Pueblo Viejo debe estudiarse como advertencia nacional sobre lo que ocurre cuando un Estado dueño del recurso firma desde la debilidad ética, patriótica, social e institucional; acepta fórmulas opacas y coloca el patrimonio de la Nación detrás de la rentabilidad privada.

Hubo inversión, empleos, exportaciones y pagos fiscales. Pero ¿puede llamarse desarrollo a un modelo donde la empresa cobra, deduce, recupera y asegura su rentabilidad primero, mientras el Estado espera y el pueblo queda expuesto al agua bajo sospecha, al pasivo ambiental y a la incertidumbre?

El contrato original nació en 2002, bajo Hipólito Mejía, con Placer Dome. Barrick entró en 2006, al adquirir Placer Dome. Pero el desequilibrio se agravó en 2009, bajo Leonel Fernández, cuando la Primera Enmienda colocó al Estado detrás de la recuperación de inversión y de una Tasa Interna de Retorno del 10% para la empresa. La renegociación de 2013, bajo Danilo Medina, corrigió parte del desastre, pero no la lección.

Ese diseño debe recordarse como el peor contrato minero conocido de nuestra historia. Su mayor gravedad fue permitir que la empresa recuperara primero la inversión reconocida y alcanzara una TIR del 10% antes de que el Estado participara plenamente mediante el PUN.

El país dueño del recurso aceptó esperar mientras la empresa aseguraba capital, rentabilidad y ventaja contractual. Eso no fue desarrollo; fue subordinación fiscal. Fue convertir el patrimonio nacional en plataforma de rentabilidad privada desproporcionada: la empresa cobraba primero, deducía primero, recuperaba primero y el pueblo quedaba esperando.

A eso se sumaron privilegios fiscales y exenciones tributarias. Cuando el pueblo pone el oro, el agua y el territorio, pero la empresa recibe exenciones, deducciones, estabilidad contractual y recuperación prioritaria, el contrato deja de parecer desarrollo y empieza a parecer privilegio estructurado y despojo contractual autorizado.

Según denunció Danilo Medina en 2013, de cada 100 dólares de exportación, 97 quedarían para Barrick y apenas 3 para el pueblo dominicano. Eso fue subordinación inaceptable para una nación dueña del yacimiento.

Si hubo que renegociar en 2013, fue porque el contrato era indefendible. Y sin una auditoría independiente e integral, sigue pendiente la pregunta esencial: ¿cuánto de esa “inversión” fue real, cuánto fue deducido y cuánto redujo lo que debía recibir el pueblo?

La trampa está en el lenguaje

Al pueblo se le habla de PUN y porcentajes, pero casi nunca se le explica la participación bruta equivalente por onza. El PUN no es 28.75% de cada onza exportada. Es 28.75% de un flujo neto, después de costos, deducciones, amortizaciones y fórmulas contractuales.

Si el Estado exigiera su parte en metal, el pueblo vería que no recibiría 28.75 onzas de cada 100 exportadas. En 2021, esa equivalencia pudo rondar 11 onzas por cada 100; en 2022, apenas 2. Por eso debe evaluarse por participación bruta real y auditada, no por porcentajes anunciados.

El peor contrato puede terminar haciendo que el pueblo cobre poco, condicionado o no cobre justamente nunca, mientras hereda agua bajo sospecha, pasivos ambientales y miseria territorial.

El artículo 67 es claro: todo contrato o permiso para explotar recursos naturales lleva incluida la obligación de conservar el equilibrio ecológico, prevenir daños y restaurar el ambiente si resulta alterado. Además, prohíbe desechos tóxicos y peligrosos, e impone responsabilidad y reparación.

Entonces, ¿qué son los relaves? Los relaves —lodos y desechos mineros— no son sobrantes inocentes. Son residuos que quedan después de triturar roca y extraer oro; pueden contener metales pesados, químicos y materiales capaces de comprometer suelos, ríos y acuíferos. Si pueden liberar sustancias tóxicas o peligrosas, el Estado debe prevenirlos, auditarlos, exigir garantías reales y, si procede, impedirlos.

La Constitución entró al contrato. Aunque no la quieran ver, está ahí.

El artículo 14 es claro: el oro y los recursos mineros no renovables son patrimonio de la Nación, no propiedad privada de una empresa. El artículo 51 protege la propiedad privada, pero no privatiza el patrimonio de la Nación; una concesión permite aprovechar temporalmente un recurso bajo condiciones estrictas, no apropiarse de lo que pertenece al pueblo dominicano.

Por eso, en el Frente Cívico y Social entendemos que Pueblo Viejo debe ser auditado integralmente. No bastan conciliaciones de pagos ni estados financieros de la empresa. El país necesita una auditoría independiente, coordinada por el Estado, con firmas internacionales, universidades, laboratorios especializados y participación técnica nacional.

Esa auditoría debe responder: ¿cuánto se invirtió? ¿Cuánto se recuperó? ¿Qué se dedujo? ¿Cuánta agua se usó? ¿Qué desechos quedan? ¿Qué garantías existen para cierre y post-cierre? ¿Qué pasivos cargará el pueblo?

Auditar no es atacar la inversión. Auditar es defender el Estado de Derecho. Si una auditoría demuestra deducciones indebidas, pagos incompletos, riesgos hídricos o pasivos no garantizados, el Estado tiene el deber constitucional de actuar.

Pueblo Viejo debe quedar como referencia mundial de lo indebido: cuando un Estado firma débilmente, la empresa extrae oro, pero el pueblo puede terminar pagando la factura ambiental, fiscal y soberana.

Ya basta de contratos que brillan para el mercado y oscurecen el territorio. Ya basta de porcentajes maquillados que confunden al pueblo. Ya basta de propaganda que disfraza como minería responsable lo que puede dejar lodos, químicos y pasivos ambientales. Ya basta de minería sin auditoría nacional independiente.

Primero la Constitución.

Primero el agua.

Primero la soberanía.

Primero el pueblo.

Ya basta de improvisar, es tiempo de gobernar con orden constitucional.

JPM

Por años he dicho algo que pocos se atreven a reconocer públicamente en la política dominicana: el poder no solamente se construye con popularidad, dinero, marketing y encuestas; también se edifica con inteligencia emocional, disciplina, humildad estratégica y comprensión del liderazgo real coyuntural, y parece que mi amigo y hermano popi, David Collado, finalmente entendió esa realidad, aunque un poco tímido…

Qué bueno que David se llevó de mis humildes consejos y recomendaciones, ya que en los últimos meses ha comenzado a modificar sus formas, discursos, manejos y exposiciones públicas con relación al presidente y líder del PRM, Luis Rodolfo Abinader. Ya Collado no luce acelerado ni proyectando una ruptura prematura con el poder de Abinader, ahora habla con más prudencia, más tacto político y más conciencia de la realidad interna del Partido Revolucionario Moderno.

Recientemente David Collado dejó claro que la fecha de su salida del Gobierno para dedicarse de lleno a su proyecto presidencial depende, en gran parte, del presidente Abinader. Esa declaración políticamente fue correcta e inteligente por parte de David.

¿Por qué? Porque a los líderes no se les frontea, no se les hace sombra, no se les pulsea y mucho menos se les desafía desde dentro mientras están sentados en la silla presidencial. Eso casi nunca termina bien y Luis Abinader no sería la excepción.

En política, el liderazgo presidencial tiene un peso enorme dentro y fuera de los partidos, especialmente cuando se trata de una organización construida alrededor de una figura de poder. Y aunque algunos intenten minimizarlo, el presidente Luis Rodolfo Abinader hoy controla mayoritariamente gran parte de las decisiones estratégicas, institucionales y electorales dentro del PRM.

David Collado estaba cometiendo un error garrafal que muchos comenzaron a notar dentro y fuera del gobierno: en múltiples actividades, inauguraciones y eventos nacionales e internacionales, evitaba mencionar con fuerza a su jefe, líder político y presidente, Luis Abinader Corona. Y aunque para algunos eso podía parecer un simple pormenor, en política los detalles matan proyectos y cuando vienen a reaccionar ya es demasiado tarde.

Ese comportamiento empezó a generar incomodidad dentro del entorno presidencial de Luis Abinader, en funcionarios, dirigentes y sectores importantes de las altas instancias del PRM. Comenzó a crecer la percepción de que David quería construir una figura presidencial independiente del liderazgo de Abinader y el partido, proyectándose por encima del propio mandatario. Y eso, en cualquier estructura de poder, genera resistencia.

Necesita estructura

Es verdad que David Collado tiene carisma, imagen, manejo mediático y aceptación popular. ¡Nadie puede negarlo! Pero una candidatura presidencial no se construye solamente con likes, encuestas y percepción pública, también necesita estructura sólida interna, aliados, operadores políticos y, sobre todo, no tener al líder del poder en contra o que no sienta que te controla.

Si David no cuenta plenamente con el respaldo del expresidente Hipólito Mejía y sus estructuras, entonces obligatoriamente necesita el apoyo, o mínimo el “no rechazo”, de Luis Abinader. Porque hoy, guste o no, los dos grandes centros de poder dentro del PRM son Hipólito y Abinader. Pero el presidente tiene una ventaja determinante: además de ser el jefe del Estado y tener la firma de los decretos, es quien terminó consolidando y construyendo el PRM tras la destrucción y división del PRD.

Muchos dirigentes jóvenes creen que la política moderna se maneja solamente con redes sociales, marketing y publicidad. ¡Grave error! La política real sigue funcionando con liderazgo, poder, control, estructura, relaciones y fuerza partidaria.

El ministro David Collado, inteligentemente, parece haber comenzado a entenderlo antes de que fuera demasiado tarde. Porque en política, el que desafía al poder sin estar preparado para derrotarlo, termina aplastado por la misma autoridad que subestimó.

jpm-am