Como dominicano interesado por los avances institucionales de nuestro país, hemos leído íntegramente la propuesta de reforma constitucional planteada por el Honorable señor presidente  de la República, Licenciado Luis Rodolfo Abinader Corona y dentro del mismo, los cuatro ejes fundamentales que soportan la retorica de la pieza legislativa. 

Antecedentes de las últimas reformas constitucionales

Antes de pasar al análisis de lo planteado por el jefe del estado, bueno destacar que los últimos cinco presidentes incluyendo al actual, se han implicado en sendos proyectos de reformas constitucionales y tres de ellos lo han logrado y Abinader no se quiere quedar atrás. Recordar que tras la crisis post electoral del 1994, el presidente de turno, Dr. Joaquín Balaguer Ricardo, forzado por las circunstancias generadas en su enfrentamiento con el líder del entonces poderoso y glorioso Partido Revolucionario Dominicano (PRD) Dr. José Francisco Peña Gómez a promulgar una nueva Constitución que, entre otras cosas, limitó el periodo constitucional en dos años y ordenaba la celebración de nuevas elecciones el 16 de mayo del 1996; establecía el sistema actual de doble vuelta electoral, la creación de los colegios electorales y por vía de consecuencias, la separación de las elecciones presidenciales de los municipales y congresuales.

Esas nuevas elecciones con la nueva Constitución la ganó el Dr. Leonel Fernández en una reñida segunda vuelta electoral con el Dr. Peña Gómez, pero tras la culminación de su gobierno, llegó de nuevo el PRD al poder, tras la muerte del líder José Francisco Peña Gómez, pero con el Ing. Hipólito Mejía Domínguez, quien logró la presidencia de la República el 16 de mayo del año 2000.

A tan solo al año de llegar al Palacio Nacional, el presidente Mejía manifestó que le gustaba mucho su cargo y rompiendo la línea tradicional de su partido, de la no reelección, como eje anti-balaguerista, impulsó una nueva reforma que concluyó con el restablecimiento de la reelección presidencial en los mismos términos que está justo ahora. Dos períodos presidenciales y nunca jamás. Eso decía tácitamente la Carta Magna.

Mejía después de este gran esfuerzo político que lo enfrentó con la dirección nacional de su propio partido, entonces dirigida por el veterano político y ex ministro de la presidencia del gobierno constitucional del presidente Salvador Jorge Blanco (1982-1986), hablamos del legendario Lic. Hatuey De Camps, concluyó en un intento fallido, ya que Leonel Fernández logró vencerlo en primera vuelta electoral el 16 de mayo del 2004 con el Partido de la Liberación Dominicana (PLD).

Leonel gracias a Hipólito se pudo reelegir en el 2008 pero antes de concluir su tercer periodo de gobierno, logró también aprobar una nueva Constitución en consenso con el líder y presidente del PRD unificado, Ing. Miguel Vargas Maldonado. Aquella reforma eliminó el nunca jamás de la Constitución aprobada por Hipólito, dejando el camino libre, no solo al presidente Leonel Fernández para regresar, sino también que habilitó al ex presidente Hipólito Mejía para ambos aspirar nuevamente a la Jefatura del Estado.

Se estableció que se podía volver aspirar a la silla de alfileres, pero dejando un periodo por el medio. En lengua llena o popular…. Bajar y volver a subir.

Llegaron las elecciones del 2012 y las volvió a ganar el PLD, pero esta vez con el Lic. Danilo Medina Sánchez, quien se había presentado a la misma posición en el 2000 y cayó abatido por Hipólito.

Danilo se da cuenta que Leonel desea volver en el 2016 y la tranca el juego, logrando que la extensa mayoría congresual del PLD en ambas cámaras más los legisladores de los partidos aliados en el llamado «Frente Progresista», hicieran posible otra Reforma Constitucional en 2015 que permitió al presidente Medina reelegirse cómodo hasta el 2020, pero Danilo quería seguir bateo y corrido hasta el 2024 y ahí se trancó el juego, trayendo como consecuencia una lucha interna con Leonel que finalmente dividió el partido oficial, allanando el camino al actual presidente para que ganara las elecciones presidenciales del 20 de mayo del año 2020.

La reforma constitucional que desea Abinader

Leída la propuesta o borrador de reforma a la Carta Magna que el presidente Luis Abinader ha presentado al país a través de la prensa, entiendo que algunos puntos son menester de un proceso constituyente, sin embargo, otros  podrían ser parte de un nuevo proceso de Reforma y Modernización del Estado y la Administración Pública.

Por ejemplo el mandatario reiteró su deseo de fortalecer la independencia del Ministerio Público y en este importante punto, uno de los cuatro que él mismo señala, para ser funcional y menos utópico, bien se puedo lograr modificando únicamente la Ley de creación de esa institución y su Reglamento de Aplicación.

El presidente ha conseguido logros importantes en esta dirección ante la percepción ciudadana, gracias a la presentación de casos de investigación de gente que en gobiernos anteriores, se consideraban intocables como militares de altos rangos y ex funcionarios civiles. Sin embargo en la praxis, el presidente está obligado aunque públicamente lo niegue, a despachar con el Ministerio Público asuntos inherentes a la persecución de la corrupción y cuantos temas son inherentes al órgano judicial.

Recordemos que a través del Juez de la Querella y la Policía Nacional, es que el Poder Ejecutivo interactúa institucionalmente con el Poder Judicial. El gobierno persigue, investiga, arresta y finalmente, somete a la consideración de los jueces a los infractores de las leyes.

El presidente igualmente plantea que desea excluir de las competencias de la Procuraduría General de la República la formulación de políticas preventivas del Estado contra la Criminalidad. En este punto soy de opinión de que el señor presidente está mal asesorado.

Resultaría un contrasentido que el órgano encargado de perseguir la criminalidad en coordinación con la institución del Orden Público, es decir, la Policía Nacional, quedara fuera de proponer vías de solución y prevención de fenómeno social delictivo. Señor presidente, sugiero con el mayor respeto, retirar este punto específico del borrador.

En lo relativo a la intención de reducir la matrícula de los 190 actuales diputados, estoy totalmente de acuerdo. Pero también se debería suprimir algunas provincias y reconfigurar el mapa político y la división territorial del país. Que en vez de 32 senadores, en ese mismo porcentaje se reduzca el Senado a solo 21 provincias, y así reducir de 158 municipios, a 120 y de 225 distritos municipales  a 150.  De entrada se debe poner en primer lugar la eliminación de los 7 diputados de ultramar por inoperancia y disfuncionales. Esto lo explicaremos en detalle en otra entrega.

Como se puede apreciar, una reforma de esta característica, no debe ser el producto del deseo exclusivo de las buenas intenciones del presidente de la República, sino que debe nacer del mayor consenso posible de todos los sectores que conforman la vida nacional.

En tal sentido, propongo al presidente Abinader ahora que tiene por delante cuatro años más y una oposición que se mostraría dispuesta a debatir, la convocatoria de un gran diálogo nacional que facilite ese consenso. Usted como líder de la nación, es el único que puede convocar. Adelante.

Otro punto conflictivo con el espíritu de las leyes es la propuesta de crear un mecanismo legislativo que impida que otras futuras reformas, puedan reformar la que se pretende.  Toda  Constitución establece el modo de cómo ella misma se puede modificar y esto siempre será parte de la iniciativa parlamentaria.

Recordar la existencia de los tres poderes clásicos del Estado y los presidentes cuando toman posesión del cargo, juran cumplir y hacer cumplir las leyes. Su creación es tarea exclusiva del Poder Legislativo. Este punto nunca será posible, pues una vez abierta la Asamblea Nacional Revisora; el constituyente es libre y al final, estaría en mano del Tribunal Constitucional (TC) en su rol de guardián de la Constitución, corregir cualquier artículo o Ley que viole la Ley de Leyes.

En conclusión, hemos querido hacer un aporte institucional a la propuesta de Reforma Constitucional presentada por el presidente de la República Luis Abinader, a través de nuestras puntuales observaciones como Máster en Gobierno y Administración Pública..

luiscolumna2000@gmail.com

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POR ROBERTO VERAS

En 1917, Rusia adoptó un sistema donde los obreros tomaron las riendas de la producción, marcando un hito en la historia moderna. Sin embargo, a medida que el tiempo avanzó, quedó claro que este modelo enfrentaba serios desafíos.

En América Latina, tres países destacan por haber seguido esta senda con resultados desalentadores: Cuba, Venezuela y Nicaragua.

Cuba, hace más de 50 años, abrazó el socialismo con la promesa de igualdad y prosperidad para todos. Sin embargo, la realidad hoy es una economía en ruinas y un pueblo que lucha por satisfacer necesidades básicas. La imagen de la «revolución perpetua» se ha desdibujado frente a la dura verdad cotidiana de la escasez y la carencia.

Venezuela, por su parte, fue alguna vez una nación próspera en la década de los 80. Sin embargo, con la adopción del socialismo en años recientes, la clase media ha sido devastada, sumida en la pobreza y la incertidumbre. Las políticas económicas centradas en la redistribución y el control estatal han dejado a millones sin oportunidades y con un futuro incierto.

Nicaragua, en su intento de implementar un sistema socialista, también se enfrentó a severos retrocesos. Durante la década de 1980, bajo el liderazgo del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), Nicaragua intentó transformar su economía y sociedad siguiendo los principios socialistas.

Sin embargo, este experimento resultó en una gobernanza ineficaz y una economía debilitada. Con el tiempo, los líderes involucrados en el proceso fueron señalados por actos de corrupción y mala gestión. La población, cansada de la ineficiencia y la falta de progreso, acabó reinstaurando un sistema más cercano a la economía de mercado.

Estos trágicos resultados en Cuba, Venezuela y Nicaragua refuerzan la conclusión de que el socialismo, al menos en su forma aplicada en estos contextos, ha sido ineficaz para mejorar las condiciones de las clases obreras. Las promesas de igualdad y justicia social se han desvanecido frente a una realidad de penurias económicas y falta de libertades fundamentales.

En lugar de elevar a los trabajadores y mejorar la calidad de vida para todos, el socialismo ha demostrado ser un callejón sin salida, incapaz de sostener economías prósperas y sociedades equitativas.

La lección de estas experiencias es clara: las políticas que limitan la iniciativa privada y restringen la libertad económica no son el camino hacia un futuro próspero y justo para los pueblos de América Latina.

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Crear un sistema de justicia independiente en la Republica Dominicana es un objetivo ambicioso pero esencial para fortalecer la democracia y garantizar el fortalecimiento del  estado de derecho y la promoción de la justicia en el país. Dentro de esa demanda  emerge con gran relevancia y pertinencia, la necesidad de un Ministerio de Justicia.

Este órgano bien estructurado podría ser un pilar fundamental para garantizar la independencia del poder judicial y el respeto a las leyes, llevando a cabo evaluaciones periódicas  y proponer reformas necesarias que respondan a los desafíos actuales, del sistema judicial para identificar áreas de mejoras  Esto es crucial para construir una sociedad donde todos los ciudadanos sean tratados de manera equitativa.

Con esta institución de justicia se podría facilitar el acceso a servicios legales y judiciales para la población, especialmente para aquellos sectores más vulnerables que a menudo enfrentan barreras para obtener asistencia legal, logrando con esto un mayor acceso a la justicia.  Desde ahí se puede implementar políticas y reformas que optimicen la administración de justicia. Esto incluye la capacitación de personal judicial, la modernización de procesos y la reducción de la mora judicial, logrando una mejora en la Administración de Justicia .

En la lucha contra la Corrupción podría desempeñar un papel crucial con  la promoción de la transparencia y la rendición de cuentas, así como en la investigación y persecución de actos de corrupción, que son problemas persistentes en la República Dominicana, también puede contribuir a la defensa de los derechos humanos, asegurando que se respeten y protejan los derechos de todos los ciudadanos, independientemente de su condición social o económica.

Podría además promover métodos alternativos de resolución de conflictos, como la mediación, lo que facilitaría la resolución pacífica de disputas y descongestionaría los tribunales.

Un ministerio de justicia podría ser responsable de diseñar e implementar políticas públicas que aborden problemas sociales como la violencia, la delincuencia y la inseguridad, en coordinación con otras instituciones del gobierno.

La creación de un ministerio de justicia en la República Dominicana no solo es una necesidad, sino una oportunidad para transformar la justicia, garantizar un sistema judicial eficiente e independiente, accesible, respetuoso de los derechos humanos y fortalecer la confianza de la ciudadanía en las instituciones del país.

Esto contribuiría a la construcción de una sociedad más justa y equitativa, donde los derechos de todos sean protegidos y respetados.

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POR ALEJANDRO SANTOS

En la presente crisis post electoral que vive Venezuela, existen dos factores que interfieren en la consecución de una solución rápida. Primero no existe un arbitraje institucional local que sea creíble e imparcial, todos están comprometidos de un lado o de otro, no hay espacios para posiciones intermedias en Venezuela.

Segundo la nueva polarización mundial se presenta como un obstáculo, porque países poderosos como Rusia y China, están respaldando al presidente Nicolás Maduro, sin reparar en la veracidad de los resultados de las elecciones del 28 de julio.

Dado el respaldo de China y Rusia a Maduro , hace prácticamente imposible que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas disponga una acción de fuerzas.

Quedan disponibles los  mecanismos de presión que puede hacer uso la comunidad internacional que se  limitan a desconocer el gobierno de Nicolás Maduro, y la aplicación de sanciones , algo que viene sucediendo con medidas que ponen trabas a la comercialización del petróleo de Venezuela.

La comunidad internacional tendrás que aplicar medidas más radicales contra el régimen de Maduro , para hacer valer la voluntad popular expresada en la urnas, se hace inminente lograr que comience a operar un sistema democrático en Venezuela.

Los Venezolanos no pueden por si solos,sin el respaldo efectivo y decidido de los países de la región, lograr establecer un país libre de dictadura.

La situación actual ha pasado por un proceso, que ha culminado con las manipulaciones de los resultados de las elecciones presidenciales en Venezuela de este Julio 28; el mismo tiene  su origen en las elecciones de la Asamblea Nacional del 2020, en  cuyas votaciones se produjo una abstención de más de un 70%, con la no participación de la oposición política Venezolana y un desconocimiento de la comunidad internacional.

Para la conformación de la Asamblea Nacional, que consiste en las elecciones de los parlamentarios Venezolanos, luego del control de la Asamblea se derivan el dominio de demás estamentos del Estado, incluyendo la selección de los miembros del Consejo Nacional Electoral (CNE).

La oposición llegó a tener mayoría en la Asamblea Nacional desde el 2015, cuando ganó las elecciones legislativas, luego con una serie de subterfugios el Presidente Maduro neutralizó el poder de la oposición en la Asamblea Nacional.

Como podemos apreciar, desde  antes de la celebración de las elecciones del 28 de julio se sabía que no existía una posibilidad de contar con un arbitraje electoral creíble e imparcial.

Todas las instituciones del Estado de Venezuela están bajo el control del Presidente Nicolás Maduro, entonces, no se puede esperar otra cosa que no sea la imposición de la voluntad de quien manda en Venezuela.

La trampa fue siempre predecible, en un país que carece de árbitros, el Consejo Nacional Electoral que lo elige la Asamblea Nacional, esta última, arrastra a su vez una cuestionada legitimidad en las elecciones de los diputados del 2020, y finalmente da a Nicolás Maduro ganador de las elecciones 28 de julio,  sin presentar una sola acta que avalen su veredicto.

Sin actas electorales que respalden el anuncio de la CNE , a los ojos del mundo ,las elecciones de Venezuela quedan como un gran fraude institucional. De ahí nace todo el rechazo que se manifiesta por todas parte en contra de esta falsa.

Como se puede apreciar, lamentablemente, en esta cadena de eventos, lo ocurrido en las recién elecciones de Venezuela,  todo ha sido “crónica de una muerte anunciada”. Se implantó el fraude, como ocurrió en las elecciones legislativas del 2020 para conformar la Asamblea Nacional en Venezuela.

jpm-am

La diplomacia siempre aconseja prudencia y dialogo, porque lo contrario es el conflicto y la guerra. La encrucijada de Venezuela no aconseja agitar tambores y gaitas, no creo que ningún venezolano de bien desee eso para su país.

Venezuela, encarna un desconocimiento de la democracia, de eso no hay dudas y, es parte de un problema geopolítico mundial, con intereses contrapuestos de un creciente antagonismo entre potencias; negacionista y contrario a la coexistencia pacífica  de un mundo multipolar. Agitar los tambores de guerra civil, supondría cerrar la cuadratura del triángulo: Ucrania-Gaza con Venezuela.

En lo que nuestro país respecta, la República Dominicana no aprende de su historia, intervenida mil y una veces por corsarios, piratas y potencias extranjeras y, seguimos siendo “muchacho de mandado” y como “comparsa” vamos al ruedo. Geopolíticamente, no pintamos nada en la esfera mundial y regional.

Pero los intereses en juego detrás del telón son de ligas mayores, y nosotros a alevines no llegamos. De verdad, yo quisiera que ningún país venga a meterse en un proceso electoral nuestro, y Almagro de la OEA, mientras más lejos mejor.

Somos críticos del macillamiento del ´65 a Quisqueya  bajo el paragua de la OEA, donde otros latinoamericanos hicieron de “comparsa” para regar con sangre nuestra tierra. Pero, “como dolor en cuerpo ajeno no duele”, hoy de “Comparsa” vamos nosotros inmiscuyéndonos en los asuntos de Venezuela. Los venezolanos que resuelvan su problema, y es que acaso cuando aquí no nos cansamos del “Trujillato” no lo matamos y, a la historia no mandamos.

Pobre Latinoamérica, pobre del enano Caribe, mil veces vapuleada, mil veces de comparsa. Como “carajo” echaremos un día pa´lante, cuando solo vivimos mirando la “paja en ojo ajeno” y el “tocón propio nos ciega”. Evo Morales no gustaba y, se lo cargaron; con Dina Boluarte “chito callao, que en boca cerrada no entran moscas”; un Milei, que de los haitianos en Quisqueya no sabe, no contesta; y Boris en Chile, “más perdío que el hilo Limbert”, valla socialista nos ha salido el chileno.

Venezuela, “Crónica de una muerte anunciada”, la geopolítica mundial y el multilateralismo ya tenía escrita la prosa, pues gobierno y oposición de antemano ya habían dicho que no aceptarían la ganancia  del contrario. ¿Entonces, que esperaba la oposición, que el bueno de Maduro le entregara de una el gobierno?

Infantilismo de la oposición o el guion preparatorio de una intervención, mediáticamente justificada en Venezuela,  con beneficio para los de fuera. “Ojo pelao con eso” que una posible Ucranialización de Venezuela no solo hundiría más a los venezolanos, sino otra piedra para el desarrollo de Latinoamérica y el Caribe.

Ya nos involucramos donde no nos habían llamado, entonces dejémoslo ahí, que los “gazapos del solista” se les pegan a los coristas. Paz y dialogo, eso aconsejaría la buena diplomacia. De pronto ese pleito podría quedarnos grande. Usar a Venezuela  como arma arrojadiza entre los políticos dominicanos, no ayuda a Venezuela.

La hermandad histórica entre Venezuela y República Dominicana siempre deberá aconsejar la búsqueda de la concordia y la paz de los venezolanos en su tierra.

jpm-am

POR HUMBERTO CONTRERAS VIDAL 

Los colegios profesionales son asociaciones de personas que agrupan a profesionales de una misma disciplina. Ejemplos son  el Colegio Médico Dominicano (CMD), el Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores (CODIA), el Colegio Dominicano de Psicólogos (CODOPSI), entre otros.

Los colegios profesionales cumplen principalmente con los siguientes objetivos: Regulan el ejercicio profesional, Defienden los intereses de sus miembros, fomentan la actualización y desarrollo profesional en coordinación con las instituciones de educación superior y establecen normas de conductas para ejercer la profesión.

Los colegios profesionales son importantes en la sociedad porque contribuyen a garantizar la calidad de los servicios y defienden el interés público.

La defensa del interés público se lleva a cabo cuando se da seguimiento al cumplimiento de las normas y de las leyes. Por tal razón, sigue siendo urgente que el Congreso Nacional y el poder ejecutivo pongan en agenda la creación del Colegio Químico Dominicano.

Los profesionales de la química necesitan de un marco legal que proteja su ejercicio profesional. De esta manera se podrá impedir, o al menos reducir, que cualquier persona esté produciendo productos químicos sin la debida formación ni la autorización que otorga el Estado Dominicano a través del exequátur.

Asimismo, la compra, manejo y almacenamiento de determinadas sustancias químicas debe estar regulada por ley y bajo la supervisión de un químico.

Tragedias

Este vacío legal está asociado a los accidentes y tragedias que recurrentemente se publican en los medios de comunicación masiva como son: muertes por consumo de bebidas alcohólicas con contenidos de metanol, incremento de enfermedades en la piel y cuero cabelludo debido a la composición química y falta de regulación en el proceso de fabricación de productos químicos cosméticos.

La ausencia de la aplicación eficiente de protocolos de seguridad en las industrias, por falta de conocimiento sobre las propiedades químicas y físicas de las sustancias químicas, ha provocado tragedias en fábricas de plásticos tanto en Santo Domingo como en San Cristóbal. Otros muchos accidentes han ocurrido y seguirán ocurriendo si no se regula esta situación.

El Colegio Químico Dominicano, sin duda, será en la República Dominicana el principal defensor del interés público en todo lo que le corresponda, y al mismo tiempo, el principal aliado del sector empresarial e industrial para incrementar la calidad de los productos que se consumen en el país.

El Colegio Químico Dominicano podría ser promotor de la formación de una federación de colegios profesionales con la finalidad de que los profesionales dominicanos sean mejor valorados en base a su formación y las leyes.

Se debe reducir significativamente el ejercicio profesional ilegal en todas las áreas del conocimiento. Esto permitirá que haya mayor reconocimiento de los estudios técnicos y profesionales en la República Dominicana, y al mismo tiempo, que haya mayor garantía de protección de los intereses colectivos a nivel nacional.

Confiamos en la prudencia y el sentido común de nuestro señor presidente constitucional Luis Rodolfo Abinader Corona  y en todos los diputados y senadores que están comprometidos con el cambio que merece el pueblo dominicano. El Colegio Químico Dominicano debe ser una realidad para beneficio y seguridad de toda la familia dominicana.

huco71@gmail.com

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