quiñones (9 de febrero de 1823-25 de abril de 1878), uno de los políticos más honestos que ha tenido la nación dominicana, conforme opiniones del 90% de los historiadores dominicanos y extranjeros y, sin duda alguna el presidente Luis Rodolfo Abinader Corona, considerado ya como el segundo presidente más honesto, íntegro, transparente y laborioso, que actualmente se gasta la República Dominicana.

Esto así, debido a su desvelo y muestras continuas en transformar la cultura corrupta que ha prevalecido en el país, en las últimas gestiones gubernamentales.

Sin dudas, dicha cruzada no ha sido tarea fácil, ya que dicha cultura se encuentra enraizada en el quehacer cotidiano de la vida misma de los dominicanos.

No ha sido, ni una ni dos las iniciativas que ha puesto en marcha el presidente Abinader, para combatir el flagelo o calamidad, desgracia o plaga criminal, como lo es la corrupción.

Se recuerda que el Dr. José Rafael Abinader Nasaf, padre del actual gobernante, también fue un abanderado en la lucha contra la corrupción, de donde se desprende que la conducta que observa el presidente actual, es el resultado de  una educación honrada, que su padre le inculcó y, que él y su familia día a día, ponen en práctica en todos los órdenes de su vida pública y privada.

Se sabe que el ser humano, no es perfecto pero se reconoce que existen seres humanos excepcionales, de conducta honesta, diferente a la de la mayoría, pues no solo exhiben una conducta sana, sino que predican con el ejemplo, sobre cómo debe comportarse un ser humano, al gestionar su paso por la vida, incluyendo el usar fondos públicos y privados.

Esa conducta honesta, que irradia el presidente Abinader, alcanza a sus más cercanos colaboradores, al extremo de que son pocos los conatos de corrupción, que se han generado en la primera y segunda gestión de su  gobierno y, que todo el pueblo dominicano espera que concluya su carrera pública de manera ejemplar, tal como inició. Quien conoce al presidente Abinader, nunca pondría en dudas que así será. En dicho comportamiento juega un papel determinante los valores y costumbres familiares.

Transparencia

Además del ejemplo que a diario el presidente pone en práctica para combatir la corrupción administrativa, en sus diferentes manifestaciones, refuerza su estilo de vida pública, al emitir el decreto 76-25, mediante el cual creó la Comisión Presidencial de Transparencia y Anticorrupción (CPTA), con el objetivo de integrar y coordinar las distintas estrategias gubernamentales de prevención, transparencia, acceso a la información pública, auditoría y recuperación de activos ilícitamente obtenidos, garantizando la eficiencia en la ejecución de las políticas públicas contra la corrupción, a través de mecanismos de supervisión e indicadores de cumplimiento.

La señalada comisión está presidida por la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG) y cuenta con la dirección ejecutiva de la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP), Comisión adscrita al Ministerio de la Presidencia.

Además, esta Comisión está conformada por el Ministerio Administrativo de la Presidencia, Contraloría General de la República, Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo, Dirección de Estrategia y Comunicación Gubernamental, Dirección General de Impuestos Internos (DGII), Dirección General de Presupuesto, Unidad de Análisis Financiero (UAF), Equipo de Recuperación de Patrimonio Público y dos representantes de la sociedad civil vinculados a organizaciones no gubernamentales, orientadas a la lucha contra la corrupción, designados por el Poder Ejecutivo.

Entre los objetivos que persigue esta Comisión se encuentran: coordinar la ejecución del Plan Nacional de Lucha contra la Corrupción con carácter prioritario, colaborar con las acciones de las entidades responsables de la lucha contra la corrupción que garantice una respuesta rápida y efectiva ante denuncias e investigaciones.

Asimismo, cooperar con el establecimiento de los criterios para implementar procedimientos preventivos y disciplinarios conforme a las leyes y reglamentos de la administración pública, coadyuvar con la optimización de los procesos de compras y contrataciones públicas, mediante mecanismos de control y supervisión, que reduzcan los riesgos y corrupción, contribuir con el fortalecimiento de los mecanismos de auditoría interna y los controles administrativos en todas las instituciones del Gobierno Central y organismos descentralizados.

Además, cooperar con las acciones del Equipo de Recuperación de Patrimonio Público, con base en el decreto No. 579-24 del 4 de octubre de 2024, para reclamar y reintegrar al Estado los bienes y recursos adquiridos de manera ilícita, aunar esfuerzos para crear un sistema de seguimiento, análisis y observatorio de las acciones de la administración pública para garantizar el mantenimiento del Estado de derecho pleno, en el universo de la administración pública, fortaleciendo la institucionalidad y asegurando el cumplimiento de las normativas vigentes.

Y presentar al Poder Ejecutivo las propuestas normativas necesarias para la creación e implementación de un Sistema Nacional de Transparencia y Anticorrupción.

Dicho Decreto, obliga a todos los órganos y entes que conforman la Administración Pública centralizada o autónoma, bajo la dependencia del Poder Ejecutivo, a identificar los casos de corrupción o distracción de patrimonio público ocurridos, sean estos potenciales, sospechosos, presumibles o verificados, tanto en el pasado como en el presente, las instituciones que administran y a notificar los mismos a la Comisión Presidencial de Transparencia y Anticorrupción.

Se resalta y reafirma que todos los órganos y entes deben prestar las asistencias, colaboraciones y facilidades que sean necesarias para la ejecución de los propósitos del presente Decreto.

Todos los entes y órganos tendrán un plazo de 5 días laborables para dicha entrega y respuesta, los cuales serán contados a partir de la fecha de la solicitud de las informaciones.

Esta Comisión tiene la facultad de remitir a la procuraduría General de la República y al Equipo de Recuperación de Patrimonio Público (ERPP), aquellos casos que requieran la intervención de dichas instituciones, ya sea por la posible afectación de fondos públicos o por la comisión de violaciones al ordenamiento jurídico penal.

También, esta Comisión podrá requerir la colaboración de cualquier institución de la sociedad civil, ligada al fortalecimiento de la transparencia y la institucionalidad, con el fin de ser consultada sobre cualquier asunto y recabar sus aportes que contribuyan al logro de los fines y propósitos establecidos en el presente Decreto.

Que se recuerde, en ningún gobierno pasado de la vida republicana dominicana, no se había puesto tanto empeño en transparentar todas las acciones públicas y luchar contra la corrupción con tanta vehemencia, como lo está haciendo el gobierno que preside Luis Rodolfo Abinader Corona.

Legado

Sin lugar a dudas, la administración Abinader, está dejando un gran y valioso legado a todos los dominicanos, al adecentar la administración de la cosa pública, cambiando la cultura corrupta que siempre ha imperado en los últimos 181 años de vida republicana.

Adecentando la administración pública para que nunca más se repita la mala práctica o mala maña de alzarse con el patrimonio público, que sólo debe pertenecer o responder al interés general.

Con estas acciones se busca poner coto de una vez por todas, a la práctica criminal de la corrupción que tanto daño causa a todos los dominicanos.

Ahora la consigna nacional es, todos contra la corrupción y los corruptos corrompidos y corruptores quienes deben ir al banquillo de los acusados y a las cárceles.

felix.felixsantana.santanagarc@gmail.com

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